Francisco Sanchez Otero

Expediente 183/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
183/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Francisco Sanchez Otero

Actuaciones

  1. Principal

    Ténganse por recibido el oficio de cuenta y anexos, signado por el Presidente, el Secretario del Ayuntamiento, el Director de Obras Públicas y el Encargado de Tesorería, todos del municipio de Abasolo, Guanajuato, mediante el cual informan sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y remiten copia de las constancias con las que aducen demostrarlo. Por tanto, a efecto de estar en aptitud de realizar el pronunciamiento correspondiente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de conformidad con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, requiérase a la Magistrada de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si con las documentales exhibidas por las autoridades responsables, tuvo por cumplida o no la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil trece, dentro del expediente *****, de su índice, para lo cual deberá remitírsele copia simple de ellas. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***** EL ACUERDO DICTADO EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de marzo pasado, manifiesta que también le atribuye el carácter de autoridad responsable al Actuario adscrito a la Central de Actuarios de Irapuato, Guanajuato, asimismo, amplía los antecedentes del acto reclamado, señalando que el expediente se encuentra en etapa de ejecución y no existe recurso en trámite. Por tanto, se provee: ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De la última parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en tal procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en el procedimiento de remate, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, la cual debe ser entendida como aquélla en que se ordena la entrega o la escrituración del bien inmueble rematado, de forma indistinta, con lo que basta que se emita una sola de ellas para considerar su actualización. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia que es del tenor siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la orden de remate del inmueble que se ubica en ***** en Irapuato, Guanajuato, decretada por la autoridad responsable ordenadora, y tratada de cumplirse o ejecutarse por las autoridades ejecutoras tendiente a despojarlo de su propiedad. Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene asentar los siguientes antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de los antecedentes narrados por el propio quejoso en su escrito aclaratorio: - Que la etapa procesal en la cual se encuentra el juicio ***** es la siguiente, ya fue dictada sentencia condenatoria en contra del quejoso y de la Universidad de Guanajuato, en calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del *****, y a la fecha se encuentra en la etapa de remate, para lo cual fueron señaladas las trece horas, del ocho de abril del presente año, para que tenga verificativo el remate del bien inmueble objeto de garantía hipotecaria, siendo acreedor *****. De lo anterior, se tiene que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el acto en estudio no es la última determinación dictada para cumplir con el procedimiento de remate, ya que se requiere "que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados", lo cual no acontece en el caso en estudio. Así es, porque aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública o la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicte una de esas determinaciones el momento en que el promovente podrá acudir al juicio biinstancial, no obstante, que dichos acuerdos se realicen por separado. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en éste, que en el caso lo constituiría la orden de entrega del bien rematado o su escrituración; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que la parte quejosa deberá esperar a que se pronuncie una de esas determinaciones para estar en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, esto es, aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", tratándose de asuntos en los que existe remate de bienes, para que resulte viable el juicio de amparo, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. Además, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto, establecidas por el Máximo Tribunal del país, contra actos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia (en el caso concreto procedimiento de remate), por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ajena a la ejecución de la sentencia; pues como se ha visto, el acto que aquí se combate se encuentra vinculado con la ejecución del fallo emitido en el juicio de origen, y por ende, el quejoso deberá esperar hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento de remate. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, de texto: Época: Novena Época. Registro: 163152. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 108/2010. Página: 6. "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, aunado a que no se está en presencia de un acto autónomo a ese procedimiento. Por tanto, de lo antes narrado se advierte que el acto que se tilda de inconstitucional fue emitido dentro del procedimiento de remate, en ejecución de sentencia en el juicio de origen, en el que la parte quejosa tiene la calidad de parte, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Por tanto, al no acontecer así, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta

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