Francisco Ortiz Garcia
Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Ortiz Garcia
- FRANCISCO ORTIZ GARCIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
... ESTADO PROCESAL Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las constancias aportadas por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si el fallo protector se encuentra o no cumplido. ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia definitiva emitida por este órgano jurisdiccional el nueve de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente ***, donde se impuso el descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones de ley, que perciba el quejoso, así como su ejecución. 2. Dicte otra en su lugar, donde purgue los vicios formales destacados en esta sentencia, y resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda." En acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno; causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, para que cumpliera con el fallo protector. Luego por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, informando que: 1. Mediante auto de diecinueve de marzo pasado, dictado en el expediente *** de su índice, dejó insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte y dicto otro con libertad de jurisdicción. 2. Mediante audiencia preliminar de once de diciembre de dos mil veinte se celebro convenio entre las partes, concluyendo el juicio de origen, sin embargo, no acompaño copia certificada de dicho convenio. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió un disco en formato DVD que contiene copia certificada de la audiencia preliminar llevada a cabo el once de diciembre de dos mil veinte, en la que se celebró el convenio realizado por las partes en el expediente *** de su índice, dando vista a la parte quejosa con las constancias relativas al cumplimiento dado por la referida responsable. En tales condiciones, con dichas actuaciones, se insiste, la responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias aportadas por la referida responsable, se advierte que mediante auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno dejo insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte Luego, durante la audiencia preliminar de once de diciembre de dos mil veinte las partes realizaron un convenio en la etapa de conciliación en el juicio ***, que en lo relativo a la materia que nos interesa, se estableció: "Cláusula quinta. Las partes convienen que *** se obliga a proporcionar alimentos para sus hijos por la cantidad de $***, por lo que solicitan se gire oficio a su trabajo a efecto de que realice dichas retenciones y las pague a favor de *** de la misma manera que se despachó la medida cautelar por alimentos." (minuto 00:11:26 a 00:11:50). Convenio que ratificaron y fue aprobado por la responsable; por tanto, se tiene que el cumplimiento del fallo protector en el presente juicio de amparo ha quedado sin materia, por las siguientes consideraciones. El cumplimiento del fallo protector estaba encaminado a que la responsable realizara las acciones necesarias a efecto de dejar insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente *** y emitiera otra con libertad de jurisdicción. Luego, posterior a dejar insubsistente el auto reclaclamado, el once de diciembre de dos mil veinte, las partes dentro del juicio familiar de origen, realizaron un convenio, mismo que fue ratificado por las partes y aprobado por la responsable; en esas condiciones, aun cuando deben cumplirse las sentencias de amparo, en el presente juicio constitucional, al haber llegado las partes a un acuerdo dentro del expediente de origen, no es posible que se logre el cumplimente del fallo protector en los términos contenidos en la ejecutoria, en tanto que no subsiste la situación jurídica a partir de la cual procedía pronunciarse. Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, se citan a continuación: Época: Novena Época Registro: 170502 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 2/2008 Página: 431 "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia. Incidente de inejecución 297/98. Jaime Izaguirre Baños. 3 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Incidente de inejecución 541/98. León Sánchez Flores. 29 de abril de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. Incidente de inejecución 242/2005. Margarito Hernández Pulido. 25 de noviembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera. Incidente de inejecución 139/2006. Herminio Chávez Rojas. 7 de abril de 2006. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Ma. del Consuelo Núñez Martínez. Incidente de inejecución 506/2007. Beatriz Pérez Abad. 21 de noviembre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 2/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de enero de dos mil ocho. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: Expediente principal. ES DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. ES DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. ES DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b), 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso c), del Acuerdo en cita. En el entendido que para la obtención de los documenos, deberá agendar cita, lo cual podrá realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego, una vez obtenida la cita a que se hizo referencia, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Apercibida, que, de no hacerlo, dicho documento se destruirá junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
12/04/2021 ...Téngase por recibido el oficio y anexo remitidos por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, a través del cual, en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de marzo pasado, remite copia certificada de la audiencia preliminar llevada a cabo el once de diciembre de dos mil veinte, en la que se celebró el convenio realizado por las partes en el expediente *** de su índice. Se ordena al secretario que haga constar que el disco que remite la responsable pueda reproducirse; el cual deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducido en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a éste. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" En tales condiciones y, toda vez que la parte quejosa tiene acceso al expediente electrónico, quedan a su disposición, tanto la misiva de cuenta, como la recibida el veintitrés de marzo último (folio 1744/2021, con anexos), en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E), para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento a la sentencia que informó la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781]." En la inteligencia que, de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo2, las constancias que obren en el expediente electrónico de los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, que incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Luego, si bien en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (S.I.S.E), no obra en contenido del disco en formato DVD que remite la autoridad responsable, por tanto, queda a su disposición en este juzgado para su consulta, y, en caso de solicitar copia del mismo, el interesado tendrá que acudir al juzgado y proporcionar un medio electrónico que permita su reproducción, tal como un disco magnético (CD o DVD), memoria "USB" u otros de similares características, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia. En ese orden, deberá agendar cita de manera directa a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx3, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita; asimismo, proporcionar en la diligencia el medio tecnológico en que desee que se reproduzca la información solicitada. Entonces, una vez obtenida la cita correspondiente, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido que de no acudir con el medio tecnológico que permita la reproducción del documento digitalizado, o bien, cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite para su obtención...
- Principal
... Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre , así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: Causa ejecutoria y requiere cumplimiento Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Contradicción de tesis 44/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito. 24 de junio de 2003. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, con el número 22/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil tres. Nota: Por ejecutoria del veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 10/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 195909 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Julio de 1998 Materia(s): Común, Constitucional Tesis: 2a./J. 47/98 Página: 146 "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo". Incidente de inejecución 19/93. Juan González Mendoza y otros. 18 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Inconformidad 89/97. Constructora Inmobiliaria Gilmar, S.A. de C.V. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Inconformidad 144/97. Israel Téllez Lara y otro. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Inconformidad 90/98. María Ruth Gallegos Corona. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. Incidente de inejecución 6/98. Francisco Horst Leonel Hernández Mendoza y otros. 24 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Benito Alva Zenteno. Tesis de jurisprudencia 47/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: . Deje insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente ***, donde se impuso el descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento) del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias, menos deducciones de ley, que perciba el quejoso, así como su ejecución. Dicte otra en su lugar, donde purgue los vicios formales destacados en esta sentencia, y resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda.". En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis: Época: Novena Época Registro: 165779 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P. LVIII/2009 Página: 12 "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola2. Amparo en revisión 414/2008. Ignacio Flores Anguiano y otros. 22 de enero de 2009. Mayoría de siete votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Roberto Lara Chagoyán y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LVIII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve. Asimismo, devuélvase a la Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, la copia certificada del expediente *** de su índice, en un tomo; por resultar innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
...Notifíquese por vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a los terceros interesados **********, **********, ********** y **********, por conducto de su madre Martha Alejandra Sánchez Gámez, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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