Francisco Sánchez Álvarez
Expediente 42/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
- Francisco Sánchez Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos, pronunciamiento causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de inconformidad en contra de la resolución que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se declara que la misma ha causado estado. 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. 2.1 Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. 2.2 Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes, por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, por lo que de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, procede a pronunciarse en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Efectos del fallo protector. El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la que se otorgó la protección de la Justicia Federal, al quejoso Francisco Sánchez Álvarez, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, realizara lo siguiente: "Dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario 1A-1072/2019. Notificar dicha determinación a las partes en el juicio." Ejecutoria. El veintidós de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos; en dicho auto se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento dado al fallo protector. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: En proveído veinticinco de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio por el cual remitió copia certificada del laudo emitido el siete de marzo del año en curso, así como las respectivas notificaciones. Pronunciamiento. De todo lo anterior, se desprende que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario 1A-1072/2019, dictó las providencias correspondientes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo antes expuesto es que es dable concluir que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese personalmente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Cumplimiento anticipado. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento a la sentencia de amparo; sin que de momento haya lugar a mayor acuerdo, en razón de que a la fecha no se ha declarado firme la sentencia dictada en el juicio en que se actúa; por tanto, una vez llegado ese momento procesal se proveerá lo conducente sobre el cumplimiento de la misma. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 272/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado vía línea, el catorce de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Yesica Arisbet Jiménez Jiménez en cuanto apoderada jurídica de Francisco Sánchez Álvarez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías, registrándola bajo el número 42/2022, por lo que ordenó el emplazamiento de las autoridades responsables. Previo los trámites de ley, en esta propia fecha, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados; lo anterior, al tenor de la jurisprudencia y tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción: La omisión de elaborar el proyecto de laudo, emitir el laudo y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario 1A-1072/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, negó la existencia respecto del acto reclamado; sin embargo, de sus propias manifestaciones se advierte su existencia, ello porque si bien el once de febrero de la presente anualidad, cerró la instrucción dentro del juicio de origen, lo cierto es que su actuar no se ha ajustado a los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, para resolver el juicio laboral. Lo anterior se corrobora con la constancia que remitió con su informe de ley, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Como las partes no hacen valer causas de improcedencia y quien resuelve no advierte que opere alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente. QUINTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el único concepto de violación que se hace valer en la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. La parte quejosa sustancialmente arguye que la Junta responsable a la fecha no ha dictado el laudo en el juicio natural dentro de los términos legales, lo cual vulnera flagrantemente sus derechos humanos, específicamente el de impartición de justicia pronta y expedita que contempla el artículo 17 de la Constitución Federal. El motivo de discrepancia es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. De los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas. Asimismo señala que para el caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, se señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. En ese sentido, una vez desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Sucedido lo anterior, se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito proyecto de laudo; posteriormente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto de laudo, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad; fenecido este plazo el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de diligencias. En el caso particular, de la constancia remitidas por las partes se obtiene que dentro del juicio ordinario laboral 1A-1072/2019, la junta responsable en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos para a proyecto de resolución. En esas condiciones, es que es válido concluir que transcurrió en exceso el plazo que establece el referido numeral para la elaboración del proyecto de laudo -diez días-. Sin que se advierta que los integrantes de la Junta hayan solicitado la práctica de alguna diligencia para el esclarecimiento de la verdad; tampoco citado a los miembros de ésta para la discusión y votación del proyecto de laudo. Conforme a ello, se tiene que la Junta responsable no ha agotado el procedimiento correspondiente, que culmine con el dictado del laudo en el juicio ordinario laboral 1A-1072/2019. En ese contexto, es evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Acorde con lo anterior, resulta claro que la Junta responsable no se ha ajustado a los términos legales que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a lo dispuesto por los artículos 885, 886 y 887. Luego, la omisión de pronunciar el fallo respectivo por parte de la Junta señalada como responsable, provoca que el procedimiento de origen no se desarrolle dentro de los términos establecidos en la ley, en contravención al derecho de una administración de justicia pronta, contenida en el artículo 17 constitucional. Tiene aplicación, la Jurisprudencia: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional.". Asimismo, la tesis: "LAUDO. PARA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD EN LA OMISIÓN DE SU DICTADO NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LA DILACIÓN EXISTENTE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SINO TAMBIÉN AL TIEMPO EN QUE SE PROLONGUE DURANTE DICHO JUICIO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, la cual debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita; la prontitud se traduce en la obligación de las autoridades jurisdiccionales de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes de la materia; así, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto consista en la omisión del dictado del laudo, el análisis de su constitucionalidad no sólo debe atender a la dilación existente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, sino también al tiempo que transcurra durante el juicio constitucional, pues es precisamente la expeditez en la impartición de justicia la que se reclama, y lo que hace susceptible de analizar la constitucionalidad de la omisión por el tiempo prolongado que subsista." En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Francisco Sánchez Álvarez, la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos del amparo. La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: Dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario 1A-1072/2019. Notificar dicha determinación a las partes en el juicio. Lo anterior, a fin de restituir al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Francisco Sánchez Álvarez, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.
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