Francisco Roberto Negrete López
Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Roberto Negrete López
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Ténganse por recibidos los escritos de cuenta signados por Rosa Lilia Garibay Chávez, apoderada de Francisco Roberto Negrete López, por medio de los cuales cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Lilia Garibay Chávez, apoderada de Francisco Roberto Negrete López, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: El auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado por la autoridad responsable dentro del toca I-182/2022, en el que determinó desechar de plano el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintisiete de mayo del año en curso, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones y dejó insubsistente la notificación practicada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós respecto del auto de once del mismo mes y año, ordenando que la misma se practicara nuevamente en el último domicilio señalado para tal fin; al considerar la responsable que contra las determinaciones dictadas dentro de los incidentes derivados de juicios sumarios civiles hipotecarios, no procede recurso alguno. La discusión, aprobación, sanción, promulgación, vigencia, aplicación y ejecución, según corresponda al ámbito de sus atribuciones constitucionales, del artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, por resultar inconstitucional con motivo de su primer acto de aplicación en el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, antes referido. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su demanda la parte quejosa, se desprende lo siguiente: "PRIMERO. Es el caso que, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramita el juicio SUMARIO CIVIL HIPOTECARIO 613/2013, seguido en contra de mi representado Francisco Roberto Negrete López, en el que se le demandó el vencimiento anticipado el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria y el convenio modificatorio del mismo, ambos pasados ante la fe de la Notaría Pública número 138, con ejercicio y residencia en esta ciudad capital de Morelia, Michoacán, mediante ESCRITURAS PÚBLICAS 10,607 de fecha 4 de agosto de 2008 y 13,927 de fecha 12 de febrero de 2010. SEGUNDO. Procedimiento en el que, con fecha 24 de febrero de 2014, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio de mérito, declarándose el vencimiento anticipado del contrato y, en consecuencia, se condenó al demandado al pago de la cantidad demandada por conceptos de suerte principal y prestaciones accesorias y, en caso de no hacerse el pago correspondiente, se ejecutaría la garantía hipotecaria contratada. TERCERO. Sentencia que fue confirmada en grado de apelación por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante ejecutoria de fecha 30 de abril de 2014, dentro de los autos que integran el TOCA DE APELACIÓN I-90/2014, para todos los efectos legales conducentes. CUARTO. Luego, es el caso que seguido que fue el procedimiento de ejecución correspondiente, mediante sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo del año en curso, se decretó PROCEDENTE el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES promovido por la parte que represento, omitiéndose la condena en costas en contra de la contraparte. QUINTO. Inconforme con dicha determinación, interpuse recurso de apelación, mismo que fue admitido y, eventualmente turnado a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que lo registro con el número de TOCA I-182/2022. SEXTO. Sin embargo, mediante auto de fecha 5 de julio del año en curso, se determinó por el tribunal de alzada desechar de plano el recurso de mérito, al considerar que en contra de las determinaciones dictadas dentro de los incidentes derivados de juicios sumarios civiles hipotecarios, no procede recurso alguno, lo que fundamentó en el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado." Asimismo, de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en el primero de los escritos de cumplimiento de prevención de cuenta, se desprende: "a) Que la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo del año en curso, que declaró procedente el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES promovido por la parte que represento, no lo fue en contra de acuerdo o proveído alguno, dado que en contra de éstos no proceden más que los medios de impugnación previstos por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de conformidad con el artículo 95 de dicho ordenamiento jurídico, sino que dicha incidencia se promovió en contra de la notificación practicada con fecha 16 de marzo de 2022, practicada en cumplimiento al auto del 11 de ese mismo mes y año y, el mismo se declaró procedente para declarar la nulidad de esa notificación y, paralelamente, ordenar que se practicara de nuevo cumpliendo con las formalidades legalmente establecidas para ese fin." Finalmente, de la resolución que anexó como prueba documental a su escrito de cumplimiento de prevención se advierte que se dejó sin efectos la notificación realizada del proveído emitido el once de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó que previo a proceder a la ejecución forzosa solicitada por la parte actora, se ordenó requerir mediante notificación personal, a la parte demandada, a efecto de que en el término de tres días haga entrega voluntaria del bien inmueble adjudicado en autos del juicio de origen a favor de la moral actora), por lo que se, al considerar Siendo el auto de cinco de julio antes referido el acto aquí reclamado. Precisado lo anterior, es de hacer notar de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escritos de cumplimiento de prevención, se advierte que el juicio sumario civil hipotecario 613/2013 promovido por Proyectos Adamantine Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, en contra del aquí quejoso Francisco Roberto Negrete López, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se encuentra en estado de ejecución y que la parte quejosa no es tercera extraña al juicio, pues fue oída y vencida en el mismo. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es propio) Los dispositivos antes invocados, tienen su origen en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". (Lo resaltado es propio) De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos suscitados fuera de juicio o después de concluido que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca I-182/2022, en el que determinó desechar de plano el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintisiete de mayo del año en curso, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones que dejó insubsistente la notificación practicada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós respecto del auto de once del mismo mes y año, y ordenó que la misma se practicara nuevamente en el último domicilio señalado para tal fin. A efecto de evidenciar lo anterior, es importante hacer las siguientes consideraciones, en principio, la causa de improcedencia que se invoca se ubica en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. En efecto, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria, notificaciones para la prosecución del juicio, entre otros-; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia-; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. A fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de este medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste]; las cuales se encuentran íntimamente ligadas al propio artículo 107 de nuestra Carta Magna que establece como elemento necesario para la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo emitidos dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido es que la ejecución de cualquiera de estos actos sea de imposible reparación. Esto es, si el acto que se reclama se emitió después de que éste concluyo, para que sea objeto de estudio en sede constitucional es indispensable que se cumpla con las siguientes condiciones: 1) que sea una determinación autónoma a la cosa juzgada; 2) que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo; y, 3) que sean actos que afecten derechos sustantivos. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia (párrafo segundo, 107, fracción IV); o dictada en el procedimiento de remate (párrafo tercero, 107, fracción IV). De la interpretación de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las resoluciones dictadas en los procedimientos del orden civil, pueden distinguirse en aquellos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia, que es cosa juzgada. En tanto que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Y, la última clase, se actualiza cuando se trata de actos distintos a los que de manera lógica y natural deben afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución. En el caso particular, la parte quejosa reclama el auto de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado por el Magistrado de la Primera Sala Civil, dentro del toca I-182/2022, en el que determinó desechar de plano el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria del incidente de nulidad de notificación, al considerar que en contra de las determinaciones dictadas dentro de los incidentes derivados de juicios sumarios civiles hipotecarios, no procede recurso alguno, decisión que fundamentó en el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Lo que trae como consecuencia, que quede firme la determinación interlocutoria emitida el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, que declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones, en la cual se dejó insubsistente la notificación realizada el dieciséis de marzo, y ordenó realizar nuevamente la del auto de once de marzo que requirió al demandado el cumplimiento voluntario de la sentencia, en el último domicilio que hubiere señalado para tal fin. De lo anterior, se obtiene que los actos que reclama están vinculados con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio sumario civil hipotecario mencionado. De tal forma que, los actos aquí reclamados no constituyen una determinación autónoma a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, precisamente porque como se dijo son una consecuencia directa de dicha ejecución; aunado a que tampoco constituyen la última resolución en la etapa de ejecución del juicio sumario civil hipotecario, el cual concluye con el remate y adjudicación del bien inmueble hipotecado, en términos de los artículos 671 a 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo. De igual forma, no afecta de manera directa derechos sustantivos del quejoso como la vida, la salud, la propiedad o posesión de algún bien, como se advierte de la narración de antecedentes que bajo protesta de decir verdad realizó el quejoso, así como del contenido íntegro del escrito de demanda y escritos de cumplimiento de prevención. Lo anterior, hasta este momento, hace evidente que los actos reclamados, no son una determinación autónoma a la ejecución de la sentencia; que no se trata de la última resolución dictada en la etapa de ejecución y, además, no se trata de una actuación que por sí sola tenga como consecuencia la afectación a derechos sustantivos del quejoso; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se inadvierte el hecho de que el quejoso refiere en sus conceptos de violación que le causa perjuicio el hecho de que no se haya condenado en costas a su contraria en el incidente de nulidad de actuaciones, lo que señala como una afectación a sus derechos patrimoniales. Circunstancia que no vuelve procedente el juicio de amparo indirecto, pues dicha condena no puede desvincularse del fondo resuelto en el incidente de nulidad de actuaciones -que como ya quedó evidencia, no procede el amparo indirecto al no ser la última resolución en la etapa de ejecución-. Tienen aplicación al caso los siguientes criterios: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica." Sin que varíe la anterior determinación el hecho de que el quejoso tilde de inconstitucional el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, en razón de que al ser improcedente el amparo, las cuestiones surgidas dentro de un juicio sobre inconstitucionalidad de leyes, que no sean de imposible reparación, sólo podrán hacerse valer hasta que se dicte la última resolución que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se desecha la demanda de amparo. Notifíquese a la parte quejosa por la vía electrónica. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 844/2022. De conformidad con el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Lilia Garibay Chávez, en cuanto apoderada de Francisco Roberto Negrete López -carácter que se le reconoce de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, pues exhibe poder notarial bajo la protesta que establece el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo-, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se provee. Sin que haya lugar a tener por presentada la demanda por el diverso apoderado Jorge Gustavo Del Río Reséndiz, en razón de que no aparece evidencia criptográfica de su firma electrónica en el escrito de demanda presentado en línea. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 108, fracción V, así como el 114, fracción II y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: ÚNICO. Señale contra qué acuerdo o proveído se declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones que refiere en el antecedente identificado como "CUARTO" de su escrito inicial de demanda y para qué efecto se declaró procedente el mismo; lo anterior, en razón de que del contenido integral de la demanda de amparo no se advierte que haya señalado dicha información. Datos que resultan ineludibles para estar en condiciones de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo y fijar la Litis constitucional. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y en caso de cumplir de forma física, de no acompañar copias suficientes del documento con el que dé cumplimiento para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario o su apoderado, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. Así como la diversa Jurisprudencia 1a./J. 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Libro 9, Tomo I, Agosto 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ...ACCESO AL EXPEDIENTE. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza consultar vía internet el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, quien tiene como nombre de usuario "kornmopark". Consecuentemente, comisiónese al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que realice las gestiones correspondientes para dar la autorización respectiva. ágase saber a la parte quejosa que para que pueda visualizar el expediente electrónico es necesario que ingrese con el perfil con el que lo dio de alta, ya que existen tres tipos de perfil: físico, representante jurídico público y representante jurídico privado; por lo que, si al ingresar a la consulta no señala el usuario o el perfil en forma correcta, no lo podrá visualizar. En caso de requerir asesoría para su ingreso, la página del Portal de Servicios en Línea, tiene a su disposición habilitado el ícono de soporte técnico para que pueda verificar si existe algún problema con su captura o se trata de una falla técnica no atribuible al órgano jurisdiccional. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Asimismo, como lo solicita, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal se realicen por la vía electrónica. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico buzonjudicialguillermomelgoza@gmail.com, así como el número de teléfono celular 55-41-83-14-69, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 16/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. COPIAS CERTIFICADAS. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el quejoso, expídasele copias certificadas de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que alude, previo recibo que se deje en autos. En el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. Notifíquese a la parte quejosa por la vía electrónica. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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