Francisco Rosado Cruz
Expediente 981/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Rosado Cruz
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de la secretaria y el estado de autos, se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que el quejoso Francisco Rosado Cruz, interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de junio de dos mil dieciséis, por el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente, transcurrió del veintiocho de junio al cuatro de julio de dos mil dieciséis, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que el acto reclamado, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del aludido Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez; asistido de la secretaria licenciada Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe. La secretaria certifica que la presente foja corresponde a la parte final del auto de cinco de julio de dos mil dieciséis, dictado en el expediente de amparo 981/2016. Conste. La secretaria Lic. Lizeth Ortiz Segura
- Principal
Mesa VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón de dieciséis de junio del año en curso, de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que hace constar que no le fue posible notificar a la parte promovente el proveído de trece de junio de dos mil dieciséis, en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones que ahí expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, 29 y 31, de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha quejosa el referido auto y los subsecuentes aún los de carácter personal por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto designe nuevo domicilio para recibir notificaciones. Notifíquese y cúmplase... -------- I n s e r c i ó n --------- "Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Francisco Rosado Cruz, contra actos del juez Octavo de lo Civil del distrito judicial del Centro, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 981/2016, que le correspondió. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. En atención al contenido de la demanda, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el consiste en la resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el juez Octavo de lo Civil del distrito judicial del centro, en el juicio ejecutivo mercantil 261/2014, recaído al recurso de revocación interpuesto por el aludido quejoso, auto en el que el referido juez reiteró la negativa de la admisión de la prueba pericial ofrecida por la quejosa por no cumplir con los requisitos exigidos en la fracción I, del artículo 1253 del Código de Comercio, por lo que refiere la responsable repite el acto que fue motivo del citado recurso, violando con ello sus derechos humanos de seguridad jurídica y congruencia sustantiva. Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se considera que en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ello es así, pues el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.; Por su parte, los artículos 170, fracción I, 171, párrafo primero; 172 fracción III y 174, de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.] Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." Ahora, de la interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales, se deduce que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación y no cuando se trata de violaciones procesales, pues ellas podrán ser analizadas en juicio de amparo directo cuando se analice la constitucionalidad de la sentencia que se dicte en el proceso de origen, en caso de que las mismas trasciendan al fallo. Ello, pues como lo refieren los numerales en cita, en aquellos casos en que se desechen las pruebas ofrecidas legalmente o se desahoguen en forma contraria a la ley, tales irregularidades se consideran violaciones al procedimiento, mismas que pueden o no trascender al resultado del fallo y, en caso de hacerlo, deben impugnarse mediante el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Es así, pues el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las derechos sustantivos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Luego, de ello se obtiene que, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse mediante el acuerdo posterior o bien a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia que se dicte en definitiva. Sobre lo ya expuesto, los actos reclamados relativos en el caso, no admitir la prueba ofrecida por la quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 261/2014, que fue materia del recurso de revocación en el que se reiteró el desechamiento que se duele la quejosa, produce efectos meramente intraprocesales, pues no causa perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, dado que no se encuentra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa, pues dichas violaciones son reclamables en la demanda de amparo directo que en su caso se promueva en contra la sentencia que llegara a dictarse en el referido juicio ejecutivo mercantil. En tales condiciones, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 107, fracción V, interpretado en sentido opuesto, 170, fracción I, 171 y 172 fracción III de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda propuesta por notoriamente improcedente. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados para tales efectos a las personas que indica. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este tribunal. Notifíquese personalmente.
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