Francisco Román Gutiérrez
Expediente 308/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Román Gutiérrez
- director general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS, Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio descrito en la cuenta, mediante el cual el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 05/2018 y devuelve las constancias originales del juicio de amparo indirecto 308/2017; acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del respectivo envío. [...]Hágase lo anterior del conocimiento de las partes..., archívese el expediente principal como asunto concluido. Se declara que el presente expediente es susceptible de depuración. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales ... Hágase del conocimiento de las partes, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio original señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito informando que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, relativo a la imposibilidad jurídica para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo 308/2017. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense el oficio y el anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora, como de la diligencia de diez de noviembre pasado, se advierte que el quejoso Francisco Román Gutiérrez, en respuesta al requerimiento formulado en determinación de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, sostuvo que efectivamente no está interesado en recibir el tratamiento que le fuera indicado por la especialista en psiquiatría en valoración de siete de octubre del presente año; en consecuencia, corresponde a este juzgador determinar si se puede continuar exigiendo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Este juzgador considera que no se puede exigir el cumplimiento por las razones que se exponen a continuación: Los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente (énfasis y subrayado añadido): "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico". "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". El primer artículo establece las pautas que deberá seguir el órgano de amparo para cuando se considere que la sentencia de amparo no está cumplida en su totalidad. Una de dichas pautas consiste en que el juez de Distrito deberá remitir los autos al tribunal colegiado cuando agote en su totalidad el trámite de cumplimiento, para que éste lo revise y se pronuncie sobre el mismo, dando lugar a un posible incidente de inejecución de sentencia. El segundo artículo especifica las reglas para el órgano de amparo a fin de que se pronuncie sobre la información y documentación proporcionada por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se señala que cuando se estime que la sentencia no está cumplida, no está cumplida totalmente o correctamente o resulta de imposible cumplimiento, el órgano judicial deberá remitir los autos al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, según corresponda (ya sea amparo directo o indirecto), siguiendo las pautas del referido artículo 193 de la Ley de Amparo. Esta regla es importante destacarla, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 886/2013, 158/2014 y 190/2014, dijo que el envío de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es opcional. Si se estima que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento, se deben remitir los autos, como lo prevé el artículo 193 de la citada Ley de Amparo; esto es, cuando se trate de amparo indirecto se mandará al tribunal colegiado de circuito y éste notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del Juzgador Federal y dictará la resolución respectiva (si existe o no imposibilidad de cumplimiento), cuando se trate de un amparo directo se remitirá a la Suprema Corte. En el caso que nos ocupa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Francisco Román Gutiérrez para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: a) Debían de inmediato, dentro del ámbito de sus facultades, realizar los trámites necesarios para que el quejoso Francisco Román Gutiérrez o Román Gutiérrez Francisco fuera valorado por un psiquiatra a fin de determinar si requería o no tratamiento en esa área. b) Derivado del dictamen del especialista y no de acuerdo a las especificaciones que señalara el quejoso, debían otorgarle la atención y tratamiento médico necesario para su padecimiento. Para cumplir con lo anterior, en un principio, el pasado doce de septiembre, la directora jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en ausencia del director general, remitió copia certificada de los siguientes documentos: (i) memorándum CFRS13/DT/DSM/2951/2017, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, elaborado por Christi Ramos Bustamante y (ii) nota médica de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, elaborada por Verónica Luna Santiago. Sin embargo, el titular de este Juzgado de Distrito en proveído de veintidós de septiembre siguiente, declaró que no se encontraba cumplido el fallo protector, porque el quejoso no había sido valorado por un psiquiatra, sino por un médico general. Luego, el diecisiete de octubre del presente año, el director General del mencionado centro de reclusión, remitió copia certificada de una nueva valoración de siete de octubre de dos mil diecisiete, en el que consta que Román Gutiérrez Francisco, recibió atención de una especialista en psiquiatría, quien afirmó, por una parte, que el quejoso necesitaba el medicamento citalopram por seis meses, y, por la otra, que éste se negó a recibir dicho tratamiento. Esta última afirmación es relevante, porque uno de los efectos de la protección constitucional entiende que debe entregarse el medicamento correspondiente. El defensor del quejoso, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el pasado veintisiete de octubre, afirmó que el quejoso Francisco Román Gutiérrez sí recibió las atenciones que indica la autoridad en su informe de cumplimiento de ejecutoria de amparo, lo que generaba cierta confusión sobre si la ejecutoria estaba cumplida o no, por lo que se comisionó al actuario de la adscripción para que en diligencia respectiva, requiriera al quejoso para que manifestara si era verdad que no estaba interesado en recibir el tratamiento que le fuera indicado por la especialista en psiquiatría, o en su caso, si recibió el medicamento correspondiente consistente en citalopram. De la diligencia de cuenta, se desprende que el actuario judicial adscrito a este órgano de amparo asentó que el quejoso en verdad no estaba interesado en recibir el medicamento que le fuera indicado en la valoración en psiquiatría que se le realizó el pasado siete de octubre. Es importante precisar que las autoridades responsables para efecto de cumplir con la sentencia dictada en el presente asunto, debían hacer dos cosas; a saber, otorgar atención médica especializada en psiquiatría a Francisco Román Gutiérrez y derivado de lo anterior, hacer entrega del tratamiento farmacológico que en su caso le fuera indicado al quejoso. En consecuencia, como la circunstancia relatada impide emitir un pronunciamiento sobre si la sentencia está o no cumplida, debido a que el promovente Francisco Román Gutiérrez manifiesta abiertamente su voluntad de no recibir tal medicamento, este juzgador no puede obligarlo a aceptar ese tratamiento. Esta situación vuelve imposible que se cumpla con los efectos del amparo pues no se puede obtener constancia de entrega del medicamento al quejoso, ni se puede ir en contra de la voluntad de Francisco Román Gutiérrez. De ahí que este juzgador considere que ha quedado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del contenido de este acuerdo, envíense los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, a fin de que éste dicte la resolución que en derecho corresponda respecto a la imposibilidad jurídica de cumplimiento. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que sean necesarias para conocer la historia procesal del asunto. Por último, en relación al oficio de cuenta, no ha lugar a dictar mayor providencia, precisamente por lo relatado en el cuerpo de la presente determinación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mesa II-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito original señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como de su contenido se advierte que el defensor del quejoso desahoga la vista concedida con motivo del cumplimiento que las autoridades responsables afirmaron haber dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De acuerdo con lo establecido en la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables debían realizar lo siguiente para poder cumplir con los efectos del amparo: a) Debían de inmediato, dentro del ámbito de sus facultades, realizar los trámites necesarios para que el quejoso *************** fuera valorado por un psiquiatra a fin de determinar si requería o no tratamiento en esa área. b) Derivado del dictamen del especialista y no de acuerdo a las especificaciones que señalara el quejoso, debían otorgarle la atención y tratamiento médico necesario para su padecimiento. Para cumplir con lo anterior, en un principio, el pasado doce de septiembre, la directora jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", en ausencia del director general, remitió copia certificada de los siguientes documentos: (i) memorándum CFRS13/DT/DSM/2951/2017, de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, elaborado por Christi Ramos Bustamante y (ii) nota médica de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, elaborada por ******************. Sin embargo, el titular de este Juzgado de Distrito en proveído de veintidós de septiembre siguiente, declaró que no se encontraba cumplido el fallo protector, porque el quejoso no había sido valorado por un psiquiatra, sino por un médico general. Luego, el diecisiete de octubre del presente año, el director General del mencionado centro de reclusión, remitió copia certificada de una nueva valoración de siete de octubre de dos mil diecisiete, en el que consta que ******************, recibió atención de una especialista en psiquiatría, quien afirmó, por una parte, que el quejoso necesitaba el medicamento citalopram por seis meses, y, por la otra, que éste se negó a recibir dicho tratamiento. Esta última afirmación es relevante, porque uno de los efectos de la protección constitucional entiende que debe entregarse el medicamento correspondiente. El defensor del quejoso, en el escrito de cuenta, no desmiente, ni confirma si el quejoso se negó realmente a recibir el tratamiento indicado. Simplemente señala que aquél le manifestó que sí recibió las atenciones que indica la autoridad en su informe de cumplimiento de ejecutoria de amparo, lo que provoca que permanezca la incógnita sobre si el quejoso recibió o no el medicamento, pues una cosa es que haya recibido atención médica y otra, muy distinta, es la recepción del medicamento. En consecuencia, como la circunstancia relatada impide emitir un pronunciamiento sobre si la sentencia está o no cumplida, este juzgador considera necesario comisionar al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en turno, para que se constituya el próximo viernes diez de noviembre de dos mil diecisiete, en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y notifique al quejoso este proveído y lo requiera para que en la diligencia respectiva manifieste si es verdad que no está interesado en recibir el tratamiento que le fuera indicado por la especialista en psiquiatría, o en su caso, si recibió el medicamento consistente en citalopram. Esta última determinación no necesita comunicarse al Consejo de la Judicatura Federal, porque ya se hizo lo propio mediante oficio 16/2017. Notifíquese personalmente al quejoso.
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