Francisco Rolando Ramirez Gutierrez
Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Rolando Ramirez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve por el que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.---NOTIFÍQUESE.-
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por FRANCISCO ROLANDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, fórmese el amparo correspondiente, registrándose con el número 1022/2019. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TEHUACÁN, LIC, ALICIA PÉREZ DURÁN, la omisión de acordar su escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 1964/2015/TEHUA/CNPP del índice de la agencia de su adscripción, mediante el cual solicitó se realizara la investigación del domicilio de la víctima a efecto de localizarla y remitir los autos a la unidad de medios alternos. Sin embargo, de las copias certificadas deducidas del juicio amparo 90/2019 del índice de este Juzgado Federal, las cuales se ordenan agregar a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar y se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo contenido se invoca como un hecho notorio para el suscrito por tratarse de un asunto tramitado en este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que dicho juicio constitucional fue promovido por el hoy quejoso FRANCISCO ROLANDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ, en contra del mismo acto reclamado y la misma autoridad señalados en la demanda de amparo de cuenta; esto es, la omisión de acordar su escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 1964/2015/TEHUA/CNPP del índice de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Tehuacán, Puebla, mediante el cual solicitó se realizara la investigación del domicilio de la víctima a efecto de localizarla y remitir los autos a la unidad de medios alternos. Además, se advierte que mediante resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que en acuerdo de uno de marzo del año en curso, se acordó la solicitud del quejoso de agotar los medios de localización de la víctima en dicha carpeta y, también se advierte que dicha sentencia causó ejecutoria en acuerdo de veintidós de abril de dos mil diecinueve. Todo lo cual se invoca como un hecho notorio para el suscrito, dado que tales datos emanan del juicio de amparo 90/2019 del índice de este propio juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 925 del Tomo V, Enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." En mérito de lo anterior, resulta indudable que el quejoso FRANCISCO ROLANDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ reclama tanto en la demanda que dio origen al juicio de amparo 90/2019, como en la demanda que se provee, el mismo acto reclamado en contra de la misma autoridad responsable ordenadora, esto es, de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE TEHUACÁN, la omisión de acordar su escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 1964/2015/TEHUA/CNPP, mediante el cual solicitó se realizara la investigación del domicilio de la víctima a efecto de localizarla y remitir los autos a la unidad de medios alternos, lo que actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda que se provee de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Del artículo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. En ese sentido, debe decirse que la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la existencia de una sentencia ejecutoria y consigna la imposibilidad jurídica de someter a análisis constitucional los actos reclamados en un primer juicio; lo que indica que la situación fijada por el juez en una sentencia ya no puede ser discutida, pues cobra eficacia propia que le da el carácter de cosa juzgada. Cabe apuntar que en materia de amparo, por regla general, una sentencia de sobreseimiento o un auto de desechamiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto; sin embargo, existen casos de excepción a tal regla, en virtud de que se actualizan situaciones o circunstancias en las que la causa de improcedencia derivada de la cosa juzgada opera, lo cual se hace patente vía excepción, en tanto que no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable en forma posterior la acción constitucional de modo absoluto, ello con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que dicho acto ha sido consentido, o que el acto ha cesado sus efectos, y no obstante ello, en el nuevo juicio se reclaman los mismos actos, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de amparo. Lo anterior encuentra justificación en el sentido de que si bien, una sentencia de sobreseimiento o auto de desechamiento de demanda de amparo no constituye cosa juzgada, ello no implica que el amparo pueda ser promovido en contra de los mismos actos reclamados, respecto de los cuales, en diverso juicio se sobreseyó o se desechó la demanda, en tantas ocasiones como lo desee el quejoso, pues su instancia se encuentra sujeta a requisitos de procedibilidad que condicionan el ejercicio válido de la acción; es decir, una cosa es que el sobreseimiento o el desechamiento de demanda en el juicio, por regla general no tenga la categoría de cosa juzgada, y otra que el juicio de amparo pueda ser promovido tantas veces como lo pretenda el quejoso en contra de los mismos actos reclamados. Sostener lo contrario, es decir, que el gobernado pueda someter al análisis constitucional los actos reclamados, respecto de los cuales en diverso juicio se sobreseyó o se desechó la demanda de amparo, tantas veces como aquél considerara tener oportunidad para ello, sólo conduciría a la inseguridad e incertidumbre jurídica en perjuicio de la pronta impartición de justicia, pues quedaría a su voluntad la promoción de dos o más juicios de amparo en contra de un mismo acto o defensa de un derecho, entorpeciendo y distrayendo de manera ociosa la atención de los tribunales, siendo que en la realidad fáctica y jurídica ya existe pronunciamiento firme respecto a la improcedencia del juicio de amparo en contra de los mismos actos, de ahí que sí en un primer expediente de amparo se determinó la improcedencia del juicio porque el acto reclamado cesó en sus efectos, lo que condujo a decretar el sobreseimiento del juicio y este pronunciamiento se encuentra firme, es claro que los efectos, tal decisión trascienden de manera eficaz sobre la esfera jurídica del quejoso, impidiéndole en forma posterior la posibilidad de concurrir a nuevo juicio y reclamar de nueva cuenta los mismos actos que se impugnaron en el amparo anterior, pues esa decisión no puede desconocerse dado el derecho sobre el cual se vio reflejado su efecto jurídico, pues de no estimarse así, equivaldría a considerar que la determinación judicial emitida en aquél juicio es la nada jurídica, lo cual es inadmisible. En mérito de lo anterior, dado que en la especie el quejoso FRANCISCO ROLANDO RAMÍREZ GUTIÉRREZ pretende reclamar un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo, cuya sentencia en la que se decretó el sobreseimiento del juico causó ejecutoria, resulta indudable que ya existe pronunciamiento firme respecto a la improcedencia del juicio de amparo en relación al acto reclamado en la demanda que se provee; esa situación hace que en la especie se actualice la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Lo anterior es así, en virtud de que de obrar de otra manera se permitiría que la quejosa presentara cuantas demandas de amparo deseara, entorpeciendo la impartición de justicia. Sirve de apoyo en lo sustancial lo dispuesto en la Jurisprudencia 235, visible a página 193, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Así mismo, es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, contenido en la tesis XIII.3o.3 K, visible en la página 2380, tomo XXIII, correspondiente al mes de Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA UN ACTO QUE YA FUE RECLAMADO EN UNO ANTERIOR EN EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA Y CAUSÓ ESTADO TAL DETERMINACIÓN. Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, consultable a fojas ciento veinticinco del Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda Sala, que dice: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA.", estableció el criterio de que el juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda se concluye que su desechamiento implica que se da por concluido al causar estado la determinación que al efecto se emita -pues se está ya en presencia de una ejecutoria de amparo- de tal forma que cuando el quejoso promovió con anterioridad al juicio de amparo uno diverso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado y el Juez de Distrito del conocimiento determinó desechar la demanda y contra tal determinación no se interpuso recurso alguno, resulta evidente que contra tal determinación no puede ejercerse nuevamente la acción de amparo, al configurarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia contemplado en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO al encontrarse de manera notoria e indudable una causa de improcedencia que impide su admisión, prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tienen por señalados únicamente los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, en razón de que el quejoso omite precisar el nombre de usuario para recibir notificaciones electrónicas; en tales condiciones, notifíquese por lista el presente acuerdo y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal. Así mismo, se tiene por autorizada a la persona que menciona en el proemio de su demanda, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que una vez que acredite ante este Juzgado tener la autorización por la Dirección General de Profesiones para ejercer la abogacía, hasta entonces se le tendrá por autorizada con la suma de facultades del mencionado artículo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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