FRANCISCO ROLANDO RAMIREZ GUTIERREZ y Otros.

Expediente 551/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
551/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • FRANCISCO ROLANDO RAMIREZ GUTIERREZ y Otros.
  • Francisco Rolando Ramirez Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de once de junio de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por FRANCISCO ROLANDO RAMIREZ GUTIERREZ, contra los actos del FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 551/2018. DESECHAMIENTO Al respecto, se considera que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que motiva desechar de plano la demanda que se provee, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se advierte que FRANCISCO ROLANDO RAMIREZ GUTIERREZ, reclama del FISCAL DE INVESTIGACION REGIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, la omisión de acordar el escrito presentado en dos de octubre de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación número 1964/2015/TEHUA/CNPP, mediante el cual por conducto de su defensor particular solicita el sobreseimiento de la misma. Carpeta de investigación de la que el quejoso refirió se encuentra judicializada bajo la causa penal 146/2015 ante un órgano jurisdiccional de Tehuacán, Puebla, dentro de la cual se le fijaron medidas cautelares y se ha cerrado la investigación complementaria. Circunstancia que, ha dicho del quejoso, viola en su perjuicio sus derechos al no acordarse lo conducente a que el agente del Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la carpeta de investigación número 1964/2015/TEHUA/CNPP. Sin embargo, el aquí inconforme antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligado a solicitar directamente al juez el sobreseimiento de la causa, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Tal como se advierte del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 327. Sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley." Circunstancia que implica que dicha solicitud de sobreseimiento la puede solicitar de manera directa ante el juez de la causa. Por lo tanto, el inconforme debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra la omisión del autoridad investigadora consistente en solicitar el sobreseimiento de la carpeta de investigación número 1964/2015/TEHUA/CNPP, judicializada bajo la causa penal 146/2015. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a CÉSAR GÓMEZ CASTILLO. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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