Francisco Ramírez Victoriano
Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Ramírez Victoriano
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el Oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos mediante el cual informa, que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avoca al conocimiento del juicio de amparo al rubro en cita; al respecto se provee lo siguiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21 del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que este Juzgado Federal se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto; lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Maricela Sánchez Aguirre, en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada. Ahora, visto el escrito de demanda promovida por ********************, y, escrito aclaratorio de cuenta, mediante los cuales solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, consistente en la omisión de acordar y notificar las promociones presentadas el quince de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral ********************. Este este órgano jurisdiccional considera que debe declinarse la competencia legal del presente juicio a favor del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, ya que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se constató la existencia del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por ********************, mediante el cual solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de acordar y notificar la promoción presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral ******************** De lo anterior, se advierte que en el presente juicio ********************, como en el diverso ********************, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por el mismo quejoso reclama actos derivados del mismo expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por tal motivo, este órgano jurisdiccional considera que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos tiene preferencia para conocer de este asunto en virtud del conocimiento previo, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que a la letra dicen: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 21/05/2015. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; V. Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amparo; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal Colegiado de Apelación que tenga el último antecedente registrado; VIII. Derogada; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado; XII. Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma. XIV. La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el último antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que el antecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad; XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tiene el último antecedente registrado; y XVI. Los demás que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría." De los preceptos transcritos se desprende, en lo que interesa, que cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos que se refieran, entre otros a un mismo expediente jurisdiccional, el turno de esos amparos debe tomarse en cuenta el criterio general siguiente: Conocimiento previo más reciente. Se actualiza por la existencia en el sistema de un antecedente de amparo que ya ha sido del conocimiento de algún otro juzgado de Distrito, al provenir de un expediente identificado con el mismo número de índice y autoridad o respecto de un acto de autoridad, aunque hayan promovido diversas partes; así, debe determinarse que quien debe conocer es el que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto. 2. Conocimiento en cumplimiento. Surge cuando las demandas de amparo se promueven respecto de actos reclamados que se dictan en cumplimiento de una ejecutoria que otorgó la protección constitucional, por lo que deben turnarse a favor del juzgado que resolvió ese amparo, ya que debe privilegiarse el conocimiento en cumplimiento, aun cuando exista un antecedente más reciente turnado a otro Juzgado. Conforme a dichas bases normativas, se determina que en el presente juicio de amparo ********************, se actualiza el primer supuesto señalado, esto es, el conocimiento previo más reciente, es decir, que exista un antecedente de amparo que haya sido del conocimiento de algún otro juzgado de Distrito, cuestión que en la especie acontece, toda vez que en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, se encuentra radicado el juicio constitucional ********************, promovido por ********************, mediante el cual solicitó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de acordar y notificar la promoción presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral ******************** Por tanto, se desprende que el acto del cual se adolece en el presente juicio de amparo deviene del mismo expediente laboral ******************** Tiene aplicación, lo sustentado en el criterio de tesis número 2a./J.184/2010 (9ª) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 163395, de rubro: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR". Conclusión. En ese orden de ideas y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 46, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, a efecto de que tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional en acatamiento al acuerdo mencionado si acepta o no el conocimiento del presente juicio de amparo, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Efectos de la concesión. En las relacionadas condiciones, lo procedente es otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el tesorero municipal de Jiutepec Morelos, proceda a devolverle única y exclusivamente la cantidad de $29,206.17 (veintinueve mil doscientos seis pesos 17/100 moneda nacional), que fue pagada por concepto de alumbrado público, contenida en el recibo con número de servicio 295 810 701 153, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a cargo de Signa Civac, Sociedad Anónima de Capital Variable, periodo del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. .". Inconforme con dicha determinación el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, interpuso recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 319/2021 y mediante ejecutoria de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, determinó confirmar la sentencia recurrida; por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a través del oficio recibido el tres de marzo y tres de mayo ambos meses del año dos mil veintidós, acreditó que la parte quejosa acudió el tres de marzo y tres de mayo de dos mil veintidós, a la Tesorería de dicho ayuntamiento, para la entrega recepción del cheque 0000419 y 0000976, tal como lo acredita con la documental que adjuntó a los citados oficios (copia de los cheques y acuse de recibo); en efecto, de dichas documentales se corrobora la entrega y recibo de los cheques en favor de la parte quejosa por la cantidad de $30,637.27 (treinta mil seiscientos treinta y siete pesos 27/100 m.n.)., por concepto del cobro del derecho de alumbrado público a la quejosa y $1,810.78 (un mil ochocientos diez pesos 78/100 m.n.) todo ello ya con actualizaciones como fue señalado por el Tribunal de Alzada; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber hecho la devolución a la parte quejosa, respectivamente de la cantidad de $30,637.27 (treinta mil seiscientos treinta y siete pesos 27/100 m.n.)., por concepto del cobro del derecho de alumbrado público a la quejosa y $1,810.78 (un mil ochocientos diez pesos 78/100 m.n.) todo ello ya con actualizaciones como fue señalado por el Tribunal de Alzada, tal como se acredita con las constancias de entrega-recepción de los cheques precisados en párrafos que anteceden. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable procediera a devolverle única y exclusivamente la cantidad de $29,206.17 (veintinueve mil doscientos seis pesos 17/100 moneda nacional), que fue pagada por concepto de alumbrado público, contenida en el recibo con número de servicio 295 810 701 153, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a cargo de Signa Civac, Sociedad Anónima de Capital Variable, periodo del treinta de abril al treinta y uno de mayo de dos mil veinte; y actualizado como lo precisó el Tribunal de Alzada. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber hecho la devolución a la parte quejosa de la cantidad de $30,637.27 (treinta mil seiscientos treinta y siete pesos 27/100 m.n.)., por concepto del cobro del derecho de alumbrado público a la quejosa y $1,810.78 (un mil ochocientos diez pesos 78/100 m.n.) todo ello ya con actualizaciones como fue señalado por el Tribunal de Alzada, tal como se acredita con la constancia de entrega-recepción del cheque precisadas en párrafos que anteceden. Ahora no pasa desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa en relación a los pagos realizados en cheques en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistente en que existe una diferencia a su favor pendiente de devolver de $284.87 (doscientos ochenta y cuatro pesos 87/100 m.n.), en atención que la actualización debió de ser cuantificada de mayo de dos mi veinte a febrero de dos mil veintidós- ya que refiere que el cheque en que se devolvió el pago del "dap" lo fue el tres de marzo de dos mil veintidós-, y procede la quejosa a realizar en el citado escrito la cuantificación correspondiente. Sin embargo, a criterio de quien resuelve dichas manifestaciones devienen infundadas ya que contario a sus argumentos no puede ser tomadas en consideración en la fecha que refiere -febrero de dos mil veintidós- ya que el pago y devolución de $30,637.27 (treinta mil seiscientos treinta y siete pesos 27/100 m.n.), y $1,810.78 (un mil ochocientos diez pesos 78/100 m.n.) todo ello ya con actualizaciones, que fue pagada por concepto de alumbrado público, si bien lo fue entregado el cheque el tres de marzo de dos mil veintidós y tres de mayo del citado año, respectivamente, tal como se acredita de autos y quedó señalado en párrafos que anteceden y, el mes que refiere (febrero de dos mil veintidós) ya se encontraba elaborado su cheque y puesto a su disposición, por ello, resultaría ocioso realizar la cuantificación que señala en su escrito que se provee y, debe de estar a la cuantificación de actualización que realizó la responsable en su oficio presentado el doce de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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