Francisco Rafael Romero Rodríguez
Expediente 145/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Francisco Rafael Romero Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, las constancias que remitió la autoridad responsable por medio de las cuales informó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo así como las manifestaciones que realizaron por conducto de su apoderada legal los terceros interesados, este juzgador determina que la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida en sus términos. Lo anterior es así, toda vez que de un estudio minucioso a la determinación dictada el doce de febrero del año en curso, por la Sala responsable, se advierte que esta no sigue los lineamientos vertidos en el fallo protector tal y como le fue señalado, pues considerar lo contrario, traería como consecuencia, dejar en estado de indefensión a los terceros interesados. Bajo este orden, y toda vez que las sentencias de amparo deben ser cumplidas a cabalidad, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere Elda Flores León, en su carácter de Presidenta de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, para que en el plazo de tres días y siguiendo en su totalidad los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, de cumplimiento a la misma. Se apercibe a Elda Flores León, Presidenta de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, que de no dar cumplimiento al fallo protector en el término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237 fracción l y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes en auto de diecisiete de enero del año en curso, para que se impusieran del incidente de daños y perjuicios promovido por el tercero interesado Miguel Valora Castañeda, en consecuencia con fundamento en los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se apertura el periodo probatorio por el término de diez días para que las partes ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte tquejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el doce de febrero de dos mil diecinueve, la cual señala: Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído treinta y uno de enero del año en curso, del que se aprecia que dicho Tribunal se declara incompetente para conocer del presente asunto por las razones que ahí expone, asimismo adjunta el Amparo Directo 99/2019, del índice de ese Tribunal Colegiado y dos copias certificadas del expediente natural 401/2017-2. Atendiendo el contenido del oficio de cuenta, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y procédase a dar el trámite correspondiente a la presente demanda de amparo de la siguiente manera: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Francisco Rafael Romero Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de quien reclama la sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 401/2017-2. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 145/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda Ahora bien, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, en la especie la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO: lo es la sentencia interlocutoria de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en los autos del expediente 401/17-II, radicado en la segunda Secretaria relativa al recurso de revocación, interpuesto por el C. Francisco Rafael Romero Rodríguez, en contra del auto de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio Ejecutivo Mercantil promovido por José Bernardo Yañez Batiz en contra de Francisco Rafael Romero Rodríguez." Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, Constitucional, en relación con los numerales 107, fracción V, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tal violación afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y, como excepción procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, en tales condiciones los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o Tratados Internacionales en los que México sea parte, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de los derechos humanos del gobernado, por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: ".El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el dispositivo 107, fracción V, Ibídem, prevé: ".El amparo indirecto procede: V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme a lo anterior, se considera que la demanda de amparo es notoria e indudablemente improcedente, en razón de que el auto de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, que se combatió mediante el recurso de revocación y que quedó firme en la resolución interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente 401/2017-2, que se combate en el presente juicio, lo que constituye un acto meramente procesal, toda vez que ante el argumento de la persona autorizada con capacidad legal de la parte actora, de que no ha podido localizar al perito en materia de grafoscopía y documentoscopía Alejandro Rene Cansino Romay, en dicho auto se le otorgó prórroga de tres días para presentar al perito a efecto de protestar y aceptar el cargo conferido, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito de su contraparte, por tanto, no se le considera un acto de imposible reparación, sin que por tanto, se aprecie que en el caso tal determinación afecte alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, atento a que la pretendida violación que en el caso se invoca, puede ser subsanada si la sentencia definitiva es favorable a los intereses del promovente, pero en caso de que no lo fuera, estaría en aptitud de inconformarse y alegar como agravio la citada infracción, como una violación que trasciende al resultado del fallo, a virtud del amparo directo, conforme a lo dispuesto por el numeral 171, en concordancia con los dispositivos 172, fracción III, y 170 de la Ley de la Materia; por tal razón, el acuerdo impugnado en recurso de revocación que quedo firme en la interlocutoria reclamada, mismo que por su sentido y naturaleza no puede catalogarse como irreparable, puesto que aun cuando se diera el caso de que la transgresión se prolongara hasta el dictado de la sentencia definitiva, no existiría de cualquier forma un menoscabo directo en los derechos fundamentales del hoy quejoso. Disposición la anterior que establece lo siguiente: "Articulo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" Lo anteriormente expuesto es así, en virtud de que resulta evidente que el acto reclamado, por su sentido, efectos y naturaleza, no viola en forma directa e inmediata algún derecho sustantivo contenido en nuestra Ley Fundamental, sino que en todo caso afecta sólo cuestiones meramente procesales, lo que no constituye un acto de ejecución irreparable que afecte de manera real y material la esfera jurídica de los inconformes. A mayor abundamiento, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, hipótesis en la cual no se está en la especie, en cuanto a que debe entenderse que sólo producen ejecución irreparable aquellos actos dentro del juicio, sólo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que consagra la Constitución, no así en aquellos casos en que tales actos afecten derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie, en que por lo consiguiente, no se está ante un acto que sea de imposible reparación; ... Es decir, no es suficiente que un determinado proveído o resolución y las posibles violaciones cometidas en ellas durante el juicio, ya no sean materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino que es menester una afectación inmediata y directa a los derechos fundamentales tutelados por la ley suprema para impugnarse por esta vía, por tanto mientras los actos dictados en la secuela procesal no produzcan una afectación de esa naturaleza, no es dable estimar que revisten las características de irreparables, máxime que éstas pueden reclamarse cuando trascienden al resultado del fallo, o sea, la exclusión de una de las vías de amparo, no conlleva a la procedencia de la otra o viceversa, puesto que ésta se encuentra condicionada a requisitos específicos que al no actualizarse, inclusive puede estimarse la improcedencia de la acción constitucional en ambas vías. Sirve de apoyo lo anterior, el criterio sustentando por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Tesis III.1º.C.24 K, del Semanario judicial de la federación y su gaceta, Tomo XI, Enero de 2000, Novena Época, página 1062, cuyo rubro es el siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMA DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO", así mismo el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 201, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, del rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. "PROCEDIMIENTO JUDICIAL". Por tanto, no estando en el caso ante actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, para que el juicio de amparo en la vía que se propone sea procedente, y sí, por el contrario, se trata de un acto cuya violación es propia de repararse en amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos de los numerales 107, fracción III, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 113, 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, 170, 171 y 172 fracción III, todos de la ley reglamentaria del juicio de amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Rafael Romero Rodríguez. Transparencia y acceso a la información pública Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Armando Miranda Godínez, toda vez que de la validación secretarial se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión." En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por José Bernardo Yáñez Batiz, mediante el cual solicita se le tenga por apersonado en calidad de tercero interesado, señala domicilio y designa autorizados; atento a lo anterior, no ha lugar acordar de conformidad su petición por los razonamientos antes expuestos. Notifíquese personalmente.
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