Francisco Piñeiro Avilés

Expediente 470/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
470/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco Piñeiro Avilés

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en que se desechó de plano la demanda de amparo, en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Córdoba, Veracruz; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el libro de gobierno y regístrese con el número 470/2021 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Al respecto, del escrito de demanda y los anexos que la acompañan, se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, de dicho cuerpo normativo y, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados. Unidos Mexicanos; como se explica a continuación. De una interpretación conjunta de los artículos de la Ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Concepto, que encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución de este juicio y que, en esencia, consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad. Lo cual, debe concebirse como la intención del justiciable de inconformarse con un acto específico de autoridad que califica como transgresor de sus derechos y pretende dejarlo sin efecto. Así, las mencionadas autorizaciones y cumplimiento de los requisitos relativos, constituyen una institución procesal que se denomina legitimación procesal activa, la cual se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Es decir, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular, constituyendo un requisito para la procedencia del juicio el contar y acreditar la legitimación. Sustenta lo anterior por contener el mismo tema, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 196956, titulada: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." Asimismo, cabe mencionar que como requisito para que el juicio de amparo se procedente, corresponde a la parte quejosa demostrar el derecho que le asiste para reclamar por esta vía, e indicar con exactitud el acto o actos violatorios de los derechos fundamentales en su perjuicio y demostrar que dicho acto reclamado le ocasiona un perjuicio al momento de la presentación de la demanda, esto es, una ofensa, daño o menoscabo real y objetivo en sus derechos o intereses. Pues sólo el quejoso directamente afectado con un acto de autoridad es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal. Por lo que se deduce que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe existir obligadamente una afectación en el interés jurídico o legítimo del quejoso. En el particular, como se observa de la demanda de amparo, el acto reclamado en este asunto lo constituye: El auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil *****/18-IV de su índice, mediante el cual dicha autoridad: a) Impuso al Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, una multa por la cantidad de tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional, en virtud del incumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de febrero del año en curso, dictado en el juicio de origen, ordenando su ejecución mediante oficio girado a la Hacienda del Estado. b) Requirió al Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a fin que procediera a descontar a la parte demandada del juicio de origen, el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe como pensionada de dicho instituto, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se le aplicaría una multa de seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional. perjuicio alguno a sus intereses, ni le provoca un agravio personal y directo, que le otorgue la legitimación para instar esta vía. Ello, en virtud que, ni la multa impuesta ni el requerimiento efectuado en el auto combatido, se dirigen en forma directa y personal al aquí quejoso. Pues la multa que se combate se impuso concretamente al Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, tal como se estableció en el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno del juicio de origen, mismo que se anexó en copia certificada, y no a su persona, por lo que las actuaciones subsecuentes para su cobro, se orientan a que dicha autoridad realice el pago pretendido. Sin que en parte alguna de las actuaciones mencionadas o incluso del Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el acto combatido por el quejoso, no le causa escrito de demanda, se estableciera que el aquí quejoso ostenta directamente el cargo público al que fue impuesta la medida de apremio combatida, pues incluso, la demanda de amparo de análisis, fue promovida por el quejoso propio derecho. Por lo que en todo caso, la medida de apremio impuesta, al Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin que se puntualizara el nombre de quién ocupa el cargo o por conducto de quién debía cobrarse, debe cubrirse con el patrimonio de la persona que tenga dicho carácter o bien, con el que la autoridad responsable especifique de manera puntual, no así de la persona física que acude a juicio, por mera presunción. Por ello, quien ostente el cargo público a quien se le requiere, apercibe e impone la multa, estaría legitimado para promover el juicio de amparo compareciendo a éste con el carácter de quejoso, no así la persona física que, en este asunto, pide amparo. Circunstancia que se reitera respecto del requerimiento que combate el quejoso, relativo al ejecutar un descuento a ***, parte demandada del juicio de origen, por el treinta por ciento del excedente del salario mínimo que percibe como pensionada del instituto en mención. Pues de igual manera, al acudir el quejoso a esta instancia constitucional por propio derecho, no se observa, por un lado, que dicho requerimiento se dirija a su persona y, por otro, que la posible afectación, ahí contenida, repercuta en forma alguna en sus derechos fundamentales, ya que se encuentra directamente dirigido a realizar un menoscabo en el patrimonio de la citada demandada. Lo anterior, con independencia que el peticionario de amparo aduzca contar con el carácter de Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pues, como se estableció anteriormente, por un lado, al promover esta instancia constitucional, no lo hizo con ése carácter, sino por propio derecho y, por otro, dicho acto de autoridad no le causa perjuicio alguno, como ya se estableció, que le otorgue, de igual modo, la legitimación para acudir a esta instancia Sin que obste a lo anterior, el apercibimiento decretado por la autoridad señalada como responsable, consistente en la aplicación de una multa consistente en seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional, para el caso de no cumplir con el requerimiento aludido. En razón que el apercibimiento de la imposición de la medida de apremio, también, se dirige a persona distinta al aquí quejoso, esto es, al Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad; aunado a que es un acto futuro e incierto que busca que la persona a la que va dirigida, actúe o deje de actuar en determinado sentido. Por lo que dicho apercibimiento no produce una afectación actual, real y directa al quejoso; mismo que, en su caso, se materializaría hasta que el Tribunal responsable determinara hacerlo efectivo en contra del directo quejoso y, con ello, se generara una afectación en los derechos sustantivos del solicitante del amparo, siendo ése el momento procesal oportuno para que, entonces, éste impugne la actuación que se pretende combatir también, en esta vía constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC.I.L.J/14L (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2321, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010813, de rubro: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." De igual manera, es aplicable la tesis aislada I.3o.C.121 K (9a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2177, tomo 3, abril de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 159858, de rubro: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA." De ahí que si, además de todo lo expuesto, la multa, requerimiento y apercibimiento decretados, se dirigen a la persona que ocupa el cargo de Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; puesto distinto al que se observa que el quejoso tiene, sumado al hecho que a esta vía se acudió a solicitar la protección federal por propio derecho, sin representación o alusión a algún cargo, se estima que el auto impugnado, no le que causa agravio personal y directo, que le otorgue legitimación para acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, de dicho cuerpo normativo; y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley del materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 3a./J. 28/90 de la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos noventa, página 230, con número de registro digital 207223, que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA.". Sin que con la anterior determinación se soslaye la existencia de diversos criterios jurisprudenciales que establecen que, por regla general en el auto de inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si se cuenta o no con el interés legítimo y/o jurídico para efectos del juicio constitucional; pues dichos criterios no excluyen la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general. Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y, por el contrario, ello permite a la parte quejosa tener pleno conocimiento que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN."

  3. Principal

    Se desecha la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, toda vez que la multa, requerimiento y apercibimiento decretados como actos reclamados, se dirigen a la persona que ocupa el cargo de Encargado de Pago de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; puesto distinto al que se observa que el quejoso tiene, sumado al hecho que a esta vía se acudió a solicitar la protección federal por propio derecho, sin representación o alusión a algún cargo, se estima que el auto impugnado, no le que causa agravio personal y directo, que le otorgue legitimación para acudir al juicio de amparo.

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