Francisco Morales Vázquez
Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Francisco Morales Vázquez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción; se dejan documentos a disposición.
- Principal
Dada imposibilidad de notificar personalmente, efectúese vía electrónico: Xalapa, Veracruz; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del **********. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 486/2018. Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Bajo esa premisa, en el caso, del escrito de demanda se advierte la actualización, de manera manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo transcrito prevé claramente la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, prevé: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte." Esta disposición establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5º, fracción II, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que es autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero omite abordar las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, es posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí, que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Ahora, en el particular, la parte quejosa reclama del **********, la **********, respecto de la plaza de ********** por los años del **********. Igualmente, conviene destacar que el quejoso en los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que fue trabajador de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz y que, actualmente, es pensionado. De lo que se deduce, que el solicitante del amparo no culminó la relación laboral con la entidad que señala como autoridad responsable, sino, que sólo modificó la situación jurídica laboral con ésta; pues debido a que se encuentra pensionado con motivo de su desempeño como "PROMOTOR BILINGÜE DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA" continúa en una relación de coordinación con la Secretaría, percibiendo incluso, una pensión por el trabajo prestado en activo. En este sentido, se estima que el acto que reclama la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, al tener una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado. Esto es, deriva de la relación laboral que sostuvo y sostiene el quejoso, como trabajador jubilado, en un plano de coordinación con la dependencia señalada como responsable; por lo que si la entidad omitió dar contestación a una solicitud presentada por el quejoso en su calidad de empleado inactivo, aquélla no se encuentra en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituye un acto en calidad de patrón del ahora promovente. Por lo que la omisión que se atribuye al funcionario de la Secretaría de Educación de Veracruz, de dar respuesta al escrito de uno de sus empleados, incluso inactivo, sobre la constancia de evolución salarial, no puede ser violatoria del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal acto queda comprendido en la relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Pues la situación del quejoso frente a la autoridad, no es la de un gobernado, aunque se haya invocado la disposición Constitucional referida; sino que su origen se sitúa en el derecho que tiene todo empleado a que le sea proporcionada por parte de su patrón las constancias que en relación a su sueldo o situación laboral surjan. Por tanto, se colige que el juicio de amparo no es el medio para reclamar el derecho que el quejoso considera le ha sido violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.T.9 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 3436, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010538, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL." Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2011343, de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." De ahí, que al no provenir el acto reclamado, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza de manifiesta e indudable la causa de improcedencia antes indicada y, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE JUICIO. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas anexadas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Pues, el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, libro 11, octubre 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite al quejoso conocer plenamente, desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN." DOMICILIO Debido a que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, esto es, fuera de la residencia de este juzgado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto, vía línea, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con sede en Poza Rica, para que se sirva ordenar a quien corresponda, notifique este proveído a la parte quejosa **********, en el domicilio precisado en el párrafo anterior. Así mismo, lo requiera para que, en el término de TRES DÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal en cita, señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal se le practicarán por medio de lista de acuerdos; con fundamento en los artículos 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo. De igual modo, con fundamento en el artículo 300 del Código Federal invocado, se faculta al titular del Juzgado exhortado que corresponda diligenciar esta comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como para imponer sanciones. AUTORIZADOS Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y solamente para oír notificaciones e imponerse de autos a **********, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. Y se tiene como sus autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a **********, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a **********, con clave de usuario "ACarrilloQ", el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta en el juicio de amparo en términos amplios, así como para presentar escritos y recibir notificaciones vía electrónica; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. De ahí que, se comisiona al Secretario de acuerdos que se encuentra a cargo de este juicio de amparo, a efecto de que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario ante referido; asimismo, instrúyase al actuario de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese personalmente al quejoso mediante exhorto que al efecto se gire.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; autoridad no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo.
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