Francisco Pérez Villanueva

Expediente 970/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
970/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Francisco Pérez Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por * * * , contra actos del Juez Primero de lo Mercantil de Colima, Colima, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 970/2018-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, todo lo actuado a partir del auto de cuatro de marzo y cinco de julio de dos mil once, en el juicio mercantil ejecutivo expediente 1615/2007, tramitado ante el Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima, al tener derecho al tanto respecto de la finca ubicada en calle Colima número 262, colonia Liberación en Villa de Álvarez, Colima. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. El artículo 61, fracciones X y XI, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; La citada causa de improcedencia opera contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo y para que se actualice tal hipótesis, es preciso que ambos juicios, hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra idéntica autoridad responsable y por iguales actos reclamados, aun cuando se aleguen diversas violaciones constitucionales. Resulta aplicable a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, en atención a lo dispuesto a la norma jurídica invocada, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar la actualización de la causa de improcedencia en cita, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el presente juicio haya sido materia de otro juicio de amparo. Que ese juicio haya sido materia de ejecutoria; Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer la acreditación de la causa de improcedencia mencionada al inicio del presente considerando. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), se establece la existencia de un diverso juicio de amparo 868/2012-III, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en Colima, Colima, siendo presentada la demanda que dio inicio al mismo el veinte de junio de dos mil doce. En el juicio de amparo en cita, fue señalado como acto reclamado la orden de inscripción y gravamen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, la autorización de avalúos, la orden de remate, su aprobación, la venta o adjudicación y escrituración del inmueble que adujo es de su propiedad, consistente en predio y casa habitación ubicada en el lote número ocho, manzana 034, con superficie de 193.58 metros cuadrados, clave catastral, 10-01-14-034-008-000, marcada con el número 262, de la calle Colima, colonia Liberación de Villa de Álvarez, Colima, así como la ejecución o lanzamiento, sentencia definitiva, auto que la haya ejecutoriado, acuerdo de emplazamiento a juicio y todos y cada uno de los autos, acuerdos, decretos y demás determinaciones dictadas en el expediente mercantil ejecutivo 1615/2007, juicio en el que se dictó sentencia el veinte de julio de dos mil doce. En ese orden de ideas, de la demanda de amparo que diera inicio al presente juicio se advierte que el quejoso en esencia señaló como acto reclamado todo lo actuado a partir del auto de cuatro de marzo y cinco de julio de dos mil once, en el juicio mercantil ejecutivo expediente 1615/2007, tramitado ante el Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima, al tener derecho al tanto respecto de la finca ubicada en calle Colima número 262, colonia Liberación en Villa de Álvarez, Colima. En lo que respecta al inciso 2), se encuentra acreditado que el diverso juicio de amparo 868/2012, se desahogó la audiencia constitucional el veinte de julio de dos mil doce, en la que se sobreseyó en dicho juicio por no acreditar el interés jurídico. Por otra parte, en lo que respecta al inciso 3), se tiene que tanto el presente juicio, como el diverso juicio de amparo 868/2018, fue promovido por el quejoso, señalando en ambos como autoridad responsable ordenadora al Juez Primero de lo Mercantil de Colima, Colima. De la misma manera, se tiene que en ambos juicios de amparo el quejoso señalo como acto reclamado esencialmente, lo actuado dentro del expediente 1615/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima. En este orden de ideas, de lo expuesto anteriormente se desprende que el acto reclamado destacado en este juicio de amparo, no puede ser motivo de análisis de la presente resolución, pues como se estableciera previamente, el mismo resulta improcedente, toda vez que dicho acto reclamado es materia de un diverso juicio de amparo 868/2012, del índice de este propio Juzgado Segundo de Distrito en Colima, Colima. Lo anterior es así, en virtud de que dicho juicio de amparo, fue promovido por el quejoso, se designó a las mismas autoridades responsables y señaló como acto reclamado lo actuado dentro del expediente 1615/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima. Es decir, la improcedencia en estudio se actualiza, en tanto que en una segunda demanda de amparo, el quejoso reclama nuevamente lo actuado dentro del expediente 1615/2007 del índice del Juzgado Primero de lo Mercantil de Colima. Dicha sentencia así como la información del procedimiento en el cual se dictó, pueden consultarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), cuyos datos de orden jurisdiccional constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Avala lo anterior, la tesis I.1o.A.14 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1946, de rubro y texto siguientes: SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de los artículos primero y segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de mayo del dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, fue instaurado obligatoriamente en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, a fin de mantener un registro permanentemente actualizado y veraz de los movimientos relativos a los asuntos de su conocimiento, razón por la que tales órganos pueden invocar en sus resoluciones la información obtenida de éste como hecho notorio y concederle valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Por tanto, es indefectible que ante la existencia de un diverso juicio de amparo, y por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, no cabe la posibilidad que éste Órgano de control constitucional esté en condiciones de analizar el acto reclamado destacado en el presente juicio; pues de admitir tal facultad, implicaría reconocer la posibilidad de que en contra de un mismo acto reclamado, se puedan promover diversos juicios, los cuales podría llegar a resolverse de manera contradictoria. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Juan Manuel Ibarra Morales y Jazen G. Pérez González ; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, al diverso profesionista que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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