Francisco Oliveros Meraz
Expediente 1123/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Francisco Oliveros Meraz
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, adscrito al Segundo Partido Judicial, con sede en Tecomán, Colima, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 1123/2019-II. Separación de juicios. De la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que ******** reclama diversos actos desvinculados entre sí a distintas autoridades señaladas como responsables, a saber: Del Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tecomán, Colima: la falta de atención médica. Del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal acusatorio del Poder Judicial del Estado de Colima, adscrito al Segundo Partido Judicial, con sede en Tecomán, Colima: el auto de vinculación a proceso decretado en el expediente ********** En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente, en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. De lo que se colige, que para que sea procedente la separación de juicios, es requisitorio indispensable que en una misma demanda se reclamen actos desvinculados entre sí, de lo contrario habrán de resolverse en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Ahora bien, en el caso se encuentra acreditado que el quejoso reclama de diversas autoridades distintitos actos que se encuentran desvinculados entre sí, por lo que en esas circunstancias, se debe de dar trámite al juicio respecto de los actos reclamados de manera separada y con el fin de que no se fallen en una misma sentencia evitando posibles contradicciones. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a la separación de juicios, los cuales se harán en tres juicios. El primero y el cual se analizará en el presente juicio, es el relativo a la falta de atención médica del quejoso reclamada al Director del Centro de Prevención y Reinserción Social de Tecomán, Colima. En cuanto al segundo concerniente el auto de vinculación a proceso decretado en el expediente *********, se ordena formar el expediente respectivo. Para el debido cumplimiento de lo antes resuelto, remítase copia fotostática certificada de la demanda de amparo a fin de que sea debidamente returnada, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Trigésimo Segundo Circuito, en la que se tendrá como acto reclamado lo referente al auto de vinculación a proceso. Desechamiento de plano de la demanda de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado: la falta de atención médica. En atención a lo antes precisado, este juzgador considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dice: [E]l órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De una interpretación funcional se advierte que se autoriza a al Juez de amparo a desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; con relación a esos conceptos jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En esa línea argumentativa, se observa que el artículo 18, de la Constitución establece como derecho humano que el Estado organizará el sistema penitenciario y la imposición de medidas especiales cuando se encuentren, en su parte que dice: [1] el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley; y, [2] Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos, incluso podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. En la disposición constitucional encontramos la reserva de ley para establecer los derechos y obligaciones que tendrán las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, así como las autoridades que deberán observar y garantizar el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. De ahí que, el órgano federal facultado para crear la ley reglamentaria, legisló la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde establece, en lo que interesa, el mecanismo de control que constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad en un centro carcelario, puede reclamar las violaciones a sus derechos humanos inherentes a sus condiciones de internamiento, así como la autoridad judicial que habrá de resolver las controversias y resoluciones administrativas [como sanciones disciplinarias o medidas de vigilancia], que se susciten en el interior del centro penitenciario, como se observa de los artículos 1º, 2°, 3º, fracciones X, XI, XVII y XVIII, 9º, fracción VIII, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 48, 72, 107 al 135, de la citada ley reglamentaria del artículo 18 constitucional. Ahora bien, de las constancias se acredita que el quejoso reclama, como se estableció, la falta de atención médica. Al respecto, se precisa que ese acto aquí reclamado, se rige por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece en sus artículos 48 y 115, que tal resolución disciplinaria es materia de conocimiento urgente del Juez de Ejecución, autoridad judicial que es la facultada para resolver la legalidad de la sanción disciplinaria que se atribuye a las autoridades carcelarias denominadas Directores del Centro de Reinserción Social, de Prevención y Reinserción Social y Jurídico del Centro de Reinserción Social, así como al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social, todas del estado de Colima, con residencia en Colima; por tanto, es indudable y manifiesto que esa acto se rige conforme el nuevo paradigma constitucional. Ciertamente, en ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Ejecución es la autoridad judicial facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en el régimen de internamiento, entre otras, las derivadas de medidas disciplinarias, de vigilancia especial, traslados, regímenes de visitas o revisiones, y en su caso resolver sobre la legalidad de los actos restrictivos o permisivos de derechos humanos en prisión. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debe de acudir ante el Juez de Ejecución y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las abstenciones de la autoridad carcelaria disciplinaria administrativa. En tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental, el cual señala: [E]n los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece. Por consiguiente el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece mediante la ley reglamentaria [Ley Nacional de Ejecución Penal], en los artículos 48 y 115, que tal resolución disciplinaria es materia de conocimiento urgente del Juez de Ejecución, autoridad judicial que es la facultada para resolver la legalidad de la omisión en proporcionar la atención médica que requiere el quejoso, que atribuye a la autoridad carcelaria denominada Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tecomán, Colima; por lo que, es claro que en el nuevo paradigma constitucional, la parte quejosa debe de reclamar todo relacionado a las condiciones de su internamiento, ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debe de acudir ante el Juez de Ejecución y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los argumentos correspondientes en la audiencia es como se tiene la posibilidad de atacar las actuaciones u omisiones de la autoridad carcelaria administrativa. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, ocasione una afectación en la esfera patrimonial de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 48 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo.
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