Francisco Perez Vilchis

Expediente 54/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
54/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Francisco Perez Vilchis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el nueve de octubre de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Por otra parte, devuélvanse al juez responsable, los anexos que remitió, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió diverso documento, se deja a su disposición por el término de noventa días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, en el entendido que de no recogerlo en la temporalidad indicada, se procederá a su destrucción con el expediente en que se actúa, tal como lo establece el punto décimo primero, párrafo tercero del acuerdo general en cita.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XVIII, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Pérez Vilchis, contra el acuerdo de ocho de enero del año en curso, emitido por el Juez Tercero Penal de Delitos No Graves de esta ciudad, en la causa 1053/2016, en que con motivo de la petición realizada por el agente del Ministerio Público se requirió al sentenciado cubra el pago de la reparación del daño a que fue condenado.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, para efectos de su emplazamiento, notifíquese por medio de lista al contendiente Marco Antonio López Rivera, los acuerdos de veintinueve de enero pasado y catorce del mes en curso, que dicen: "Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veinticinco del presente mes. Ahora, a criterio de este juzgado, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado de la autoridad señalada por el promovente como "SECRETARIOS DE ACUERDOS DE DICHO JUZGADO", ya que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Lo anterior es así, porque en la legislación que rige las actividades de los secretarios de acuerdos, no existe dispositivo legal alguno que los faculte a emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o incluso en contra de él, es decir, ese servidor público no tiene en forma autónoma la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues únicamente está facultado para dar fe de la legalidad de los actos que practiquen los jueces, lo que en modo alguno implica actos de decisión, es decir, no resuelve conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable del fallo. De ahí que se considere que el referido servidor público no está investido con atributos decisorios e imperio en el desempeño de sus funciones, por lo que no puede ser considerado como autoridad responsable en el presente controvertido. Apoya a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 87 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". Asimismo, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 159 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de 1989, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUEZ RESPONSABLE QUE AUTORIZO LA RESOLUCION RECLAMADA NO TIENE EL CARACTER DE". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por cuanto a la citada autoridad. En otro orden, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, constitucionales; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda. II. Se señala el trece de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se le sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda el acto reclamado es el siguiente: - El acuerdo de ocho de enero del año en curso, dictado en la causa penal 1053/2016. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Córrase traslado al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, pues le recae el carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la citada ley V. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión al existir solicitud expresa. En cuanto al tercero interesado, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto conste en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el dispositivo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 119 de la legislación reglamentaria, se tiene como prueba del quejoso la documental que adjuntó a la demanda de amparo, sin perjuicio de relacionarla el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. En términos de los artículos 113, fracción I, y 117, ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación de nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente a dicha publicación, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales -información confidencial-; en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que pudieran contener, como lo dispone el diverso numeral 118 de la legislación que se invoca -versión pública-, a no ser que se actualice alguno de los supuestos de excepción a que se refiere aquel precepto citado en segundo término. Finalmente, se autoriza a la secretaria para que firme los oficios de este juicio". " Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que se adjuntó al comunicado que se provee, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias de referencia, fórmense por separado siete anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Ahora, visto el estado de autos, se aprecia que se encuentra reservado el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto constara en autos el informe de ley rendido por la autoridad responsable, lo que en el caso acontece. Por tanto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, se tiene con dicho carácter a Marco Antonio López Rivera. En ese sentido, comisiónese a cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a efecto de que con copia simple de la demanda y auto admisorio, así como con copia autorizada de este acuerdo, en términos del dispositivo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la reglamentaria, emplace a juicio a dicha persona en el domicilio en esta ciudad que se advierte de la constancia de cuenta, y lo requiera para que al momento de la diligencia o en los tres días siguientes al en que surta efectos la misma, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la citada ley, sin necesidad de ulterior acuerdo". Finalmente, dígasele que queda a su disposición en la actuaría de este órgano jurisdiccional copia de la demanda y de los proveídos mencionados.

  4. Principal

    Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que se adjuntó al comunicado que se provee, la cual se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias de referencia, fórmense por separado siete anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Ahora, visto el estado de autos, se aprecia que se encuentra reservado el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto constara en autos el informe de ley rendido por la autoridad responsable, lo que en el caso acontece. Por tanto, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, se tiene con dicho carácter a Marco Antonio López Rivera. En ese sentido, comisiónese a cualesquiera de los actuarios judiciales adscritos a efecto de que con copia simple de la demanda y auto admisorio, así como con copia autorizada de este acuerdo, en términos del dispositivo 27, fracción I, inciso b), de la ley de la reglamentaria, emplace a juicio a dicha persona en el domicilio en esta ciudad que se advierte de la constancia de cuenta, y lo requiera para que al momento de la diligencia o en los tres días siguientes al en que surta efectos la misma, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la citada ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.

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