Francisco Partida López
Expediente 727/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 22/02/2017
Partes del expediente
- Francisco Partida López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Ahora, por lo que hace al sobre que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional (49/2016), que contiene información confidencial respecto de las tercero interesadas, al no ser necesaria tal información, extráigase el sobre de referencia del seguro del juzgado, y previa certificación que se realice, procédase a su destrucción. Finalmente, ya que no es necesaria la retención de los cinco anexos enviados en apoyo al informe justificado que remitió la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido al quejoso y a las terceras interesadas para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia dictada el treinta de noviembre del año pasado, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Partida López, para el efecto de que el entonces Juez Cuadragésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Emitiera otra determinación en que, con plena libertad de decisión, expusiera las razones o causas particulares que permitieran establecer si el quejoso tenía conocimiento o no de la situación de vulnerabilidad de las personas a las que se les reconoció como víctimas, que como medio comisivo requiere el tipo penal cuya comisión se le atribuyó, a partir de los datos recabados en la indagatoria y preinstrucción. Con la precisión de que al subsanar tal violación, la autoridad responsable debería analizar el cuerpo del delito y, en su caso, la probable responsabilidad del quejoso, acorde con la legislación penal federal. Determinación que al no ser recurrida por alguna de las partes se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de diecinueve de diciembre del año pasado, por lo que se requirió al Juez Sexto Penal de la Ciudad de México, en calidad de autoridad sustituta, cumpliera la sentencia protectora. Al respecto, la autoridad judicial preindicada remitió copia certificada de la resolución de veintitrés de diciembre pasado, con que refirió dar cumplimiento a la sentencia protectora; sin embargo, mediante proveído de once de enero del año en curso, se estableció que dicha ejecutoria no estaba cumplida, por lo que nuevamente se le requirió para tal efecto. Derivado de lo anterior, la autoridad judicial sustituta, mediante oficio recibido el dieciocho de enero de este año, remitió copia certificada de la resolución de dieciséis del mes actual, con que refirió dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que realizaran algún pronunciamiento. De lo expuesto, se concluye que la ejecutoria de amparo está cumplida. Así se estima, porque de la lectura de la última resolución emitida por la autoridad judicial sustituta, se aprecia que dejó insubsistente la resolución reclamada y, con plena libertad de decisión, emitió otra en que, acorde con las consideraciones expuestas en la ejecutoria de amparo, justipreció las pruebas recabadas en la indagatoria y preinstrucción, a partir de las cuales expuso los motivos por los que concluyó que el quejoso no tenía conocimiento de la situación de vulnerabilidad de las personas a las que se les reconoció como víctimas, razón por lo que no tuvo acreditado el cuerpo del delito de trata de personas que se le atribuyó, aspecto que analizó acorde con la legislación penal federal. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó al quejoso en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que se reitera que la sentencia protectora está cumplida. Finalmente, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202, de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, mediante los cuales la autoridad responsable informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tanto, con dicho informe y anexo de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa y terceros interesados, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este órgano de control constitucional resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente. Notifíquese al quejoso presente acuerdo, así como las subsecuentes determinaciones, mediante lista, ya que obtuvo su libertad personal y no ha señalado domicilio para tal efecto.
- Principal
Ciudad de México, a once de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia dictada el treinta de noviembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Partida López, para el efecto de que el entonces Juez Cuadragésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Emitiera otra determinación en que, con plena libertad de decisión, expusiera las razones o causas particulares que permitieran establecer si el quejoso tenía conocimiento o no de la situación de vulnerabilidad de las personas a las que se les reconoció como víctimas, que como medio comisivo requiere el tipo penal cuya comisión se le atribuyó, a partir de los datos recabados en la indagatoria y preinstrucción. Con la precisión de que al subsanar tal violación, la autoridad responsable debería analizar el cuerpo del delito y, en su caso, la probable responsabilidad del quejoso, acorde con la legislación penal federal. Determinación que al no ser recurrida por alguna de las partes se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de diecinueve de diciembre del año pasado, por lo que se requirió al Juez Sexto Penal de la Ciudad de México, en calidad de autoridad sustituta, cumpliera la sentencia protectora. Al respecto, la autoridad judicial precitada, mediante oficio que se recibió en este juzgado el veintiséis de diciembre del año pasado, adjuntó copia certificada de la resolución de veintitrés de dicho mes, con que refirió dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista al quejoso y a los terceros interesados para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con las constancias remitidas, por lo que el quejoso presentó un escrito en que refirió que la ejecutoria no estaba cumplida. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora no está cumplida. En efecto, si bien es cierto la autoridad judicial sustituta dejó insubsistente la resolución reclamada únicamente por lo que hace al quejoso y emitió otra acorde con la legislación penal federal, de aplicación supletoria a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en que con plena libertad de decisión decretó auto de formal prisión contra el agraviado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas, también es que no se aprecia alguna razón de la que pueda obtenerse que este último conocía el estado de vulnerabilidad destacado en las personas a las que se consideró víctimas y, aprovechando esa circunstancia, obtuvo un beneficio con motivo de las actividades sexuales y prostitución que aquellas realizaban. Así se considera, porque la autoridad judicial sustituta, de manera genérica, aseveró que el quejoso tuvo conocimiento de dicho estado de vulnerabilidad de las ofendidas, porque acudía "personalmente" al bar "Santa María", que era de su propiedad, por lo que "advirtió", a través de sus sentidos, la precaria condición económica y nivel educativo de estas últimas, "que se percibe no sólo por aspectos objetivos como certificados de educación, sino por conocimiento de la persona, su apariencia, forma de expresarse y conducirse, así como otros aspectos que se perciben por el trato cotidiano que tenía" el agraviado. Conclusión que este juzgado considera especulativa, dado que la autoridad judicial responsable no expuso el motivo por el que el "trato cotidiano", "la apariencia", "forma de expresarse y conducirse" de las personas a las que consideró víctimas, permite inferir que el quejoso sabía del estado de vulnerabilidad destacado, aunado a que ni siquiera especificó en qué consistía cada uno de estos aspectos. No se soslaya que la autoridad judicial sustituta justipreció la declaración de las personas a las que confirió la calidad de ofendidas, de las que obtuvo que el quejoso entrevistó a algunas de ellas, asimismo, ponderó el deposado de quienes eran clientes y empleados de los establecimientos mencionados, quienes describieron las actividades económicas y sexuales que se realizaban en esos lugares, así como la versión de los policías remitentes que detuvieron al promovente del amparo y, por último, destacó el dictamen oficial en psicología, practicado a cada una de las personas a las que se les reconoció el carácter de ofendidas, en los que se concluyó que "existen factores predisponentes que faciliten y colocan" a estas últimas en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la autoridad judicial responsable no expuso la razón de la que pueda advertirse que los datos que obtuvo, apreciados de manera individual o circunstanciada, permiten inferir que el agraviado tenía conocimiento del estado de vulnerabilidad referido. En ese sentido, toda vez que no se concretaron los efectos concesorios del amparo, con fundamento en los preceptos 192, 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia, requiérase por última vez a la autoridad judicial sustituta para que en el plazo de tres días cumpla la sentencia protectora; con el percibimiento que de no hacerlo, se impondrá la medida de apremio con que se conminó; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Por último, en relación con el escrito del quejoso, en que manifestó que la ejecutoria de amparo no está cumplida, deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes
- Francisco Monroy Hernández357/2017
- Francisco Mora Ventura601/2016
- Francisco Mora Ventura174/2018
- Francisco Mora Ventura962/2016
- Francisco Natalio Zamudio Isbaile501/2020
- Francisco Ochoa Arenas275/2015
- Francisco Perez Vilchis760/2018
- Francisco Perez Vilchis54/2019
- Francisco Perez Vilchis508/2017
- Francisco Piliado Ruíz131/2016
- Francisco Piliado Ruíz182/2016
- Francisco Rafael Hernández González895/2021