Francisco Monreal González

Expediente 977/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
977/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Francisco Monreal González

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de ********************, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.AxelM.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de julio de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el promovente Francisco Monreal González, mediante el cual, atiende el requerimiento efectuado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés; por tanto, téngase por cumplido el requerimiento realizado por este juzgado. 2. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del análisis del escrito inicial y el contenido del libelo aclaratorio, se determina que procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura efectuada a los escritos comentados, se advierte que el peticionario acude ante esta instancia constitucional contra el reclamo que atribuye al titular y a la actuaria de la adscripción del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, el cual se precisa que consiste en lo siguiente: El acto de ejecución efectuado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, por la actuaria ejecutora y notificadora señalada como responsable, relativo a la notificación que le fue practicada en esa data, por conducto de sus abogados en el domicilio procesal; diligencia en la cual también se le requiere del pago por concepto de alimentos no pagados, deducidos de la interlocutoria de once de marzo de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente ********************, del índice del órgano de adscripción de las autoridades señaladas como responsables. En relación con lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación, pues se considera actualizada la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." Del precepto legal transcrito se advierte que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama, éste debe ser agotado sin distinción alguna, previo al juicio de amparo. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Federal. Efectivamente, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ahora, para que se actualice la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del ordinal 61 de la Ley de Amparo es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un Tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Ahora, del análisis integral de la petitoria de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele, esencialmente, de la forma en que se ordenó la notificación de la interlocutoria de once de marzo de dos mil veintidós. No obstante, en relación con tal reclamo, previamente a la promoción del juicio de amparo el inconforme debió impugnar tal actuación mediante el incidente de nulidad de notificaciones, conforme a lo establecido en los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, toda vez que tal ese de impugnación es un recurso ordinario de defensa a través del cual se puede lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Para justificar la anterior afirmación es menester destacar que los preceptos normativos en mención, establecen: "Artículo 178.- Las notificaciones serán nulas cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I.- La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o a la que deje de recibir la notificación; II.- La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III.- La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquélla de pleno derecho, y IV.- Los jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes." "Artículo 179.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juez puede sancionar con multa a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad." Conforme al contenido de los preceptos transcritos se evidencia que en contra de notificaciones resulta procedente el incidente de nulidad, que se tramita en vía incidental, a través del cual es factible la anulación de la notificación que afecte al justiciable y reponer la notificación declarada nula. Para ello, la nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiera que la ha conocido. En ese sentido, si la parte quejosa, previo a acudir a esta instancia constitucional, no planteó el incidente de nulidad de notificaciones de conformidad con lo establecido en los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ********************, dictado dentro del sumario controvertido ******************** del control del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, de esa ciudad, por lo que acude a esta instancia con la finalidad de "que se deje sin efecto dicha actuación y se realice de nueva cuenta", es indudable que no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que el incidente de nulidad procede contra notificaciones que no se hubieren practicado en la forma establecida por la propia ley, pues al reclamarse en el juicio de origen notificaciones irregulares, es claro que resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, al ser la legislación que regula el procedimiento; de ahí, que se actualice la causal de improcedencia aludida. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, registro IUS 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el acto reclamado; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese ******************** a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de demanda de cuenta. Regístrese la demanda de amparo bajo el número que le corresponda y fórmese el expediente con el escrito presentado por Francisco Monreal González, contra actos atribuidos al juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y de otra autoridad. 2. Prevención de demanda. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108 fracciones IV y V, en relación con las hipótesis contenidas en las diversas fracciones I, II y IV, del numeral 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare lo siguiente: Manifieste con precisión si su voluntad es señalar como acto reclamado la notificación que menciona se llevó a cabo el veintitrés de junio de dos mil veintitrés por la actuaria ejecutora y notificadora adscrita al órgano jurisdiccional señalado como responsable; y, En su caso, precise si en el acto de la diligencia en mención realizada por la fedataria responsable, se le embargó algún bien de su propiedad. Lo anterior a fin de estar en aptitud de fijar correctamente la Litis constitucional planteada por el promovente y, en su caso proveer sobre la procedibilidad del biinstancial. En caso de que el escrito aclaratorio sea presentado de manera física, deberá adjuntar cinco copias del mismo para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. 3. Apercibimiento. Apercibida que de no dar cumplimiento dentro del plazo otorgado, la demanda se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de la materia. 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 5. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Como lo solicita la autoridad mencionada en el párrafo que antecede, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "licmillanes1", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Ahora bien, no se soslaya el haber señalado domicilio para efecto de recibir notificaciones; sin embargo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante el usuario de referencia, dado que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda el promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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