Francisco Monreal González

Expediente 1578/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 37 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1578/2021
Año
2021
Actuaciones
37
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Francisco Monreal González
  • Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que mediante proveído de uno de febrero del año en curso, causó estado el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario; por ello, hágase devolución a la jueza Segunda de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo, las constancias que remitió con su informe justificado y que obran en diecisiete legajos de pruebas, identificados como anexos del I al XVII. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese, personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de febrero de dos mil veintitrés. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en esta fecha causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado de autos se advierte que el ocho de marzo de dos mil veintidós, se les reconoció el carácter de partes terceros interesados a Jesús, María del Rosario de Fátima, Angélica del Carmen, Ana Lucía Patricia, Mercedes Dolores, de apellidos Burrola Tapia, y Juan Luis Carlos Burrola Melendrez, por tener intereses contrarios a la quejosa en el presente juicio de amparo, al ser contrapartes dentro del juicio de donde emana el acto reclamado. El actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifestó la imposibilidad para llamar a juicio a una de las partes terceras interesadas siendo a Jesús y María del Rosario de Fátima, ambos de apellidos Burrola Tapia y Juan Luis Carlos Burrola Melendrez; por tanto, en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara domicilio cierto y correcto en el cual pudieran ser emplazados, y por escrito presentado el tres de mayo pasado manifestó desconocer el domicilio para emplazarlo. En ese tenor, se aperturó el procedimiento de investigación que refiere la ley de la materia y se libraron oficios a diversas dependencias para que informaran lo relativo al domicilio de la mencionada parte tercera interesada, del que se obtuvo resultado infructuoso. Siguiendo la secuela, el nueve de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordenó emplazamiento de la parte tercera interesada por medio de edictos a costa de la parte quejosa y se requirió para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación del referido proveído, compareciera a recibir los edictos y procediera a su publicación; con el apercibimiento que de no hacerlo, dentro de los veinte días siguiente, al en que recibiera los edictos en mención, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sin embargo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se advierte que, en la especie, ya transcurrió el plazo de veinte días a la parte quejosa, para que acreditara la publicación de los edictos tal como se ordenó en autos, aunado a que no realizo pronunciamiento al respecto de que tuviese la necesidad de contar con mayor tiempo para acreditar la publicación de los edictos o alguna imposibilidad. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas condiciones, ante el incumplimiento de la carga procesal imputable a la parte quejosa y al contravenir esta circunstancia con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, se actualiza la causa de sobreseimiento establecida en el artículo artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos de mérito, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurrió el quejoso al no acredita la publicación de los edictos, impide tener constituida la relación jurídica entre el solicitante del amparo y los terceros interesados, lo que detona que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en contravención con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, pues su interés particular no puede quedar por encima del interés público, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.22/2015 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 725, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: } "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1 a./J. 2/2014 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, consultable en la página 24, Libro 22, Septimbere de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: } "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Por lo anterior, y acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles a que remite aquél, deriva que la publicación de los edictos "a costa del quejoso" a que se refiere el primero, corresponde únicamente al importe total que se cobre por dicha publicación en: a) el Diario Oficial de la Federación; y, b) un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo." Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2014, también emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 727, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del terceo perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no fue objeto de modificación la tesis jurisprudencial 2a./J. 64/2002, que aparece publicada en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de derechos. Hágase del conocimiento de las partes esta circunstancia, realícense las anotaciones correspondientes. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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