Francisco Merino Pérez

Expediente 469/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
469/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Francisco Merino Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito; en atención a su contenido, se acuerda: Se le tiene comunicando que el acuerdo de once de mayo pasado, mediante el cual desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, causó estado. De igual manera, téngasele remitiendo un legajo de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto; por tanto, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad. Por otra parte, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía interconexión por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual comunica que se desechó a trámite el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, en contra del proveído de veintinueve de abril del año en curso.

  3. Principal

    . Agréguese en autos el escrito signado por ***************, quien se ostenta apoderado legal de *****************; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintinueve de abril del año en curso, así como señalando las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el referido medio de impugnación. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el cinco de enero de dos mil veintidós, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ****************, quien se ostenta apoderado legal de Francisco Merino Pérez; con apoyo en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 469/2022-I. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.;." Acorde con lo establecido con el numeral citado en último término, para la impugnación de actos dictados en el procedimiento de ejecución, como presupuesto de procedencia del amparo indirecto, es necesario que se reclame la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento, la que debe ser entendida: a) como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o b) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o c) la que ordene el archivo definitivo del expediente. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución de siete de abril de dos mil veintidós, emitida por el Juez Especializado en Materia Laboral Región Celaya, en el expediente ***************, por la cual se dictó auto de ejecución de la sentencia en contra del hoy quejoso *****************, para el efecto de que se le requiera del pago por la cantidad de $27, 000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 en moneda nacional); bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá al embargo de bienes de su propiedad necesarios para garantizar el monto de la subsistencia. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es decir, la resolución de siete de abril de dos mil veintidós, emitida por el Juez Especializado en Materia Laboral Región Celaya, en el expediente ***********, por la cual se dictó auto de ejecución de la sentencia en contra del hoy quejoso ******************, para el efecto de que se le requiera del pago por la cantidad de $27, 000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 en moneda nacional), se dictó en etapa de ejecución de sentencia, determinación que, cabe destacar, guarda plena vinculación con la cosa juzgada en virtud de que no es autónoma a ésta; y si, quedó establecido que los actos en etapa de ejecución de sentencia sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto contra el que: a) aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o b) la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o c) la que ordene el archivo definitivo del expediente; es inconcuso, que la resolución aludida en el presente controvertido no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni la que ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, en la especie la parte quejosa deberá esperar hasta que acontezca cualquiera de las determinaciones mencionadas, ya que el acto emerge del reclamo del auto de ejecución impuesto en la sentencia definitiva dictada en el expediente ***************, para el efecto de que se le requiera del pago por la cantidad de $27, 000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 en moneda nacional); de ahí que este operador jurídico estime que guarda plena vinculación con la cosa juzgada. Aunado a lo expuesto, no debe perderse de vista que: I. La quejosa es parte formal en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Asumir una postura contraria, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría el retraso injustificado del trámite que ha de culminar con aquél, soslayando que en todo caso, las violaciones procesales que durante su tramitación pudieran cometerse son susceptibles de atacarse cuando se controvierta la resolución definitiva que apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado, claro está, una vez agotado el principio de definitividad. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la ley de la materia a la persona que menciona, en virtud de que no obra su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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