Francisco Melesio Uribe

Expediente 282/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 130 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
282/2017
Año
2017
Actuaciones
130
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • Francisco Melesio Uribe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 130.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Partido, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso 7869/2019 del índice de este juzgado, con el que se notificó el proveído de veintidós de mayo del año en curso, y se le devolvió dieciocho tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que adjuntó a su informe justificado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obren los dieciocho tomos de pruebas que adjuntó el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, a su informe justificado, devuélvanse, solicitándole al Juez responsable se sirva acusar el recibo correspondiente. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por lo que hace al presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Atendiendo al punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, en tal virtud, remítase al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado, hasta en tanto se destruya. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen. Finalmente, tomando en consideración lo acordado en párrafos precedentes, notifíquese el presente proveído al Colegio Estatal de Notarios, residente en León, Guanajuato al Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Gobierno del Estado, con sede en Guanajuato, capital y al Juez Cuarto Civil de esta ciudad, toda vez que en proveídos de nueve de abril y veintiséis de junio de dos mil dieciocho se les solicitó, respectivamente, que informaran si se tenía designación alguna del Notario Público que habría de sustituir al tercero interesado **********, así como de la designación de albacea de la sucesión a bienes del diverso tercero **********, e infórmeles que resulta innecesario proporcionar la información requerida; por tanto se dejan sin efectos los apercibimientos formulados a dichas autoridades.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LOS TERCEROS INTERESADOS: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en providencia de ocho de abril de dos mil diecinueve, para que acudiera ante el Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad a dar continuidad al juicio especial civil C186/2018, a efecto de que se designe albacea en dicha sucesión y así estar en posibilidad de llamarlo a juicio, y dentro del mismo plazo lo hiciera del conocimiento de este juzgado, sin que lo hubiese hecho; en ese sentido, se acuerda: En la especie se cristaliza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de la interpretación armónica de los invocados normativos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público; e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional competente a dar continuidad a la sucesión del finado Raúl Martínez Jiménez, implica que no se le pueda integrar a la relación jurídica procesal en este juicio de amparo, de ahí que se deduzca que existe un desinterés de su parte en la prosecución del juicio, no obstante contar con las facultades legales para ello, ya que desde el momento en que hizo uso del derecho fundamental de acceso a la justicia con la instauración del presente asunto, se sometió a los mecanismos jurídicos que el legislador previó para el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido, al incumplir con el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en providencia de ocho de abril de dos mil diecinueve, es indiscutible que el Juzgador de amparo no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, so pena de dejar inaudita a una de las partes en el juicio de amparo; además de contravenirse lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, al retardar la impartición de justicia. Cabe destacar que dicha circunstancia de ninguna manera es atribuible a este Tribunal, sino al quejoso cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el citado precepto 17 constitucional; dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del aludido agraviado, pues con su omisión en torno al requerimiento formulado impide que la persona que representa la sucesión del finado tercero interesado Raúl Martínez Jiménez, sea llamado al presente asunto, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. En ese tenor, al no haber acudido el quejoso ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar la sucesión del finado Raúl Martínez Jiménez, no obstante que fue debidamente notificado del proveído ocho de abril de dos mil diecinueve en el cual se formuló el requerimiento antes mencionado, resulta evidente que incumplió con un presupuesto procesal, como lo es el de llamar a juicio a todas las partes que deban intervenir en él, lo cual se traduce en la imposibilidad del suscrito juzgador para resolver el asunto que se plantea. Como consecuencia de todo lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia ocho de abril de dos mil diecinueve, y se decreta el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, y 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en providencia de ocho de abril de dos mil diecinueve, para que acudiera ante el Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad a dar continuidad al juicio especial civil C186/2018, a efecto de que se designe albacea en dicha sucesión y así estar en posibilidad de llamarlo a juicio, y dentro del mismo plazo lo hiciera del conocimiento de este juzgado, sin que lo hubiese hecho; en ese sentido, se acuerda: En la especie se cristaliza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de la interpretación armónica de los invocados normativos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público; e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional competente a dar continuidad a la sucesión del finado Raúl Martínez Jiménez, implica que no se le pueda integrar a la relación jurídica procesal en este juicio de amparo, de ahí que se deduzca que existe un desinterés de su parte en la prosecución del juicio, no obstante contar con las facultades legales para ello, ya que desde el momento en que hizo uso del derecho fundamental de acceso a la justicia con la instauración del presente asunto, se sometió a los mecanismos jurídicos que el legislador previó para el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido, al incumplir con el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en providencia de ocho de abril de dos mil diecinueve, es indiscutible que el Juzgador de amparo no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, so pena de dejar inaudita a una de las partes en el juicio de amparo; además de contravenirse lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, al retardar la impartición de justicia. Cabe destacar que dicha circunstancia de ninguna manera es atribuible a este Tribunal, sino al quejoso cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el citado precepto 17 constitucional; dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del aludido agraviado, pues con su omisión en torno al requerimiento formulado impide que la persona que representa la sucesión del finado tercero interesado Raúl Martínez Jiménez, sea llamado al presente asunto, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. En ese tenor, al no haber acudido el quejoso ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar la sucesión del finado Raúl Martínez Jiménez, no obstante que fue debidamente notificado del proveído ocho de abril de dos mil diecinueve en el cual se formuló el requerimiento antes mencionado, resulta evidente que incumplió con un presupuesto procesal, como lo es el de llamar a juicio a todas las partes que deban intervenir en él, lo cual se traduce en la imposibilidad del suscrito juzgador para resolver el asunto que se plantea. Como consecuencia de todo lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia ocho de abril de dos mil diecinueve, y se decreta el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, y 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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