Francisco Mendoza Andrade
Expediente 511/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Mendoza Andrade
- Juez de Control de Oralidad del Estado de Guanajuato Segunda Region, Actuando En Sede Irapuato, Guanajuato (Denominacion Correcta Auto 05/10/2020)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
...Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, la sentencia emitida el veinticuatro de mayo del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida por el quejoso dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, y 21, párrafo primero, incisos a) del Acuerdo en cita y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Realícese la certificación de la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Asimismo, devuélvase al Agente del Ministerio Público número V, Sistema Procesal Acusatorio, en esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistentes en copia autenticada de la carpeta de investigación ****** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
......TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" En esa tesitura, se tiene que no son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control de Oralidad del Estado de Guanajuato Segunda Región, actuando en la sede Irapuato. Ello, toda vez que, al momento de rendir su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis VI.2o.32K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setecientos sesenta y tres cuyo rubro es "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE" Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa de los actos reclamados, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los mismos, lo que en la especie no acontece. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página setenta y siete, del rubro "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO" Por tanto, tomando en consideración que el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en relación con la existencia del acto que de ella se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES" Por otra parte, deben declararse igualmente inexistentes los actos atribuidos a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público número 5, de la Procuraduría de Justicia Región "B" del Sistema Procesal Penal Acusatorio en esta ciudad y Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la capital (en su denominación correcta) no obstante haber sido omisas en rendir su informe justificado. Lo anterior, no obstante que de conformidad con el párrafo cuarto, del artículo 117 de la Ley de Amparo, deban presumirse ciertos los actos reclamados a las autoridades que no rindan su informe de ley, salvo prueba en contrario; ya que en el caso dicha hipótesis normativa no se actualiza, en virtud de que, dentro de las facultades del Ministerio Público, no está la de emitir ordenes de aprehensión, como se lo atribuye el quejoso, toda vez que esto es una facultad constitucional exclusiva del órgano judicial quien negó tal acto. Luego, si bien es cierto que de conformidad con el numeral 131, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el personero social puede ordenar la detención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece ese cuerpo normativo, debe decirse que tampoco puede tenerse por cierto dicho acto, dado que de las copias autentificadas de la carpeta de investigación *** (que le fueron requeridas al Agente del Ministerio Público número 5, de la Procuraduría de Justicia Región "B" del Sistema Procesal Penal Acusatorio en esta ciudad, mediante proveído de cinco de abril de este año) no se desprende la emisión de una orden de detención en contra del aquí quejoso. Y respecto al cuerpo policiaco, el numeral 132, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece cuáles son sus obligaciones, entre las que se encuentra la prevención del delito, como órgano de captura, detención y resguardo de los sujetos del ilícito, así como el acato de otras encomiendas que el Ministerio Público le ordene, pero en el caso, no se advierte la emisión de una orden de aprehensión o detención y, por ende, tampoco su ejecución. Bajo tales condiciones, no obstante la contumacia de las precitadas autoridades en rendir su informe de ley, lo que daría consecuencia a la presunción de la certeza del acto que se le reclama; empero, dicha presunción se encuentra desvirtuada, debiéndose tener por inexistentes los mismos. Por otra parte, la parte quejosa también reclama del Agente del Ministerio Público número 5 de la Procuraduría de Justicia región "B" del Sistema Procesal Penal Acusatorio en esta ciudad, la omisión de proporcionarle copias de la carpeta de investigación *** las cuales fueron solicitadas de manera verbal; sin embargo, de la revisión a las constancias que allegó la citada autoridad, no se advierte la existencia de dicha petición de manera verbal, menos aún de manera escrita y, en consecuencia, no es dable estimar que dicha autoridad se haya negado a proporcionarlas. En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional" CUARTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción IV, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo...
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público número V, Sistema Procesal Acusatorio, en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, remite copia autenticada de la carpeta de investigación *** de su índice. PRUEBAS Por otra parte, ténganse a la aludida autoridad anunciando como pruebas las que remite. VISTA A LAS PARTES Dese vista a las partes con las constancias de mérito, para que se impongan del contenido, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva. TOMO Considerando el volumen de las constancias remitidas, fórmese por separado el tomo de pruebas I (uno) ...
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En ese orden, no pudo llevarse a cabo la audiencia constitucional del presente juicio, al encontrarse programada dentro de ese período. REANUDACIÓN DEL TRÁMITE Ahora bien, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales referidos, por lo que se reanuda el trámite del presente asunto, en el entendido que la reanudación de plazos operará hasta que se notifique el presente proveído. FECHA DE AUDIENCIA En consecuencia, se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional...
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