Francisco Medina Berdin

Expediente 694/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
694/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
04/03/2022

Partes del expediente

  • Francisco Medina Berdin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Propietario de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante el cual remite la constancia de notificación al tercero interesado agente del Ministerio Publico de su adscripción, respecto de la sentencia de tres de febrero de dos mil veintidós, emitida en esTe asunto; toda vez que en proveído de veinticinco de febrero pasado, causó ejecutoria y se ordenó el archivo del presente juicio. Vuelvan los autos al archivo Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que la resolución por la que se sobreseyó en el juicio no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo respecto de las diversas, en atención a que el sentido de la citada resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: -Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. -Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: La parte promovente allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12 y 15, interpretados a contrario sentido; 18, fracción I, inciso a), 20, primer párrafo, fracción II, inciso a); y, 21, inciso a), todos del Acuerdo en cita, en relación con el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que, hasta el quince de febrero de dos mil veintidós, el horario de labores de este órgano jurisdiccional se encuentra comprendido de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Por otro lado, devuélvase al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, las constancias que allegó como complemento a su informe de ley, las cuales consisten en copia certificada del Toca ***, su índice, y del expediente ***, que obran en dos tomos y un sobre cerrado por separado. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, vía electrónica a la fiscal adscrita.

  3. Principal

    TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en relativas al Toca *****, y del expediente *****, que obran en dos tomos por separado; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones . QUINTO. Antecedentes. De la demanda de amparo así como de las copias certificadas relativas al Toca ***** y del expediente *****, destacan las siguientes actuaciones: a) ***** (quejoso) promovió demanda sobre desocupación de bien inmueble y otras prestaciones en contra *****, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales *****, demanda que fue radicada con el número de proceso ordinario civil *****, del índice del Juzgado de Partido Primero Civil en Salamanca, Guanajuato, quien en sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno resolvió en el sentido de declarar procedente la acción y condenó a la parte demandada a la desocupación del inmueble ubicado en *****, Guanajuato. b) Inconforme con esa determinación, *****interpuso recurso de apelación, el que, seguido en sus fases legales, fue resuelto por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, el trece de julio de dos mil veintiuno. Acto que constituye el reclamado en el juicio de amparo que se resuelve. SEXTO. Análisis de las causales de improcedencia. Se actualiza una causal de improcedencia, que se analiza de oficio, como lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación estos preceptos se extraen dos reglas, una de procedencia y una de improcedencia: la primera que contra actos emitidos en juicio, el amparo procede si ese o esos actos producen efectos que sea de imposible reparación; la segunda, que si esos actos en el juicio no producen efectos de imposible reparación, el amparo es improcedente. Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno del Máximo Tribunal del País determinó qué debe entenderse por "actos de imposible reparación" y al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, que no dependa del resultado del fallo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender el resultado del fallo; que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, se evidencia que existen actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente, como en el caso acontece. En la especie, se considera que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra, toda vez que no afecta de manera actual derecho sustantivo alguno del quejoso, consagrado en la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que nuestro país sea parte. El acto reclamado en este juicio de amparo consiste en la resolución de trece de julio de dos mil veintiuno dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en los autos del toca *****, que ordenó reponer el procedimiento en el expediente ***** del índice del Juzgado de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, para que la Procuraduría de Protección de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, ejerciera la representación coadyuvante de la menor de edad y, en su oportunidad, se emitiera una nueva sentencia. Esto, porque la responsable, en suplencia de la queja, estimó que la demandada menor de edad de iniciales *****, fue emplazada por su progenitora y codemandada *****, por lo que adujo que se debió dar inmediata intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, en apego a lo establecido en el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. En tal virtud, atendiendo a las consideraciones jurídicas expuestas con antelación, es inconcuso que los efectos que provoca el mencionado acto no trascienden de manera actual a derechos sustantivos del quejoso. Sino que produce solamente efectos que, en su caso, generarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, pues la orden de reponer el procedimiento no únicamente trae como consecuencia que el procedimiento de origen se retrotraiga para dar intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y se continúe tramitando hasta su resolución final, la cual podría incluso ser favorable al quejoso. De ahí que la sentencia reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal. Lo cual no es así ni siquiera si el quejoso considera que con la reposición se retarda o retrasa la resolución definitiva del juicio natural pues incluso en ese supuesto no se trataría de una afectación de naturaleza sustantiva, sino meramente formal relacionada con el artículo 17 constitucional que no convierte su reclamo en uno de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo, sobre todo porque la reposición ordenada no implica una abierta dilación ni equiparable a la paralización del juicio. En lo conducente, aplican las razones jurídicas que derivan de la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. Así como, también en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Como se indicó en el caso el acto reclamado no es de imposible reparación, porque sólo produce efectos de índole procesal, pues incide únicamente en la continuación del procedimiento, para que se dé intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 3 del Código adjetivo estatal. Y, como se dijo, si esto tiene efectos en el tiempo que tardará el procedimiento de origen, aun esta consecuencia sólo se vincula con la afectación a derechos adjetivos o procesales, pero incluso el impetrante podrá obtener una sentencia favorable. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada; procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese, vía electrónica a la fiscal adscrita.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO DILIGENCIADO Téngase por recibido el oficio signado por la Juez de Partido Primero Civil de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1150/2021 (1576/2021) del índice de este juzgado, enviado a fin de emplazar a las terceras interesadas ***** e *****, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales *****, lo que aconteció el veinticinco y treinta de noviembre, respectivamente. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente las referidas comunicaciones. Ahora, respecto de la tercera interesada *****, solamente se agrega a los autos para que obre como corresponda, en virtud de que en auto de siete de diciembre del año en curso, se le tuvo por apersonada al presente juicio. DOMICILIO PROCESAL Por otra parte, de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la tercera interesada *****, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que desahogara dicha prevención. Luego entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de noviembre del año en curso, por lo que, se ordena realizar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Notifíquese.

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