Francisco Maldonado Garcia
Expediente 880/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Maldonado Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL En razón de lo anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO INCIDENTE ORIGINAL De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, se deberá realizar la depuración del presente incidente de suspensión y deberán transferirse dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo. DESTINO INCIDENTE DUPLICADO Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación a las partes de la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veinte a las partes; en tales condiciones, se ordena pasar los autos al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, para el efecto de que notifiquen conforme a derecho el contenido de la resolución de mérito en los términos ahí ordenados. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES LO QUE SE INDICA.
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a la parte quejosa *** la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el considerando único de esta resolución.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación que antecede, de la que se desprende que las autoridades responsables negaron los actos reclamados; así como que la audiencia constitucional originalmente está prevista para las nueve horas con dos minutos del tres de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, debe atenderse a lo ordenado por el artículo 17 constitucional que señala que la impartición de justicia debe ser pronta, completa e imparcial, así como a lo dispuesto por los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos del texto: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" y "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales", (el énfasis es propio); así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8°., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES" (Tesis aislada 1.3o.C.3 K (10a.), visible en la página 1271, Libro VI, Tomo 2, DEL Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Décima Época). A partir de ese marco normativo, es menester destacar que la fecha primigenia para la audiencia de ley se fija cumpliendo lo ordenado por el artículo 115 de la Ley de Amparo al admitir la demanda, momento procesal en el que se desconoce el sentido del informe justificado y si las responsables lo emitirán en breve lapso o agotarán el plazo de quince días, por lo que, dado el sentido y alcance del comunicado de las autoridades responsables en este juicio, que pone de manifiesto que en el caso no existe diligencia o actuación pendiente de realizar; por ende, para evitar dilaciones innecesarias e injustificadas, procede señalar una nueva fecha de audiencia dentro de un lapso razonable más próximo, lo que le permitirá a las partes conocer con prontitud y certeza la decisión judicial y en su caso, agilizar la defensa de sus intereses, lo cual implica la exacta aplicación de los mandatos constitucional y convencional supra invocados. En consecuencia, se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Queda sin efectos la fecha de audiencia originalmente prevista. Finalmente, notifíquese mediante lista a la parte quejosa el contenido del presente proveído, al realizarse por dicha vía las notificaciones de carácter personal.
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