Francisco José Romero Serrano

Expediente 1102/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1102/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Francisco José Romero Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de diez de diciembre de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó sobreseer en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.

  2. Incidental

    -Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega a la parte quejosa ********************la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades responsables que quedaron precisados en el considerando único de esta resolución y por las razones expuestas en el mismo considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos los oficios de cuenta de la Karla Patricia Ambrocio Vargas, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y otras autoridades; recibidos vía correo electrónico institucional, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Por medio de los cuales rinden su informe justificado, con su contenido dése vista a las partes en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. MEDIOS DE CONTACTO De igual manera, se tiene a una de ellas proporcionando correo electrónico y número telefónico como medios de contacto y servicios de mensajería instantánea, a fin de establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Francisco José Romero Serrano, por derecho propio, contra los actos de DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, y otras autoridades, consistentes en las órdenes de aprehensión, presentación o comparecencia, así como la ejecución material. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1102/2021. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Con relación a la orden que el quejoso denomina de orden de presentación, conforme a los antecedentes que narró en la demanda, se considera que la misma real y jurídicamente se traduce en la citación para que se le formule imputación, para darle intervención en algún proceso penal, conclusión a la que se llega porque señala a una autoridad judicial como responsable; de manera que bajo esa óptica se analizara. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, conforme se estableció en el párrafo que antecede, esta potestad federal advierte que se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama entre otros actos, la orden de presentación, lo cual estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se está afectando de manera personal y directa. Sin embargo, la citación o presentación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que contra el auto que ordena la citación o presentación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, únicamente respecto de la citación para formarle imputación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. ADMISIÓN Por otro lado, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Francisco José Romero Serrano, en contra de DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA, y otras autoridades, únicamente por los actos consistente en la orden de aprehensión y comparecencia, así como su ejecución material. APERTURA DE INCIDENTES Tomando en consideración los actos reclamados por la parte promovente, precisados con antelación, motivo por el cual solicita la suspensión de plano; sin embargo, es improcedente su petición, pues los actos que reclama no encuadran dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente ordenar a las responsables el cese inmediato de los mismos. De ahí que la medida cautelar que solicita está dentro de las hipótesis contempladas por el artículo 128 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena tramitar por duplicado y separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del diez de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio que el secretario podrá firmar de manera electrónica o autógrafa, el que indistintamente se podrá presentar o enviar por correo ordinario o electrónico, requiérase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, al que acompañarán, en su caso, copia certificada digitalizada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Destacando que dicho plazo es suficiente para que las responsables rindan su respectivo informe, pues atendiendo a las circunstancias del caso, es innecesario alterar ese periodo general previsto en el párrafo primero del arábigo 117 de la ley de la materia. En su defecto, las responsables deberán informar y acreditar las circunstancias extraordinarias y desconocidas por este órgano jurisdiccional, que ameriten el otorgamiento de un plazo mayor, no bastando la simple manifestación de que la prórroga es necesaria a fin de recabar los datos y documentos requeridos para sustentar el informe y remitir las copias certificadas que le servirán de apoyo. Apercibidas las autoridades antes mencionadas, que con independencia de presumirles ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsable que deberán remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020. La dirección de las instalaciones y el correo electrónico son los siguientes: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410. Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Quedan obligadas a confirmar su recepción al teléfono móvil con número 01 222 2 37 7660 en un horario de las nueve a las quince horas de lunes a viernes. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas con treinta minutos. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dese la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario Jose.Maria.Barragan, y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó en el oficio de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, agregado al expediente Varios 1/2021 de este juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. EMPLAZAMIENTO DE LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA De igual forma, una vez que el juez responsable acepte la existencia del acto reclamado por la parte quejosa se dará vista al agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa de origen, y será hasta entonces que se le remitirá copia simple de la demanda de amparo, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; asimismo, requiérase a la autoridad judicial responsable para que, de ser el caso, una vez que resuelva la situación jurídica del quejoso remita copia certificada del auto de vinculación a proceso, según corresponda, apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir sus notificaciones y autorizando a Jorge Armando Avendaño Arellanes, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amaro, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. FORMA DE NOTIFICACIÓN En otro orden de ideas, se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado; ello, atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Acuerdo General 21/2020 citado, se exhorta a las partes para que, de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. En términos de los artículos 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020, dígasele a las partes que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante oficio a las autoridades responsables.

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