Francisco Lemus Lopez

Expediente 205/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
205/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Francisco Lemus Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, promovida por ***. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Guanajuato y del Juez Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato. Los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 205/2018-II.2. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. TESIS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE AMPARO. Como cuestión previa cabe hacer mención que las tesis que se invoquen en el presente proveído son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se opone a los postulados establecidos en la mencionada ley, el cual establece: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, la promovente hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: IV. Acto reclamado. De la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, reclamo la inconstitucional resolución de fecha 15 quince de febrero del año en curso y notificada electrónicamente el día 16 del mismo mes y año, mediante el cual resuelve el recurso de apelación interpuesto por el impetrante, dentro del toca 122/2018. Proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, en el cual el magistrado responsable determinó, en lo que aquí interesa: PRIMERO. Se declara MAL ADMITIDO el recurso de apelación interpuesto por el coheredero *** en contra del auto de fecha once de enero de dos mil dieciocho dictado en el expediente C-**/2017, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ***, denunciado por *** todos de apellidos ***. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En ese orden, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. Dicho numeral establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Sin que en el presente asunto el acto reclamado, se ubique en alguna de las excepciones que marca el artículo 61, fracción XVIII de la invocada ley. De lo anteriormente trascrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el juicio de amparo, la parte quejosa previo a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desapareciere de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. De lo hasta aquí expuesto, es claro que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, toda vez que contra el proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del toca número **/2018, en el cual el magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado, con sede en Guanajuato, declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, en contra del auto de once de enero de dos mil dieciocho, pronunciado por el juez único civil de partido de Uriangato, Guanajuato, dentro del expediente número C-**/2015 de su índice, mediante el cual desechó el incidente de nulidad de actuaciones. De lo anterior se concluye que el solicitante del amparo estaba obligado a agotar el recurso de revocación, a que se refiere el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; dispositivo que es del tenor siguiente: Artículo 232.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Del contenido del precepto legal pretranscrito se desprende que en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación, pues conforme a los artículos 243 y 245 de ese ordenamiento legal, no se está ante un supuesto de procedencia del recurso de apelación, ya que no se trata de una sentencia de primera instancia, ni de la resolución de un incidente ni lo provee la legislación procesal en comento, pues al efecto dichos artículos establecen lo siguiente: Artículo 243.- Son apelables las sentencias dictadas, en primera instancia, tanto de los jueces de partido como por los menores. Artículo 245.- Los autos son apelables cuando deciden un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva, del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. De ahí que, como ya se dijo, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio, dado que la literalidad de dicha fracción permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo, tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional, debiendo agotar previamente el recurso de revocación. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número: I.2o.C. J/6, publicada en la página 660 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, Materia(s): Civil, Época: Octava Época, Registro: 227670, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, del contenido; REVOCACION. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE, CONTRA ACUERDOS DICTADOS EN JUICIO DE SENTENCIA INAPELABLE. Tratándose del juicio cuyo interés no exceda de 182 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 426, fracción I, en relación con el artículo 684, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la sentencia que en él se dicte causa ejecutoria por Ministerio de Ley, y en consecuencia es inapelable; por lo tanto, los acuerdos dictados dentro del procedimiento de tal juicio, no son apelables, pero sí son revocables, dado que en estos casos no rige el principio establecido en el artículo 23 del Título Especial de Justicia de Paz, que limita los recursos contra las resoluciones de las autoridades de tal jurisdicción, sino en el artículo 684 del ordenamiento procesal aludido, que dispone: "Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituye en el conocimiento del negocio. También es aplicable la jurisprudencia 573, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, página 515, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. También sirve de apoyo la tesis número II.4o.C.22 C, visible en la página 1527, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Septiembre de 2005, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia, de rubro y texto siguiente: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: "LEYES DE EXCEPCIÓN."; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...", hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se le ubica en la "Materia(s): Común. De la misma manera, resulta igualmente aplicable la tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así como la tesis número I.3o.C.44 K, visible en la página 1272, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Agosto de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época Materia Civil, la cual determina lo siguiente: DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE.- De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Todo lo anterior provoca que sobre el acto reclamado en estudio, se actualice la causal de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 232, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, aplicado contrario sensu por tratarse de actos que admiten la interposición de un recurso o medio ordinario de defensa. Así, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, conforme al artículo 113 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. DOMICILIO PROCESAL. Como lo solicita, conforme al artículo 27 fracción I, de Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley citada. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, en relación con el numeral 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, se; RESUELVE: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

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