Francisco Juarez Garcia

Expediente 534/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
534/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Francisco Juarez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, por parte de la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Así, se tiene que el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: ".PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en contra de la autoridad y acto que precisados quedaron en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos ahí expresados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos que reclamó del magistrado de la décima sala civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y juez único civil de partido en Cortázar, Guanajuato, por las razones y para los efectos señalados en el penúltimo y último considerando de esta sentencia." (foja 58 frente y vuelta). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: ".OCTAVO. PRECISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el concepto de queja que plantea la indebida autorización de la promoción que contiene el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en el juicio de origen, mismo que fue declarado infundado, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el magistrado de la décima sala civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado: Deje insubsistente la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca ***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria que resolvió el incidente de gastos y costas judiciales derivado del juicio ordinario civil ***; y emita una nueva en donde reiterando los aspectos que fueron confirmados en el presente fallo, excluya de las cantidades que aprobó la relativa a la interposición del recurso de revocación mencionado.". (foja 58 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al magistrado de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. La citada autoridad en su oficio registrado con el número 6886, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria recaída en el presente juicio, misma, que en sus puntos resolutivos dice: ". PRIMERO: Queda sin efecto la resolución dictada por esta Décima Sala Civil el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, en el presente coa número *** y en su lugar se dicta el presente fallo. SEGUNDO: En la forma y términos establecidos en el considerando quinto del presente fallo, se modifica la resolución dictada dentro del incidente de gastos y costas de fecha dos de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Único Civil de Partido en Cortazar, Guanajuato dentro del expediente número *** que contiene las actuaciones del Juicio Ordinario Civil, promovido por *** en contra de ***, sobre terminación de copropiedad y otras prestaciones. TERCERO: No se realiza condena en costas de esta segunda instancia. CUARTO: Remítase copia certificada de esta resolución al Juzgado Quinto de Distrito con sede en Celaya, Guanajuato relativo al Amparo Indirecto Civil *** así como al Juzgado de origen expediente ***, y, en su oportunidad, archívese el presente toca ***". (foja 90 vuelta). En tanto que a fojas 89 y 90 de la resolución emitida por la autoridad responsable, se destaca: ". No se concede ninguna cantidad por el recurso de revocación interpuesto el diez de noviembre de dos mil dieciséis y siete (sic). Con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley Arancelaria le asiste la razón a ***, cuando sostiene que no debe tomarse en cuenta el recurso de revocación señalado por la parte actora incidental, ya que el mismo fue declarado improcedente. El citado artículo 10 dispone: no se podrán cobrar honorarios profesionales ni costas procesales por las promociones que fueren desechadas ejecutoriamente por incorrectas o improcedentes; tal hipótesis legal aplica en el caso en concreto, por resultar improcedente el recurso de revocación planteado, por haberse confirmado el auto combatido. En concordancia con el artículo 15 fracción V de la Ley Arancelaria, no se le concede ninguna cantidad, por dicho recurso de revocación. Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, toda vez que, como se ordenó, dejó insubsistente la resolución dictada por esa sala el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación ***, dictando una nueva el veintiocho de agosto del mismo año, atendiendo los lineamientos establecidos por este juzgado de distrito, excluyendo de las cantidades que aprobó la relativa a la interposición del recurso de revocación. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Finalmente, previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO. Visto el oficio signado por la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el juez Único Civil de Partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le notificó que causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y se le remitió un tomo de prueba en copia certificadas.

  3. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de cinco de septiembre actual, que en lo conducente dice: RECEPCIÓN DE OFICIO. Visto el oficio signado por la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el juez Único Civil de Partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le notificó que causo ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y se le remitió un tomo de prueba en copia certificadas.

  4. Principal

    SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual en el primer resolutivo se decretó el sobreseimiento y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este juzgado federal. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. Deje sin efectos el auto donde tiene por embargado el bien inmueble descrito en el considerando anterior, mismo que se detalla en la escritura 467 de la notaría pública número 6 de Celaya, Guanajuato, inscrita en favor de María Arreguín Enríquez bajo el número de folio R7*129479 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Celaya, Guanajuato; así como demás consecuencias que de dicho acto deriven, incluida la adjudicación y escrituración del señalado bien inmueble a la parte actora del juicio de donde derivan los actos reclamados. Dicha concesión debe hacerse extensiva contra los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios. ( foja 86 frente y vuelta). REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por ende, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al juez Tercero Civil de Partido en Celaya, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la presente ejecutoria. Y hecho lo anterior, remita a este órgano de control constitucional, las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico del juez responsable, toda vez que al actuar esta con plenitud de jurisdicción y autonomía, no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Por último, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales remitidas por el juez Tercero Civil de Partido, con sede en esa ciudad, relativos al juicio ejecutivo mercantil número M0096/2016 de su índice, constante de un tomo de pruebas, mismo que se ordena devolver a su lugar de origen, ordenándose glosar al presente expediente la carátula respectiva, para los fines legales conducentes. Se le solicita a dicha autoridad, el acuse de recibo correspondiente.

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