Francisco Lara Aguilar
Expediente 369/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Lara Aguilar
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto de cinco de mayo del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por **********, en representación de *********** y ***********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguense únicamente para que obren como corresponde los oficios signados por el encargado de la Jefatura de Grupo de Policía Ministerial de la Unidad de Trámite Común y por el Jefe de Grupo de Policía Ministerial de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, ambos con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales rinden su informe en atención al requerimiento de cuatro de los actuales, toda vez que el cinco del mes y año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *****, en representación de ***** y *****.
- Principal
Vistas las constancias levantadas por el actuario de la adscripción, se desprende que se entrevistó con los quejosos directos ****** y *****, quienes manifestaron que no es su deseo ratificar la demanda presentada en su favor por ******. En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias dictadas en el auto de radicación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y sistema respectivo.
- Principal
Vista la comparecencia que antecede por la cual *****, promueve demanda de amparo en representación de ***** y *****, en contra de los actos del jefe de Grupo de la Policía Ministerial y el jefe de Grupo de la Policía Ministerial especializado en investigación de homicidios, ambos con sede en esta ciudad; de quienes reclama la incomunicación de los quejosos directos, así como cualquier acto último prohibido por el artículo 22 Constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5, 6, 14, 15, 17, fracción IV, 20, 24, 35, 107, 108, 109, 112, segundo párrafo, 115, de la Ley de Amparo; se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 369/2018. Ahora bien, de la comparecencia de cuenta emerge que los actos reclamados destacados se hacen consistir en la incomunicación y cualquier acto último prohibido por el artículo 22 constitucional en perjuicio de ******* y *****; con apoyo en el numeral 126, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a efecto de que de inmediato cesen los referidos actos a que se encuentran sujetos, así como para que no se les apliquen los actos prohibidos previstos en el ordinal 22, de nuestra Carta Magna, por lo cual quedan en cuanto a su respectiva persona, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables y deben informar éstas, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento que se dé a este mandato judicial; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables por medio de oficio. Ahora bien, si los actos reclamados se tratan de la privación de la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165, se concede también la SUSPENSIÓN DE PLANO para los siguientes efectos: En caso de que la privación de libertad de los quejosos sea por autoridades administrativas distintas al ministerio público, en relación con la comisión de un delito, los efectos de la presente medida son para que sin demora los pongan de inmediato a disposición del ministerio público, o bien, en caso de que las detenciones no tengan relación con la comisión de un delito, la presente medida tiene por efecto que los quejosos sean puestos en libertad (artículo 164). Además de lo anterior, y a fin de cumplir cabalmente con los dispositivos en cita, se precisa que si las detenciones derivan de una orden emitida por el Ministerio Público y se encuentran a su disposición, la medida cautelar tendrá como efecto que el fiscal, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, debe consignar a los directos quejosos ante el juez penal correspondiente, o ponerlos en libertad (artículo 165, primer párrafo). En el entendido de que si las detenciones fueron por flagrancia y se encuentran a disposición del ministerio público, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición (artículo 165, segundo párrafo). En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad de los quejosos, la suspensión se concederá para el efecto de que, de inmediato, sean puestos en inmediata libertad o consignados al Juez respectivo (artículo 165, tercer párrafo). Se apercibe a las citadas responsables que de no cumplir con lo antes determinado, se harán acreedoras a una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cincuenta días en términos a lo dispuesto por el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como las sanciones de prisión, destitución e inhabilitación, con motivo de la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que *******, persona que compareció a presentar la demanda de amparo, manifestó que los quejosos directos fueron detenidos en Juventino Rosas, Guanajuato, y señaló como autoridades responsables al jefe de Grupo de la Policía Ministerial y el jefe de Grupo de la Policía Ministerial especializado en investigación de homicidios, ambos con sede en esta ciudad; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado a efecto de que se constituya en dichas instalaciones en busca de los quejosos directos y una vez encontrándolos los requiera para que, en ese momento, o dentro del término de tres días, manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda de amparo por comparecencia presentada a su favor, bajo el entendido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, y quedarán sin efectos las medidas adoptadas, lo anterior de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la ley de la materia; de igual forma, dé fe del estado físico de los mismos. En caso de no encontrarse ya internados en esos lugares, el fedatario deberá recabar la información necesaria que permita advertir a dónde fueron trasladados y a qué autoridad fueron puestos a disposición, y proceda a su búsqueda para los efectos precisados en los lugares donde puedan estar y que se ubiquen en esta ciudad. Lo anterior, sin perjuicio de que se constituya en los principales centros de reclusión de esta ciudad, así como de Cortazar, Guanajuato. Hará saber a las autoridades ante quien se presente que, dada la modificación constante en las denominaciones de las autoridades que conforman el organigrama de las Procuradurías tanto General de la República como del Estado y, al tratarse de un asunto urgente y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, de no ser la denominación correcta, deberán recibir la comunicación y rendir el informe bajo la denominación que corresponde o bien, manifestar el impedimento que se tuviere; deberá apercibirlos que de negarse a recibir el oficio, se harán acreedoras a una multa de MIL DÍAS, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puedan ocurrir. Con apoyo al artículo 107, fracción XV de la Carta Magna, dese la intervención que legalmente corresponda a la Representación Social de la Federación de la adscripción. En tales condiciones, este juzgado se reserva proveer respecto de la admisión de la demanda hasta en tanto el quejoso, la ratifique, o bien, por conducto de su representante, de conformidad con el artículo 15 de la ley de la materia. Por otra parte, se tiene como domicilio procesal del compareciente el ubicado en calle *****, número *****, primer *****, zona ****, en esta ciudad, y como autorizado en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, por tener inscrita su cédula profesional federal en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en los términos restringidos de dicho numeral a las diversas personas que refiere, por no proporcionar mayor dato que justifique tal situación, sin perjuicio que en caso de acreditar dicho extremo, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. El artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria y que las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; en esa medida, prevéngaseles para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se hará la publicación de la sentencia respectiva con la supresión de datos sensibles.
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