Francisco Javier Vargas Mozqueda
Expediente 958/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Francisco Javier Vargas Mozqueda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 958/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada a este tribunal el trece de diciembre siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de las autoridades que a continuación se indica: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- De la primera, señalo como acto reclamado la omisión de dar contestación a la solicitud de trámite que ha quedado registrada con el número de expediente 2S.3.04/02441-2020, recibida en fecha 23 de noviembre de 2020, en la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. (.)." "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- La Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, quien tiene su domicilio para ser emplazado en el' ubicado en Hacienda de Santiago No. 314, Col. Primera Fracción de Crespo, C.P. 38119. (.)." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, este Órgano de Control Constitucional admitió a trámite la demanda de amparo propuesta; formó y registró el expediente con el número 958/2021-5; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridad no señalada como responsable. Mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo y señalar como autoridad responsable al gerente de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Ciudad de México, al no haber desahogado el requerimiento formulado para tal efecto mediante el diverso auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado es una omisión, respecto a una solicitud de trámite, reclamo que carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: La omisión de dar contestación a la solicitud de trámite registrada con el número 157151, presentada en línea al Buzón del Agua de la Comisión Nacional del Agua, en data veintitrés de noviembre de dos mil veinte, con lo que se generó el expediente 2S.3.04/02441-200. La autoridad a que se atribuye tal omisión es: 1. Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa está desvirtuada en autos. En efecto, la parte quejosa afirma en su demanda que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte presentó ante la autoridad del Agua, una solicitud de trámite con el número de expediente 2S.3.04/02441-2020. Para demostrar tal situación exhibió los siguientes documentos: i) Acuse con firma electrónica de la solicitud -a nombre de ********************-, de título de concesión/asignación de aguas subterráneas registrada con número 157151, presentada en línea al Buzón del Agua de la Comisión Nacional del Agua, en data veintitrés de noviembre de dos mil veinte. ii) impresión de pantalla del que se advierte una solicitud con el número de expediente 2S.3.04/02441-2020 para trámite de concesión/asignación de aguas subterráneas, a nombre del aquí quejoso. La documental reseñada en el inciso i), merece eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por contener una cadena con un sello digital que permite colegir su origen; máxime que en el sumario no milita probanza que la desvirtué, antes bien, se corrobora con la diversa probanza relacionada en el inciso ii). Es orientador del tema en trato la tesis I.4o.A.110 A (10ª). de rubro y texto: "INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. SU VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. De la interpretación de los artículos 88, 197, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que los datos publicados en documentos o páginas situadas en redes informáticas constituyen, presumiblemente y, salvo prueba en contrario, un hecho notorio, por formar parte del conocimiento general, y un elemento de prueba, en tanto cumplan las exigencias de dichos preceptos, las cuales deben considerarse cuando haya objeciones respecto a aspectos puntuales y como referente para valorar su fuerza probatoria. Por tanto, la información contenida en una página de Internet puede tomarse como prueba plena, cuando haya sido ofrecida en el juicio contencioso administrativo federal, o bien, invocada como hecho notorio." Así como la diversa tesis V.3o.10 C, de rubro y texto: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo." Las documentales en examen constituyen un acuse de recibo de una solicitud de título de concesión de aguas nacionales, presentada por la parte quejosa, en línea al Buzón del Agua de la Comisión Nacional del Agua en data veintitrés de noviembre de dos mil veinte; además, de la revisión a las constancias procesales del sumario se desprende que no existe constancia alguna que acredite que dicha solicitud fue respondida y notificada a la parte quejosa; de ahí que, contrario a lo indicado por la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, sí existe la omisión reclamada. Lo anterior con independencia del funcionario o área administrativa de la entidad de gobierno -Comisión Nacional del Agua-, que esté a cargo del seguimiento y respuesta a la solicitud de mérito, pues lo relevante es que en el caso se demostró que la parte agraviada hizo la petición de referencia desde el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante el uso de medios tecnológicos, ante la Comisión Nacional del Agua, y que a la fecha en que se pronuncia esta resolución no se ha emitido respuesta a tal solicitud. CUARTO. Improcedencia del juicio constitucional. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no señaló como responsable a la autoridad encargada de atender la petición cuya omisión en responder constituye la materia del reclamo, como se expondrá enseguida. Dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.]" De la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que las causales de improcedencia son enunciativas y no limitativas, en cuanto a que su configuración no se limita a las veintidós primeras hipótesis del referido dispositivo legal, dado que su última fracción da la posibilidad de que aparezcan diversos motivos de improcedencia de la conjunción sistemática de la ley reglamentaria, de la constitución y de la jurisprudencia. A su vez, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece que son partes en el juicio constitucional, entre otros, la autoridad o autoridades responsables; se debe entender por esta la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El numeral 108, fracción III, de la ley de la materia, establece que entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables. Así de la intelección sistemática de los referidos preceptos legales se obtiene que cuando el juzgado de amparo advierta del análisis integral de la demanda la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, previamente a proveer sobre la admisión de la demanda, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable; o bien, durante la tramitación del juicio, cuando advierta la intervención en los actos u omisiones reclamados de diversa autoridad no señalada como responsable, el juzgado deberá prevenir a la parte peticionaria del amparo para que regularice su demanda, a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Es pertinente establecer que el hecho de que en un juicio de amparo la parte quejosa no señale como responsable a la autoridad que emitió el acto reclamado, trae como consecuencia que, jurídicamente, no sea posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/205 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Ahora bien, por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós se tuvo a la autoridad señalada como responsable director local de la Comisión Nacional del Agua, por conducto de su representante, informando que el seguimiento y atención a la solicitud del hoy quejoso corresponde a la diversa autoridad gerente de Servicios a Usuarios con sede en Ciudad de México. Ciertamente, mediante oficio signado por el subdirector de Administración del Agua, en suplencia por ausencia del director local Guanajuato de la Comisión Nacional informó a este órgano jurisdiccional que al momento en que se ingresa un trámite a través del Buzón del Agua, el sistema CONAGUA en línea de manera automática turna el expediente ingresado a la unidad administrativa correspondiente; que en la especie, se turnó a la Gerencia de Servicios a Usuarios con sede en Ciudad de México para su atención y seguimiento; que dicho turno depende del lugar de ubicación del acuífero o cuenca en donde se pretende el aprovechamiento (foja 35). Lo que precede revela que, de acuerdo a lo informado por la propia autoridad señalada como responsable, la atención y seguimiento a la petición del hoy quejoso correspondió al gerente de Servicios a Usuarios con sede en Ciudad de México; información que no fue controvertida ni cuestionada por la parte agraviada. En razón de lo anterior, es que en el propio auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al gerente de Servicios a Usuarios con sede en Ciudad de México, en virtud de que no se hizo en el escrito inicial de demanda constitucional, con el apercibimiento de que en caso de no efectuar manifestación alguna, se seguiría el trámite del juicio por el acto y autoridad indicados en el escrito inicial de demanda (foja 37). Empero, la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento de mérito, por lo que mediante proveído de siete de marzo del año actual, se tuvo por perdido el derecho de la parte agraviada para ampliar su demanda de amparo por lo que ve gerente de Servicios a Usuarios con sede en Ciudad de México y se continuó la tramitación del presente juicio en los términos planteados inicialmente. Por tanto, la circunstancia de que la parte quejosa no haya expresado su voluntad para señalar como responsable al gerente de Servicios a Usuarios con sede en Ciudad de México, dentro del término que le fue concedido para ello, provocó que precluyera el derecho para enmendar su demanda de derechos fundamentales. De lo expuesto se colige la actualización de la causa de improcedencia en trato; en consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, puesto que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada, en virtud de que la autoridad encargada de la atención a la petición de la quejosa no fue llamada a juicio ni oída en defensa de sus actuaciones, pues la parte quejosa fue omisa en externar su voluntad de llamarla a juicio, a pesar de que este juzgado federal le requirió para dicho fin. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." De este modo, al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último punto considerativo.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que por auto de treinta y uno de enero del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad gerente de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Ciudad de México, sin que hiciera manifestación al respecto. Consecuentemente, ante su omisión, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, por lo que se tiene por precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; en razón de ello, el presente asunto se resolverá únicamente con las autoridades, actos y motivos de disenso, referidos en el ocurso inicial de demanda.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de enero pasado, para que manifestara si es su deseo ampliar la demanda constitucional en contra de actos de una autoridad diversa -gerente de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México- a la originalmente señalada en su escrito inicial de demanda. En razón de lo anterior, no es posible celebrar la audiencia constitucional programada para esta data; por tanto, se diere para las once horas con cincuenta minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Francisco Javier Rodríguez Rocha862/2015
- Francisco Javier Sierra Tenería898/2019
- Francisco Javier Sierra Tenería1130/2019
- Francisco Javier Sierra Teneria330/2020
- Francisco Javier Tamayo Sosa134/2022
- Francisco Javier Vargas Mosqueda420/2022
- Francisco Javier Vázquez Vázquez697/2017
- Francisco Jesús Rico Jimenez189/2017
- Francisco Jose Espinoza Sanchez613/2015
- Francisco Landin Gutiérrez465/2020
- Francisco Lara Aguilar369/2018
- Francisco Lara Melecio522/2017