Francisco Javier Villarreal Escobedo

Expediente 844/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
844/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Francisco Javier Villarreal Escobedo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el once de noviembre del año en curso (fojas 10 a 14), en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, lo anterior, por haberse desechado la demanda de amparo.

  2. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, once de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por Francisco Javier Villarreal Escobedo, contra el acto que atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 844/2016. Dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; ". La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Al respecto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 842/2016 de la estadística de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los datos siguientes: Mediante demanda electrónica enviada a través del Sistema en Línea de del Poder Judicial de la Federación, y recibida el nueve de noviembre por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, Francisco Javier Villareal Escobedo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que a continuación se especifican: a) Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. b) Acto reclamado: "IV. OMISIONES RECLAMADAS: Reclamo la omisión de dictar el laudo en el juicio reclamatorio laboral, controlado con el número DIT-382/2014." Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en esta propia fecha, fue radicada bajo el número 842/2016. En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: La demanda que se estudia es promovida por Francisco Javier Villareal Escobedo; En la misma se señala como autoridades responsables a: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. El promovente precisa el acto reclamado de la manera siguiente: "IV. OMISIONES RECLAMADAS: Reclamo la omisión de dictar el laudo en el juicio reclamatorio laboral, controlado con el número DIT-382/2014." Esto es, el escrito inicial de demanda que se provee, por lo que respecta a la única autoridad responsable señalada en este juicio Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, tiene los mismos elementos esenciales de la acción constitucional pretendida por el quejoso en el juicio de amparo 842/2016 del índice de este Juzgado de Distrito, pues se trata del mismo promovente, autoridad responsable y acto reclamado. Por tanto, tomando en consideración que los elementos de la acción constitucional en el presente asunto son los mismos que se hayan en el diverso juicio de amparo 842/2016; y que a la fecha el referido juicio constitucional se encuentra en trámite; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicha causal de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Igualmente sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que el promovente instó la acción constitucional desde la presentación del escrito de demanda que motivó el juicio de amparo 842/2016 de la estadística de este Juzgado de Distrito, el cual actualmente se encuentra en trámite, es decir, pendiente de resolución. Por tanto, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones X y XIV, de la Ley de Amparo; como se adelantó, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la vía electrónica y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Enrique Marín Poot, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y por así solicitarlo expresamente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo de tres días hábiles a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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