Francisco Javier Salas Ahumada
Expediente 19/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Francisco Javier Salas Ahumada
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por el cual acusa recibo del oficio 16756/2020 de cinco de noviembre del año en curso, al que se adjuntó copia certificada de la carpeta ***, contenida en un disco versátil y tres discos compactos certificados que contienen las videograbaciones de las audiencias de veintiuno de noviembre, once y dieciséis de diciembre, todos de dos mil diecinueve, de su índice. De lo que este Juzgado Federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo en el presente juicio, sin que la parte quejosa [única legitimada para ello] haya hecho valer medio de impugnación alguno contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Luego, dado que en el caso se está ante una sentencia ejecutoriada, se hace la aclaración de que en la resolución emitida el nueve de septiembre de dos mil veinte, se hizo referencia a ******************** y ********************; sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por la apoderada legal de la persona moral tercera interesada, lo correcto debe ser ********************, para todos los efectos legales conducentes. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse negado el amparo, una vez transcurridos tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable Juez de Control y Juez de Juicio Oral del Estado, actuando en los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, remitió las documentales consistentes en: Copia certificada de la carpeta administrativa ******************** de su índice, contenida en un disco versátil digital (DVD). Tres discos compactos certificados, que contienen las videograbaciones de las audiencias de veintiuno de noviembre, once y dieciséis de diciembre, todos del dos mil diecinueve, llevados a cabo dentro de la carpeta administrativa ******************** de su índice. Atento a ello y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data, es innecesario la retención de las citadas documentales; por tanto, devuélvanse las mismas a la citada autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Incidental
Visto el estado de autos y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: En virtud a que en el presente asunto se negó la medida cautelar solicitada; en ese contexto, de conformidad con el precepto 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse negado la medida cautelar. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, con apego a la hipótesis contenida en la fracción II, inciso a) del artículo 20 del acuerdo que nos ocupa, toda vez que éste carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, y en razón que no existen documentos originales, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ***, apoderada legal de la tercera interesada **, mediante el cual solicita la aclaración de la sentencia emitida en el presente expediente el nueve del mes y año en curso, respecto al nombre de ***, en virtud de que lo correcto es ***. En consecuencia, dígasele a la ocursante que no ha lugar a proveer favorable su solicitud, en virtud de que la citada sentencia engrosada el nueve de octubre en curso, aún no se ha declarado ejecutoriada. Para sustentar lo anterior, es preciso señalar que la aclaración de sentencias se define como una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defecto. Y, si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio constitucional, su empleo es de tal modo necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deduce su existencia de lo establecido en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, así como sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De tal modo que, se toma en consideración que el artículo 17 constitucional eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, la Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a la misma y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que, por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo. Sostiene lo expuesto, la tesis P./J. 94/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." En consecuencia, como se dijo anteriormente, no ha lugar a realizar la aclaración solicitada, en virtud de que la sentencia emitida en el presente juicio, toda vía se encuentra pendiente de causar ejecutoria. Notifíquese.
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