Francisco Javier Saracho Romo

Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
569/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Saracho Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido; además, que con las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Civil, del Poder Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, en forma anexa a su informe justificado, deducidas del expediente 665/2013 B de su índice, se formaron dos tomos de pruebas Por tanto, dado que resulta innecesaria la conservación de las constancias referidas, devuélvase el tomo de pruebas formado.

  2. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCIOIN III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO BAJA MARAVILLOSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. Ensenada, Baja California, siete de marzo de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana y anexo que acompaña, consistente en testimonio autorizado de la resolución dictada dentro del incidente en revisión civil 11/2019 de su índice, en la que dicho Tribunal resolvió lo siguiente: "[...]PRIMERO. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por Francisco Javier Sarancho Romo, por conducto de su autorizado, contra del proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de baja California, con residencia en Ensenada, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 569/2018 de su índice. [...]" En consecuencia, acuse el recibo de estilo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado correspondiente; dense los avisos de ley. Por otra parte, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes, únicamente en lo que corresponde a las actuaciones originales, lo anterior para evitar duplicidad de las constancias. Por último, de la certificación secretarial se advierte que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, ordenando el archivo de aquél expediente; en consecuencia al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que ya que en el presente expediente por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión provisional y en la resolución incidental de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva solicitada; por tanto, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible"; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto mencionado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCIOIN III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO BAJA MARAVILLOSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.Ensenada, Baja California, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vistos; la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección a Francisco Javier Sarancho Romo, para los efectos siguientes: "[...]La autoridad responsable Juez Primero de lo Civil en esta ciudad, para que realice lo siguiente: ? Deje insubsistente todo lo actuado en el incidente de cancelación de inscripción preventiva, relativo al juicio 665/2013, a partir del auto admisorio de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y ordene notificar de manera personal a la aquí parte quejosa." Sentencia de amparo, que causó ejecutoria en auto de trece de febrero dos mil diecinueve; por lo cual, se requirió al Juez Primero de lo Civil en esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, el Juez Primero de lo Civil en esta ciudad, mediante oficio agregado por este juzgado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, informó sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitió copia certificada del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó insubsistente todo lo actuado en el incidente de cancelación de inscripción preventiva, relativo al juicio 665/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil, a partir del auto admisorio de veintisiete de junio de dos mil dieciocho y ordenó turnar los autos al actuario de ese órgano jurisdiccional, a afecto de que notificara personalmente a Francisco Javier Sarancho Romo del auto de radicación de dicho incidente. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, se ordenó dar vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades, con lo cual estimó dar cumplimiento a la sentencia de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubiesen realizado manifestación al respecto. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, sin que sea el caso dar vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo; toda vez que como se advierte de la certificación secretarial, se encuentra pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa Roberto Ismael Villarreal Vázquez, en contra del proveído dictado por este juzgado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de febrero de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2o., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, al que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, conforme lo establece el artículo 258 de la indicada Ley de Amparo; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables del cumplimiento del fallo protector, que el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Asimismo, infórmese a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. En consecuencia, gírese oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California, quien se encuentra conociendo del recurso de revisión interpuesto el autorizado de la parte quejosa Roberto Ismael Villarreal Vázquez, en contra del proveído dictado por este juzgado el diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, mismo que quedó registrado bajo número de incidente en revisión 11/2019-I de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Beatriz Elena Fonseca Blancarte, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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