Francisco Javier Peña Martínez

Expediente 201/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
201/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Peña Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL ONCE DE FEBRERO ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Ensenada, Baja California, siete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que alguna de las partes realizara manifestación al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. .. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (páginas 131 a 149 de autos), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso .., contra los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolescentes, con residencia en esta ciudad, .. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolescentes, con residencia en esta ciudad (páginas 162 a 165). En acatamiento a ello, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolescentes, con residencia en esta ciudad, remitió disco compacto que contiene audio y video de la audiencia celebrada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, previa citación de las partes, dentro de la causa penal de adolescentes **, así como copia certificada de la transcripción de dicha audiencia, en la que el juez responsable, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de catorce de marzo de dos mil dieciocho que fue motivo de estudio en este amparo, así como sus consecuencias jurídicas. .. En las relatadas condiciones, este juzgador federal determina que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolescentes, con residencia en esta ciudad, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que con la audiencia celebrada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, demostró que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de catorce de marzo de dos mil dieciocho, emitido en la audiencia celebrada en la causa penal de adolescentes **, y sus consecuencias jurídicas, al haber ordenó dejar insubsistentes todas las diligencias llevadas a cabo en la secuela procesal con motivo del auto de vinculación combatido. Asimismo, emitió un nuevo pronunciamiento en el que determinó que los hechos que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en las variantes de posesión de marihuana, heroína y de aminas grupo contenido de las metanfetaminas, con fines de comercio, constituían una unidad delictiva. De igual forma, con los datos de prueba expuestos por la fiscalía, determinó que no se acreditaba que la finalidad de la posesión de marihuana, heroína y aminas del grupo de las metanfetaminas, afectos a la causa penal de adolescentes **, era la de comercio, en la variante de venta, sino que estableció que el hecho que la ley señala como delito que se encontraba demostrado con los datos de prueba que le fueron aportados, era el de una posesión simple; motivo por el cual, vinculó a proceso al quejoso ** como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en las variantes de posesión de marihuana, heroína y aminas, grupo contenido en metanfetaminas, previsto por los numerales 473 fracción VI, 474 y 477 de la Ley General de Salud, en términos de los artículos 14 fracción I y 16 fracción I, ambos del Código Penal para el estado de Baja California. De igual forma, dejó insubsistente la medida cautelar de internamiento preventivo, ello, al haber quedado insubsistente el auto de vinculación a proceso de catorce de marzo de dos mil dieciocho que había motivado su imposición; y a petición de la representación social, sin oposición por parte de la defensa del aquí quejoso, le impuso a éste la diversa medida cautelar de presentación semanal ante la titular del área de valuación de riesgos supervisión de medidas judiciales no privativas de libertad, especializada en adolescentes en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 fracción I de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; como se advierte de las constancias allegadas por la responsable y que fueron previamente valoradas. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar."

  2. Principal

    Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha no se interpuso recurso de revisión y todas las partes fueron notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto a los actos reclamados a la autoridad Juez de Control Especializado en Adolescentes del Partido Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y en apego a lo dispuesto en el considerando sexto de la ejecutoria de amparo, requiérase a Juan Carlos Castañeda Álvarez, Juez de Control Especializado en Adolescentes del Partido Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, atendiendo a las gestiones que deben realizar para lograr el cumplimiento aludido; debiendo dentro del propio lapso, informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a sus integrantes en lo individual una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Asimismo, infórmese a las partes que la sentencia dictada en autos estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Adolescentes del Partido Judicial de Baja California, con sede en esta ciudad, las documentales que fueron remitidas en cuatro discos compactos, como apoyo a su informe justificado, y solicítese atento acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto; el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; asimismo, el titular de este juzgado se encuentra gozando de licencia comunicada mediante oficio 5320/2018, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, el que suscribe, se encuentra imposibilitado para resolver el fondo de la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las diez horas con diez minutos del uno de octubre de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que del oficio ADO/ENS/00176/2018 de quince de junio del presente año, signado por el Juez de Control Especializado en Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Baja California, se desprende que señalaron las trece horas con cero minutos del trece de julio del presente año, para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, en la causa penal **de su índice; sin que obren las constancias relativas a dicha audiencia y que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias correspondientes a la citada audiencia; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, ...Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su verificativo las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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