Francisco Javier Ramos López
Expediente 679/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Francisco Javier Ramos López
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
I. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Toda vez que la ejecución de las sentencias es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse si el fallo protector ha quedado cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia . II. Antecedentes. Por auto de catorce de enero del año en curso (fojas 315 a 317), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Guadalupe Javier Ramos Arias, en representación de Francisco Javier Ramos López; por ende, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Directora de la Unidad Médico Familiar, Número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. En el entendido de que los efectos del amparo, fueron los siguientes: ".a) Deje sin efectos la orden verbal de suspender el servicio de oxígeno que se proporciona al quejoso en su domicilio. b) Hecho lo anterior y únicamente si lo estima prudente, podrá emitir un acto en el mismo sentido en el que lo hizo de forma verbal, pero cumpliendo con las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por escrito, fundando y motivando la causa legal de su decisión." Mediante proveído de seis de los actuales (foja 332), se tuvo por recibido el oficio 059001410100/DOZ-3947/19, suscrito por la citada autoridad, mediante el cual informó que mediante diverso comunicado 0052204252110/011DIR/2019, de diez de enero de dos mil diecinueve, dejó sin efectos la orden verbal de suspender el servicio de oxígeno que se proporciona al quejoso en su domicilio, restituyéndosele hasta en tanto tenga una nueva cita por el Servicio de Neumología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con lo anterior, se dio vista al quejoso para que en el término de tres días expresara lo que a su interés legal conviniera; acuerdo que se le notificó el siete de febrero siguiente (foja 333), sin que haya manifestado nada al respecto. III. Se declara cumplida la sentencia concesoria de amparo y se ordena el archivo correspondiente. Confrontados los datos anteriores, se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, ya que la autoridad responsable Directora de la Unidad Médico Familiar, número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, mediante oficio 0052204252110/011DIR/2019, dejó sin efectos la orden verbal de suspender el servicio de oxígeno que se le proporciona al quejoso *** en su domicilio; acatando con ello los lineamientos del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. Por tales razones, se estima cumplida la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la materia, archívese este expediente y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. IV. Valoración del expediente. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 059001410100/DOZ-3947/19, que remite la autoridad responsable Directora de la Unidad Médico Familiar, número 25, de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, y anexos, por medio del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este juicio de amparo. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga; en el entendido que una vez transcurrido el plazo otorgado, con o sin desahogo de la vista, éste órgano jurisdiccional dictará la determinación a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese al presente sumario el oficio DRN/SRN/GPE-COAH/016/2019, signado por el Encargado de la Administración de Correos, con sede en esta ciudad, y anexo, a través del cual desahoga el requerimiento de siete de los actuales (foja 300), relativo a que remitiera a este Juzgado de Distrito la tarjeta postal acuse de recibo del oficio 34620/2018-PF, dirigido a la autoridad responsable Directora de la Unidad Médica Familiar número 25, con sede en Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, enviado con el objeto de notificarle la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento, toda vez que la citada tarjeta postal obra en autos a foja 323.
- Principal
Acusa recibo. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Directora de la Unidad Médico Familiar Numero 25, del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de siete de enero del año en curso (foja 300), y al efecto acusa recibo del oficio 34620/2018-PF, por el que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se le notificó sentencia, de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. II. Causa ejecutoria la sentencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 287 a 295), en la que se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO. Se sobresee el presente juicio, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier Ramos López, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución..." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso e), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. III. Se requiere cumplimiento a la autoridad responsable. De conformidad con el precepto 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Directora de la Unidad Médico Familiar Numero 25, del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al amparo concedido. En el entendido que la concesión del amparo, fue para los siguientes efectos: ".a) Deje sin efectos la orden verbal de suspender el servicio de oxígeno que se proporciona al quejoso en su domicilio. b) Hecho lo anterior y únicamente si lo estima prudente, podrá emitir un acto en el mismo sentido en el que lo hizo de forma verbal, pero cumpliendo con las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, por escrito, fundando y motivando la causa legal de su decisión." IV. Apercibimiento. Se impondrá a la autoridad responsable una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 , de la Ley de Amparo, en caso de no demostrar que dio cumplimiento a la sentencia constitucional. V. Requerimiento al superior jerárquico. En términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere al Titular de la Delegación Estatal en Coahuila, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, quien tiene el carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable para que en el marco de sus atribuciones ordene a ésta cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrarlo, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 258 de la ley de la materia. Además, se les informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia, dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. En apoyo a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), visible en la página diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro: 2007918, cuyo rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Apoya también a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.9/2016(10a), visible en la página ochocientos treinta y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Registro: 2010987, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." Lo anterior, para que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector.
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