Francisco Javier Penilla Martínez
Expediente 1002/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Francisco Javier Penilla Martínez
- Mayra Alejandra Méndez
- Francisco Javier Penilla Martínez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve (fojas 113 a 117), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio como asunto concluido. III. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. Devolución de disco compacto. Finalmente, extráigase del cuarto de valores los dos discos compactos denominados "DVD", que contienen audio y video de las audiencias celebradas dentro de la causa penal número 1115/2018, que exhibió la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, las cuales se tuvieron por recibidos mediante acuerdo de veintiuno de enero del año en curso (foja 101); y devuélvasele mediante oficio, por conducto del Actuario de la adscripción, por no ser necesaria su permanencia en este juicio de amparo.
- Principal
I. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado ante la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado de Distrito, el seis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 1 a 5), ***, promovió juicio de amparo indirecto en favor de ***, *** y ***, contra las autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable: 1. Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral. Ciudad. 2. Delegado de la Fiscalía General del Estado Región Norte I. Ciudad. 3. Coordinador de las Unidades de Investigación de Tramitación Masiva de Casos, Ciudad. 4. Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana con detenidos, Ciudad 5. Coordinador de las Unidades de Investigación de Atención Temprana, Ciudad. 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Masiva de Casos Mesa 1, Región Norte I, Ciudad. 7. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Masiva de Casos Mesa 2, Región Norte I, Ciudad. 8. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Masiva de Casos Mesa 3, Región Norte I. Ciudad. 9. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con detenido Mesa 1, Región Norte I, Ciudad. 10. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con detenido Mesa 2, Región Norte I, Ciudad. 11. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con detenido Mesa 3, Región Norte I, Ciudad. 12. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Temprana con detenido Mesa 4, Región Norte I, Ciudad. 13. Agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora de Atención Temprana Región Norte I, Villa de Fuente, Coahuila. 14. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Temprana Mesa 1, Región Norte I, Ciudad. 15. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Temprana Mesa 2, Región Norte I, Ciudad. 16. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Atención Temprana de Asuntos Viales, Región Norte I, Ciudad. 17. Agente del Ministerio Público del Sistema Tradicional, Región Norte I, Villa de Fuente, Coahuila. 18. Comandante del Agrupamiento de Reacción Inmediata de Fuerza Coahuila, Ciudad. 19. Comandante del Agrupamiento de Proximidad de Fuerza Coahuila, Ciudad. 20. Inspector, Comisario o Comandante de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Ciudad. Por el acto reclamado consistente en la orden de detención, incomunicación y posibles actos de tortura, ejecutados en su contra por las autoridades señaladas como responsables. Actos que estimó violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. En la citada fecha (fojas 6 a 10), se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda de los quejosos directos, ordenándose suspender de plano los actos reclamados, quedando registrado el presente juicio de amparo bajo el número estadístico 1002/2018. Además, toda vez que los quejosos manifestaron que no fueron objetos de tortura, malos tratos e incomunicación, aunado a que el fedatario judicial no apreció lesiones en los quejosos directos, se tuvo únicamente como acto reclamado la detención efectuada en su contra. III. Admisión. En esa tesitura, de las constancias de notificación y razón actuarial de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), se advierte que los quejosos directos ***, *** y ***, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Luego, por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 20 a 22), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se le dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad (foja 73), se desprende que el ocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 86 y 87), dentro de la causa penal 1115/2018, se celebró la audiencia de control de detención, se decretó y se calificó de legal la detención de los quejosos ***, *** y ***, y en esa misma audiencia se formuló la imputación por el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro, siendo vinculados a proceso por dicho ilícito. Lo que se corrobora de las constancias que se digitalizan a continuación (fojas 86 y 87): Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2, ya que fue expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada Ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". La parte quejosa reclamó la detención de que fue objeto; sin embargo, este Juzgado advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sobre el tema, cobra aplicación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En el caso concreto, es evidente que se actualizan los supuestos que integran la causal de improcedencia invocada. Toda vez que de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad (foja 73), se desprende que el ocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 86 y 87), dentro de la causa penal 1115/2018, se celebró la audiencia de control de detención, se decretó y se calificó de legal la detención de los quejosos ***, *** y ***, y en esa misma audiencia se formuló la imputación por el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro, siendo vinculados a proceso por dicho ilícito. Lo que hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio, pues en principio el acto reclamado por los quejosos, consistía en la detención de que fueron objeto, y ahora se encuentran a disposición del citado juzgado, con motivo del auto de vinculación a proceso que emitió en su contra; por tanto, el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la detención que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica de los aquí quejosos ***, *** y ***. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo para lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro 169410, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Asimismo, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, registro 2002240, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". VI. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del diecisiete de abril del año en curso (foja 111).
- Principal
El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de veinte de marzo del año en curso; lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra agregado el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenidos, Primer Turno, con sede en esta ciudad; sin embargo, de su contenido no se aprecia si son ciertos o no los actos que le fueron atribuidos en este juicio. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo, se requiere a la mencionada autoridad para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a aquél en que reciba este oficio, aclare si son o no ciertos los actos que se le reclaman. Se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 20 a 22). Por lo expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con diez minutos del diecisiete de abril de dos mil diecinueve, para su celebración.
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