Francisco Javier Preciado Chávez
Expediente 1407/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Francisco Javier Preciado Chávez
Actuaciones
- Incidental
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que hoy está señalada la audiencia incidental, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que no obra el informe requerido a la autoridad responsable, ni acuse a fin de tener certeza de que fue recibido por la autoridad correspondiente; por ello y a efecto de que el incidente de suspensión se encuentre debidamente integrado, lo procedente es diferir la referida audiencia incidental y en su lugar se señalan las nueve horas con cinco minutos del catorce de diciembre de de dos mil veintitrés. Resulta aplicable al criterio anterior la jurisprudencia 2a./J. 137/2017, que a la letra dice: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, del que se desprende se radicó el impedimento planteado en autos, mismo que se registró con el número estadístico **********; lo que se le tiene informando para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1407/2023-V, promovido por *****, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y de otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, mismo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y sus anexos. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan los informes requeridos, se les sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el acto reclamado en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento que el informe que se les requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx, previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (312) 316-48-00 extensión 1251; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Colima, código postal 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Ahora bien, de los escritos de demanda de amparo y aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la aplicación del artículo 34 del Acuerdo 9/2020 del Consejo de la Judicatura federal. Y solicita la suspensión provisional en relación a los juicios de amparo indirecto 406/2016 y 855/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Colima, y los amparos en revisión 15/2021 y 196/2021 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como las revisiones y reclamaciones 501/2021, 506/2022, 874/2022 y 500/2022, radicadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no se rematen bienes de su propiedad en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco. En este contexto, para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva solicitada, es necesario conocer el contenido de los artículos 128 y 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado [.] Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: [.]. El primero de ellos, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En tales condiciones, es de indicarse que en cuanto a la emisión de la norma reclamada, no es factible conceder la medida definitiva, toda vez que al haber sido emitida, le reviste el carácter de acto consumado, contra el cual es improcedente conceder la suspensión solicitada, porque la medida cautelar carece de efectos restitutorios, propios de la eventual sentencia protectora que se llegue a dictar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis con registro 211597, visible en la página 656, del Tomo XIV, julio 1994, Octava Época, la jurisprudencia VI.2o.C. J/174, publicada en la página 775, del tomo X, Julio 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que por su orden disponen: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquellas ya se llevaron a cabo. "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no estás en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia de fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Asimismo es aplicable la jurisprudencia 12, visible en la página 13, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 2000, que dice: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 217665, Tomo Número 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1992, Octava Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Ahora, respecto a que no se le aplique el artículo que reclama, no es procedente otorgar la medida solicitada, habida cuenta que no se reúne el requisito a que refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, debe decirse que el orden público e interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez de amparo examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto debiendo tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad; es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. La Ley de Amparo otorga al Juez de Distrito la facultad para decidir sobre la procedencia o no de conceder la suspensión que implica el examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto y su confrontación con los objetivos que a través de los requisitos legales exigidos para la procedencia de la medida se pretenda lograr; ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, respecto de la dificultad de la reparación de esos daños y perjuicios y en relación con la posible afectación que pueda sufrir con su otorgamiento el interés social y las disposiciones de orden público. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Apoya la anterior consideración, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Tesis de jurisprudencia de la Novena Época, Instancia Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Tesis I.3o.A. J/16, página 383, que dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En los mismos términos, la diversa jurisprudencia 52/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 296 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que a la letra dice: ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada. De lo anterior, cabe destacar que dichos conceptos son indefinidos, cuya apreciación de su existencia depende del caso concreto, de forma que, según sea el asunto, al otorgar o negar la suspensión del acto reclamado deben exponerse los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público. En atención a lo anterior, por lo que hace a que no se le apliquen los artículos que tilda de inconstitucionales, se niega la suspensión provisional solicitada, pues como se adelantó, no se satisface el requisito exigido por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque de otorgarla se afectaría el orden público y el interés social, ya que los cuerpos legales son de aplicación obligatoria, pues gozan del principio de legalidad, lo cual puede dirimirse, en este caso, en el juicio de amparo correspondiente, y a partir de ahí desvincular la obligación al quejoso, pero no a través de una medida cautelar. Sin que en el caso resulte procedente conceder la suspensión provisional para los efectos solicitados por el quejoso, esto es, en relación a los juicios de amparo indirecto 406/2016 y 855/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Colima, y los amparos en revisión 15/2021 y 196/2021 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como las revisiones y reclamaciones 501/2021, 506/2022, 874/2022 y 500/2022, radicadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no se rematen bienes de su propiedad en el Juzgado Cuarto de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco. Lo anterior es así, debido a que ello no forma parte del acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; por ello, este juzgado federal no puede quedar vinculado a su pretensión; lo anterior, porque atendiendo al acto reclamado, este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Amparo, fijará la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, al ser el objetivo principal de una suspensión preservar la materia del juicio o darle una mayor protección a la parte quejosa; dicha circunstancia sin variar el acto reclamado por el impetrante de amparo. Resulta de oportuna aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2019200, materia constitucional, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 128, 129 y 131, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se niega la suspensión provisional a ******. Es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, pues debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituir; además, de acceder a las pretensiones de la quejosa sería tanto como que este juzgador se sustituyera en las facultades de la responsable lo cual no es dable. Domicilio procesal Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Expediente Electrónico. Este juzgado, respecto a la solicitud de la parte quejosa en el sentido de que se le dé acceso al expediente electrónico, previo a acordar lo conducente es necesario hacer las siguientes precisiones. En principio se tiene que en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, se establece: Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Si bien es cierto, de la anterior transcripción es factible advertir que las partes pueden solicitar la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas también lo es el hecho de que se haga mención a dos posibilidades procesales no implica que la consulta no dependa de una notificación. Ello si se toma en consideración que el uso copulativo de la y es suficiente para llegar a tal conclusión. A fin de respaldar lo anterior se tiene que en el Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se puede apreciar que expresamente se reguló lo siguiente: Sección Tercera. Juicio en Línea. Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De la anterior transcripción se advierte cuál es la teleología o finalidad que no es otra que las partes transiten a la actuación electrónica en lo que se denomina juicio en línea. Lo que no podrá tener éxito si quienes tienen la posibilidad tecnológica sólo se interesan en el acceso al expediente electrónico, pero rechazan las notificaciones mediante la misma vía. Cabe destacar que las actuaciones en juicio, como es el caso, devienen de una relación jurídica procesal, en la que es una carga legal señalar las vías de comunicación como es un domicilio para el caso de las notificaciones personales en las que debe ir personal del juzgado a al mismo a entender con la persona indicada ese acto comunicativo de hacerle saber la determinación -auto, interlocutoria o sentencia-. En el mismo sentido es una carga la autorización para las notificaciones electrónicas, que incluso están previstas en la Ley de Amparo, artículo 30 que dispone: Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: I. A los representantes de las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, así como cualesquier otra que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá hacerse por oficio impreso, en los términos precisados en el artículo 28 de esta Ley y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior, cuando el domicilio se encuentre fuera del lugar del juicio, la primera notificación se hará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo por medio de oficio digitalizado, con la utilización de la Firma Electrónica. En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos. Las autoridades responsables que cuenten con Firma Electrónica están obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión en cuyo caso el plazo será de veinticuatro horas. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación y se dará por no cumplida por la autoridad responsable la resolución que contenga. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. En aquellos asuntos que por su especial naturaleza, las autoridades responsables consideren que pudiera alterarse su normal funcionamiento, éstas podrán solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el sistema de información electrónica. El auto que resuelva sobre la ampliación podrá ser recurrido a través del recurso de queja en los plazos y términos establecidos para las resoluciones a las que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de esta Ley; II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, y III. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, al órgano jurisdiccional que corresponda, el que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes. Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al o los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del cómputo correspondiente. El órgano jurisdiccional que corresponda deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes. Luego una notificación personal actualmente es posible desahogarse con la presencia de una actuaria o actuario en el domicilio de la parte o en forma electrónica. De manera que al igual que el acceso al expediente de papel en el caso de una notificación personal implica que está se lleve a cabo para conocer la determinación -auto interlocutoria o sentencia-, en el mismo sentido de una notificación electrónica. Afirmar lo contrario dejaría completamente abierta la posibilidad de acceso al expediente electrónico. Es como si le diera acceso al expediente de papel para conocer la determinación - auto, interlocutoria o sentencia-, pero sin que ello implique la notificación la cual como es sabido es el acto mediante el que se tiene certeza de conocimiento de la actuación y a partir de ésta dan inicio los plazos que se traducen en términos regulados en la Ley de Amparo, en el artículo 22, que señala: Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Correrán cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. De lo anterior deriva que, en caso de dar únicamente acceso al expediente puede implicar que el órgano judicial no tenga la actuación de referencia para iniciar algún cómputo con la consecuencia inseguridad para dar continuidad al procedimiento. De todo lo anterior se sigue que solo podría entenderse restrictivo que se acordara la notificación electrónica sin acceso al expediente electrónica, pero no a la inversa. Por lo que ve a la notificación electrónica y el conocimiento del acto por notificar que son concomitantes, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 71/2019 (10a), medios electrónicos con el Registro digital: 2020082, publicada en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, junio de 2019, Tomo III, página 2247, cuyo texto es: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. En las condiciones apuntadas, el dar únicamente acceso al expediente electrónico traería como consecuencia un claro sentido contrario el desarrollo al juicio en línea que en las políticas procesales procura que se amplíe su uso para dar pauta a la atención personal y en domicilio para quienes no tengan las posibilidades tecnológicas. Por lo antes expuesto y toda vez que la parte recurrente únicamente pretende se le dé acceso para consultar el expediente electrónico, peso sin notificarse mediante la misma vía, tal como está regulado en las normas del Consejo de la Judicatura Federal en aras de fortalecer el desarrollo del juicio en línea, cuestión en la que la parte solicitante no expresa ningún impedimento para acceder a las comunicaciones procesales en las plataformas tecnológicas, por tanto, una vez que la parte interesada manifieste su conformidad de que las notificaciones se le practiquen en forma electrónica, también se habilitará el acceso al expediente electrónico del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Finalmente, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista.
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