Francisco Javier Preciado Chávez

Expediente 1406/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1406/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Preciado Chávez

Actuaciones

  1. Incidental

    De la certificación de cuenta se advierte que hoy está señalada la audiencia incidental, misma que no es posible llevar a cabo, en razón de que no obra el informe requerido a la autoridad responsable, ni el acuse a fin de tener certeza de que fue recibido por la autoridad correspondiente; por ello y a efecto de que el incidente de suspensión se encuentre debidamente integrado, lo procedente es diferir la referida audiencia incidental y en su lugar se señalan las doce horas con veinticuatro minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés. Resulta aplicable al criterio anterior la jurisprudencia 2a./J. 137/2017, que a la letra dice: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo." Notifíquese por lista.

  2. Incidental

    Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, de conformidad con los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo; tramítese únicamente el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *********, promovido por **************, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y otros. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previos, mismo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan el informe requerido, se les sancionara con una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos); con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo; y, se presumirá cierto el actos reclamado, en términos del artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico informes2jdo32cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); sin que la remisión del mismo por este medio las exima de acompañar las constancias respectivas para justificar sus actos, mismas que deberán ser remitidas por la mensajería rápida que estimen conveniente, al domicilio que ocupa el local de este juzgado, cito en Boulevard Camino Real No 1052 A, 2° piso Colonia Hospital General y Complejo Administrativo de Colima. Colima, Col. C.P. 28019; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tengan la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. En este punto con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se hace constar como hecho notorio que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en sesión ordinaria aprobó la extinción de entre otros del Juzgado Segundo de lo Penal de Manzanillo, Colima, por lo que no se tiene como autoridad responsable en este juicio de amparo. Se señalan las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior, resulta aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro número 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En ese sentido, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, la cual proviene de una separación de actos del diverso juicio de amparo 1409/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, por lo que a este juzgado le corresponde el análisis del acto reclamado consistente en el desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de trece de junio del año en curso en el expediente ********* atribuido a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y solicita la suspensión provisional de los actos reclamados respecto a las consecuencias del mismo. Ahora bien, los ordinales 128 y 138 primera parte, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado (...)" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ..." El primero de ellos, establece como requisitos para conceder a suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El segundo de los citados, precisa que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. En este contexto, es de indicarse que en cuanto a la emisión de la determinación que desecha el incidente de nulidad de notificaciones en el expediente 501/2021, interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de trece de junio del año en curso que atribuye a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que al haber sido emitido dicho acto, adquirió la naturaleza jurídica de consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida suspensional que solicita, ya que hacerlo, sería darle efectos restitutorios propios de la eventual sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 12, visible en la página 13, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 2000, que dice: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." De igual manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 217665, Tomo Número 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1992, Octava Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por otra parte, respecto de las consecuencias del acto reclamado en el que se desecha el incidente de nulidad de notificaciones en el expediente 501/2021, por la Ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se niega la suspensión solicitada, en atención a que dicho auto, carece de ejecución material al haberse negado la procedencia del incidente y a este respecto se tiene en cuenta que la suspensión sólo opera en relación con las consecuencia del acto, o lo que es lo mismo, la suspensión produce los efectos del amparo sólo en la medida en que impide la ejecución del acto reclamado, pero no puede nulificar, dejar insubsistente o revocar el acto mismo, lo cual sería propio de la sentencia de fondo. En ese contexto, el proveído reclamado, carece de ejecución material, por tratarse de un acto en el que se desecha el incidente de nulidad de notificaciones en el expediente 501/2021, contra el cual es improcedente conceder la citada suspensión, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente en el presente caso no se actualiza, por lo que si la suspensión se otorgara, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. Sustenta esta determinación la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, con número de registro 281856, visible en la página 1842 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS DECLARATIVOS. Contra los actos meramente declarativos, es improcedente conceder la suspensión." Asimismo, se invoca la tesis I.3º.C. 25 K publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VX, marzo de 2002, Novena Época, página 1468, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender." También resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2009, que a la letra establece: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Finalmente, es de indicarse que la presente determinación no implica una violación al principio jurídico de petición de principio, habida cuenta que no es dable conceder la medida cautelar solicitada al no cumplirse, como se vio, los requisitos que exige el numeral 128 de la ley de la materia, pues de lo contrario se le constituiría un derecho que la parte quejosa no tiene, pues debe recordarse que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; lo anterior, según lo ordena el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues recuérdese que la suspensión es para conservar derechos no para constituir; además, de acceder a las pretensiones de la quejosa sería tanto como que este juzgador se sustituyera en las facultades de la responsable lo cual no es dable. Domicilio procesal. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese por lista.

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