Francisco Javier Perez Lara
Expediente 251/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 251/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Javier Perez Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Javier Pérez Lara, y como lo solicita, se ordena la devolución del dispositivo tecnológico que ofreció como medio de convicción en autos del controvertido constitucional en que se actúa, personalmente y no por conducto de autorizado alguno; sin perjuicio de que como se le dijo en proveído de dieciocho de diciembre del año próximo pasado, como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo General, a partir de la referida data puede acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger dicha prueba; apercibido que de no hacerlo este podrá ser destruido junto con el expediente en que se actúa; debiendo comparecer al local de este órgano jurisdiccional para recibirlo con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma) en el horario comprendido de las diez a las doce horas en días hábiles, ya que así lo permiten las labores del juzgado; en la inteligencia de que, durante la vigencia del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, deberá ajustarse a las condiciones previstas en el propio Acuerdo, para la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, cúmplase...
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso Francisco Javier Pérez Lara, mediante el cual solicitan la devolución de la garantía exhibida para garantizar la medida cautelar provisional que le fue concedida por auto de diez de marzo de dos mil veinte; en atención a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, es decir, que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, se provee: En virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 855098, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $ 600.00 (seiscientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar la suspensión provisional concedida, debidamente endosado a su favor, previa identificación oficial vigente y razón de recibo que otorguen en autos y en el libro respectivo. En la inteligencia que, en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dicho billete de depósito prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En atención a tales disposiciones, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que para la devolución del billete deberá agendar la cita correspondiente, la cual, por razones de seguridad y control de este órgano jurisdiccional, ÚNICAMENTE SE PODRÁ REALIZAR LOS DÍAS MARTES Y JUEVES EN UN HORARIO DE 12 PM A 12:30 PM. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que, por una parte se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional) y por la otra se negó (suspensión definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que remitió: Celia Segreste Acevedo, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios, consistente en copia auténtica de la carpeta de investigación 143/2020/UIEHOM de su índice; se ordena su devolución; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; así como por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
para resolver los autos del juicio de amparo número 251/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Francisco Javier Pérez Lara; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este juzgado de Distrito, Francisco Javier Pérez Lara solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada de Homicidios de San Pedro Cholula, Puebla y otra autoridad. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el diez de marzo del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 251/2020; asimismo, la admitió a trámite y se aperturó incidente de suspensión por cuerda separada; requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Reanudación del procedimiento. El siete de agosto de la presente anualidad, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales -mediante Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19-, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Cuarto. Ampliación de demanda. 1. En proveído de veintisiete de agosto de esta anualidad, este juzgado dio vista al quejoso por el término de quince días -computado legalmente- para que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a Gabriel Hernández y Caso, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien conoce de la carpeta de investigación 143/2020/UIEHOM; y, de ser así, precisara que el acto que le reclama se trataba de la orden de detención librada en su contra, dentro de dicha indagatoria. Con el apercibimiento de no hacerlo, se resolvería el juicio de amparo en los términos planteados inicialmente. 2. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre del actual, ante este órgano jurisdiccional, el aquí quejoso promovió la ampliación de demanda en los términos precisados en el auto de referencia; asimismo, narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Previa ratificación del aludido escrito, en acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se admitió la ampliación promovida, se otorgó vista a las partes con la misma y se requirieron los informes justificados correspondientes. Quinto. Cita para audiencia. Mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se fijaron las diez horas con cuarenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de la libertad atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Así, del contenido integral de la demanda de amparo, de la revisión de los informes justificados y de las constancias de autos, se advierte que el quejoso Francisco Javier Pérez Lara reclama: 1. La orden de detención dictada en su contra, dentro de la carpeta de investigación 143/2020/UIEHOM; y, 2. Su ejecución. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados- que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 1. Titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en su denominación correcta). Niega. 2 2. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, destacamentado en San Pedro Cholula. Niega. 3 3. José Luis Saucedo Tiburcio, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Puebla (en lugar del fiscal Gabriel Hernández y Caso). Niega. 4 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. Las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les reclama, consistentes en la orden de detención girada dentro de la carpeta de investigación 143/2020/UIEHOM y su ejecución, sin que en autos exista prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no exista el acto que ahora reclama el quejoso. En efecto, con la copia auténtica de la citada carpeta de investigación, la cual por tratarse de una documental pública cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, -supletorio de la Ley de Amparo-, no se advierte el dictado o emisión de la orden de captura reclamada. Al respecto, debe señalarse que aun y cuando tal carpeta de investigación hubiere iniciado, su contenido en todo caso, serviría para establecer si a quien es sujeto de la investigación se le violó algún derecho en el desarrollo de la indagatoria, pero no puede considerarse lo mismo respecto de la orden de detención combatida, cuya existencia hasta la fecha no se encuentra acreditada, puesto que dicha orden no deriva necesariamente de la existencia de una indagatoria, ni siquiera podría establecerse una presunción de certeza del acto reclamado a través de la documental respectiva. Lo anterior, cobra mayor relevancia con el hecho de que dentro de la copia auténtica de la carpeta de investigación de origen no obra algún mandamiento de captura emitido en contra del ahora quejoso. Asimismo, el quejoso ofreció la prueba presuncional legal y humana, que ningún beneficio le reporta, pues como ya se dijo, las citadas autoridades responsables rindieron sus informes justificados negando la existencia de los actos reclamados, por lo que, no opera presunción legal alguna; y la presunción humana deriva de los hechos objetivos probados, los que en el caso resultan insuficientes para acreditar que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables (con independencia de que alguna que no fue señalada como responsable lo hubiera hecho) realizaron los actos combatidos. Igualmente, se ofreció como prueba la instrumental pública de actuaciones; empero, la misma por su propia naturaleza es inconducente para demostrar algún hecho, pues consiste en todo lo actuado en el presente juicio de amparo, siendo que se debió demostrar con pruebas en concreto la existencia del acto que combate. En ese sentido, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos; esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que los actos sí existen y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirman, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los actos reclamados. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Francisco Javier Pérez Lara, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por conducto de Héctor Luis Delgado González, autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y; por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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