Francisco Javier Osorio Muñoz

Expediente 541/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
541/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
14/08/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Osorio Muñoz
  • Encargada de la Fiscalía de Investigación Regional En Izucar de Matamoros, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. I. Causa estado sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo en que se actúa, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese como asunto totalmente concluido. II. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, sin embargo, se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, no es de relevancia documental, y es susceptible de ser conservable íntegramente cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17, fracción III, inciso b) del mencionado acuerdo. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues es el que determina la ejecutoria de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil veintitrés. I. Causa estado sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo en que se actúa, no fue impugnada por alguna de las partes a través del recurso de revisión, dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese como asunto totalmente concluido. II. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, sin embargo, se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, no es de relevancia documental, y es susceptible de ser conservable íntegramente cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17, fracción III, inciso b) del mencionado acuerdo. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Integración del expediente físico. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues es el que determina la ejecutoria de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, en el domicilio señalado en la demanda de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 541/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************, a favor del quejoso directo ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, vía buzón judicial, turnado el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor del quejoso directo ********************, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el escrito de demanda (fojas 3 y 4): La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la señalada demanda de garantías y se registró bajo el expediente de amparo 541/2023; en dicho auto se proveyó lo siguiente: 1) se concedió la suspensión de plano por lo que respecta a los actos consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura y privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención); 2) se requirió información a las autoridades responsables respecto del cumplimiento dado a la determinación anterior; 3) se dio vista al Ministerio Público Federal adscrito por posibles actos de tortura; 4) se mandó a ratificar la demanda de amparo; y, 5) se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 89). TERCERO. Suspensión de Plano. En cumplimiento a la suspensión de plano que se decretó en auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, las autoridades responsables, rindieron los informes relativos en los siguientes términos: No. Orden Autoridad responsable. Informe de suspensión de plano. 1 1. Titular de Unidad, Encargada del Despacho de la Zona Sur, en su denominación correcta. foja 52 niega 2 2. Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Primer Turno de Izúcar de Matamoros. foja 51 niega 3. 3. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de Izúcar de Matamoros. foja 50 niega 4 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla. foja 155 niega 5 5. Director de Seguridad Pública del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. foja 117 acata suspensión 6 6. Titular de la Agencia Estatal de Investigación. foja 54 acata suspensión 7 7. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo de Izúcar de Matamoros, Puebla. foja 71 niega 8 8. Comandante Ministerial, Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur (Izúcar de Matamoros, Puebla.) foja 72 niega Como se advierte del cuadro anterior, las autoridades rindieron el informe relativo a la suspensión de plano, unas acatando la misma, y otras negando el acto reclamado, lo que implica, respecto de las que negaron el acto, que no estuvieron en aptitud legal de acatar los efectos de la suspensión de plano concedida, ante la inexistencia de los actos reclamados. CUARTO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés (fojas 73 a 80), se admitió la demanda de amparo sin incidente de suspensión, a nombre del directo quejoso ********************, al haber ratificado la demanda de amparo promovida en su favor (foja 68 vuelta), aunado a que mediante escrito presentado en este juzgado de Distrito, el uno de junio de dos mil veintitrés, hizo suya la demanda promovida en su nombre (fojas 35 y 36); se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 122). QUINTO. Cambio de denominación. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. SEXTO. Cita para audiencia. En proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 145 y 146), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: A las autoridades responsables: 1. Titular de unidad, encargada del despacho de la Zona Sur, en su denominación correcta; 5. Director de Seguridad Pública del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; 6. Titular de la Agencia Estatal de Investigación; 7. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo de Izúcar de Matamoros, Puebla; y 8. Comandante Ministerial, Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur (Izúcar de Matamoros, Puebla), reclama: a) La desaparición forzada, incomunicación, Tortura, y, privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. A las autoridades responsables 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, (autoridad sustituta de la señaladas como: agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Primer Turno de Izúcar de Matamoros, y como agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Segundo Turno de Izúcar de Matamoros); y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla: b) La desaparición forzada, incomunicación, y Tortura, y, c) La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención). TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Luego, las autoridades responsables rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. Orden Autoridad responsable. Informe justificado. 1 1. Titular de Unidad, Encargada del Despacho de la Zona Sur. No rindió 2 2 y 3 Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, (autoridad sustituta de las señaladas como: 2. Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Primer Turno de Izúcar de Matamoros, y como 3. Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Segundo Turno de Izúcar de Matamoros). Negó foja 97 -Se desvirtúa únicamente por la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención) 3 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla. Negó foja 127 -Se desvirtúa únicamente por la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención) 4 5. Director de Seguridad Pública del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Negó Foja 138 5 6. Titular de la Agencia Estatal de Investigación. Negó Foja 126 6 7. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo de Izúcar de Matamoros, Puebla. Negó Foja 105 7 8. Comandante Ministerial, Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur (Izúcar de Matamoros, Puebla.) No rindió Con relación a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se provee lo siguiente: I. INEXISTENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS Y AUTORIDADES IDENTIFICADOS CON EL INCISO a). Las autoridades; 5. Director de Seguridad Pública del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; 6. Titular de la Agencia Estatal de Investigación; y 7. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo de Izúcar de Matamoros, Puebla, al rendir el informe justificado, negaron los actos reclamados consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura, y, privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, pues en resumen señalaron que no hubo registro alguno del quejoso y que no lo tuvieron en calidad de detenido, presentado o asegurado. De los referidos informes se le dio vista al quejoso por autos de siete, catorce y veintiséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 106, 128 y 145), sin que hubiera desvirtuado dicha negativa, ni obrar en autos constancia alguna que demuestre su existencia, por lo que se tiene a las señaladas autoridades responsables negando dichos actos. Las diversas autoridades 1. Titular de Unidad, Encargada del Despacho de la Zona Sur, y 8. Comandante Ministerial, Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur (Izúcar de Matamoros, Puebla), no rindieron el informe justificado; sin que haya lugar a tenerlo por cierto, al haber prueba en contrario. En efecto, del contenido de los informes justificados de las autoridades 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, así como de la documental que remitió la primera de las autoridades indicadas, relativa a algunas constancias derivadas de la carpeta de investigación ******************** (fojas 98 a 100); y las que remitió la autoridad no responsable juez de Control de la Región Judicial Sur (Izúcar de Matamos), consistente en la copia certificada de las constancias que integran la causa penal ******************** (fojas 166 a 206), mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Que el quejoso ******************** fue detenido en flagrancia por elementos de la policía Municipal de Chietla, Puebla (autoridad 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla), el treinta de mayo de dos mil veintitrés, por los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares (fojas 97 y 127); 2. Que dichos policías lo pusieron a disposición del 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, el mismo día treinta de mayo de dos mil veintitrés, quien dio inició a la carpeta de investigación ******************** (foja 97). 3. Que el 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, por oficio ********************de uno de junio de dos mil veintitrés, presentado en esa misma fecha, solicitó al Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************), que señalara fecha y hora para la audiencia de control de detención (foja 169). 4. Que por acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, la jefa de causas adscrita al Juzgado de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, radicó la carpeta judicial administrativa con el número 00********************, y señaló las once horas del tres de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de control detención (fojas 168). 5. Que el tres de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************), calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso e impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el día señalado para la continuación de la audiencia de siete de junio de dos mil veintitrés (foja 178). 6. El siete de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************): a) dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, aquí quejoso, por los hechos que la ley señala como portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares; b) declinó competencia al juez penal federal, por lo que respecta al delito de portación de arma de fuego sin licencia; y c) prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso por todo el tiempo que dure el proceso, a llevarse a cabo en el Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla (foja 183). Lo anterior, lleva a determinar que las autoridades 1. Titular de Unidad, Encargada del Despacho de la Zona Sur, y 8. Comandante Ministerial, Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur (Izúcar de Matamoros, Puebla.), que no rindieron el informe justificado, no tuvieron intervención alguna en los hechos y antecedentes que se acaban de narrar; por lo que se les tiene negando los actos que se le atribuyen. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables y autoridades identificadas con el inciso a), consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, tortura, y, privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO. II. INEXISTENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS Y AUTORIDADES IDENTIFICADOS CON EL INCISO b). Las autoridades responsables 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, (autoridad sustituta de la señaladas como: agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Primer Turno de Izúcar de Matamoros, y como agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Segundo Turno de Izúcar de Matamoros); y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, al rendir el informe justificado negaron los actos reclamados consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, y tortura, pues en resumen señalaron que se detuvo al quejoso pero que no se violaron sus garantías constitucionales. De lo referidos informes se le dio vista al quejoso por autos de cinco y catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 101 y 128), sin que hubiera desvirtuado dicha negativa, ni obrar en autos constancia alguna que demuestre su existencia, por lo que se le tiene negando dichos actos. En efecto, la autoridad 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, manifestó: que luego que se detuvo al quejoso, le fueron leídos sus derechos y no se le incomunicó, púes se le dijeron los motivos por el cual iba a hacer presentado ante el Ministerio Público, en el caso, por "portar un arma tipo escopeta, y cartuchos de la misma arma sin contar con la licencia para ello, así como resistencia de particular", y fue puesto inmediatamente puesto a disposición del agente Ministerial (foja 127). Por su parte la diversa autoridad 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, (autoridad sustituta), señaló que el quejoso durante su detención y puesta a disposición, nunca estuvo incomunicado, nunca existió algún riesgo para su vida y se le respetaron sus derechos humanos, como se narra a continuación. A. Por lo que respecta a la incomunicación, el quejoso tuvo comunicación en todo momento con su concubina ********************, quien le proporcionaba alimentos, lo que se advierte de las constancias que anexó a su informe, ya valoradas, pues la señalada concubina ingresó a las instalaciones de dicha representación social: 1. el treinta de mayo de dos mil veintitrés (mismo día de su detención) a las veintidós horas con quince minutos (foja 98); 2. el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés a las nueves horas (foja 98 vuelta); 3. el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés a las quince horas (foja 99); y 4. el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés a las dieciocho horas con cuarenta minutos (foja 99 vuelta); de ahí que se les tenga negando dicho acto. B. Por lo que respecta a la tortura, de autos no se advierten alguna conducta que constituya indicio y permita sostener razonablemente que hubo tortura en contra del quejoso, lo que sería suficiente a efecto de acreditar la violación a la integridad personal, pues de las constancias que se solicitaron no hay bitácoras, exámenes médicos y psicológicos entre otros, para llegar a tal aseveración. Al respecto, de la razón del diligenciario adscrito al juzgado de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se advierte que dio fe de lo siguiente (foja 68 vuelta): "(.) Hago constar que dicha persona se encuentra físicamente estable y me manifiesta que ha tenido comunicación con su familia y su abogado, asimismo me refiere que está detenido por portación de arma de fuego y que no ha sufrido acto alguno que afecte su integridad". De ahí que se les tenga negando dicho acto de tortura. C. Por lo que respecta a la desaparición forzada, de los antecedentes que se ha narrado en el apartado I del presente considerando se advierte que no hubo tal conducta por parte de las autoridades que detuvieron al quejoso, ya que fue detenido el treinta de mayo de dos mil veintitrés, mismo día en que fue puesto a disposición del Ministerio Público y mismo día en que tuvo comunicación son su pareja (concubina); de ahí que no hay indicio alguno que pudiera dar cabida a concluir que hubo una desaparición forzada; por lo que se les tiene negando dicho acto. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables y autoridades identificadas con el inciso b), consistentes en la desaparición forzada, incomunicación, y tortura, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO. III. EXISTENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS Y AUTORIDADES IDENTIFICADOS CON EL INCISO c). Las autoridades responsables 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, (autoridad sustituta de la señaladas como: agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Primer Turno de Izúcar de Matamoros, y como agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Agencia del Ministerio Público Segundo Turno de Izúcar de Matamoros); y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, al rendir el informe justificado (fojas 97 y 127) negaron el acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención). Sin embargo, dichas negativas se desvirtúan ya que de la literalidad de los informes justificados de las indicadas autoridades responsables, se advierte su existencia, al haber señalado, en concreto que se detuvo al quejoso pero que no se violaron sus garantías constitucionales. Certeza del acto que se corrobora con las documentales que remitió la autoridades 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, relativa a algunas constancias derivadas de la carpeta de investigación ******************** (fojas 98 a 100), de las que se advierte, como ya se dijo que: 1. el quejoso ******************** fue detenido en flagrancia por elementos de la policía Municipal de Chietla, Puebla (autoridad 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla), el treinta de mayo de dos mil veintitrés, por los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares (fojas 97 y 127); y que 2. dichos policías lo pusieron a disposición del 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, el mismo día treinta de mayo de dos mil veintitrés, quien dio inició a la carpeta de investigación ******************** (foja 97). Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que se tiene por cierto únicamente el acto reclamado a las autoridades responsables 2 y 3 Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla. CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza del acto reclamado, consistente en la privación ilegal de la libertad del quejoso (detención), la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza alguna excepción al mismo. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J 12/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Al respecto, en la demanda de amparo se señaló que los hechos relativos a la detención del quejoso acontecieron el treinta de mayo de dos mil veintitrés, misma fecha en que se tuvo conocimiento de ello. Entonces, el término transcurrió a partir del día siguiente al que se tuvo conocimiento del acto reclamado (detención), esto es del treinta y uno de mayo al veinte de junio de dos mil veintitrés, previo descuento de los días sábados y domingos por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial (fojas 1 y 2), esto es, al primer día del término de los quince, entonces, es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto reclamado será analizado con las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tienen el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. SEXTO. Improcedencia del amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez de Distrito advierte de oficio que, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables: 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla (autoridad sustituta) y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Del precepto transcrito se advierte que cuando haya un cambio de situación jurídica, en relación con el acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente. Ahora, para efectos del juicio de amparo, se entiende que el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Luego, respecto al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad (detención), se actualiza la señalada causal de improcedencia, ya que ha operado un cambio de situación jurídica. En efecto, como ya se precisó con anterioridad, del contenido de los informes justificados de las autoridades 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla, así como de la documental que remitió la primera de las autoridades indicadas, relativa a algunas constancias derivadas de la carpeta de investigación ******************** (fojas 98 a 100); y las que remitió la autoridad no responsable juez de Control de la Región Judicial Sur (Izúcar de Matamos), consistente en la copia certificada de las constancias que integran la causa penal ******************** (fojas 166 a 206), se pueden advertir los siguientes antecedentes: 1. Que el quejoso ******************** fue detenido en flagrancia por elementos de la policía Municipal de Chietla, Puebla (autoridad 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebla), el treinta de mayo de dos mil veintitrés, por los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares (fojas 97 y 127); 2. Que dichos policías lo pusieron a disposición del 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, el mismo día treinta de mayo de dos mil veintitrés, quien dio inició a la carpeta de investigación ******************** (foja 97). 3. Que el 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, por oficio ********************de uno de junio de dos mil veintitrés, presentado en esa misma fecha, solicitó al Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************), que señalara fecha y hora para la audiencia de control de detención (foja 169). 4. Que por acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, la jefa de causas adscrita al Juzgado de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, radicó la carpeta judicial administrativa con el número 00********************, y señaló las once horas del tres de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de control detención (fojas 168). 5. Que el tres de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************), calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso e impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta el día señalado para la continuación de la audiencia de siete de junio de dos mil veintitrés (foja 178). 6. Que el siete de junio de dos mil veintitrés, el Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************): a) dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, aquí quejoso, por los hechos que la ley señala como portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares; b) declinó competencia al juez penal federal, por lo que respecta al delito de portación de arma de fuego sin licencia; y c) prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso por todo el tiempo que dure el proceso, a llevarse a cabo en el Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla (foja 183). De lo anteriormente narrado, se tiene que si bien el quejoso reclamo la privación de la libertad (detención) de que fue objeto el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en virtud de que fue detenido en flagrancia por elementos de la policía Municipal de Chietla, Puebla (autoridad responsable), el treinta de mayo de dos mil veintitrés, por los hechos que la ley señala como delito de portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares (fojas 97 y 127). En el caso, al haberse sido puesto a disposición del 2. y 3. Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, y luego éste, ponerlo a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros (********************), autoridad que el tres de junio de dos mil veintitrés, calificó de legal la detención en flagrancia del quejoso e impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y finalmente el siete de junio de dos mil veintitrés, dicho juez: dictar auto de vinculación a proceso en contra de ********************, aquí quejoso, por los hechos que la ley señala como portación de arma de fuego sin licencia y resistencia de particulares; y prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso por todo el tiempo que dure el proceso, a llevarse a cabo en el Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla (foja 183). Se tiene que, esto último hizo se que se actualizara un cambio de situación jurídica, ya que, no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto (detención) sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad, toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de que una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso, en razón de que los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos. Por lo que al existir un cambio de situación jurídica, ello, hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la detención del quejoso. Esto es, la imposición de prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso por todo el tiempo que dure el proceso, a llevarse a cabo en el Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla, destruyó incondicionalmente los efectos de la privación de la libertad (detención), quedando irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo, por no poder decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN DECRETADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SI AL TÉRMINO DE DICHA DILIGENCIA SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y SE RESUELVE LA FASE DE DISCUSIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. El juicio de amparo indirecto en el que se reclama la legalidad de la ratificación de la detención decretada en la audiencia inicial dentro del procedimiento penal de corte acusatorio y oral, es improcedente si al término de dicha diligencia, habiéndose llevado a cabo la imputación, se dicta el auto de vinculación a proceso y se resuelve la fase de discusión de medidas cautelares, dado que no es factible emitir un pronunciamiento respecto a ese acto sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad, toda vez que, en primer orden, la afectación a la libertad ambulatoria derivada de la detención en flagrancia es sustituida por la imposición de una medida cautelar, además de que una declaratoria en torno a que la detención resultó arbitraria impactaría en el auto de vinculación a proceso, en razón de que los datos de prueba obtenidos directa e inmediatamente con motivo de esa actuación ilegal deben ser excluidos; por consiguiente, en ese supuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al existir un cambio de situación jurídica que hace imposible analizar las violaciones que se hubieran cometido con motivo de la ratificación de la detención del gobernado. Sin que lo anterior implique una prohibición o impedimento para que la autoridad común, posteriormente, determine que deben excluirse pruebas por derivar de una detención ilegal, pues la calificación de la detención es un pronunciamiento preliminar dictado en la primera fase de la audiencia inicial con base en datos de prueba, es decir, con la mera enunciación realizada de diversos actos de investigación que obran en la carpeta respectiva, procedimiento penal en el que aún no existe una investigación pormenorizada para determinar con base en pruebas la verdad histórica de los hechos; además, en el procedimiento penal acusatorio, el auto de vinculación dictado en esa audiencia tiene por efecto, entre otros, autorizar una investigación judicializada que tiene como fin fundamental el esclarecimiento de los hechos." También es aplicable, en lo conducente, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o. J/66, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCION A LA. (CAMBIO DE SITUACION JURIDICA). La libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos de que se ha hablado, se llama situación jurídica; de modo que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior". En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto al acto que ********************, reclamó al 2. y 3 Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación, Tepexco, Puebla, y 4. Director de Seguridad Pública del Municipio de Chietla, Puebl, consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento (detención). Por otra parte, el suscrito juez de Distrito no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además sea efectivo. Por tanto, aun cuando el peticionario de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de respetar los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SÉPTIMO. Notificación al quejoso. En virtud de que el quejoso ********************, se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla; con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, líbrese despacho al Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se avoque a la localización del quejoso ********************, para lo cual deberá constituirse en las instalaciones del Centro Penitenciario de Acatlán de Osorio, Puebla; b) Informe al quejoso que este juzgado de Distrito ordenó la presente diligencia dentro de los autos del juicio de amparo 541/2023; y, a) Notifique la presente resolución al quejoso, con copia que se le entregue. Se informa al Juez de lo Penal de Acatlán de Osorio, Puebla que podrá remitir las constancias vía correo electrónico, y ya no será necesario enviarlas vía ordinaria. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de veinticuatro horas a partir de su diligenciación, copia certificada de la constancia que acredite que se practicó cabalmente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, y atendiendo al principio de prontitud, consagrado en el artículo 17 Constitucional, y, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 28, fracción III ídem, de la ley de la materia, se ordena notificar el referido despacho vía correo electrónico por conducto del actuaria (o) judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales procedentes. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia e integración de esta determinación al expediente físico. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Finalmente, en términos de lo dispuesto en el séptimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, procede integrar la presente sentencia al expediente físico, por resultar indispensable para el impulso del asunto. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, 65,74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto del acto que ********************, reclamó a las autoridades y por los actos precisados en el considerando segundo, y en virtud de lo expuesto en el apartado I y II del considerando tercero de esta sentencia, y en el sexto considerando de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido (vía despacho); por lista al autorizado en términos amplios; y por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor trámite el oficio VÚA/2140/2023 signado por la Titular del Área de Ventanilla Única, en funciones de Supervisor de Sede y Subsedes, de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Estatal Puebla, ********************, en virtud de que por auto de dieciocho de julio pasado, se recibió el mismo -vía correo electrónico-, y se proveyó lo conducente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, se considera que el registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico pues dicha promoción se presentó de forma física. Cúmplase.

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