Francisco Javier Peraza García
Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Francisco Javier Peraza García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mesa 2. TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Se tiene al Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 82/2022, y original del juicio de amparo en que se actúa, de la cual se desprende: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada por la Secretaria en funciones de Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el juicio de amparo indirecto 485/2022-2, de su índice, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ***********, por las razones indicadas en el considerando tercero de la sentencia recurrida. [.]" En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, residente en esta ciudad, en el cual transcribió el proveído de seis de junio del año actual, dictado en el amparo en revisión 82/2022, en el que se admite a trámite el citado medio de impugnación hecho valer por el quejoso Francisco Javier Peraza García, por conducto de su autorizada licenciada María del Carmen Hernández Cerino, en contra de la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la licenciada María del Carmen Hernández Cerino, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Francisco Javier Peraza García, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de mayo de dos mil veintidós. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de tres días a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. En ese contexto, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese; y personalmente al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 485/2022-2, promovido por **********, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el seis siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el siete posterior, Francisco Javier Peraza García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "[.] La omisión de la responsable de tramitar el juicio laboral en los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no ha otorgado el término para formular alegatos, declarado cierre de instrucción y posteriormente la emisión del laudo, violando lo establecido por los artículos 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, correlacionado con los artículos 14 y 17 Constitucional. (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El ocho de abril de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el expediente 485/2022-2; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza del acto reclamado no se reconoció tercero interesado alguno; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de otorgar el término a las partes para formular sus alegatos, ordenar el cierre de instrucción y dictar el laudo en el expediente laboral 2732/2015. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la constancia que anexó a su referido informe de la cual se desprende la existencia de los actos que se le reclama y que integra el expediente laboral 2732/2015, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Se dice lo anterior, en razón de que, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifestó que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 2732/2015, de su índice, le concedió a la parte actora ahora quejosa el término de tres días para que se pronunciara respecto al informe rendido por el licenciado Edoardo Gómez Vázquez, con el cual dio cumplimiento parcial respecto a lo peticionado por esa junta responsable, esto es desahogando los incisos a), e) y f), quedando pendiente los incisos b) y d), dado que para el desahogo de éstos requiere se le proporcionen el nombre completo y número de seguridad social de todos y cada uno de los trabajadores, el nombre del patrón y el registro patronal; alegando la responsable que no se encuentra en el momento procesal oportuno para cerrar instrucción. De lo antes expuesto, se evidencia que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no estaba en condiciones de dictar el acuerdo en el que otorgara a las partes el término para formular sus alegatos y en vía de consecuencia donde ordenara el cierre de instrucción y turnara el expediente para el proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral 2732/2015, de su índice. Ahora, el segundo párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, instituye que una vez desahogadas las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que no quedan pruebas pendientes por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiesen pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas; de oficio, se declarará cerrada la instrucción; y, dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de laudo. Como se puede apreciar, el presupuesto procesal indispensable para que surja la obligación de otorgar a las partes el término para que formulen sus alegatos y en vía de consecuencia declarar el cierre de instrucción y formular el proyecto en forma de laudo, por parte de la responsable, es que se hayan desahogado todas las pruebas, previa certificación del secretario, se haya dado vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiesen pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas, lo cual a la fecha de la presentación de la demanda aún no acontecía. Por el contrario, de la copia certificada remitida por la autoridad de mérito, se obtiene que en dicho expediente el veinte de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 2732/2015, de su índice, le concedió a la parte actora ahora quejosa el término de tres días para que se pronunciara respecto al informe rendido por el licenciado Edoardo Gómez Vázquez, con el cual dio cumplimiento parcial respecto a lo peticionado por esa junta responsable, esto es desahogando los incisos a), e) y f), quedando pendiente los incisos b) y d), dado que para el desahogo de éstos requiere se le proporcionen el nombre completo y número de seguridad social de todos y cada uno de los trabajadores, el nombre del patrón y el registro patronal; apercibido que de no proporcionar la información correcta dentro del término legal concedido tendrá por desierta los incisos b) y d) y tendrá por desahogada la prueba del IMSS; el cual le fue notificado el cuatro de mayo de la presente anualidad; lo cual consiste en la última actuación en el referido expediente laboral, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo (uno de abril de dos mil veintidós). Por ende, se considera que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en cuestión, la autoridad responsable no se encontraba en aptitud legal de otorgar el término de tres días a las partes para que formularan sus alegatos y en vía de consecuencia ordenar el cierre de instrucción y formular el proyecto en forma de laudo. Es de tomar en cuenta la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926, cuy rubro y texto es: "ACTOS OMISIVOS. CUANTO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." También es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". Así como la tesis IV.3o.72 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 254, Tomo XIII, Enero de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dada la inexistencia del acto génesis de la presente controversia constitucional. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la apoderada legal de la parte quejosa, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
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