Francisco Javier Orueta Madrigal

Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Orueta Madrigal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Francisco Javier Orueta Madrigal, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, de igual forma, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, el toca penal 87/2021 (un tomo) y al Juez Primero de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, un DVD (Disco Versátil Digital), los cuales obran por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 141/2022-9, promovido por **********, contra el acto que reclama de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 397, signado por la secretaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, presentado en el buzón judicial el dos de febrero de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnado a este órgano jurisdiccional el tres siguiente, remitió la demanda y anexos promovida por Francisco Javier Orueta Madrigal, en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "El punto segundo de la Injusta e Inconstitucional RESOLUCION, de fecha TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, dictada en el Toca Penal número 087/2021-U-C, relativo al Expediente Penal Número 305/2021, por el Delito de VIOLACION, previsto y sancionado por el artículo 148 del Código Penal del Estado, Cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada de iniciales C.P.M.R., representada por la victima Indirecta MARIA TRINIDAD RUIZ GARCIA, resolución emitida por el MAGISTRADO DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y ORALIDAD PARA ADULTOS, VILLAHERMOSA, TABASCO; y que me fue notificada el día TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos del Estado de Tabasco. Jueza de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco. SEGUNDO. AVOCAMIENTO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El ocho de febrero de dos mil veintidós, en virtud de la legal incompetencia planteada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, este órgano judicial de amparo, se avocó al conocimiento de la demanda, así que la radicó y admitió a trámite con el expediente 141/2022-9; se ordenó la notificación a las partes del auto de radicación, sin requerir los informes justificados a las autoridades responsables, en virtud que ya obraban en autos; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; se ordenó girar despacho para la notificación de la parte tercero interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La sentencia emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió el toca penal 87/2021-U-C que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 305/2021. Lo anterior, sin que pase inadvertido que si bien, de la demanda de amparo se obtiene que la parte impetrante también reclama el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 305/2021, emitido por la Jueza de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, el mismo no puede ser examinado como acto destacado, al haber sido la materia del recurso de apelación se tramitó en el toca penal del cual deriva la resolución reclamada. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, dado que así lo manifestó el Magistrado de la Sala Unitaria responsable, al rendir el informe justificado respectivo [Foja 5]; lo cual se corrobora con la copia certificada del toca penal 87/2021-U-C que obra agregado por cuerda separada como Tomo I. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Previo al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, conviene señalar que se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora, previo a abordar el análisis correspondiente es menester recordar que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en la sentencia emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió el toca penal 87/2021-U-C que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 305/2021. Por ello, atendiendo a que el acto se trata de una resolución dictada con motivo de la interposición del recurso de apelación, se considera necesario transcribir el contenido del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente". Del contenido del citado precepto se advierte que corresponde al Tribunal de alzada admitir o desechar el recurso de apelación planteado y que sólo puede pronunciarse, sobre los agravios expresados por el recurrente, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, precisando que en caso de que no encuentre violaciones a derechos fundamentales reparables de oficio, no está obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Sobre ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 311/2017, definió acorde a ese numeral que existen dos reglas que deben observar las Salas al resolver la apelación, primero deben reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; y, segundo que cuando no se esté en ese supuesto, deben limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para ello precisó, que es importante distinguir dos momentos diferentes, esto es, el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad, para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios; salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Así, la Primera Sala concluyó que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado en los recursos de apelación, al establecer la obligación del tribunal de alzada, de emprender un estudio al margen de que existan agravios al respecto, para determinar si se actualizaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse, precisando que esa suplencia, opera únicamente sobre actos violatorios de derechos fundamentales. En consecuencia, la autoridad de segunda instancia se encuentra obligada a realizar el estudio integral de la sentencia de primer grado, con independencia de que la parte apelante se haya inconformado sólo con uno de los aspectos de esa resolución, habida cuenta que el legislador federal le confirió potestad para hacer valer y reparar de oficio a favor del imputado, las violaciones a sus derechos fundamentales, encomienda que no podría cumplirse, si se estimara legal la posibilidad de omitir el análisis de los aspectos sustanciales que conforman una resolución en materia penal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Constitucional, Penal), Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO". De ahí que, al tratarse de un juicio de amparo promovido por el imputado en el procedimiento natural, de inicio se atenderá las posibles violaciones a algún derecho fundamental de ésta, respecto de la cual el magistrado revisor hubiera omitido reparar de oficio, pues de existir alguna, este juzgador en suplencia de la queja deficiente tendría que ocuparse de ello y en su caso, conceder el amparo, lo cual excluiría cualquier análisis relativo al análisis que hubiera abordado el tribunal de alzada en relación a los agravios expuestos por el recurrente. Entonces, este juzgado de amparo se impone revisar si en el dictado del auto de vinculación apelado no se dio alguna violación de las que se habla y que haya tenido que atender de oficio al tribunal de apelación. Para cumplir con ello, se tomarán en cuenta los derechos fundamentales que tiene toda persona que tenga la calidad de imputado, los cuales se encuentran reconocidos en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son, entre otros: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención". En ese orden, para mejor comprensión de lo que se resolverá, se hace necesario citar algunos antecedentes del caso. El diez de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal 305/2021, en la que el fiscal del Ministerio Público formuló imputación en contra de Francisco Javier Orueta Madrigal, por la posible comisión del hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal del Estado de Tabasco. Diligencia en la que dicho imputado manifestó que si quería declarar. Seguidamente, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, por lo que procedió a verbalizar los datos de pruebas. El doce de octubre de dos mil veintiuno, se continuó con la audiencia señalada en el punto anterior, misma que fue ampliada para el catorce de ese mes y año, y en esa misma se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Francisco Javier Orueta Madrigal, por el hecho que la ley señala como el delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 148, del Código Penal del Estado de Tabasco. Inconforme con el auto de vinculación a proceso, el imputado interpuso recurso de apelación, en el cual expresó diversos agravios. Seguidamente, el Tribunal responsable, emitió el acto reclamado. Ahora, para continuar con el análisis emprendido, a fin de establecerse si en la especie se encuentra satisfecho el principio de inmediación procesal, es importante destacar que en el estudio denominado "El juicio Oral y los Principios de inmediación y Contradicción", publicado en la Revista del Instituto de la Judicatura Federal, de treinta uno de marzo de dos mil catorce, del autor Mauricio Decap Fernández señaló: que este principio es aquel que ordena que el Tribunal del juicio perciba a través de sus propios sentidos, de forma directa, sin intermediarios, la información que proviene de la fuente directa donde ésta se encuentra registrada, de modo que no se produzcan mayores filtros interpretativos que el propio y esencial a la fuente de la prueba de que se trate. Además, precisó que el principio de inmediación tiene una doble dimensión: a) Dimensión formal o subjetiva: percepción por sus propios sentidos, sin intermediarios; y, b) Dimensión objetiva o material: de la fuente directa donde se encuentra la información acerca del hecho acaecido. De igual forma, estableció que si se parte de la premisa que el juicio penal consiste en la determinación judicial cerca de hechos del pasado que en la sentencia se estima han sido debidamente probados, el principio de inmediación está tutelando o garantizando cuando el juez que decidirá cuáles son los hechos que se deben dar por probados, debe percibir a través de sus propios sentidos la fuente directa donde el suceso quedó registrado al momento en que éste acaeció, con la finalidad de que conozca esos hechos del pasado sin otras mediaciones más que las propias del soporte donde se contiene dicha información. Con lo anterior, se trata de que los jueces presencien directamente quien estuvo en el momento en que el hecho se produjo en la esfera de la realidad, quien realizará afirmaciones acerca de los hechos observados según sus capacidades de percepción, interpretación, memoria y narración explicitadas. Entonces, asumiendo que ello es así, el principio de inmediación procura evitar introducir mediaciones adicionales a las ya referidas, con la finalidad de permitir que el juez decida cuáles son los hechos que se deben dar por probados y tenga ante sí la información de la mejor calidad que resulta posible obtener en el contexto del juicio penal adversarial. Precisado lo anterior, en la especie, el principio de inmediación se encuentra satisfecho, como se advierte de la audiencia de formulación de imputación de doce de octubre de dos mil veintiuno y de vinculación a proceso de doce y catorce de ese mes y año, pues éstas fueron presididas por la juez de control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco, María Griselda Reyes Campos. Además, en relación a las formalidades esenciales del procedimiento y el principio referido (inmediación), se tomó en consideración y se satisfizo el fin perseguido, pues en audiencia inicial de diez de octubre de dos mil veintiuno el fiscal formuló imputación a Francisco Javier Orueta Madrigal, diligencia en la que se encontraba presente, además del órgano acusador, y el asesor de la víctima, el indiciado y su defensa, lo que ocurrió en presencia de la juez que dirigió dicha audiencia, en la que se le hizo saber tanto a la víctima como al imputado sus derechos constitucionales. En ese orden, la Juez responsable, verificó la cédula profesional de la defensora particular. Asimismo, en atención al numeral 20 de la Constitución Federal y 116, 309, 313 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le hizo saber de forma presencial y específica sus derechos humanos señalados en los numerales antes citados. Al respecto, también conviene señalar que el imputado de forma expresa manifestó su deseo de declarar en relación a la imputación; de igual forma, solicitó la ampliación del plazo constitucional. En consecuencia, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de vinculación, la cual se efectuó el catorce de octubre de dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, se encuentra satisfechos los elementos que componen el principio a estudio, así como las formalidades esenciales del procedimiento, ello, porque además de lo antes citado, fue ante presencia de la juez que se desahogaron de forma directa las diligencias; luego, porque los datos de prueba tomados en cuenta para emitir el auto de vinculación, fueron verbalizados directamente por el órgano acusador, acompañado por la víctima y su asesor y la defensa del imputado, es decir, no existió intermediario entre el juez y las partes, al momento que se suscitó el debate; de ahí que el principio de inmediación previsto en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las formalidades citadas, se encuentran satisfechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 176546, localizable en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." De ahí que fue correcto su actuar, toda vez que este órgano de control de constitucionalidad no encontró alguna violación que tuviera que ser atendida y reparada por el órgano revisor en la segunda instancia. Acotado lo anterior, se procede al examen de motivos de disenso expresados por la parte quejosa. En el apartado de conceptos de violación el impetrante sostiene que la resolución reclamada transgrede los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales, puesto que no tomó en cuenta que, al momento de celebrarse la audiencia inicial la Juez de Control para protestar a su defensa particular tenía que verificar que tuviese conocimiento para afrontar la diligencia. Sostiene que la sala unitaria responsable debió entrar al estudio del asunto, puesto que en ningún momento se pronunció respecto a que, del audio y video de la audiencia inicial se advierte que mi defensora particular no llevó una adecuada defensa. Además, como abono a lo anterior y del análisis integral del escrito de demanda se desprende que el peticionario de amparo aduce que, en el momento de que su defensora actuó se debió exigirle la calidad de profesional en derecho, situación que no consta en el expediente o carpeta y por tanto constituye una omisión que genera vulneración al derecho de defensa adecuada. Lo anterior, se pone en evidencia, ya que la Sala responsable no pudo entrar al estudio del fondo de asunto, puesto que su defensa particular no supo cómo introducir sus pruebas dentro del término constitucional. Citó como soporye a tal argumento la jurisprudencia de rubro "DEFENSA ADECUADA EN LA EJECUCIÓN EN EL SISTEMA ADVERSARIAL. DE NO EXISTIR CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE EL DEFENSOR QUE ASISTIÓ AL SENTENCIADO ES LICENCIADO EN DERECHO, SE DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE.", con registro digital 2023850. Devienen infundados los argumentos de violación antes sintetizados; sin que en el caso, a criterio de este órgano judicial de amparo, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. Así, la Sala responsable analizó, previo cita de los antecedentes que constituyeron al auto de vinculación recurrido, los agravios hechos valer por el recurrente -aquí quejoso-, además, verificó que los aspectos procesales relacionados con la garantía de la defensa técnica adecuada estuviesen satisfechos. Ello es así, ya que efectivamente constató que la cédula profesional de defensa particular del imputado, que participó en la audiencia inicial y su continuación, fuese fidedigna, junto con el resto de las acreditaciones de los profesionales en derecho que intervinieron en la propia diligencia. Cuestión que se advierte del análisis de las constancias que obran por cuerda separa como Tomo I del presente expediente de amparo, de donde efectivamente se desprende que Albi Estela Brindis García, quien fungió como defensora particular del imputado en la audiencia inicial y su continuación, es licenciada en derecho y además, se encuentra registrada en el padrón de abogados del Juzgado de Control responsable, constancias que se reproducen digitalmente a continuación. [Foja 75 y 77 del Tomo I] En mérito de lo anterior, resulta evidente que contrario a lo sostenido por el impetrante, tanto la Sala como la Juez responsable cumplieron con el respeto al derecho de la defensa adecuada, puesto que, como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con arreglo contenido del artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, basta con que la defensa acredite su calidad de licenciado en derecho, tal y como sucedió en la especie, puesto que Albi Estela Brindis García efectivamente es licenciada en derecho. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 959, décima época, materia penal, registro digital 2020892, de rubro y texto: "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA". Además, la Sala responsable corroboró que el resto de los presupuestos procesales para el desarrollo de la audiencia y el dictado del auto de vinculación estuvieran satisfechos, tales como que la autoridad emisora tuviera carácter judicial -en este caso la Juez Primero de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco-; que se hubiese formulado imputación -efectuada por la representación social como advierte de la reproducción del audio y video de la audiencia inicial de diez de octubre de dos mil veintiuno-; que el imputado hubiese tenido oportunidad de declarar -lo cual se llevó a cabo, puesto que el imputado negó los hechos en la audiencia inicial de diez de octubre de dos mil veintiuno-. Aunado al hecho que se ejerció el derecho del imputado a que su situación jurídica se resolviese en la duplicidad del plazo constitucional, esto a petición del imputado. Por otro lado, la Sala responsable estableció que se verbalizaron datos de prueba suficientes como para que, se establezca el hecho referido por el Ministerio Público [que el imputado amenazó que iba a matar a la menor víctima y abusó de ella sexualmente, en al menos dos ocasiones, sin que la víctima pudiese oponer resistencia a tales actos, dado que se encontraba sola], mismo que la ley señala como delito de violación, previsto sancionado por el artículo 148, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, de iniciales C.P.M.R. Con base en todo lo anterior, es de decirse que, al imputado -aquí quejoso- le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución de la etapa procesal en estudio, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido por defensora particular y además el propio imputado tuvo oportunidad realizar manifestaciones en su favor y en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por representación social, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Finalmente, este órgano de amparo tampoco considerado que exista vulneración alguna al artículo 19 Constitucional, ya que al resolver el toca penal materia de la presente controversia, la Sala responsable no podía estudiar el acervo probatorio en integralidad, dado que la etapa relativa a la audiencia inicial y el consecuente auto de vinculación, únicamente toma en cuenta los datos de prueba verbalizados por el fiscal acusador y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral. De ahí que no le asista razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Ahora, esta juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se comparte el sentido de la resolución del toca penal 87/2021-U-C, por el cual se confirmó el auto de vinculación a proceso de doce de octubre de dos mil veintiuno dictado en la causa penal 305/2021 y además, se estima que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, y además no transgredió derecho humano alguno, ni en particular la defensa técnica adecuada, por tanto, los postulados en los que se basan el criterio judicial invocado por este no resulta procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada. Ahora, en relación a que se vulneró el derecho de defensa adecuada, es decir que el Juez no verificó que su defensora tuviera conocimiento para llevar su defensa, es infundado. Al respecto es necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 1183/2018, relacionado con el amparo directo en revisión 1182/2018, en la que en síntesis, se resolvió el tema de defensa adecuada, éste con la finalidad de establecer si se requiere que la defensa proporcionada por el abogado defensor a un inculpado durante el procedimiento penal debe ser material. Por lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas: ¿El derecho humano de defensa adecuada incluye que la defensa proporcionada al inculpado sea material? De ser afirmativo lo anterior ¿Resulta procedente que los jueces controlen que la defensa proporcionada al imputado cumpla con su aspecto material? En relación a ello, la Sala sostuvo que cada una de tales interrogantes debe responderse en sentido afirmativo. En efecto, dijo la Sala que en esa sentencia, la Sala decidió armonizar el criterio que hasta ahora ha emitido sobre tal tema, con lo que, a su vez, falló con posterioridad a la emisión de la doctrina constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador resuelto el 5 de octubre de 2015. Por lo que, la Sala en una nueva reflexión sobre la calidad de la defensa proporcionada por su abogado a un inculpado durante su proceso penal, la condujeron a separarse parcialmente de algunas de las consideraciones de la jurisprudencia: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA". Lo anterior, dijo la Sala, porque una nueva reflexión sobre el derecho humano a gozar de una defensa adecuada permiten establecer que parte del núcleo esencial de este derecho lo constituye que la defensa otorgada al inculpado cumpla con su aspecto material, es decir, que el abogado satisfaga un estándar mínimo de diligencia en el cumplimiento de sus deberes, lo que además debe ser controlado por el juez en su calidad de garante y rector del procedimiento penal. Con motivo de ello, la Sala, en dicha sentencia desarrolló por vez primera las directrices a seguir por parte de los jueces en aras de evaluar si el derecho a gozar de una defensa adecuada a favor del inculpado en su aspecto material ha sido vulnerado, tanto para el sistema penal mixto -anterior- y para sistema penal acusatorio -actual-. Por lo tanto, la Sala estableció que los puntos que deben examinarse en aras de verificar si el derecho a gozar de una defensa adecuada en su aspecto material fue vulnerado durante el procedimiento penal, son los siguientes: Fallas ajenas a la voluntad del imputado. Que las fallas o deficiencias en la defensa no sean consecuencia de la estrategia planteada por la defensa. Impacto en el sentido del fallo. De igual modo, la Sala en esa sentencia, fijó los parámetros a seguir por parte de los tribunales cuando dicha violación se ha actualizado durante el procedimiento penal en perjuicio del imputado, ya sea que la violación la detecte el juez que lleva el proceso penal, o bien, el tribunal colegiado en un juicio de amparo directo. Por todo lo anterior, la Sala responsable, en esa sentencia determinó que en la materia de la revisión debe revocarse la sentencia impugnada y se ordena devolver los autos relativos al tribunal colegiado del conocimiento, para que conforme al nuevo parámetro de regularidad constitucional desarrollado en la resolución, evalúe si en el caso del que derivó el presente recurso de revisión, verdaderamente se vulneró en perjuicio del quejoso su derecho a gozar de una defensa adecuada en su aspecto material. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió los siguientes criterios orientadores con registros 2021097, 2021098, 2021099, 2021100 y 2021101 "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVALUAR SI ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO". "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EL ABOGADO DEFENSOR TENGA LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD NECESARIOS PARA DEFENDER AL IMPUTADO". "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. NO SE SATISFACE ESTE DERECHO, CON EL SOLO NOMBRAMIENTO DE UN LICENCIADO EN DERECHO PARA LA DEFENSA DEL IMPUTADO, SINO QUE DEBEN IMPLEMENTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE TIENE LA ASISTENCIA DE UNA PERSONA CAPACITADA PARA DEFENDERLO [ABANDONO PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 12/2012 (9a.)]." "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DECLARAR LA VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA NO SEAN CONSECUENCIA DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA POR EL ABOGADO DEFENSOR". "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. PARA DETERMINAR SI HUBO VIOLACIÓN A ESTE DERECHO, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE VALORAR SI LAS FALLAS O DEFICIENCIAS DE LA DEFENSA AFECTARON DIRECTAMENTE EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO" Conforme a lo expuesto, esta Juzgadora, del análisis de la resolución reclamada no se advierte que haya sido vulnerado el derecho a gozar de una defensa adecuada, en su aspecto material, pues no se desprenden fallas ajenas a la voluntad del imputado; las fallas o deficiencias en la defensa no sean consecuencia de la estrategia planteada por la defensa, y el impacto en el sentido del fallo. Lo anterior, es así, toda vez que el tribunal responsable, del análisis íntegro de los agravios verificó el cumplimiento de esos presupuestos. Es así, pues de manera correcta la Sala precisó que se cumplieron las formalidades del procedimiento, toda vez que el auto recurrido fue emitido por autoridad competente. Asimismo, se le hizo saber al imputado la naturaleza y causa de la imputación, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que mediaron en la comisión del hecho ilícito, se citaron los preceptos legales aplicables, fue asistido a través de un defensor particular, y se le hizo saber el nombre de la personas que declaraba en su contra, los datos de pruebas y los derechos que le otorga el artículo 20 Constitucional. De igual forma, la Sala responsable, acertadamente verificó que el imputado tuvo la oportunidad de defenderse y dar la versión de los hechos, ofrecer y desahogar pruebas. De igual forma, fue correcto la decisión de la Sala de considerar que la Juez de Control, con los datos de pruebas verbalizados por el Fiscal Investigador, fueron aptos para acreditar que el imputado, en dos ocasiones le impuso a la menor víctima de identidad reservada de iniciales CPMR, quien contaba con la edad de dieciséis años, la cópula a través de la violencia moral. Lo anterior, lo justificó de la siguiente manera: "En efecto, como bien lo ponderó la A quo, se tiene como dato de prueba la denuncia hecha por María Trinidad Ruiz García, en fecha catorce de marzo del año dos mil veinte, ante el fiscalía del Ministerio Público, quien al comparecer refirió que es madre de la adolescente de iniciales C.P.M.R., de identidad reservada y que el trece de marzo del año dos mil veinte, aproximadamente a las cinco de la tarde se encontraba en su domicilio en la Ranchería, el Rio de Jalpa Méndez y que en ese lugar se encontraba también Candelario Madrigal, otra persona a la que se refiere su nuera de nombre Teresa y su hija y que se entera de lo que le sucedía a la menor ya que esta les dice, que quería hablar con ellos que tenía un problema y que ya no aguantaba la situación, circunstancia por la cual comienza a interrogar a la menor, les hace alusión en ese momento que el ocho de febrero del año dos mil veinte, aproximadamente a las ocho de la noche, entra a su domicilio a su cuarto, el hoy investigado quien la amenaza que la iba a matar y en ese momento abusó de ella sexualmente ya que la violó por primera vez, y refiere la menor que estos hechos acontece de nueva cuenta el diez de febrero del mismo año dos mil veinte en la madrugada, que el hoy investigado le dice que si no se dejaba la iba a matar y que por tal circunstancia refiere la denunciante su hija no opuso resistencia a este acto sexual que en esas fechas su hija se encontraba sola en la casa habitación, ya que la denunciante se encontraba hospitalizada por problemas que tiene de salud y que su esposo el señor Candelario, se encontraba acompañándola en el hospital, que si bien es cierto, la casa tiene una puerta de herrería y los seguros a esa fecha en que suceden los hechos no servían y que por tal circunstancia estos facilita el acceso de las personas, teniendo conocimiento de tal circunstancia el hoy imputado Francisco Javier Orueta Madrigal, toda vez que es vecino de ellos, ya que vive exactamente en frente de donde ellos habitan. Declaración que adquiere relevancia jurídica, pues proviene de la progenitora de la menor víctima de identidad reservada, quien lo hace en vela de los derechos de su menor hija a fin de que se busque la verdad y, del que si bien, se advierte que no presenció los hechos, narra lo que le fue contado por su menor hija, de quien incluso cabe decir, que refiere que se los contó porque le da miedo. No obstante, la denunciante comparece a ponerlos del conocimiento manera inmediata a la fecha en que entera, puesto que su comparecencia es del catorce de marzo del año dos mi veinte, refiriendo que un día antes precisamente se había enterado de tales circunstancia narradas por su menor hija, de manera directa, de ahí que esta denuncia sea precisamente el punto de partida para que el Fiscal del Ministerio Publico, en el ejercicio de sus funciones inicie una investigación en torno a los hechos que le son puestos de su conocimiento en ese momento. Por su parte, la menor víctima de iniciales CPMR, quien, en sede ministerial, el veinticinco de marzo del año dos mil veinte, debidamente asistida de una psicóloga victimal, refiere que vive en la Ranchería el Rio en el Municipio de Jalpa de Méndez y que es precisamente en una entrada que esta al fondo de Santa Ana, en relación a los hechos hace alusión que el ocho de febrero del año dos mil veinte, aproximadamente a las doce de la noche se encontraba sola en el domicilio en el cual habita, ya que sus padres se encontraban en el hospital por problemas de salud de su madre, y que su papá la estaba acompañando, que ella dormía en su cuarto cuando repentinamente siente que la agarran del cuello fuertemente y despierta, y advierte que la persona que la sujetaba era precisamente su primo el hoy investigado Francisco Javier Orueta Madrigal, quien le indicaba que tenía que hacer lo que él le pedía o caso contrario la iba a matar, le tapó la boca con su mano derecha, indicándole que no gritara y que en ese momento la despojó de la ropa que portaba que con la otra mano de igual forma, le realizaba amenazas a la vez que le decía que si gritaba la iba a golpear, siendo en ese momento en el cual el hoy investigado se despojó de las ropas que portaba, se quita su short y un bóxer se sube sobre ella y le abre las piernas y le introduce el pene en vía vaginal, eyaculando a dicho de la menor fuera de ella e indiciándole de manera posterior que no dijera nada porque pagaría su mamá, advirtiendo en el momento que el hoy investigado, sale justo por detrás de una puerta de la casa, la cual en su cerradura no sirve y el hoy investigado le refiere también a dicho de la menor que esta situación pasaría las veces que él quisiera y que no dijera nada ya que si decía algo las consecuencias las iba a pagar su madre. Que, el diez de febrero del dos mil veinte, el investigado regresa al mismo domicilio pero ahora entre las dos o tres de la mañana, ingresa nuevamente por la parte de atrás, entra a su recámara y le quita el vestido y el calzón el cual portaba y de nueva cuenta le impone la copula refiriendo la menor que en esta ocasión el hoy investigado sacó un condón, se lo colocó, se subió encima de ella, le abrió las piernas y le introdujo el pene y una vez que concluyó tal acción se retiró llevándose consigo el condón, diciéndole que no debía decir nada a nadie ya que de lo contario sabría que le pasaría sintiendo mucho temor la menor. Ante esta circunstancia es que, hasta el día trece de marzo del año dos mil veinte, aproximadamente a las cuatro de la tarde se lo cuenta a su madre, ya que no aguantaba la situación por la cual estaba pasando y ya que su madre se encontraba en su domicilio puesto que ya no estaba en el hospital y que si no dijo nada de manera previa es precisamente por las amenazas que el hoy investigado, quien refiere es su primo le infirió. Dato de prueba que adquiere relevancia jurídica, toda vez que como lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3186/2016, en el que estableció que en casos de violencia sexual contra la mujer la declaración de la víctima del delito requiere un tratamiento distinto, ya que debe realizarse con perspectiva de género, ello a la luz del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia reconocido en la Convención de Belém do Pará. Además, dicha entrevista se realizó conforme a los protocolos, de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estuvo presente la representante de la menor, así como la asesora jurídica y la psicóloga victimal sin que se pueda tachar, hasta incipiente etapa procesal con malicia ni animadversión, pues en su entrevista está dijo precisamente lo que le había sucedido; incluso, señaló hechos que ni siquiera le había contado a su madre, por ende no puede decirse que haya estado aleccionada por ésta. Por otro lado, la Corte ha señalado, en el citado amparo en revisión, que, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra reconocido expresamente en el artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento internacional que fue adoptado por la Organización de los Estados Americanos al reconocerse que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos que limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos humanos; y que este tipo de violencia constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, criterio que ha hecho suyo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, de la lectura de los artículos 1 y 2 de la mencionada Convención de Belém do Pará se tiene que la violencia contra la mujer puede ser física, sexual o psicológica y la constituye cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto el ámbito público como en el privado. De lo anterior se puede entender que la protección del derecho a una vida libre de violencia incluye aquélla de naturaleza sexual. Al respecto debe resaltarse que la Corte IDH ha interpretado la Convención de Belém do Pará en el sentido de sostener que la violencia sexual contra la mujer se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento y que, además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sostenido que la violencia contra la mujer es aquélla dirigida contra la misma porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada y que abarca "actos que infligen lesiones o sufrimientos de carácter físico, mental o sexual, la amenaza de dichos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad, la violencia cometida en la familia o la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o la violencia perpetrada o condonada por el Estado o sus agentes, independientemente del lugar en que se cometa". De manera adicional, el artículo 6 fracción V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que la violencia sexual la constituye cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física y que es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. Además, que, en el caso particular, dicho perspectiva se compagina, con el principio del interés superior del menor, que establece el artículo 4° Constitucional, por ende, ateniendo que los delitos en estudio, esto es, de índole sexual, son de aquellos que generalmente el activo busca su "realización oculta"; en otras palabras, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, de manera que la versión de la víctima adquiere especial relevancia. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 436 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, que dispone: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE". Asimismo, la jurisprudencia 221 de la Primera Sala, de rubro siguiente: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL". De igual manera, sirve de sustento la tesis XXVII.3o.28 P (10a.), sustentada por este órgano colegiado, de rubro y texto, siguientes: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. Asimismo, es aplicable la tesis XXVII.3o.24 P (10a.), sustentada por este órgano colegiado, que dice: "ABUSO SEXUAL. SI LA VÍCTIMA DE ESTE DELITO ES UNA MENOR DE EDAD, ATENTO A QUE SE ENCUENTRA EN UN DOBLE ESTADO DE VULNERABILIDAD, LE SON APLICABLES LOS ORDENAMIENTOS QUE PROTEGEN A LAS MUJERES, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR SER CONSIDERADA MUJER CON INDEPENDENCIA DE SU EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)." Además, existe también el acta de nacimiento de la menor víctima de iniciales CPMR, número 798 inscrita en el registro primero de las personas de Jalpa de Méndez, Tabasco; en la que se plasmó que la menor nació el veintidós de enero de dos mil cuatro, lo que conlleva a establecer que a la fecha de realización del acto imputado dicha víctima contaba con dieciséis años de edad. Es decir, que la menor víctima resulta ser persona mayor de catorce años. Sin soslayar, que existe la valoración ginecológica y proctológica de diecisiete de marzo de dos mil veinte expedida por la doctora Rosalba Izquierdo, quien depende de la Fiscalía General del Estado, y quien al realizar precisamente una inspección general en la humanidad de la menor advierte que la misma se presenta con angustia, llorando a la hora de narrar los hechos que pone de su conocimiento en ese momento, concluye dicha perito oficial que la menor presenta un himen de la variedad anular, elástico distensible, que permita la copula sin romperse, y que al momento de la revisión ginecológica y proctológicamente no presentó lesiones traumáticas recientes qué clasificar, ni signos de coito reciente. En cuanto a este dato de prueba se confiere el valor preponderante, debiéndose tomar en consideración las condiciones que de manera general advierte la galeno antes citada, al referir el estado de angustia que la menor presentaba al momento de ser valorada y si bien es cierto no advierte una lesión en vía vaginal en la humanidad de la menor, puede establecer que estas circunstancia se debe en esencia al tipo de himen que refiere presenta la menor y que aunado a ello dicha pericial fue practicada, en la humanidad de la menor a más de un mes de transcurrido los hechos por los cuales se duele dicha víctima. Sin que estas circunstancias desvirtúe precisamente el señalamiento que hace repecho a Francisco Javier Orueta Madrigal, aunado a este dato se encuentra también el expediente clínico que es expedido por el doctor Roberto Manuel Robles Frías, en su carácter de director del Hospital Comunitario de Jalpa de Méndez, en veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, precisamente el expediente 2020023 que fue verbalizado por la fiscal quien hace alusión que en este expediente se puede advertir un seguimiento a la valoración psicológica que le fue dada a la menor de identidad reservadas de iniciales CPMR, precisamente por la psicóloga María Arriaga Rodríguez Jerónimo, que es la persona encargada del servicio especializa en atención a personas de violencia familiar y sexual de dicho hospital comunitario. Dato de prueba, del cual se advierte que la menor se le formó un expediente en dicho hospital del trece de junio del año dos mil veinte, en atención a que refiere que había sido víctima de una violencia sexual, por tal circunstancia ingresa en donde se le realiza entrevista, refiriendo que la menor se muestra ansiosa, con desconfianza, temerosa, desvalorizada y con mucha angustia, que además al dialogar con ella advierte movimiento involuntarios en su cuerpo, lo cual se puede deber a posibles recuerdos de acontecimiento estresantes, en esas valoraciones a las que se pueden advertir dentro del expediente, la menor dice que aproximadamente cuatro meses antes esto el ocho y diez de febrero del año dos mil veinte, fue víctima de agresiones sexuales, por parte del hoy imputado, pues resulta ser su primo y su vecino, precisando que vive justo por su domicilio y acorde a los diversos test que le fueron aplicados por parte de dicha profesionista a la menor, concluye que la misma presente una depresión grave, un riesgo de suicido medio o una ansiedad moderada, con estrés postraumáticos asociado precisamente a violencia sexual y, que, por tal circunstancias le sugiere trece sesiones, que estas tipos de sesiones se sugieren cuando se está en presencia de casos por violación. De igual forma, en dicho expediente e advierte que le da de alta, en nueve de septiembre del año dos mil veinte, pero deja cita abierta y que por tal circunstancia el nueve de abril del año dos mil veintiuno, la adolescente regresa a terapias, por estado de depresión grave en el cual se presentó en ese momento, así como con un nivel severo de resigo de conducta suicida; diagnosticando dicha profesionista un estrés postraumático asociado a agresión sexual y depresión grave, dato que no resulta aislado puesto que se corrobora de manera indiciaria precisamente con la valoración psicológica de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida por la psicóloga Claudia del Carmen Torres Torres, de la Fiscalía General del Estado, quien al valorar a la menor refiere que la observa triste, que hace alusión a los hechos del ocho y diez de febrero del año dos mil veinte, al ver que la menor llora y que además, el cabello se les está cayendo por la problemática que le plantea, al recordar las agresiones, aplica diversos test advirtiendo en la menor depresión angustia, retraimiento ansiedad entre otros. De igual forma advierte una baja autoestima, falta de confianza y en ese tenor concluye que la menor sí se encuentra afectada por los hechos que le son puestos de conocimiento a dicha perito. Datos de prueba, que permiten establecer precisamente el estado emocional que la menor presenta, al ser valorada por las profesionistas diversas como es la encargada de servicio especializado de atención a violencia familiar y sexual del hospital comunitario de Jalpa de Méndez, y por un perito oficial de parte de la Fiscalía General del Estado. Concediéndoles un valor preponderante, puesto que proviene de personas externas en la materia, en base a dicha experticia realizan los diversos test, técnicas para llegar a la conclusión de que finalmente plasman en sus respectivos resultados que emiten de ahí, que con este conocimiento científico que ellas tienen en torno a la materia y después de realizar las diversas técnicas, que expresan en el contenido de dichos dictámenes, arriban a esta conclusión en el sentido de que sí hay una afectación en la menor y que esta afectación acorde a sus conocimiento y experticias, están relacionadas con agresiones sexuales, que la menor sufrió, en las fechas antes referidas, estos es el ocho y diez de febrero del año dos mil veinte, de ahí que corrobora precisamente las manifestaciones vertidas por la menor a los hechos que narra y el señalamiento que hace respecto a su agresor. De tal manera, que del enlace de los datos de prueba antes mencionados, valorados bajo los principios de la lógica, permiten concluir que hasta esta incipiente etapa procesal, sólo se requiere de indicios razonables, de los cuales se advierte la existencia de una víctima de dieciséis años de edad -a la fecha del evento- que refirió haber sido objeto de la agresión sexual, consistente en la imposición en dos ocasiones de la cópula a través dela violencia moral; además dijo que, mientras lo hacía le prometió males en su persona, es decir fue a través de las amenazas en su persona y en la de su madre, y por otra parte el dicho de la víctima de referencia se amolda con lo que concluyó el perito en psicología quién como ya se dijo partiendo de los test proyectivos que realizó a la menor y que son el de persona bajo la lluvia pudo concluir que la menor de referencia sí se encuentra afectada, que además presentó los indicadores propios a una persona que ha resentido una agresión sexual e incluso señaló que requiere de una ayuda psicológica, por lo que los datos antes mencionados, como ya se dijo analizados en su conjunto y no de manera aislada, permiten establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito. Ahora, respecto de lo señalado por el apelante, en sus agravios, referente a que, en ningún momento se acreditó que haya participado en el evento que se le acusa, en cuanto al tiempo, modo y lugar de ejecución del mismo, no acreditándose fehacientemente dichos hechos, por tanto, no puede resolver simplemente por analogía. Debe decírsele, que no le asiste la razón, toda vez que como bien lo resolvió la A quo de Control, sí quedó acreditada la probabilidad de autoría del imputado, ya que han prevalecido los datos de prueba de la fiscalía y sus argumentos resultan razonables para corroborar presuntivamente la existencia de la cópula desplegada en una menor de dieciséis años, que es a lo que se refiere la realización del hecho, pues así se pudo evidenciar mediante la valoración conjunta de la declaración de la víctima, la denunciante, el dictamen psicológico y el acta de nacimiento qué son elementos de convicción suficientes dada la naturaleza de la conducta para establecer este hecho. Mismo, que acertadamente resolvió la Juzgadora de Primer Grado que es solamente para justificar la continuación de la etapa de investigación, ya que no se trata de una sentencia definitiva, sino prevalece únicamente la probabilidad de autoría, lo cual quedó corroborada mediante el señalamiento firme indubitable que ha realizado la menor víctima de identidad reservada de iniciales CPMR, al señalar que quién, ejecuta este acto pues fue su primo Francisco Javier Orueta Madrigal y cuya identidad fue esclarecida por la propia María Trinidad Ruiz García, al referir que el antes citado, es su familiar e incluso determinó la ubicación de su domicilio, pues dijo que vive al frente de su vivienda. Y si bien, refiere el imputado de cuenta en sus agravios, que no quedó acreditado en cuanto al tiempo, modo y lugar de ejecución del mismo, no acreditándose fehacientemente dichos hechos, por tanto, no puede resolver simplemente por analogía. Debe decírsele al apelante, que, en cuanto al lugar de los hechos, existe una inspección ocular realizada en el lugar de los hechos esto en la carretera principal a Jalpa de Méndez, misma que se efectuó el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por un policía de investigación quien hace alusión que se constituye en la ranchería Rio de Jalpa de Méndez, realiza una descripción del lugar, haciendo alusión a una puerta trasera de herrería sin seguros y que es en donde a referencia de la persona que le acompaña, entró el hoy imputado al domicilio en la cual se encontraba la menor, anexando además copias de impresione fotográficas de dicho lugar, con lo cual se corrobora la existencia del lugar, y en cuanto a las circunstancias de tiempo y modo, ya quedaron establecidas con antelación. Ahora, no soslaya quien resuelve, que el imputado, refiere que lo resuelto por el A quo transgrede sus derechos, relativos a la presunción de inocencia, pues en ningún momento se acreditó que haya participado en el evento, debe decirse, que dichos agravios van encaminados a la probabilidad de autoría del imputado sin embargo, los mismos devienen de infundado, toda vez que se comparte el criterio adoptado por el a quo, en el sentido de que para establecer si el dicho de la denunciante o la víctima, tiene vicios de credibilidad cómo lo refiere en sus agravios, se analiza si tiene una secuencia lógica y una descripción detallada del hecho, sí es de factible realización o introduce por el contrario aspectos fantasiosos o que pugnan con la lógica o con lo que posiblemente se pueda realizar. Concluyendo que la menor al declarar hace un señalamiento directo sobre la persona del imputado, que al narrar el hecho, tiene una secuencia lógica, establece tiempos de acuerdo a su madurez intelectual, sabe que al momento su declaración tenía dieciséis años, que al momento de los hechos que narró y formaron parte de la formulación de imputación, es decir no es un acto reciente el que está narrando, si no que fue a un año previo, que además no se aprecia que haya introducido aspectos fantasiosos o de imposible realización pues los tocamientos, las palabras y las acciones que narra realizó el imputado en su persona, como lo es la imposición de la cópula que ella describe, son plenamente realizables pues aduce que llegó cuando ésta dormía, que en su casa se encontraba sola, que cuando ella despierta y logra ver qué pasaba, ella se encontraba acostada, pues dormía y advierte que es su primo, quien de inmediato le tapa la boca, la desviste y una vez que la amenaza, le impone la cópula, pues refiere que él también se desviste, se sube sobre ella, le abre las piernas, le roza el pene sobre su vagina y luego se lo introduce, aseverando que éste incluso eyacula fuera de ella a tiempo que le dice "es para que no quedes embarazada"; además que narra de igual forma el segundo evento, en el que ya eran pasada las dos de la mañana, que también dormía, que la amenaza y la desviste, luego él se despoja de sus ropas y todavía se coloca un condón, el cual una vez que termina, refiere la menor que no lo deja, sino que se lo lleva. Además, refiere que todo ello sucedió cuando sus padres no se encontraban y, al ser su familiar y vivir al frente de su domicilio era claro que él tenía conocimiento que así era, lo cual, de acuerdo a la lógica, el sujeto activo no iba a desplegar el hecho de índole sexual, bajo el riesgo de que en cualquier momento pudiera ser observado por alguna otra persona, sino que busca ocultar la conducta es decir, ese detalle denota pues que la conducta es de factible realización y además realiza una descripción detallada de cómo se fueron desplegando los tocamientos, las palabras utilizadas, las manos que usa en cada acción y demás datos que da, al advertirse entonces que existe esta secuencia lógica es de factible realización y no hay la introducción de elementos fantasiosos, máxime que, cada perito, psicólogo e incluso autoridades que tuvo un acercamiento a ella, respecto de la investigación y atención médica y psicológica de la misma, nunca cambió su postura ni los detalles dados desde su inicio. Y, si bien, el imputado de acuerdo a su versión dada al momento de declarar señala que los hechos narrados por la víctima, no son más que producto de una venganza y la menor fue aleccionada para ello, pues la madre de la menor tuvo un romance con él y, que todo ello es porque además están peleando una herencia sobre un terreno y no lo quieren en ese lugar, ya que viven en casa de su abuela -familiar del padre de la menor-. No obstante, debe decirse que, esa coacción o aleccionamiento que refieren, no quedó corroborado en autos, pues hasta esta etapa, no se advierte que CPMR, declare en esos términos atribuyéndole una conducta falsa, pues de los elementos de convicción, no existen bases suficientes para afirmar que la menor tenga algún interés en perjudicar gratuitamente al investigado más allá de señalar a quien ella identifica como el autor de la conducta delictiva. Aunado, a que, se escuchó en la audiencia que se revisa, la declaraciones rendidas por Luis Enrique Juárez Madrigal y del propio Francisco Javier Orueta Madrigal, quiénes en términos generales señalaron que han habido conflictos entre el padre de la víctima y el hoy imputado por una herencia; no obstante, como ya se dijo, no se aprecia en algún momento que los declarante o el propio investigado hayan señalado que la menor víctima de identidad reservada, tenga esa animadversión en su contra, o que se haya apreciado que haya una enemistad como para generar una denuncia en su contra por un hecho falso; y, en el supuesto caso de existir el problema de enemistad que refieren, eso es con el padre de la menor y no con la propia víctima. De tal forma, que no puede decirse que la menor víctima de identidad reservada haya sido inducida, ello asumiendo de que sea cierta la versión dada por el imputado; pues como se dijo, no quedó demostrado y, al ser así, hasta esta etapa procedimental, resulta ser simplemente el dicho de personas que tienen motivos para dar esa versión, es decir, negar los hechos en su beneficio. Y si bien, refiere el imputado en el segundo de los agravios, que no se tomó en consideración las valoraciones que le fueron realizadas a la menor víctima de identidad reservada, ya que los dictámenes psicológicos no le benefician en nada ya que, en conclusión, no se encuentra afectada psicológicamente y los certificados psicológicos que refieren que sí, están amañados y si bien dicen los que le fueron realizados en fechas actuales que sí tiene afectaciones es porque pudo ocurrir otros hechos distintos a los ya narrado y por los que se le acusan. Agravio que deviene de infundado, toda vez que si bien refiere que los dictámenes ginecológico y proctológico, no son congruentes, que se encuentran contaminados y que, no hay vestigios de lesiones; debe decirse que, contrario a lo que aprecia, el hecho de que la menor no presente huellas recientes de cópula, o en su defecto de enfermedad venérea o lesiones, ello obedece a que el dictamen y realización de los hechos difieren en tiempo, es decir, los dictámenes le fueron realizados meses después de ocurrido éstos, por tanto, era evidente que la menor no presentara lesiones ni vestigios recientes y si no presentó datos de cópula o introducción de algún objeto, esto obedece al tipo de himen que presenta -elástico distendible que permite la cópula sin romperse- del cual evidentemente es imposible que haya presentado algún vestigio de lesiones, en su himen, debido a que es del tipo complaciente, pues la experta en la materia lo dictaminó así. En cuanto a las valoraciones psicológicas que hace, referencia que se contraponen, la de quince de abril del año dos mil veinte, expedida por María Teresa Moreno Jiménez, respecto a la que fue expedida por parte de la perito María del Carmen Torres Torres, en una de las cuales hace alusión que no hay una afectación en la menor y que una segunda valoración si hay una afectación demostrándose con ello el dolo por parte de la madre de la menor que pretende causar un perjuicio al hoy imputado, en este sentido es de advertirse que indistintamente de su apreciación, resulta ser subjetiva, pues fue una perito oficial en este caso María del Carmen Torres Torres, quien arriba a esa conclusión, aunado a estas circunstancias, si bien hay una pericial de fecha previa en este caso quince de abril de dos mil veinte, en la cual se dictamina que la menor no presentó una afectación; debe decirse que, acorde a las máximas de la lógica, cada persona es distinta en todo sus aspectos y por ello la forma de reaccionar a diversas circunstancias en una persona suele ser distinta a la de otra y, se podría establecer que en un primer momento la menor no presentó signos de agresión, ello muy probablemente podría ser porque no había asimilado tal situación, pero eso no es óbice para desvirtuar de manera posterior a su declaración haya sido inspeccionada por personas ajenas a su vida cotidiana, conllevaran a su darse cuenta y con ello presentara con posterioridad una afectación grave acorde a las manifestaciones vertidas por las peritos en sus respectivos dictámenes, quienes fueron firmes y coincidentes en referir que la menor tenía una depresión grave y diversas secuelas, inclusive, un riesgo de suicidio con motivo de estos hechos. Concluyendo ambas especialistas incluso que este tipo de depresión o estrés postraumáticos, sí están asociados con una agresión sexual, de ahí que, no se tenga por fundado dicho agravio. Por otro lado, refiere el imputado en sus agravios, que, le causa agravio que la A quo no valoró cada una de las pruebas que fueron ofertadas por la defensa y aún más lo dicho por el propio imputado y su hermano que declaró en audiencia y que coincidieron en señalar que el siete de febrero al veintidós de marzo de dos mil veinte se encontraba laborando en plataforma de Ciudad del Carmen, Campeche. Debe decirse, que contrario a lo vertido por el imputado de cuenta, la A quo resolver sí valoró dichas probanzas, tal es el caso que señaló que, las manifestaciones de Francisco Javier Orueta Madrigal y su testigo Luis Enrique Jiménez Madrigal, el primero de los cuales en audiencia inicial de diez de octubre de dos mil veintiuno, refirió que es inocente de lo que le acusan que hay muchos antecedentes de represarías por quien resulta ser su abuela y el esposo de la madre de la menor; en ese tenor refiere que lo quieren perjudicar estas personas, a él lo detienen saliendo de su trabajo ignorando el toda esta situación que él incluso tenía una relación con la madre de la menor por mucho tiempo y que por esa circunstancia considera que le está causando este tipo de problemas, y que además tiene conversaciones del teléfono celular y que le consta que existió tal relación. Además, refiere el testigo que, incluso existen diversas carpetas de investigación que han sido asignados a procesos que son por diversos problemas que hay entre sus familiares, es decir de la menor y del hoy imputado; es de decirse, que tales manifestaciones se advierte que no son más que simples afirmaciones sin sustento jurídico alguno hasta esta incipiente etapa procesal. Ello en razón, que si bien refiere que no se encontraba en las fechas que sucedieron los hechos, pues trabaja en Ciudad del Carmen Campeche, que sus labores son de cincuenta y seis días en plataforma y cuarenta y ocho de descanso; que labora en una empresa que le trabaja a Pemex, que presentó una constancia laboral para corroborar su dicho, además de que presentó unas documentales en donde se aprecia las conversaciones en WhatsApp que tuvo con la madre de la menor, pues asevera que tuvieron un amorío; tales probanzas ni siquiera fueron verbalizadas por la Defensa, a pesar de habérseles admitido por lectura; por ende, no se sabe del contenido ellas; sin embargo, aún cuando corroborara que labora en la empresa que refiere y que tuvo una relación con la madre de la menor, no lo exime de los hechos que le son atribuidos, pues no corroboró que efectivamente en esas fechas estuviera en un lugar distinto a como lo refiere y, la supuesta relación amorosa que dijo, nada tendrían que ver con la existencia del hecho atribuido. Por ende, le asiste la razón a la A quo cuando refiere que son simples manifestaciones sin sustento alguno ya que aunado a que no hacen alusión a circunstancias relativas a la fecha y hora y lugar en el cual tuvieron verificativos los hechos, no sustentan sus manifestaciones con algún dato de prueba y, en el sentido de lo referido por el hoy imputado, que hay una represalia por parte de la madre de la menor y que hubo una relación entre ellos, pues estas circunstancias de existir no guarda relación con los hechos, con las sanciones que probablemente se pudo haber imputado en contra la menor el día ocho y diez de febrero del año dos mil veinte. Por último, señaló el imputado que el dictado del auto, transgrede su derecho a la presunción de inocencia; lo cual, de acuerdo a la ponderación que debe hacerse respecto de los datos de prueba de cargo y de descargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5601/2014, que a su vez dio origen a la Tesis de jurisprudencia 2/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, que por rubro lleva: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO". Se señaló, que cuando en un proceso penal coexisten tanto pruebas de cargo como de descargo, la hipótesis de culpabilidad formulada por el Ministerio Público sólo puede estar probada suficientemente si al momento de valorar el material probatorio se analizan conjuntamente los niveles de corroboración tanto de la hipótesis de culpabilidad como de la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. Así, no puede restarse valor probatorio a las pruebas de descargo simplemente con el argumento de que ya existen pruebas de cargo suficientes para condenar, esto en el sentido de una sentencia definitiva. En este sentido, la suficiencia de las pruebas de cargo sólo se puede establecer en confrontación con las pruebas de descargo. De esta manera, las pruebas de descargo pueden dar lugar a una duda razonable tanto cuando cuestionen la fiabilidad de las pruebas de cargo, como en el supuesto en que la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa esté corroborada por esos elementos exculpatorios. Así, la actualización de una duda razonable por cualquiera de estas dos razones impide considerar que las pruebas de cargo son suficientes para, en el caso a estudio para tener por cierto de manera presuntiva a como lo establece el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la realización del hecho y la probabilidad de autoría del imputado en su comisión. De tal forma, que como bien lo resolvió la Jueza de la Causa, a diferencia de la versión de la menor de edad, que fue recabada con la asistencia de especialista en psicología, fue de viva voz, aun cuando la fiscalía le haya hecho interrogantes a fin de buscar la verdad de los hechos, no se aprecia que la menor haya introducido aspectos más allá de su propia capacidad de memoria, es decir si hubiese sido aleccionada, hubiera herrado en las diversas comparecencia que tuvo con psicólogos, asesores y medios sin dar detalles, pues declararía mecánicamente datos sobre la existencia del hecho, se pudiera decir que sí existe aleccionamiento; sin embargo, al declarar no solo narró los hechos suscitados sino que empoderada y respaldada por las autoridades correspondientes, como lo es la asesora jurídica y la psicóloga victimal, narró detalles y dada la forma en que narra todo lo sucedido, se advierte que la menor va dando la información conforme a lo que recuerda y a lo que pudo determinar dada su edad; entonces eso es un aspecto que da fiabilidad a su declaración, porque se aprecia natural la forma en que ella va dando las referencias, así como el despliegue de los hechos que va describiendo con el detalle suficiente para darle esa credibilidad. Y, como quedó de manifiesto con antelación, sí quedó demostrada la existencia de dos hechos de carácter delictuoso y con datos suficientes para poder acreditar la intervención reprochable del imputado; es decir, la demostración de un hecho que ameritó justificadamente la intervención del derecho punitivo y los datos que razonablemente condujeron a estimarlo con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, cumpliéndose de esta manera la necesaria aplicación del derecho penal, y el de la función garantizadora del tipo penal, que se traduce en la máxima de exacta aplicación de la ley penal, recogido en el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la propia Constitución; asimismo, se considera que el auto de vinculación a proceso resulta ajustado a derecho, pues para su dictado se cumplieron con los requisitos de forma y fondo que se prevén en el precepto 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en armonía con el diverso 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene sustento a lo anterior, la tesis por contradicción, sostenida por la Primera Sala, correspondiente a la Décima Época, con registro 2014800, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, número 1a./J. 35/2017 (10a.), página 360, con rubro: ".AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". Y, al resolverlo hizo atendiendo su obligación de analizar el asunto con perspectiva de género, pues este método analítico es intrínseco de la función jurisdiccional, a fin de impedir una impartición de justicia en términos de igualdad sustantiva entre las partes. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, con registro 2013866, emitida por la Primera Sala, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 40, Tomo I, marzo de 2017, Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas, de número 1a. XXVII/2017 (10a.), visible en la Página: 443, que dice: "JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN." De ahí que, el derecho a la presunción de inocencia, se entiende como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se aportaron pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado, mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba; en este sentido, el derecho de presunción de inocencia admite dos normas, la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la que se ordena absolver al imputado cuando no se cumpla ese estándar para condenar, que conforme al texto del artículo 20, apartado B, fracción I, Constitucional, es al órgano acusador, a quien corresponde probar debidamente la acusación formulada en contra del sentenciado; lo cual cabe decir que no nos encontramos en este caso; toda vez que la acusación es dada en otro estadio procesal, como lo es el caso del juicio oral; y, como se advierte nos encontramos en la etapa de investigación, para lo cual sólo es necesario contar con datos de prueba idóneos y pertinentes para tener por acreditado a manera de presunción la actualización del hecho y la probabilidad de autoría del sujeto activo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 26/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 476, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA." Además, se puede sostener que, en el caso, se dio el cabal respeto a los principios rectores del proceso penal acusatorio, lo que se comprueba con los discos de audio y video remitidos son los que se tuvo a la vista. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 11/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 396, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Es por todo lo anterior, que contrario al argumento del imputado, en autos sí se acreditó el hecho de apariencia delictuosa, de Violación, previsto y sancionado en el artículo 148 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales CPMR, además, que se acreditó con el caudal probatorio, como ya se dijo, la probabilidad de autoría en su comisión de Francisco Javier Orueta Madrigal. Además, no se encontró acreditada ninguna causa excluyente de incriminación penal de las que establece el artículo 14 del Código Penal del Estado que justifique su actuar, ni de extinción de la potestad punitiva que prevé el diverso 83 de dicho ordenamiento penal. De lo anterior, esta Juzgadora, considera que del análisis de la Sala responsable, no se desprende transgresión al derecho de defensa adecuada en su vertiente material. Afirmación que se hace, toda vez que la Sala responsable verificó que la defensa junto con el imputado ofrecieron pruebas de descargo, a pesar de la existencia de datos de pruebas de cargo obtenidas en contra del imputado. Por lo tanto, no se advierte que la defensa no haya intervenido en el desarrollo de la audiencia de investigación complementaria, es decir que se desprenda inactividad argumentativa o ausencia de fundamentación y motivación. Tampoco, se advierte una omisión de asesoría, pues se advierte que el imputado sabía las consecuencias de los actos procesales como declarar, pues decidió declarar. De igual manera, no se advierte un desconocimiento técnico del procedimiento penal del abogado, pues no se suscitó algún signo o dato inequívocamente objetivo de la derive una deficiencia relevante o falta de capacidad en el manejo de los términos procesales necesarios de una defensa, ausencia de técnicas de litigación. Finalmente, no se advierte una ausencia de la defensa que se presuma que haya abandonado los derechos del imputado, pues en el desahogo de la etapa de investigación complementaria estuvo presente. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los motivos de disenso planteados por el solicitante del amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Juez de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, dado que del análisis de las constancias que integran el sumario se advierte que la parte quejosa únicamente indicó que tal juzgadora tiene carácter de autoridad ejecutora, por lo que no señaló acto concreto que vulneraran su esfera jurídica, ni mucho menos aportó medio de prueba idóneo durante la secuela procesal que involucrara conducta lesiva de esa autoridad. Esta misma lógica sustenta el criterio de jurisprudencia V.2o. J/6 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Junio de 1995, página 267, novena época, materia común, registro 204875, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos, de la certificación de cuenta se advierte que concluyó el término de tres días concedido a la menor tercero interesada de identidad reservada de iniciales C.P.M.R., representada por María Trinidad Ruiz García, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hiciera lo propio, no obstante que se le requirió para tal fin. En ese contexto, tomando en consideración que ha fenecido el término concedido a dicha parte para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós; por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del proveído de mérito y de las subsecuentes notificaciones que deban notificarse de forma personal a la parte tercero interesada, por la lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto designe domicilio para tal fin. Notifíquese.

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