Francisco Javier Olvera Martínez

Expediente 619/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
619/2014
Año
2014
Actuaciones
15
Última actuación
08/06/2015

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo de Primera Instancia Y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas.
  • Luis Alfredo Jáquez López
  • Francisco Javier Olvera Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En ocho de junio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del veintiuno de mayo al tres de junio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 619/2015.- DOY FE. En ocho de junio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de junio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de mayo de dos mil quince; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214, de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal solicitados, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. Por otra parte, el CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, DE IGUAL MANERA ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se concedió la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico ni es de relevancia documental que amerite su conservación. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por las mismas razones antes indicadas; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. Luis.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 619/2014-4; y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas FRANCISCO JAVIER OLVERA MARTÍNEZ y LUIS ALFREDO JÁQUEZ LÓPEZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Director del Centro Penitenciario de Cieneguillas, Zacatecas. Acto Reclamado: La resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil catorce, dentro del proceso penal 34/2014. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil catorce, ordenó su admisión únicamente respecto de las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y Director del Centro Penitenciario de Cieneguillas, Zacatecas; y se desechó por lo que ve al Secretario de Acuerdos del citado órgano jurisdiccional, por no ser autoridad para los efectos del juicio de amparo; se registró el expediente bajo el número 619/2014-4; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de siete de abril de dos mil quince, se tuvo por señalando como autoridad responsable al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial; por lo que se le pidió su informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que los quejosos reclaman: El auto de formal prisión dictado en su contra, el diecinueve de agosto de dos mil catorce, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, dentro del proceso penal 34/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro Agravado cometido en agravio de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruíz Rayas y Rodolfo Guajardo González. II. 2. Inexistencia, certeza o prevención de los actos reclamados. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y el Juez Primero del Ramo Penal de este Distrito Judicial, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron el acto reclamado que se les atribuye. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, al rendir su informe justificado, si bien no destacó de forma precisa si es o no cierto el acto que se le reclama, ello se traduce en una falta de técnica para rendir el mismo; sin embargo, dado lo impreciso de su informe, debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye; además de que las autoridades ordenadoras aceptaron su existencia. Lo anterior encuentra soporte en el contenido de la siguiente tesis de rubro y texto: "INFORMES JUSTIFICADOS IMPRECISOS. Si los informes justificados no son claros y explícitos sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado, la autoridad responsable no cumple con los requisitos que exige la Ley de Amparo para tal caso, operando en consecuencia, la presunción legal a que se refiere el artículo 149 de dicho ordenamiento, teniéndose como cierto el expresado acto reclamado. Esto sucede en el caso en que el informe justificado no es lo suficientemente claro y categórico para admitir, sin género de dudas, que la autoridad responsable niega el acto que se le imputa, pues si bien dice que no "ha dado orden alguna para despojar de su parcela" al quejoso, por otra expresa que se ha "concretado a obedecer órdenes superiores", sin explicar si esas órdenes, son en el sentido de que respete la parcela del quejoso o lo prive de su posesión." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el testimonio del proceso penal número 34/2014, que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se desprende la orden reclamada, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgador, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. IV. Litis Constitucional. IV. 1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Los conceptos de violación, en su parte substancial sostienen lo siguiente: Que la resolución reclamada se encuentra mal motivada y fundamentada, al darle valor probatorio a pruebas y diligencias que obran en la causa, no obstante que fueron arrancadas con lujo de violencia por parte del Agente del Ministerio Público en colaboración con los Agentes Ministeriales, en razón de que son a todas luces ilícitas e inconstitucionales, violentando con ello sus derechos humanos, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica y procedibilidad. Que con las pruebas que el juez responsable, tomó en consideración para acreditar el cuerpo del delito que se les atribuye a los quejosos, éste no se acredita, en razón de que no se acredita la coacción que debieron ejercer en contra de los ofendidos para llevárselos sin su voluntad Que se conculcan las garantías de debido proceso, seguridad jurídica y legalidad de los quejosos, al tener por acreditado que la privación de la libertad se hizo con el objeto de obtener un beneficio, además de causar un daño, sin que existan prueba plena que lo compruebe; además de que no se puede tener por acreditado con una prueba que a todas luces es violatoria de garantías, por ser ésta obtenida bajo tortura Que el juez responsable no les otorgó el valor probatorio que merecían a la inspección judicial y pericial médica practicadas al quejoso Luis Alfredo Jáquez López, con las que se acreditó la tortura que fue ejercida en su contra. Y citan las tesis de los siguientes rubros: "SECUESTRO. NO SE CONFIGURA ANTE LA AUSENCIA DELE LEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DE FINALIDAD QUE LO RIGE"; "AUTO DE FORMAL PRISIÓN CARENTE DE REQUISITOS DE FONDO. EFETOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO"; "ELEMENTOS NORMATIVOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA. REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA SU EXAMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)"; "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL". Que las pruebas que el juez responsable tomó en consideración para acreditar la presunta responsabilidad de los quejosos, como lo son el informe de investigación y sus declaraciones ministeriales, son pruebas ilícitas, recabadas bajo tortura, por lo que no debieron ser tomadas en cuenta, ya que son contrarias a derecho, por lo que no se les debió darles valor probatorio; por lo que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, por no ser legal y apartarse al bebido proceso, violentando así el artículo 20 constitucional y el artículo 8° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Y cita las tesis de los rubros siguientes: "DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO"; "CONFESIÓN, RETRACTACIÓN DE LA, EN LA DECLARACIÓN PREPARATORIA"; "CONFESIÓN, RETRACTACIÓN DE LA, EN LA PREPARATORIA"; "CONFESIÓN. SI NO SE COMPRUEBA LA COACCIÓN QUE EL QUEJOSO DICE SUFRIO PARA EMITIRLA, SU RETRACTACIÓN ES INSUFICIENTE PARA NERGARLE VALOR PROBATORIO"; "COACUSADO, SU RETRACTACIÓN. CASO EN QUE CARECE DE VALOR"; "DECLARACIÓN PROLONGADA. EL HECHO DE QUE LOS AGENTES CAPTORES RETENGAN AL INICIADO POR MÁS TIEMPO DEL QUE RESULTA RACIONALMENTE NECESARIO, EN ATENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA DISTANCIA Y LA DISPONIBILIDAD DEL TRASLADO GENERA PRESUNCIÓN FUNDADA E INCOMUNICACIÓN Y AFECTACIÓN PSÍQUICA DEL INCULPADO Y, POR ENDE, SU CONFESIÓN MINISTERIAL CARECE DE VALIDEZ" y "PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL". V. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. El acto reclamado se hace consistir, como ya se dijo, en el auto de formal prisión dictado en su contra, el diecinueve de agosto de dos mil catorce, por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de este Distrito Judicial, dentro del proceso penal 34/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Secuestro Agravado cometido en agravio de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruíz Rayas y Rodolfo Guajardo González, previsto en la fracción I, inciso a) y c) del artículo 9°, en relación con la fracción I, inciso b) y fracción II inciso a) del artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los citados preceptos establecen: "Artículo 9°. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a). Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio;. c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente ley, se agravarán: I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a).; b). Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;. II. De veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Que él o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; .". El juez de la causa indicó como elementos corpóreos del delito en mención, los siguientes: a). Que una persona sea privado de su libertad por otra persona. b). Que dicha privación tenga como propósito obtener un lucro para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio. c). Que él o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las fuerzas armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo. d). El nexo causal. El juez responsable a fin de acreditar el primer elemento básico, como los otros elementos subjetivos, consideró que por cuestión de método era provechoso abordar el estudio de éstos de manera simultánea, ya que consideró que con los mismos medios de prueba con los que se demostraba el primero de esos elementos, sería de utilidad para los elementos subjetivos, toda vez que, advertía que éstas se encuentran íntimamente ligadas entre sí, por lo que, para efecto de evitar innecesarias repeticiones de los medios probatorios, adoptó el método de estudiarlos de manera simultánea. Por lo que, consideró los siguientes medios de prueba: Denuncia presentada por Luis Alfredo Fernández Espinoza (Representante Legal de la Empresa First Majestic del Toro S.A de C.V.), ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el diecisiete de junio de dos mil catorce, quien en lo que aquí interesa, manifestó lo siguiente: ". que serían alrededor de las diez y media de la mañana, cuando se encontraba en su lugar de trabajo, de pronto uno de los empleados de nombre José Alfredo García Olvera le da cuenta, que a tres trabajadores de la empresa los levantaron siendo dos ingenieros y un contador que trabajan para la minera, quienes se encontraban en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y que le informaba para ver que hacían, contestándole el denunciante que debían interponer la denuncia correspondiente, por lo que solo le informó José Alfredo que se había enterado éste, de lo sucedido por comentarios de la gente quienes decían que, habían llegado varias personas por los ofendidos a la casa donde vivían, la cual rentaban en la municipalidad de Chalchihuites, Zacatecas, y que se los habían llevado sin saber más datos, menciona el declarante que además en esa casa habitación o campamento vivían dos personas más, quienes también son empleados de la empresa que representa, que una de ellas se encontraba trabajando en el momento de los hechos y que la otra es una mujer llamada DANIELA VIDALES OROZCO, persona que si se encontraba en la vivienda y que por dicho de ésta, le comentó que solo se dio cuenta que serían alrededor de las cuatro cincuenta de la mañana del día diecisiete de junio de dos mil catorce, cuando escuchó que tocaron la puerta del domicilio y se percató de que sobre la calle se encontraba un vehículo con torretas en color amarillo, que se escuchaban varias voces y no conoció ninguna de las voces, que hasta la mañana se enteró de que tres personas con quien compartía la casa no llegaron a trabajar a la empresa; asimismo proporcionó las características de los vehículos MARCA FORD, TIPO PICK-UP, LINEA F-150, MODELO 2007, EN COLOR NEGRO, CON PLACAS DEL ESTADO DE DURANGO, CON NUMERO MOTOR FS55149 Y NÚMERO DE SERIE 3FTRF17237MA15845, propiedad de RAMIRO RUÍZ RAYAS y el otro de la MARCA NISSAN, TIPO DOBLE CABINA, NP300, MODELO 2012, EN COLOR GRIS, NUMERO DE MOTOR KA24576123A, NUMERO DE SERIE 3N6DD23Y7CK053095, propiedad de RAÚL COLUNGA IBARRA, los que a la fecha de la denuncia se encontraban desaparecieron (sic) así como sus dueños. Denuncia a la que se le otorgó valor probatorio en términos de lo previsto por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Declaración rendida por DANIELA VIDALES OROZCO, el diecisiete de junio de dos mil catorce, así como su ampliación de diecinueve de ese mismo mes y año, ante el Agente del Ministerio Público investigador, en la que primeramente en lo que aquí interesa manifestó: ". ser empleada de la empresa First Majestic, quien se desempeña en el área de recursos humanos de dicha corporación con un horario de trabajo de siete de la mañana a siete de la tarde de lunes a viernes y el día anterior a su primera declaración, refiere que salió de trabajar como de costumbre y se dirigió al domicilio ubicado en calle García Salinas número doscientos dos del barrio Jalisco, de la ciudad de Chalchihuites, Zacatecas, ya que esa casa la renta la empresa para sus empleados y en ella viven cinco personas todos empleados de la mina, a quienes conoce bien, porque tiene casi un año y medio trabajando en esa ciudad, señala que estuvo viviendo en otro campamento de esa municipalidad, pero que tiene una semana viviendo en el mismo campamento de donde se llevaron a sus compañeros, refiere que un día antes de los hechos llegó y se metió a su cuarto como regularmente lo hace, señala que una vez que ingresa a su habitación ya no sale para nada, excepto cuando va al baño, ya que en la casa hay tres baños y los comparten las cinco personas que viven ahí que son los tres que se llevaron RAÚL, RAMIRO de Durango y RODOLFO de Coahuila, así como JOSÉ ISRAEL MARCIAL LIRA, quien también es de la ciudad de Durango, de profesión Ingeniero Químico, y se desempeña como supervisor de laboratorio de ensaye, añade que todo estuvo normal, hasta como las cuatro cuarenta y cinco o cuatro cincuenta de la mañana, cuando escuchó que tocaron la puerta del campamento, con un toquido tranquilo no alterado, refiere que no salió, pues a esa hora es muy raro que alguien acuda con ellos, excepto cuando se suscita algún accidente grave dentro de mina, y en virtud de que RAÚL y RAMIRO son jefes dentro de ésta, por eso se le hizo probable a la declarante, que acudiera alguien a buscarlos, aclara que se encontraba entre dormida y despierta, y que por la hora que era, solo alcanzó a escuchar el motor encendido de un vehículo, así como que alguien de sus compañeros abrió la puerta y algunas voces de personas, pero no reconoció a nadie, permaneciendo ahí las personas que llegaron como unos quince minutos y después se salieron, pero aclara que escuchó que en ese inter llegó otro vehículo y además observó que ese vehículo traía una torreta de color amarillo encendida y este no permaneció mucho tiempo ahí, ya que rápido se fue, sin escuchar después nada de movimiento; añade que, como ya eran como las cinco de la mañana pasadas, entonces se durmió otro rato y hasta las seis de la mañana se despertó y salió dándose cuenta de que, las habitaciones tenían las puertas abiertas y las luces encendidas, cosa que le llamo la atención pues nunca las dejan así, y solo la puerta de acceso al campamento era la que estaba cerrada, relata que salió del campamento como a las seis cincuenta de la mañana de ese día y que se enteró de lo que había pasado como a las ocho de mañana, es decir, que los ofendidos habían desaparecido, ello, porque le preguntó el señor Adrián Rene Raudry Palos, Jefe de Recursos Humanos, que si no había visto al señor RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ a lo que le comento que no, que la hora en la que lo vi fue en la noche del día anterior cuando entro al campamento, enterándose la declarante que también faltaba RAÚL y RAMIRO, ya que no los ubicaron en su área de trabajo y la ateste le comentó a ADRIAN de lo que ella había escuchado en la madrugada de ese día. Posteriormente, en su ampliación de declaración de diecinueve de junio de dos mil catorce, de manera más detallada refirió lo siguiente: ". que se encontraba en el domicilio ubicado en calle García Salinas número doscientos dos del barrio Jalisco del municipio de Chalchihuites, Zacatecas, lugar que conocen como el campamento, en virtud de que es empleada de la empresa FIRST MAJESTIC DEL TORO S.A. DE C. V., lugar que compartía con mas compañeros también empleados de la misma corporación, refiere que tenía viviendo aproximadamente una semana en dicho lugar, ya que, por cuestiones de salud había solicitado su cambio y le habían designado ese lugar por lo que conocía bien a sus compañeros los CC. RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUIZ RAYAS y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ, toda vez que la declarante trabajaba en el área de recursos humanos, menciona en relación a los hechos que serían alrededor de las cuatro horas con cuarenta y cinco o cincuenta minutos del día diecisiete de junio de dos mil catorce, cuando se encontraba en su domicilio durmiendo específicamente en su cuarto, precisa que cada quien tenía su cuarto, sigue narrando que escuchó que tocaban la puerta del domicilio sin saber quién sería, aclara que si escuchó que uno de sus compañeros abrió la puerta sin saber quién, después prendieron la luz de la primera instancia de la casa, momento en que se despierta la declarante, pues la luz le molestó los ojos, sigue narrando que escuchó movimiento de varias personas y voces también de varias personas, pero solo murmullos, nada claros ni tampoco conversaciones claras, sin poder reconocer ninguna de esas voces, pero precisa que no eran de uno de sus compañeros, alude que fueron varias las veces que cerraron y abrieron la puerta de la entrada y a la par escuchaba en la calle que encendían motores de camionetas, indica que no le prestó mayor atención ya que supuso serían sus compañeros el ingeniero Rayas y Colunga quienes salían a trabajar más o menos a esa hora, añade que escuchó que avanzó primero un vehículo y el otro se quedó afuera de la casa momento en que llega otro vehículo más, el cual observa que trae una torreta en color amarillo encendida y vuelve a escuchar voces de otra persona que dice "vámonos, vámonos" de manera normal, percatándose que cierran la puerta principal y se retiran los vehículos, alude que en ningún momento se asomó porque supuso que había pasado algo en la minera y se le hizo normal que no escuchó tampoco gritos o golpes, especifica que se dio cuenta de la luz amarilla porque la misma se reflejaba por la ventana de su cuarto pero que no se asomó a ver, que si se le hizo raro porque las camionetas de la empresa son chicas y que la que ella escuchó, el ruido del motor era fuerte y se apreciaba alta, que aproximadamente pasaron quince o veinte minutos del tiempo cuando tocaron la puerta y se fueron los vehículos, menciona que de esa hora a la hora que se levantó solo dormitó y que al salir de su cuarto al baño solo se dio cuenta, de que las luces de las tres habitaciones del fondo se encontraban encendidas y la del baño de la parte media también, especifica que son tres los baños, cuestión que señala que se le hizo rara, ya que eso no pasaba normalmente, percatándose que el cerrojo de un baño se encontraba forzado un poco pero por el lado adentro, lo que también le extrañó, ya que un día antes lo había usado para bañarse y se encontraba bien, posteriormente como las seis y media volvieron a tocar la puerta pero como andaba preparándose para salir a trabajar Daniela, no abrió la puerta que incluso pensó que sería su compañero el contador Rodolfo Guajardo el que andaba por ahí ya que él salía minutos antes que ella a trabajar, que al llegar a su centro de trabajo se enteró que uno de sus compañeros de nombre ISRAEL no había estado en el domicilio lo que dedujo por su ropa cuando lo observó muy temprano pues éste le fue a preguntar sobre una cuestión del trabajo, confirmándole el mismo que le había tocado trabajar de tercera o sea de noche, refiere que el Licenciado Adrián Rene Raudry Palos, quien es Jefe de Recursos Humanos, le llamó y le preguntó a la declarante por el contador Guajardo informándole ésta que solo lo había visto en la noche anterior y que incluso lo había saludado y que es cuando le informan que tampoco localizaban al Ingeniero Rayas ni al Ingeniero Colunga, percatándose por sí misma al revisar las listas de asistencia que ninguno de sus compañeros acudió a trabajar el día diecisiete de junio de dos mil catorce, pues no se habían registrado en dichas listas como regularmente lo hacían ni tampoco se encontraban sus vehículos de motor en el lugar donde comúnmente los dejaban, conocido como la pluma que es lugar destinado para los vehículos de los trabajadores. Declaraciones a las que el Juez responsable, en lo individual les otorgó el valor de indicio en términos de lo que dispone el artículo 277 en relación con el 281 del mismo Código Procesal Penal del Estado, las cuales consideró que no se contraponen, en cambio se complementan; por tratarse de la versión de la testigo que por su edad, capacidad e instrucción, cuenta con el criterio necesario para juzgar el acto, aunado a que los hechos narrados son susceptible de conocer por medio de los sentidos y su testimonio no fue por inferencias ni inducciones de otro, en cambio tuvo conocimiento de los hechos por si misma; con los dichos de la testigo se establece que los hechos que nos ocupan ocurrieron en el domicilio del campamento ubicado en calle García Salinas número doscientos dos del barrio Jalisco del municipio de Chalchihuites, Zacatecas, lugar donde vivían los ofendidos con la declarante y otra persona de nombre Israel Marcial Lira, asimismo se deduce de los testimonios analizados que los hechos acontecieron aproximadamente a las cuatro cuarenta y cinco o cuatro cincuenta del día diecisiete de junio de dos mil catorce, en virtud de que la declarante escuchó movimientos extraños a esa hora y si se percató que salieron del domicilio sin saber que personas serían, escuchando varias voces que murmuraban y decían "vámonos, vámonos" y además los motores de las camionetas que se encendieron y se alejaron, posteriormente, por lo que, al levantare la testigo se percató de que estaban encendidas todas las luces de las recamaras del fondo y la de un baño, así como éste tenía forzada la chapa por la parte de adentro, detalles que se le hicieron extraños y que al estar en su fuente de trabajo se enteró que ninguno de su compañeros había acudido a laborar a la empresa además de que sus vehículos no se encontraban en lugar designado para los automotores de los trabajadores de la empresa minera, aunado a que a la fecha no se sabe de su paradero, por tanto, se tiene por acreditado indubitablemente la privación de la libertad de la que fueron objeto Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruiz Rayas y Rodolfo Guajardo González, en la madrugada del diecisiete de junio de dos mil catorce, en la municipalidad de Chalchihuites, Zacatecas, con el objetivo de obtener los secuestradores un beneficio para sí o para un tercero logrando causar un daño a las víctimas, al no tener un indicio de su paradero. A lo que sumó la declaración de Adrián René Raudry Palos, quien ante el Agente del Ministerio Público, indicó: ". que labora para la empresa FIRST MAJESTIC SILVER CORP, en la cual cuenta con una antigüedad de aproximadamente dos año ocho meses y en el mes de septiembre de dos mil doce, lo cambiaron de residencia estando actualmente en el municipio de Chalchihuites, Zacatecas, desempeñándose como Jefe de Recursos Humanos, por lo tanto el día diecisiete aproximadamente a las seis cuarenta de la mañana, se dirigió al comedor de la empresa y recibió una llamada a su número de celular, hablándole ENRIQUE CASTILLO quien se desempeña como supervisor de almacén, y le comento que el motivo de su llamada, era para hacerle del conocimiento que al contador RODOLFO GUAJARDO no lo localizaron en el campamento, y lo buscaron también en el comedor sin localizarlo, posteriormente el declarante se fue a desayunar a la unidad, donde platicó con otro trabajador que se llama CARLOS UREÑA como a las siete de la mañana, quien también le comentó lo mismo y que ya le habían marcado a su celular pero que no contestaba, luego se fue a la unidad minera donde le informó al ING. EDUARDO PALAFOX, que el contador GUAJARDO no aparecía por ningún lado y éste le comentó que el ING. RAUL COLUNGA tampoco se presentó a trabajar, que el supervisor GUSTAVO PIÑA le había hablado al ING. PALAFOX comentándole que el ING. COLUNGA no se presentó a laborar, que le marcaba al celular pero que solo timbraba y no contestaba, posteriormente se dirigió el ING. PIÑA al campamento para buscarlo y que no estaba su camioneta personal, a lo que el ING. PALAFOX le preguntó al ateste qué en qué campamento se quedaban, y le contestó que en la casa banquitos que se localiza a unos pasos del salón imperial, cerca de las oficinas, y le pregunta que quien más se queda ahí y le contestó que DANIELA VIDALES, EL ING. RAMIRO RUIZ RAYA, EL CONTADOR GUAJARDO Y RAUL COLUNGA, y un supervisor de nuevo ingreso que se apellida MARCIAL LIRA quien ese día se encontraba trabajando de noche, por lo que no se encontraba el día en que sucedieron los hechos, de ahí el ING. PALAFOX preguntó que si se había presentado el ING. RAMIRO RUIZ RAYA a lo que le responden que no se presentó, es decir a dar indicaciones a los trabajadores de lo que tienen que hacer, de ahí le marcó el declarante a MARTIN ROSALES quien es el que los ayuda con los campamentos, y le pide que fuera al campamento y le avisara si veía algo extraño, quien va ha revisar, regresándole la llamada al declarante, diciéndole que tres cuartos estaban abiertos con la luz prendida siendo aproximadamente a las ocho de la mañana, por lo que el Ing. PALAFOX y Adrián Rene le marcan a DANIELA VIDALES para preguntarle si vio algo extraño, y les contestó que se le hizo extraño que escuchó muchos ruidos antes de las cinco de la mañana, que ella no se alarmó ni nada, porque tenía pocos días quedándose ahí y que pues no se le hizo raro, que les comentó también que tocaron en la puerta y que alguien la abrió, que escuchó voces como de seis personas y que no se le hicieron conocidas, que escuchó el ruido de tres camionetas y una de ellas era de motor grande, así como una tenía una torreta prendida de color amarillo, además de que observó a través de la cortina, que no se asomó a la ventana que solo vio, cómo que, la conducían de reversa y se le hizo raro que no sonara la alarma de reversa porque todas las camionetas de la empresa tienen alarma de reversa, también les dijo que escuchó tres voces que decían "VAMONOS, VAMONOS" y que dieron marcha rápido a las camionetas; por lo que procedieron a dar aviso al comandante ALFREDO GARCIA y a el Lic. MARIO MALDONADO MILLA de lo sucedido, a lo cual el Lic. MALDONADO le comunicó que estaban desaparecidos tres compañeros y que aparentemente se trataba de un levantón; añade que el Ing. Palafox y él estaban platicando en la oficina y en eso entro el Geólogo LUIS DE LEÓN, quien les comentó que cuando se dirigía al comedor aproximadamente a las cinco y media de la mañana observó la camioneta personal de ING. RAÚL COLUNGA con bastante gente en el interior y notó que el conductor no era el ingeniero Colunga, pero no lo identificó, solo les dijo que era una persona delgada y alta, ya que el vehículo tenía los vidrios polarizados, además de que atrás de este vehículo también circulaba la camioneta del ING. RAMIRO RUIZ RAYA pero que no se fijó el geólogo quien la manejaba; por tanto a la fecha de su testimonio del declarante no sabe nada de sus compañeros, señala que todos los vehículos de la empresa son vehículos Mitsubishi, cuatro cilindros, de diésel, son vehículos chicos, además de que no se tiene ningún vehículo grande como el que escuchó DANIELA, que los vehículos grandes los manejan los contratistas, manifiesta que sus compañeros, son unas personas muy dedicadas a su trabajo, responsables y que el declarante no tienen conocimiento que éstos tengan problemas con alguien. Declaración a la que el juez responsable, le concedió valor de indicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 277 en relación con el 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado, declarante que por su calidad de Jefe de Recursos Humanos de la empresa minera, fue a quien le reportaron en la mañana del diecisiete de junio de dos mil catorce, que los ahora ofendidos no habían acudido a su fuente de trabajo como normalmente lo hacían, además de que fue imposible localizarlos ya que les intentaron marcar a sus respectivos celulares pero no contestaron, asimismo al irlos a buscar al campamento donde habitaban no los encontraron, por tanto, el declarante por su propia función que desempeña dentro de la empresa, tuvo que investigar la razón de porque no se presentaron a laborar, dándose cuenta que al parecer se llevaron a unas personas del campamento, así como sus vehículos particulares, sin saber nada de ellos. Así como los testimonios de los familiares de los ahora ofendidos, donde dejan de manifiesto que los señores RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUIZ RAYAS y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ, siguen desaparecidos a la fecha de las comparecencias. Declaración que rindió Maria Azucena Saucedo Ramos, el primero de julio de dos mil catorce, quien declaró que es pareja de Raúl Colunga Ibarra, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el diecisiete de junio del año en curso, e indicó lo siguiente: ".que por familiares y conocidos se han enterado que estaban pidiendo cuota un grupo delincuencial y por esto cree que se llevaron a su pareja y a sus compañeros; que la persona que pudiese proporcionar más información, es un gerente que se encontraba laborando hace aproximadamente un mes o tres meses, esta persona solo sabe que se apellida ING. RÍOS, y de ser cierto eso, él se enteró de las extorsiones el tiempo que estuvo laborando, agrega que su pareja le platicó haber tenido un problema con un ingeniero de apellido PALAFOX y que casi se agarran a golpes, que en ocasiones su esposo tenía que asistir a su maestría ya que él tenía sus descansos ya programados y que el ING. RIOS y PALAFOX se molestaban y querían que su pareja fuera a trabajar esos días, señala que su esposo tenía la jerarquía de cambiar a contratistas que les desarrollaban las obras y cree que puede ser por ese lado, ya que su pareja decidía a quién le proporcionaban las obras, y que los principales que les laboraban era los denominados MINCO y DOMO, pero se generaron problemas con DOMO ya que se le daban obras a MINCO y, que su esposo le platicaba que DOMO no tenía tan buena maquinaria como MINCO, además proporciona las características del vehículo que traía su pareja siendo NISSAN, TIPO DOBLE CABINA, NP300, MODELO 2012, EN COLOR GRIS, NUMERO DE MOTOR KA24576123A, NUMERO DE SERIE 3N6DD23Y7CK053095, acreditando la legitima propiedad del automotor con la siguiente documentación con la factura marcada con el número BA00335 la cual se encuentra debidamente endosada a su nombre, con recibo de pago de tenencia correspondiente al periodo del año dos mil trece, mismo que no ha sido localizado. Por su parte Abraham Ruíz López, el primero de julio de dos mil catorce expuso: ". que su padre el ciudadano RAMIRO RUÍZ RAYA, se encuentra en calidad de desaparecido, desde el diecisiete de junio de dos mil catorce, autorizando la toma de muestras de ADN, para los efectos que haya lugar, asimismo proporciono los datos del vehículo de motor de su padre siendo las siguientes MARCA FORD, TIPO PICK-UP, LINEA F-150, MODELO 2007, EN COLOR NEGRO, NUMERO DE SERIE 3FTRF17237MA15845, acreditando la legitima propiedad del automotor, con factura N07185 la cual se encuentra debidamente endosada a su nombre, y donde se ceden y traspasan los derechos de la presente factura a nombre del SR. RAMIRO RUÍZ RAYA, en Durango, Dgo., de fecha once de agosto del dos mil ocho". Testimonio de Ma. De Jesús Moya Jiménez, de dos de julio del dos mil catorce, quien declaró en cuanto a los hechos en los cuales desapareciera su esposo RAÚL COLUNGA IBARRA, lo siguiente: ". que no sabe mucho ya que su esposo se iba al municipio de Chalchihuites, Zacatecas donde se desempeñaba en una mina con el puesto de SUPERINTENDENTE DE MINA, donde era jefe de todas las operaciones, tanto de preparación como de explotación de minerales, y es un rango debajo del el mando del Gerente General en minas. Solicitando le sean tomadas muestras de ADN, a ella y a su hijo RAÚL COLUNGA MOYA y así sean comparados con cadáveres que aún no se han identificado ya que su esposo se encuentra en calidad de desaparecido desde el día diecisiete de junio del año en curso y hasta el día de la fecha no han tenido ninguna noticia sobre su paradero". Testimonio de Lorena Guia Torres, quien ante el Ministerio Público Investigador, expuso el dos de julio de dos mil catorce, en relación a los hechos en los cuales desapareciera su esposo RODOLFO GUAJARDO GONZALEZ, lo siguiente: ". que no sabe mucho ya que él se iba al municipio de Chalchihuites, Zacatecas y solo tenía una antigüedad en la mina de tres meses, que su esposo se desempeñaba en la mina con el puesto de JEFE DE ALMACEN, señalando que no le platicó que tuviera problemas con alguien, solicitándole fueran tomadas muestras de ADN a ella y a su menor RODOLFO GUAJARDO GUÍA y así sean comparados con cadáveres que aún no se han identificados ya que su esposo se encuentra en calidad de desaparecido desde el día diecisiete de junio del presente año y hasta el día de la fecha no han tenido ninguna noticia sobre su paradero, además de ratificar la denuncia interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público de Chalchihuites, Zacatecas, en fecha diecisiete de junio, así como agrega que no han recibido llamadas para pedir dinero por la liberación de mi esposo". Por su parte, Claudia Patricia Ruíz López, declaró ante el Órgano Investigador el diecisiete de julio de dos mil catorce, en relación a los hechos que nos ocupan: ". que RAMIRO RUÍZ RAYA es su padre, con quien tiene una excelente relación, señala que el último día que lo vio fueron los días siete y ocho de junio del año en curso, y transcurriendo todo de manera normal, que nunca le comentó que tuviera algún problema, de lo que hablaron fue que ya tenía planes de jubilarse, que nunca le dijo que tuviera algún problema personal con alguna persona o laboral y después le mandó un mensaje de texto vía celular el día domingo quince de junio de dos mil catorce, porque se celebró el día del padre el que le respondió, refiere que hasta que el día martes diecisiete de junio del año en curso, le llamaron de la oficina de la empresa donde trabaja su papá, siendo de recursos humanos el Licenciado ELOY RUBIO VALDEZ para informarle que había pasado un problema, que a su papá se lo había llevado un grupo armado que se habían llevado a dos personas más y que estaba una joven de nombre DANIELA que había estado presente en el lugar de los hechos, explicando el Licenciado de manera detallada del cómo había pasado, aclarándole éste que ya se había denunciado y que la empresa lo había asignado a él para tener comunicación con ella como familiar, así como con las demás personas familiares de los otros dos señores, cita la declarante que el Licenciado RUBIO le pidió datos de la camioneta de su papá porque se la habían llevado, la cual era de la marca Ford, modelo dos mil siete, color negro, transmisión estándar, sin polarizar, la que tenía anti reflejantes en la parte trasera, proporcionándole además datos generales del vehículo, añade que al día siguiente de este evento, la misma empresa les solicitó acudir a las oficinas administrativas de la minera en la ciudad de Durango, para hacer una reunión en la cual estaba presente personal de la SIEDO, quienes les explicaron el procedimiento para en caso de recibir llamadas telefónicas donde les pidieran dinero, que éstos iban a estar al pendiente, relata que les solicitaron diversas cosas, comentándoles que solamente con ellos, se iban a apoyar, que no buscaran más apoyo, porque eso iba a entorpecer sus investigaciones, refiere que así se realizó todo y que después de una semana ellos se retiraron a la ciudad de México siendo todo, respecto a lo laboral de su padre señala que su función no era de alto nivel sino que el superintendente era con quien trabajaba que en este caso lo es el ingeniero RAÚL COLUNGA IBARRA y él era quien tenía mayor posición laboral, ya que primero lo es el Gerente del cual no sabe su nombre pero dicha persona a raíz de esta situación renunció a su cargo, después el superintendente que lo es el ingeniero RAÚL COLUNGA, después el papá de la declarante RAMIRO RUIZ RAYA". Testimonios a los que el juez responsable les concedió el valor probatorio de manera individual de indicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Con la inspección ocular del lugar de los hechos, es decir de la casa habitación marcada con el número doscientos dos, ubicada en la calle García Salinas, Barrio Jalisco de la municipalidad de Chalchihuites, Zacatecas, en fecha diecisiete de junio de dos mil catorce. Prueba que el Juez responsable consideró que se encontraba sustentada y corroborada con el dictamen de fijación fotográfica que hizo llegar el licenciado en Criminología Jesús Flores Quezada Perito en Criminalística de Campo, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien describió la vivienda ubicada en calle García Salinas número 202 barrio Jalisco de Chalchihuites, Zacatecas, quien además le hizo llegar placas fotográficas de la misma. Dictamen al que el Juez responsable, le concedió el valor pleno de acuerdo al numeral 278 del Código de Procedimientos Penales, al ilustrar de manera clara el lugar de donde fueron sustraídos las personas que ahora son víctimas de secuestro que a la fecha se desconoce su paradero. Así como con el oficio 1017/2014-F, de la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, derivado de la información que el licenciado Alfredo Fernández proporciono respecto de los teléfonos que los ofendidos portaban, en el que adjuntó informe rendido por el Apoderado Legal de Radio Móvil Dipsa S.A. DE C.V., de veinticuatro de junio de dos mil catorce, de lo que se advierte lo siguiente: ". que de los números 6181486211 de RAMIRO RUIZ RAYAS, 6181843134 de RAÚL COLUNGA IBARRA y 8691001776 de RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ, se realizaron posterior a su desaparición llamadas telefónica, se mandaron mensajes de texto y se hizo uso de internet, por lo que se presume que dichas llamadas, mensajes de texto y uso de internet lo realizaron los sujetos activos, no así por los ofendidos, ya que, de haber sido así, estos hubieran tratado de hacer contacto con sus familias, lo que en el caso no ocurrió. Así como la constancia levantada por el Agente del Ministerio Público, el veinticinco de junio de dos mil catorce, en la que hizo constar haber recibido un correo electrónico por parte del licenciado Alfredo Fernández, del correo electrónico lafernandez@firstmajestic.com, de donde proporcionó los datos siguientes: " respecto a las cuenta que de las cuentas a nombre de RAÚL COLUNGA IBARRA se tiene 6391153429 con número de clave 021190063911534290 del banco HSBC, además de la cuenta 60-557542999-7 del banco Santander, cuentas de las que se tiene el dato que el diecisiete de junio de dos mil catorce, se retiró la cantidad de $3,033.35, en un cajero del Banco Santander, el dieciocho de junio la cantidad de $7,030.74, en un cajero del Banco HSBC, el diecinueve de junio la cantidad de $5,029.00 en un cajero CI BANCO, el diecinueve de junio la cantidad de $2,946.00 en un cajero del Banco Multiva, el veinte de junio por $5,027.84 en un cajero del Banco Nacional del Norte y de la cuenta 0814602315 del Banco Banorte, se retiraron las cantidades de $3,000.00 el día diecisiete de junio a las seis horas, y por ultimo las cantidades de $7,000.00 y $5,000.00, sin tener datos precisos de estos retiros, respecto a la cuenta 6391153023 con número de clave 021190063911530236 del banco HSBC, a nombre de RAMIRO RUIZ RAYAS, se tiene que se realizaron tres retiros, uno el día dieciséis de junio de dos mil catorce por la cantidad de $3,000.00, en el cajero 178322 y otro en el mismo cajero a las 6:07 horas por la misma cantidad, y el día dieciocho de junio del año dos mil catorce a las 16:04 horas por la cantidad de $3,030.00 en un cajero red con número 3234; y por ultimo respecto a la cuenta 6408955999 con número de clave 021190064089559999 del banco HSBC, a nombre de RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ, se tiene que se realizaron dos retiros el día veinte de junio de dos mil catorce por la cantidad de $3,000.00 ambos movimientos". A lo que sumó la diversa constancia levantada por el Agente Instructor respecto a la comparecencia que hizo Lorena Guia Torres, en la que hizo del conocimiento a esa autoridad, lo siguiente: ". que en la tarjeta de nómina de RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ los días diecinueve y veinte de junio a las 17:29 horas y 12:44 horas respectivamente se realizaron retiros en el cajero 851 de la Sucursal Lomas del Parque en Durango, Durango, anexando para acreditar su dicho un baucher del Banco HSBC". Probanzas que el juez responsable valoró de manera individual como indicios en términos del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales aplicable, de donde se puede establecer que el secuestro del que fueron objetos los ofendidos fue con la finalidad de obtener los activos un beneficio económico, en virtud de que después de que los ahora ofendidos fueran privados de su libertad, en sus respectivas cuentas personales se estuvieron realizando movimientos bancarios, como lo fueron retiros de dinero en efectivo en diversos cajeros automáticos, por distintas cantidades, lo que nos corrobora aún más que el objeto de privarlos de su libertad, lo fue con la intención de obtener un lucro para los secuestradores o para un tercero. Considerando el Juez de la causa que con los medios de prueba analizados, se advierte que la conducta en análisis encuadra en la hipótesis descrita en los incisos a) y c) de la fracción I del artículo 9° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, toda vez que, la privación ilegal de la libertad fue con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio tan es así que los vehículos de los ofendidos, así como éstos, a la fecha no han sido localizados, además de que en sus cuentas bancarias, después de su desaparición, fueron realizados varios retiros por diversas cantidades, circunstancias que encuadran en la descripción típica de con el propósito de obtener, para si o para un tercero, cualquier beneficio logrando causar un daño a la persona privada de la libertad. Además consideró que los elementos subjetivos del tipo, se encuentran satisfechos, toda vez que del razonamiento realizado de los medios de prueba allegados a la causa, se desprende que hasta este momento obran datos indiciarios para establecer que efectivamente la privación ilegal de la que fueron objeto los ofendidos, fue con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio que en el caso es económico, por lo que queda claro que se configura este elemento subjetivo, consistente en que se tenga como propósito obtener para si o para un tercero un beneficio. Además, el Juez responsable, consideró que con los mismos medios de prueba anteriormente analizados y valorados; se demostró que la conducta desplegada por los sujetos activos fue con la finalidad de causar daños a la persona privada de la libertad; hipótesis que actualizó, al considerar que dichos elementos subjetivos se encuentran satisfechos; explicando que dentro de esta descripción o dentro de este marco conceptual el daño, se debe de entender como menoscabo de carácter físico y no patrimonial, diferenciándolo del perjuicio al cual le da un significado o contenido patrimonial. Por tanto el daño atenta contra la integridad corporal de las personas, como por ejemplo: la desaparición de las victimas (lo que traduce un daño físico). Y por su parte el perjuicio, como ya se dijo, afecta al patrimonio, como pérdida o menoscabo de éste. Considerando lo siguiente: " La anterior interpretación es entendible pues al no contar con una fracción o inciso donde encuadre la desaparición ilegitima de una persona (desaparición), obvio que ésta se incorpore dentro del concepto causar daños; entonces queda claro que se configura este elemento subjetivo. Circunstancia de tiempo, (determinación del momento de cuando ocurrió el delito) "estos sucedieron entre las cuatro cuarenta y cinco o cuatro cincuenta de la mañana, del día diecisiete de junio de dos mil catorce, prolongándose sin que a la fecha se tenga noticia del paradero de los pasivos"; Circunstancia de lugar, (donde ocurrieron los hechos) "estos iniciaron en el lugar conocido como el campamento que se localiza en la casa habitación marcada con el número doscientos dos en la calle García Salinas, Barrio Jalisco, de la municipalidad de Chalchihuites, Zacatecas, de donde fueron sustraídos los ofendidos"; Circunstancia de ocasión y modo; (la forma de cómo ocurrió y los medios utilizados); la declarante DANIELA VIDALES OROZCO compañera laboral y de campamento de RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUIZ RAYAS y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ, escuchó que tocaron la puerta del campamento y después varios ruidos de voces y de vehículos de motor, los que refiere no conoció, así como observó una torreta en color amarilla, a lo que no dio importancia porque pensó que algo había sucedido en la mina así como que tenía poco viviendo en esa casa, hechos que duraron quince minutos, y después ya en su fuente de trabajo se enteró que sus compañeros ahora victimas se encontraban desaparecidos así como sus vehículos particulares de RAMIRO RUIZ RAYAS y el otro de RAÚL COLUNGA IBARRA." De esta forma puede concluirse, que con los medios de prueba referidos, valorados en lo individual, conforme lo dispuesto por los artículos 276, 277, 280 y 281, y concatenados en su conjunto, mediante un enlace lógico y natural que se desprende de la verdad conocida hacia la que se busca, según lo ordenan los artículos 278 y 282 del Código Penal Adjetivo, influyen en el criterio de quien ahora resuelve para declarar que en el caso se acredita el cuerpo del delito de SECUESTRO, por haberse actualizado la hipótesis prevista en los incisos a) y c) de la fracción I del artículo 9° de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, consisten en: EL PROPÓSITO DE OBTENER PARA SI O PARA UN TERCERO UN BENEFICIO, CAUSANDO UN DAÑO A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD. Comprobándose así el NEXO CAUSAL; existente entre la conducta desplegada por los agentes del delito la cual fue determinante para el resultado que ahora nos ocupa". Además, el Juez responsable consideró que el hecho típico antes descrito, que además se cometió bajo las circunstancias agravantes consistentes en que quienes lo llevaron a cabo obren en grupo de dos o más personas, además de que él o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, consideró analizarlo de manera conjunta las agravantes, ya que a su criterio ambas agravantes se actualizan y se llegan a acreditar con los mismos elementos de prueba. Además de que consideró analizarlas juntas, ya que ambas agravantes son inherentes al ilícito en estudio, distinguiendo entonces que las mismas son parte determinante para que se diera la privación ilegal de la libertad de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruiz Rayas y Rodolfo Guajardo González. Por lo que tomó en consideración los siguientes medios de prueba: La declaración emitida por Daniela Vidales Orozco, quien mencionó lo siguiente: " . que al haberse encontrado en el campamento así ellos le llaman a la casa que compartía con las ahora víctimas, quien escuchó que tocaron la puerta principal y que alguien de sus compañeros la abrió sin saber quién, que consecutivamente escuchó varias voces de personas, alude que no eran las de sus compañeros que le eran desconocidas y que escuchó movimiento anormal en la casa y que dicho movimiento lo realizaban como varias personas también, que escuchaba las voces pero no eran claras en lo que decían solo hacían como murmullos y que a la par de dicho movimiento escucha que se encienden motores de vehículo a fuera del domicilio y que uno de ellos traía como una torreta con luz en color amarillo". Testimonio con el que el Juez responsable estableció que la privación de la libertad de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruiz Rayas y Rodolfo Guajardo González, fue realizada por más de dos personas, circunstancia que resulta lógica en virtud de que los propios ofendidos eran tres, además de ser necesario más de una persona para cometer el atraco y poder someter a las víctimas, aunado a que, se llevaron los vehículos propiedad de dos ofendidos y la ateste escuchó voces de varias personas sin conocer alguna como la de uno de sus compañeros, testimonio que fue valorado como un indicio, en términos del numeral 277 del Código de Procedimientos Penales. Así como con el testimonio de Adrián Rene Laudry Palos, quien manifestó: "enterarse por dicho de uno de sus trabajadores de nombre LUIS DE LEÓN que éste observó alrededor de las cinco y media de la mañana circular las camionetas de dos de las víctimas y que las observó circular cuando él se dirigía al comedor de la empresa para la cual también las víctimas trabajaban, señala que su trabajador reconoció claramente ambos vehículos y que le mencionó que uno de ellos no era tripulado por su dueño y que el otro circulaba detrás de éste y que se percató que el primero era tripulado por un sujeto desconocido alto y delgado y que además en su interior se apreciaban varias personas sin especificarle cuantas. Declaración a la que el Juez responsable le concedió el valor probatorio conforme a lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que la consideró apta y eficaz para dejar de manifiesto que la agravante de la privación, no fue obra de una persona sino de un secuestro operado por un grupo de dos o más personas. Así como las declaraciones ministeriales en calidad de indiciados que rindieron Luis Alfredo Jacquez López y Francisco Javier Martínez Olvera, el veintiocho de julio de dos mil catorce, quienes se encontraban debidamente asistidos por un abogado defensor y en lo que interesa expusieron de manera coincidente y concordante, que son agentes activos de la policía municipal de Sombrerete Zacatecas. LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ, de lo que interesa expresó: ".que no recuerda la fecha pero poco más de un mes y días, se dio cuenta porque RAYMUNDO le platicó, que éste mismo RAYMUNDO MARÍN es oficial patrullero de la Preventiva de Sombrerete, que se llevaron él y ENRIQUE SALAS, quien también era oficial de policía preventiva de Sombrerete, señalando que ese guey ya no es preventivo porque golpeo a la mamá, y andaba robando, pero su esposa SELENE también es policía preventivo, y entre estos dos sujetos ENRIQUE SALAS Y RAYMUNDO MARÍN TERRONES se llevaron a los tres ingenieros de una mina Majestic que está ubicada en Chalchihuites, y que al momento de que se los habían llevado fue cuando estaban en el campamento esto porque los ingenieros de esa mina ya habían reportado a la policía diversas extorsiones, y que por eso se los habían llevado, pero no supo a qué hora fue ese levantón, y que esas extorsiones las estaba haciendo FELICIANO o FÉLIX a la mina y les pedían a la mina de CINCUENTA A SESENTA MIL PESOS, ahora últimamente, ya que primero como desde hace tres meses esos ingenieros dieron en una o dos ocasiones cada uno treinta mil pesos, FELIX O FELICIANO Y ENRIQUE SALAS, pero como subió la cuota a SESENTA MIL PESOS, señala que el tal FELICIANO es un patrullero de la guardia primera, y CANDELARIO es un malandro y él ordena a FELICIANO, y por órdenes de ellos dos se mueve todo el pedo y por órdenes de ellos levantaron a los tres ingenieros, que se los llevan a bordo de la patrulla número 031, de color blanco, cuatro puertas, con emblemas de policía preventiva de Sombrerete, siendo marca Ford, tipo lobo, modelo dos mil siete, con torretas en la parte superior de la cabina, con colores azul y rojo, pero si hay patrullas nuevas modelo dos mil doce, qué usan luces en color amarillo, pero esa patrulla 031 es GRANDE, y al sacarlos del campamento se los llevaron a la dirección de la policía preventiva, pero esto no fue en su turno, pero en su turno si los observó cuando pasó por las celdas, y ellos estaban encerrados cerca de donde está el armero, entonces a los ingenieros los tenían aparte especifica que dos de ellos traían una camisa elegante, o sea de vestir y otro de ellos traía un overol de esos que usan en la mina, precisa que ahí duraron los ingenieros dos días en la dirección de seguridad pública, y después de esos dos días, a los tres ingenieros los subieron a la camioneta propiedad de LEONCIO y los subieron a esa camioneta, llevándoselos a la casa de FELICIANO, la que se ubica en la orilla de Sombrerete, entonces en esta casa metieron a los tres ingenieros, ahí duraron un rato como unas dos horas, para después matarlos, ya que les dieron un balazo en la cabeza, siendo éste LEONCIO y FELICIANO ya que ellos andaban juntos y así lo platicaron, después de que los mataron se llevaron a los ingenieros a MESILLAS, y ahí los enterraron pero no sabe exactamente en donde, pero que le comento que bajo el voladero y fue cuando los enterró pero no sabe el declarante exactamente dónde. Por su parte FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA, manifestó: ". que se llegó a enterar del caso de el levantón de los ingenieros de la mina de Chalchihuites, porque la patrulla treinta y tres era la que andaba vigilando a los Ingenieros a bordo de ella andana LEONSIO y ELIO los vigilaban para que no se les fueran a pelar, y sabe que participaron directamente en el levantón LEONSIO, ELIO y un sicario que le apodan "EL MEXICANO" del cual esta enterado trabajaba para los CHAPOS pero se independizo y de hecho levantón de los mineros de una mina que se llama Majestic fue de sus primeros jales y refiere que en este hecho participaron los tres en conjunto LEONCIO, ELlO y EL MEXICANO a bordo de la patrulla treinta y tres, sabe que se los llevaron con todo y sus vehículos particulares los cuales era una camioneta FORD y otra NISSAN sin recordar más características, después de que los levantan se los llevaron a los tres Ingenieros a los separos de la Policía Preventiva, los únicos que tenían acceso a ellos eran LEONSIO y ELlO, y ya como a los dos o tres días los sacaron de los separas, y se los entregaron a "EL MEXICANO" este FELICIANO alias "EL FELIX", y LEONSIO y ELlO, "EL MEXICANO" paso por ellos a las afueras de la Policía Preventiva "EL MEXICANO", agrega que no sabe después que haya pasado con los Ingenieros o a donde se los hayan podido haber llevado. Declaraciones ministeriales a las cuales el Juez responsable, les otorgó el valor que merecían en términos del artículo 277 en relación con el 279 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al ser emitidas por personas mayores de edad, asistidas por un abogado defensor, no existiendo en el sumario un dato que les desestime valor, mismas que son aptas para tener por acreditadas las agravantes en estudio, ya que se desprende que dicha privación fue realizada por un grupo de dos o mas personas, que para el caso en concreto formaban parte de la policía municipal de Sombrerete, Zacatecas; además consideró que son aptas para tener por acrecentado el cúmulo de indicios que acreditan la segunda de las agravantes que nos indican que el autor o los autores del ilícito fueron o son personas que forman o formaron parte de alguna institución de seguridad, tan es así que se utilizó un vehículo y las instalaciones de la propia corporación para la ejecución y perfeccionamiento del secuestro, con lo que se pone de manifiesto dicha agravante, ya que presumiblemente estos elementos de seguridad pública son parte intelectual del ilícito realizado, quedando pues establecido que con estos elementos en estudio la autoría o coautoría del ilícito fue cometido conjuntamente por elementos de la Seguridad Pública del municipio de Sombrerete, Zacatecas. A lo que se sumó el INFORME DE INVESTIGACIÓN de veintisiete de julio de dos mil catorce, emitido por la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, del que se advierte lo siguiente: ".los Agentes a la investigación se entrevistaron con el LUIS ALFREDO JAQUEZ LÓPEZ de 22 años de edad con domicilio en calle Joaquín Amaro número 3 de la colonia Huertas Grandes del Municipio de Sombrerete Zacatecas, quien se desempeña como Agente de Policía Municipal en el Municipio de Sombrerete Zacatecas, y al cuestionarlo en relación a los hechos de los ingenieros Secuestrados el pasado diecisiete de junio del año en curso, los cuales trabajan para la empresa MAJESTIC la cual se ubica en el Municipio de Chalchihuites, Zac., manifestó que quienes se llevaron a las víctimas fue ENRIQUE SALAS Y RAYMUNDO MARÍN, todo esto derivado de que Félix en dos o tres ocasiones a esos mismos Ingenieros los habían extorsionado con la cantidad de TREINTA MIL PESOS pero como en esa ocasión la cuota o extorsión ascendía a la cantidad de SESENTA MIL PESOS y como ya no quisieron pagar y por eso se los llevaron, todo esto por órdenes de una persona de nombre CANDELARIO y/o EL FLACO, lo que supo fue que se los llevaron a las instalaciones de Policía Municipal Preventiva de Sombrerete, Zacatecas, y ahí los tuvieron internos en las celdas, permaneciendo en este lugar aproximadamente dos días para posteriormente subirlos a la camioneta del Comandante LEONCIO FERNÁNDEZ GARCÍA siendo esta una Ford F350 de doble rodada, color azul marino para llevárselos a la casa de FÉLIX SANDOVAL GONZÁLEZ, ubicada en Calle Miguel Hidalgo s/n, Colonia la blanca en Sombrerete, Zacatecas, lugar donde los mantuvieron alrededor de dos horas y consecutivamente los mataron dándoles un tiro en la cabeza, por mismas platicas de LEONCIO Y FÉLIX, que incluso platicaron que ellos fueron a tirar los cuerpos sin vida a la comunidad de Mesillas perteneciente al municipio de Sombrerete, Zacatecas, sin saber exactamente el lugar. De igual manera se entrevistaron los agentes policíacos con FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OLVERA de veintisiete años de edad con domicilio en callejón de Rebote número 88, de la colonia centro Sombrerete, Zacatecas, quien se desempeña como oficial de policía municipal en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, del mismo modo se le cuestiona en relación a los mineros desaparecidos del campamento de Chalchihuites, les hizo del conocimiento que la unidad oficial con número económico 33 era quien estaba vigilando a los ingenieros y que a bordo de esta unidad andaban los comandantes LEONCIO FERNANDEZ GARCÍA y ELIO GARCÍA VILLEGAS, acompañados por un sicario a quien le apodan "EL MEXICANO", y quien trabaja para los chapos, pero que decidió independizarse y que el trabajo de los ingenieros fue uno de los primeros que realizo, agregando que actuaron en conjunto a bordo de la unidad oficial antes referida, y que se los llevaron con todo y vehículos, manifestando que se dio cuenta que los habían ingresado en los separos de la dirección de Policía Preventiva y que después de dos o tres días, los sacaron de dicho lugar entre el FELIX, LEONCIO y ELlO y los entregaron a las afueras de dicha dirección de policía a quien le apodan el "MEXICANO". Informe al que el Juez responsable, le concedió el valor probatorio que estimó pertinente de acuerdo a lo establecido al artículo 277 del Código de Procedimientos Penales, mismo que sustentó con los medios de prueba analizados con anterioridad. Concluyendo de la siguiente manera: "Así pues tenemos que cada una de las agravantes quedaron debidamente acreditadas con los argumentos que quedaron plasmados al valorar los medios de convicción analizados y valorados, por lo que se concluye pues que los elementos analizados con antelación atendiendo lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Procedimientos Penales aplicable, poseen valor probatorio en lo individual de conformidad con los diversos numerales 277 y 279 del preinvocado ordenamiento penal; los que concatenados entre si alcanzan el rango de prueba plena en atención a lo dispuesto por el artículo 278 del precitado ordenamiento adjetivo penal; resultando aptos y bastantes para demostrar sin duda los elementos del cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO efectuado por un grupo de dos o más personas quienes eran integrantes de una institución de seguridad pública, de acuerdo a lo previsto en los artículos 160, 172 y 173 del Código de Procedimientos Penales antes enunciado en perjuicio de RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUÍZ RAYAS y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ". Por lo que se refiere a la probable responsabilidad de los indiciados FRANCISCO JAVIER OLVERA MARTÍNEZ y LUIS ALFREDO JÁQUEZ LÓPEZ como coautores en la comisión del delito de Secuestro Agravado cometido en agravio de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruíz Rayas y Rodolfo Guajardo González, en términos del artículo 11, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, el juez responsable consideró que además de contar con los elementos materiales del cuerpo del delito que tuvo por acreditado tenían que quedar demostrados los siguientes elementos subjetivos, bajo los siguientes argumentos: ". IMPUTABILIDAD A TITULO DOLOSO, en contra del o los activos del delito. NEXO CAUSAL, existente entre la conducta desplegada por el o los activos con el resultado del daño producido. Es dable señalar que el artículo 11 en sus fracciones II, V y VI, del Código Penal vigente en el Estado, disponen literalmente: "Son responsables de los delitos: I...; II. Los que lo realicen conjuntamente;" El material probatorio que apoya el anterior criterio es el mismo que sirvió para acreditar la comprobación de los elementos constitutivos del cuerpo del delito de Secuestro Agravado, los cuales quedaron debidamente examinados y valorados en el Considerando Tercero del presente auto, datos e indicios que se dan aquí por reproducidos en todas sus partes, en obvio de repeticiones innecesarias. Apoyan el anterior criterio la Tesis de Jurisprudencia, que enseguida se transcribe: . CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Sin embargo, a fin de cimentar este pronunciamiento, es necesario destacar del material probatorio, los que son idóneos para llegar a esa determinación: No sin antes dejar establecido, que es necesario hacer uso de la PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, que es la más eficaz con que cuenta el procedimiento penal en nuestro país, toda vez que, no sólo mediante pruebas directas e imputaciones concretas, se puede lograr su demostración y colmar tal extremo. Ello, porque dicha prueba está basada sobre la inferencia o el razonamiento, y tiene, como punto de partida hechos y circunstancias que se encuentran probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado. Por tanto, debemos establecer, que para la comprobación de la responsabilidad de una persona, la moderna legislación de la materia, permite que ésta sea demostrada mediante una inducción lógica, que se reputa por las modernas doctrinas procesales penales como la Reina de las pruebas, denominada PRUEBA CIRCUNSTANCIAL; prueba infalible porque no puede ser viciada, ya que resulta de la apreciación en su conjunto, de los elementos probatorios que aparecen en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, pues cada uno de ellos constituye un indicio que atañe al mundo de lo fáctico, y de su armonía lógica, armónica y sistemática, derivada de su concatenamiento legal, habrá de establecerse una verdad resultante, que unívoca e inequívocamente lleve a la verdad buscada, ya sea en relación al cuerpo del delito o como en la especie, a la identidad de el o los responsables; y acerca de las circunstancias del acto incriminado. Por ende, para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada; así pues, para integrar dicha prueba, y poder acreditar los citados elementos subjetivos, partiremos del hecho cierto y demostrado de que: a). Los señores RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUÍZ RAYAS y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ, el día martes diecisiete de junio del dos mil catorce, aproximadamente a las cuatro cuarenta y cinco o cinco de la mañana, fueron privados ilegalmente de su libertad, luego de haber sido sustraídos por varios sujetos y sin orden legítima de autoridad, del domicilio ubicado en calle García Salinas número 202 del Barrio Jalisco del Municipio de Chalchihuites, Zacatecas; lugar al que ingresaron con facilidad, pues uno de los habitantes al escuchar que tocaban abrió la puerta, lo que facilitó la ejecución de la privación de la libertad de la que fueron objeto, con la finalidad de obtener un lucro con ello, por parte de los plagiarios, pues al momento de haber sido privados de su libertad se llevaron los respectivos vehículos propiedad de los pasivos, asimismo, momentos después hicieron retiros en efectivo de las cuentas bancarias de los pasivos; además hay un alto de grado de probabilidad de que se les haya causado un daño físico en sus personas pues a la fecha se desconoce el paradero de los pasivos. b). En seguida de aquellos hechos, específicamente el día veintiocho de julio del presente año, se logró la detención en calidad de caso urgente de RAYMUNDO MARIN TORRES, FELIX SANDOVAL GONZÁLEZ Y/O FELICIANO y ELIO GARCÍA VILLEGAS, a quienes dentro del término legal y constitucional les fue tomada su declaración preparatoria y se les resolvió su situación jurídica, habiéndoles dictado la Juez exhortada AUTO DE FORMAL PRISIÓN en calidad de coautores. Bajo ese panorama jurídico, procederé al análisis de los medios de prueba más destacados, de los cuales se derivan las presunciones que servirán para construir la prueba circunstancial de que se trata, con los que finalmente se tendrá por demostrada la probable responsabilidad penal que se les atribuye a los inculpados FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA y LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ, en la comisión del cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en agravio de RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUÍZ RAYAS y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ. .". Lo cual tuvo por acreditado con los siguientes medios de prueba: Con la denuncia formulada por Luis Alfredo Fernández Espinoza (Representante Legal de la Empresa First Majestic del Toro S.A de C.V.,) ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el diecisiete de junio de dos mil catorce. Con la declaración rendida por DANELA VIDALES OROZCO, el diecisiete de junio de dos mil catorce, así como su ampliación de diecinueve de ese mismo mes y año, ante el Agente del Ministerio Público investigador. A lo que sumó la declaración de Adrián René Raudry Palos, Jefe de Recursos Humanos de la empresa denominada "FIRST MAJESTIC SILVER CORP", quien ante el Agente del Ministerio Público. Así como con las declaraciones ministeriales en calidad de indiciados que rindieron los aquí quejosos Luis Alfredo Jacquez López y Francisco Javier Martínez Olvera, el veintiocho de julio de dos mil catorce. Medios de prueba que no se transcriben para evitar múltiples repeticiones, en razón de que se encuentran transcritos con anterioridad. Con el informe contenido en el oficio 168 de veintisiete de julio de dos mil catorce, suscrito por el comandante Juan de Dios Ortega Loera y los Agentes Abad Castillo Amaro, Cesar Misael Estrada Moreno, Ricardo Raudales Rodríguez, Jorge Erick Moran Estrada, Martín Zapata Juárez y Arturo Bueno Nava, del Grupo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación contra el delito de Secuestro, mediante el cual en la parte que interesa se asentó en este oficio lo siguiente: "Que avocados los Agentes a la investigación se entrevistaron con el LUIS ALFREDO JAQUEZ LÓPEZ de 22 años de edad con domicilio en calle Joaquín Amaro número 3 de la colonia Huertas Grandes del Municipio de Sombrerete Zacatecas, quien se desempeña como Agente de Policía Municipal en el Municipio de Sombrerete Zacatecas, y al cuestionarlo en relación a los Hechos de los ingenieros Secuestrados el pasado 17 de Junio del año en curso, los cuales trabajan para la empresa MAJESTIC la cual se ubica en el Municipio de Chalchihuites, Zac., manifestó que quienes se llevaron a las víctimas fue ENRIQUE SALAS Y RAYMUNDO MARÍN, todo esto derivado de que Félix en dos o tres ocasiones a esos mismos Ingenieros los habían extorsionado con la cantidad de TREINTA MIL PESOS pero como en esa ocasión la cuota o extorsión ascendía a la cantidad de SESENTA MIL PESOS y como ya no quisieron pagar y por eso se los llevaron, todo esto por órdenes de una persona de nombre CANDELARIO y/o EL FLACO, lo que supo fue que se los llevaron a las instalaciones de Policía Municipal Preventiva de Sombrerete, Zacatecas, y ahí los tuvieron internos en las celdas, permaneciendo en este lugar aproximadamente dos días para posteriormente subirlos a la camioneta del Comandante LEONCIO FERNÁNDEZ GARCÍA siendo esta una Ford F350 de doble rodada, color azul marino para llevárselos a la casa de FÉLIX SANDOVAL GONZÁLEZ, ubicada en Calle Miguel Hidalgo s/n, Colonia la blanca en Sombrerete, Zacatecas, lugar donde los mantuvieron alrededor de dos horas y consecutivamente los mataron dándoles un tiro en la cabeza, por mismas platicas de LEONCIO Y FÉLIX, que incluso platicaron que ellos fueron a tirar los cuerpos sin vida a la comunidad de Mesillas perteneciente al Municipio de Sombrerete, Zacatecas, sin saber exactamente el lugar. De igual manera se entrevistaron con FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OLVERA de 27 años de edad con domicilio en callejón de Rebote número 88, de la colonia centro Sombrerete, Zacatecas, quien se desempeña como oficial de policía municipal en el Municipio de Sombrerete, Zacatecas, del mismo modo se le cuestiona en relación a los mineros desaparecidos del campamento de Chalchihuites, les hizo del conocimiento que la unidad oficial con número económico 33 era quien estaba vigilando a los ingenieros y que a bordo de esta unidad andaban los comandantes LEONCIO FERNANDEZ GARCÍA y ELIO GARCÍA VILLEGAS, acompañados por un sicario a quien le apodan "EL MEXICANO", y quien trabaja para los chapos, pero que decidió independizarse y que el trabajo de los ingenieros fue uno de los primeros que realizó, agregando que actuaron en conjunto a bordo de la unidad oficial antes referida, y que se los llevaron con todo y vehículos, manifestando que se dio cuenta que los habían ingresado en los separos de la dirección de Policía Preventiva y que después de dos o tres días, los sacaron de dicho lugar entre el FELIX, LEONCIO y ELlO y los entregaron a las afueras de dicha dirección de policía a quien le apodan el "MEXICANO". (Foja 193 y 194). Medio de prueba que el Juez responsable, le confirió el valor indiciario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 277 y 278 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerar que se trata del resultado de la investigación realizada en torno a los hechos que nos ocupan, a solicitud del Agente del Ministerio Público Investigador, sino también, porque lo asentado en el Informe que se analiza, se encuentra apoyado con la declaración de quienes fueron entrevistados, es decir, los ahora inculpados ya que, éstos declararon en los mismos términos asentados en dicho oficio. Con lo declarado por Raymundo Marín Terrones, quien en fecha veintiocho de julio, en lo esencial manifestó: "Que no recuerdo la fecha exacta, pero me enteré que tenían detenido ahí en las celdas de la dirección a unos mineros, me lo dijo BENITO LÓPEZ, PEDRO MOLINA, duraron ahí aproximadamente un día.hay un comandante que está muy metido con el cartel del CHAPO y que le pagan por pasar información, se llama LEONSIO FERNANDEZ, que él recibe órdenes directas de un mentado "MEN" también sé que JAVIER MARTÍNEZ, en un tiempo yo anduve de compañero con FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OLVERA, tripulábamos en la patrulla treinta y uno pero yo le pedí al comandante BENITO LÓPEZ que me cambiara de con él, porque él andaba pasando información al mentado "MEN" yo varias veces lo escuché que le hablaba por teléfono, le decía si pasaba el ejército o alguna otra corporación o si andaban vendiendo drogas gente ajena a ellos." Así como con lo declarado por Félix Sandoval González, quien en lo principal dijo: "Quiero manifestar que no recuerdo la fecha exacta, pero si recuerdo que yo me encontraba en la presidencia como de guardia y escuché por vía radio que iban este RAYMUNDO, ENRIQUE SALAS además ELIO Y OSIEL por un detenido a CHALCHIHUITES, y escuché que la persona que está de o en barandilla de nombre VERO dijo que se comunicara un comandante a la base y solo respondieron en diez, que quiere decir de enterado, y que se fueron en la unidad treinta y uno a Chalchihuites, y refiero a dichas personas porque ellas siempre usan dicha patrulla además de los manifestados como EZEQUIEL Y JACQUEZ, quien últimamente se juntaba con JAVIER porque andaban bien alzados y asustar porque ellos andaban con los chiquitos, que son los del cártel de los chapos y esa llamada vía radio fue muy temprano ya que serían como eso de las cinco de la mañana o quizá un poco antes, y esa patrulla o unidad si me di cuenta que salió a Chalchihuites pero la hora de llegada de ellos no la supe porque ya no recuerdo si avisaron o no , y solo recuerdo de eso de esa unidad, y fue todo, así mismo en este momento al de la voz aproximadamente trabajé hace un año y dos meses trabaje en una empresa minera denominada First Majestic ubicada en Chalchihuites, por lo que en este momento me es mostrada una fotografía a color y coinciden con los rasgos fisonómicos de una persona de nombre RAUL COLUNGA IBARRA, manifiesto que sí lo conozco porque como lo señale trabajaba yo en la mina y el daba pláticas de seguridad, o sea era uno de los jefes de la mina, se me muestran también las fotos de otras dos personas del sexo masculino y señalo que no las conozco, a pesar de que yo trabajo en la corporación la persona que se encarga de revisar los detenidos no nos deja tener acceso a los separos, señaló que él que siempre da las órdenes de quien hace todo es el director, en segundo lugar de mando es LEONSIO, pero siempre que hay salidas fuera de Sombrerete van los comandantes, que no me di cuenta a quien trajeron en la patrulla, yo llegue a la dirección como a las ocho y media de la mañana y le entregue mi arma a "EL TIGUIS", manifiesto que de la corporación EL COMANDANTE, ELIO, JAVIER, ABRAHAM, BENITO LÓPEZ, MOLINA Y EL DIRECTOR trabajan para la delincuencia organizada, pertenecen al cartel del CHAPO es decir reciben dinero a cambio, pasar información y distribuyen droga, por lo regular no se presentan a trabajar, por último manifiesto que el día de hoy se me hace saber por esta autoridad que se encuentran desaparecidos los ciudadanos RAUL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUIZ RAYA Y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ. Conforme a la imputación que se me hace de que yo metí a mi casa a los tres ingenieros, manifiesto que no es verdad, porque mi casa es de lámina y se escucharía todo." Con la declaración por ELIO GARCÍA VILLEGAS, quien en lo esencial dijo: "Que yo no he participado en ese evento de la desaparición de esas personas, ya que dicen se desparecieron en Chalchihuites y allá no es mi área de trabajo, recuerdo de esa desaparición de las personas porque se ha comentado mucho esa situación, y desconozco quien o quienes me estén involucrando en esos hechos, de lo que tengo entendido es que a RAFAEL AQUINO LÓPEZ, llegaron delincuentes con él y actualmente a mí me están dando dinero, dos mil quinientos pesos por ayudarles a estar campaneando a diversas corporaciones policiales, pero en lo que se me señala de que yo participe en la desaparición de tres personas no tengo nada que ver, LEONCIO manifiesto que es el primer comandante del segundo turno, y tiene un mes que no se presenta a laborar, pero tengo entendido que también anda inmiscuido en la delincuencia, así mismo en este momento se me pone a la vista una primer fotografía de una persona de nombre RAUL COLUNGA IBARRA, a quien manifiesto que no conozco y nunca lo he visto, ya que solo me dedicaba al campaneo pero nunca levanté gente, de una segunda fotografía que se me muestra de nombre RAMIRO RUIZ RAYA, tampoco conozco a esa persona y nunca lo había visto, además se me muestra una tercer fotografía de una persona de nombre RODOLFO GUARDADO GONZALEZ a quien no conozco y nunca he visto apenas ahora en este momento que se me muestra la foto, pero manifiesto de nueva cuenta que no me dedico a levantar gente, solamente campaneo y nada más y pues si recibo quincenalmente dos mil quinientos pesos extras, que me son entregados por parte de la delincuencia organizada y nada más.." Por su parte Octavio Hernández Domínguez, en lo fundamental dijo: "Que de mis compañeros sé que FRANCISCO JAVIER hablaba mucho por teléfono y me llegó a decir que andaba con gente de alto rango.de mi compañero RAYMUNO MARIN quiero manifestar que duro mucho tiempo de copiloto con FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ, ya que no lo quería de patrullero porque decía que siempre andaba de comisiones, además de que un día le comenté a un BENITO LÓPEZ un subcomandante de otro turno, que FRANCISCO JAVIER se estaba robando la gasolina de la patrulla." Por su parte Gerardo Hernández Domínguez, en su declaración emitida en fecha veintinueve de junio del año en curso manifestó lo siguiente: "El de la voz sé que colaboraban mis siguientes compañeros ELIO GARCÍA VILLEGAS quien tiene el cargo de Subcomandante y de él llegué a saber que cooperaba con el grupo delictivo denominado LOS CHAPOS y colaboraba halconeando, sé que consumía droga.en relación a mi compañero FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA sé que halconeaba, porque él mismo me lo llegó a decir y también me llegó a decir que él se encargaba de llevarle gente a los CHAPOS o sea que se encargaba de hacer levantones, sé que siempre traía droga porque llego a mostrarla delante de mí, también decía que a él era a quien le encargaban la droga y en ocasiones ésta era mucha y la llevaba a la dirección de la preventiva, llegó hacerme la invitación para que yo también cooperara con la delincuencia organizada que si le entraba como halcón me darían dinero pero no precisó la cantidad.de este LUIS ALFREDO JÁCQUEZ LÓPEZ de igual manera él mismo me decía que le ayudaba a FRANCISCO JAVIER a halconear, traer droga y trabajaban en conjunto para hacer levantones de igual manera cooperaban con los CHAPOS, el de la voz desconozco a quien hallan levantado." Así como con lo vertido por Sergio Antonio Ramírez Gaytán, quien manifestó lo siguiente: ".de FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA sé que andaba y cooperaba con LOS CHAPO, él se dedicaba al halconeo porque llegué a escuchar pláticas de él en las que decía que se dedicaba a andar halconeando, sé que se drogaba pero en realidad nunca llegué a verlo, también sé que andaba levantando gente por el hecho de que me enteré que lo agarró el Ejército con un secuestrado, y de mi compañero LUIS ALFREDO JÁCQUEZ LÓPEZ de él sé que también se dedicaba al halconeo porque siempre andaba con FRANCISCO JAVIER, y pues de igual manera sé que se drogaba, y pues lo último de que lo agarró también el Ejército junto con FRANCISCO JAVIER porque tenían a una persona privada de su libertad." Así como lo manifestado por el diverso oficial de la Policía Preventiva del Municipio de Sombrerete, Zacatecas, Erick Piedra Fraire, quien al emitir su declaración ministerial el veintinueve de Junio del año dos mil catorce, mencionó en lo que aquí interesa lo siguiente: "De FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA de él sí sé que coopera con LOS CHAPOS porque llegue a escucharlo directamente de él que presumía mucho y decía que andaba con los meros, meros y que si le pasaba algo se iba a llevar a mucha gente de corbata, sé que se drogaba porque en una ocasión lo vi con una bolsita de cristal y le dije que no le anduviera haciendo a eso y él me contestó que era solo para el sueño.y pues si andaba levantando gente porque pues sé esto último porque paso que lo encontró el Ejército con una persona que estaban privando de la libertad, y en relación a LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ sé se juntaba mucho con FRANCISCO JAVIER y parecía que él era quien lo inducía a andar con la delincuencia organizada también cooperaba con LOS CHAPOS y de igual manera sé que lo agarró el Ejército junto con FRANCISCO JAVIER porque habían privado de la libertad a una persona, se le pregunta al declarante si conoce a alguien que le apoden el "MEN" a lo que responde que no lo conoce solo sabe por rumores que es el jefe de la plaza de Sombrerete, y que pertenece al grupo delictivo de LOS CHAPOS." Medios de prueba a los que el Juez responsable, les concedió el valor de indicios de conformidad a lo establecido por los artículos 277 y 281 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, los cuales son de utilidad para demostrar de manera clara que los inculpados FRANCISCO JAVIER MARTINEZ OLVERA y LUIS ALFREDO JÁQUEZ LÓPEZ, estaban involucrados en cuestiones ilegales y trabajaban para un grupo delictivo denominado LOS CHAPOS, que entre sus trabajos o comisiones era el de vender droga, halconear y también levantar gente, que de ello se enteraron por propio dicho de ellos y que incluso a varios de ellos los invitaban para unirse al mismo grupo delictivo con el que ellos colaboraban. Con todo lo anterior, el Juez de la causa concluyo de la siguiente manera: "En ese orden de ideas, se puede válida y jurídicamente concluir que, con los anteriores medios de convicción, los que justipreciados que fueron ya en lo individual en términos de lo establecido por los artículos 276, 277, 279, 280, 281 y 282 del Código Adjetivo Penal vigente en el Estado, por su concatenación lógica y natural y en estricta observancia de lo dispuesto por el numeral 278 del Ordenamiento Legal en cita, resultan aptos y suficientes para comprobar la probable responsabilidad penal de LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ y FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA, como coautores, en los términos de la fracción II del artículo 11 del Código Penal vigente, pues aunque ellos no hayan ejecutado materialmente el núcleo del injusto, lo cierto es que para la consumación del delito existió una aportación esencial y adecuada por parte de cada uno de ellos, la que al menos fue la de vigilar a los plagiados en el momento en que se encontraban detenidos en los separos de la policía preventiva de Sombrerete, Zacatecas. A la luz de lo anterior, y en contrario a la óptica del defensor, resulta evidente que al concatenarse entre sí y realizar un enlace legal, lógico, armónico y sistemático entre la verdad conocida, (secuestro agravado) y la que se busca, (Autores Materiales o participes), tanto en lo referente al Cuerpo del Delito, como a la Responsabilidad Penal, conforme a lo establecido por el artículo 278 del Código precitado, resultan aptos y suficientes para tener acreditado mediante la prueba Circunstancial, considerada actualmente la Reina de las Pruebas, virtud de que no puede ser viciada y que conduce indefectiblemente a la verdad inequívoca; la Probable Responsabilidad Penal de LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ y FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA, en la comisión del cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en agravio de RAÚL COLUNGA IBARRA, RAMIRO RUÍZ RAYAS Y RODOLFO GUAJARDO GONZÁLEZ; demostrándose así el nexo causal existente entre la conducta desplegada por los activos y su resultado. En apoyo de lo anterior se cita la siguiente tesis jurisprudencial aislada: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACION DE LA.-." Por su importancia, resultan aplicables a nuestro estudio las tesis jurisprudenciales aisladas del tenor siguiente: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL." "PRUEBA INDICIARIA, RESPONSABILIDAD BASADA EN.". Pues no podemos dejar de resaltar, que hasta este momento procesal, se requiere únicamente que existan medios de convicción idóneos, que hagan probable la responsabilidad de los inculpados de referencia, y los existentes, se estiman del todo aptos para tal fin. Aplicando al tema la Tesis que de manera conjunta a la citada en párrafos precedentes, complementan lo aquí expuesto, y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Septiembre de 1993 visible en la página 185 cuyo texto reza: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES INDISPENSABLE OBTENER PRUEBA PLENA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA EMITIR EL.". Sustenta el criterio de la presente resolución la Tesis publicada en el Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuya instancia lo es el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Página 280, que al tenor literal establece: "FORMAL PRISIÓN. REQUISITOS CONSTITUCIONALES...". Finalmente por su importancia, cabe invocar la Tesis número 129 pronunciada por el más alto Tribunal del País, correspondiente a la Quinta Época, publicada en el Apéndice al Tomo XXXVI, impresa en la página 267, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISION.." En esa postura, con el examen realizado y las determinaciones obtenidas, se satisface el TERCERO DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES que a saber se hace consistir en la existencia de datos de prueba suficientes que acrediten los elementos del cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO y que hagan probable la responsabilidad de los indiciados la comisión de los mismos, ya que los datos que arrojaron los medios de prueba recabados en la averiguación previa y el término Constitucional son bastantes y suficientes para tener por demostrados dichos aspectos jurídicos (cuerpo del delito y probable responsabilidad), siendo suficientes en derecho para motivar un auto de formal prisión". En las narradas circunstancias, cabe decir que, conforme a lo expuesto, el Juez consideró en forma debida el acreditamiento de los elementos del delito que se imputa a los promoventes del amparo, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo, pues contrariamente a lo que aducen los quejosos, y tal como lo indicó la citada responsable, de los elementos probatorios con que contaba se demuestra la probable responsabilidad penal de los quejosos en la comisión del delito de Secuestro Agravado cometido en perjuicio de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruiz Rayas y Rodolfo Guajardo González. De todo lo anterior, este juzgador de amparo considera que existen indicios suficientes de los que se desprende que en las condiciones dadas a conocer, LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ y FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA, probablemente cometieron el delito de SECUESTRO AGRAVADO en agravio de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruiz Rayas y Rodolfo Guajardo González, en razón a las probanzas que anteceden, de las cuales se puede advertir que los quejosos privaron de su libertad a los citados ofendidos. De igual manera, contrario a lo expuesto por el impetrante del amparo, en su concepto de violación identificado en el inciso a) en el sentido de que la resolución reclamada, no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación inherentes a todo acto de autoridad, pues en la determinación reclamada se invocaron las hipótesis normativas aplicables al caso concreto, así como las razones particulares y causas inmediatas que llevaron a la autoridad judicial a la conclusión apuntada, cumpliéndose así con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en el numeral 16 de la Carta Magna. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así como la tesis cuyo rubro y texto son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, en cuanto atañe a los diversos conceptos de violación en los que el quejoso indica que se vulneran las garantías de debido proceso legal, seguridad jurídica y de legalidad, así como sus derechos humanos, en razón de que el juez responsable tomó en consideración para acreditar su presunta responsabilidad pruebas ilícitas recabadas bajo tortura. Al respecto, este juez de control constitucional advierte que sus argumentos son infundados, en razón de que de la resolución reclamada, se advierte que no se vulneran las garantías que aduce, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es menester precisar que el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentra al margen de las exigencias constitucionales y legales. La nulidad de la prueba ilícita es un derecho sustantivo que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales, alegando como fundamento: a) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento; b) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional; y c) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el artículo 14 constitucional establece que las personas no pueden ser privadas de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95, cuyo contenido establece: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Lo anterior significa que sólo si el debido proceso ha sido respetado procede imponer a una persona la sanción legalmente establecida. En efecto, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. La regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícita en nuestro orden constitucional. Esta regla exige que todo lo que haya sido obtenido al margen del orden jurídico debe ser excluido del proceso a partir del cual se pretende el descubrimiento de la verdad. La eficacia de las pruebas debe nulificarse en aquellos casos en que la norma, que ha sido transgredida, establezca: a) garantías procesales; b) la forma en que se practica la diligencia; y c) derechos sustantivos en favor de la persona. Las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben ser anuladas, cuando las pruebas de las que son frutos resultan inconstitucionales; esto es, aquellos medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria. El vicio consistente en una violación (bien constitucional o legal), adquiere un efecto prolongado en un proceso, donde determinadas actuaciones y resoluciones son causa y efecto de otras. Es decir, basta con la violación de un precepto constitucional o legal para que el vicio formal trascienda de manera inevitable en las actuaciones que directamente derivan de la misma. Así, todo aquello que no cumpla con las formalidades del procedimiento carece de validez. A este respecto, es necesario realizar algunas precisiones. En primer lugar, es importante hacer la diferenciación entre las pruebas prohibidas por mandato de ley y las pruebas ilícitas. Las primeras se refieren a aquellas pruebas que están consideradas prohibidas por disposición legal; en cambio, las segundas, se consideran ilícitas toda vez que para su obtención se violó alguna disposición del ordenamiento jurídico -constitucional o legal -. Respecto de las pruebas prohibidas por la ley tenemos como punto de referencia, atento al caso que nos ocupa, lo dispuesto por el artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que prevé que son admisibles como tal, todo aquello que se ofrezca como tal siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Ahora bien, la ilicitud de las pruebas deviene de dos modos: respecto de su obtención o de su incorporación en el proceso respectivo. En efecto, la ilicitud de la prueba respecto de su obtención, implica que la misma se hizo a partir de la infracción a una norma constitucional, pero su incorporación al proceso se hizo de manera lícita. Debemos señalar que la misma carece de eficacia probatoria, pues el origen de la misma resulta viciado, razón por la cual no puede ser válida. En cuanto a las pruebas que se obtienen de manera lícita, pero su incorporación al proceso genera la infracción de alguna disposición constitucional, es importante señalar que las mismas pueden ser reparadas, según la gravedad de la violación. Por tanto, tales pruebas pueden tener eficacia, siempre y cuando la naturaleza de la violación admita que ésta pueda ser subsanada; para discernir esto, es necesario que la prueba no tenga el efecto de viciar otras actuaciones paralelas en el proceso. Por el contrario, cuando la violación trasciende a tal grado de afectar y viciar otras actuaciones, es necesario que sea anulado el acto a través del cual la prueba es incorporada. Por otra parte, en cuanto a las pruebas que se relacionan con las que se obtuvieron de manera ilícita, es importante realizar las siguientes reflexiones. Si existe una relación causal entre la obtención de la prueba ilícita y otras pruebas que no estén afectadas de dicho vicio, las mismas, necesariamente, se deberán considerar ilícitas. Así, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben ser anuladas, cuando las pruebas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Es necesario apuntar que la prueba sólo será eficaz en caso de que objetivamente pueda advertirse que el hecho en cuestión hubiera tenido que ser descubierto por otros medios lícitos, totalmente independientes al medio ilícito y puestos en marcha en el curso del proceso. Finalmente, es de destacarse que el respeto a los derechos fundamentales -en este caso, las formalidades esenciales del procedimiento- es una cuestión de gran relevancia para el orden jurídico vigente; toda vez que la obtención ilícita de una prueba supone un incorrecto actuar por parte de la autoridad. Es decir, la acusación en contra de un particular por cometer un delito puede perder relevancia jurídica si la prueba contundente está viciada. Es entonces cuando la probable culpabilidad de tal particular debe ser descartada (en la hipótesis de que no existan pruebas válidas), con independencia de si, de hecho, la persona cometió o no el delito. La violación de una formalidad por parte del Estado adquiere tal magnitud y gravedad, que impide tener por válida la probanza hecha en contravención con las garantías individuales. De ahí que, se insiste, aquellos medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria. De concedérsela, se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas, con las cuales se acrediten tales extremos, deben haber sido obtenidos de manera lícita. Precisado lo anterior, contrario a lo que aducen los quejosos, debe decirse, que en el acto reclamado no se advirtió que las pruebas fueran ilícitas, al haberse obtenido bajo tortura, ya que hasta el momento procesal en el que se dictó la resolución reclamada, no existe medio de prueba que evidencie fehacientemente que las respectivas declaraciones de los inculpados hayan sido arrancadas mediante la violencia física que sobre sus personas ejercieran los agentes de la policía ministerial al momento de su detención o bien después en los separos, ya que las declaraciones de los inculpados fueron producidas ante el Agente del Ministerio Público, quien actúo legalmente asistido de su oficial secretario que dio fe de lo que acontecía, además de que cada uno de los inculpados, aquí quejosos fueron legalmente asistidos por la licenciada Olivia Guzmán García; declaraciones de las que se advierten que reúnen los requisitos legales; y si bien es cierto, también de autos se advierte que cada uno de ellos presentó huellas de violencia en su integridad física, como se asentó en las respectivas Fe Judiciales; sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para invalidar sus referidas declaraciones confesorias, pues no fueron aportadas al sumario pruebas que vinieran a acreditar la relación causal existente entre las lesiones que presentaron y de que las mismas les fueran ocasionadas por elementos de la Policía Ministerial del Estado, mucho menos que esas lesiones se hubiesen ocasionado para producir la declaración de los inculpados en los términos que lo hicieron. De lo que se colige que no se trata de pruebas ilícitas, de ahí lo infundado de los argumentos de los quejosos. Sin que pase inadvertido para este Tribunal Federal, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 136 de la sentencia dictada en el caso Cabrera y Montiel contra México, sostuvo que cuando la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. Este criterio, aplicado al contexto en el que se desarrolla el proceso penal, en el que el juzgador actúa como órgano imparcial y rector ante dos partes con intereses contradictorios, quienes tienen diversas cargas procesales, implica que no es al inculpado o a quien incumbe demostrar que fue coaccionado para declarar cuando alegue que fue sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que en función de las circunstancias en que se alegue ese tipo de maltratos, corresponde al juzgador realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para garantizar que se realice un examen médico de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva. Por lo que, como ya se dijo, hasta el momento de la emisión del acto reclamado no se advierte que existan pruebas idóneas para establecer que los inculpados aquí quejosos fueron coaccionados mediante tortura; por tanto, durante la secuela del proceso penal, corresponde al juzgador realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a su vez, actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para garantizar que se realice un examen médico de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO EN EL PROCESO PENAL EL INCULPADO ALEGUE QUE FUE SOMETIDO A ELLOS Y COACCIONADO PARA DECLARAR, CORRESPONDE AL JUZGADOR Y NO A AQUÉL, REALIZAR LA DENUNCIA RESPECTIVA, ORDENAR LA PRÁCTICA DEL EXAMEN MÉDICO Y DE CUALQUIER PRUEBA QUE SIRVA PARA ESCLARECER LOS HECHOS, A EFECTO DE VALORARLOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 136 de la sentencia dictada en el caso Cabrera y Montiel contra México, sostuvo que cuando la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. Este criterio, aplicado al contexto en el que se desarrolla el proceso penal, en el que el juzgador actúa como órgano imparcial y rector ante dos partes con intereses contradictorios, quienes tienen diversas cargas procesales, implica que no es al inculpado o a quien incumbe demostrar que fue coaccionado para declarar cuando alegue que fue sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que en función de las circunstancias en que se alegue ese tipo de maltratos, corresponde al juzgador realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar de manera pronta, efectiva e imparcial, para garantizar que se realice un examen médico de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, para que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva". Ya que por lo que corresponde a este Tribunal Federal, al momento de admitir la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, se dio vista con las manifestaciones de tortura que indicaron los quejosos en su libelo, al Procurador General de Justicia del Estado, a fin de que determinara qué autoridad ministerial debía investigar ese probable ilícito. Ello de acuerdo a la jurisprudencia del rubro y texto que dicen: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. Y dado que el artículo 19 de la Constitución Federal indica que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la probabilidad del hecho, es inconcuso que la resolución reclamada a través de la cual se dicta contra de los aquí quejosos auto de formal prisión, no se violan sus garantías individuales, según las razones expuestas en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". Por otro lado, en lo que atañe a lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación identificado en los incisos b) referente a que no se acredita la coacción que debieron ejercer en contra de los ofendidos para llevárselos sin su voluntad. Al respecto cabe indicar a los quejosos que su argumento es infundado, dado que de acuerdo a la naturaleza del delito, no se debe acreditar la voluntad del ofendido de querer ser privado de su libertad. Y respecto a lo manifestado en su concepto de violación identificado en el inciso d), en el sentido de que el juez responsable no les otorgó el valor probatorio que merecían a la inspección judicial y pericial médica practicadas al quejoso Luis Alfredo Jáquez López, con las que se acreditó la tortura que fue ejercida en su contra. El juez responsable tiene la facultad de otorgar el valor a las prueba según lo estime pertinente, además de que como quedó evidenciado con anterioridad, de autos no se advierte que se haya acreditado la tortura de que dicen los quejosos fueron objeto; de ahí lo infundado de su postura. En virtud a lo anterior, se desestiman las tesis que los quejosos invocaron en su libelo, dado que como ha quedado establecido las mismas no son suficientes para atacar el acto reclamado y así cambiar el sentido de la presente resolución Cabe precisar que si bien, del preámbulo de la demanda de garantías que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que se señaló como nombre del quejoso el de FRANCISCO JAVIER OLVERA MARTÍNEZ y así fue admitida; sin embargo, el quejoso firma el libelo como FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA y de la lectura de la resolución reclamada se desprende que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado se instruye en contra de FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA; por tanto, se aclara que el nombre correcto del quejoso lo es FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA. En las narradas circunstancias, se concluye que el acto reclamado consistente en la resolución de diecinueve de agosto de dos mil catorce, por la que se dictó el auto de formal prisión en contra de los quejosos LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ y FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO en agravio de Raúl Colunga Ibarra, Ramiro Ruiz Rayas y Rodolfo Guajardo González, no resulta violatoria de garantías en perjuicio de los propios quejosos, al quedar desestimados los conceptos de violación formulados al respecto, ya que además no se advierte deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva, respecto del acto de ejecución reclamados al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, por no reclamarse por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia, que expresa: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS. Los actos de las autoridades ejecutoras, relativos a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorios de garantías ". Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y con apoyo además en los diversos artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a LUIS ALFREDO JACQUEZ LÓPEZ y FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OLVERA, contra las autoridades responsables y acto reclamado señalado en el considerando segundo por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de mayo de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. Doy fe.- mtm

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO del JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL, CON SEDE EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documental que remite el Juez responsable, consistente en copia certificada de las constancias que obran agregadas al exhorto 174/2014-1, derivado del proceso penal 34/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; y a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, guárdese por separado y tómese en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, con el contenido del informe de cuenta y constancias que se remiten dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRECE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO del JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL, CON SEDE EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes; sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documental que remite el Juez responsable, consistente en copia certificada de las constancias que obran agregadas al exhorto 174/2014-1, derivado del proceso penal 34/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas; y a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, guárdese por separado y tómese en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Finalmente, con el contenido del informe de cuenta y constancias que se remiten dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga".

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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