Francisco Javier Mendoza Meza
Expediente 1182/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Francisco Javier Mendoza Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la justicia solicitado; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "1. Emplace a ********************, dentro del juicio laboral ******************** y remita las constancias respectivas a su homóloga Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; lo que deberá acreditar a este juzgado. Concesión del amparo que se hace extensiva a la Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues si bien el artículo 759 de la Ley Federal del Trabajo7 la faculta para recordar a la autoridad exhortada el cumplimiento de la diligencia y, en caso de persistir la demora, poner en conocimiento del superior inmediato del exhortado tal demora, lo cierto es que los efectos de esta sentencia tienen como fin que el exhorto de referencia se diligencie dentro del plazo de tres días, de ahí que resulta procesalmente innecesario que la Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje realice una gestión diversa." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, así como los numerales Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, le será impuesta una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización. Así también con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto la razón actuarial de dos del mes y año en curso, se advierte que no le fue posible al Actuario Judicial adscrito hacer entrega del oficio 34722/2022 dirigido a la Junta Especial número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, ya que fue atendido por personal de dicha dependencia quien se negó a recibir dicho comunicado, pues le informó que la autoridad de referencia dejó de laborar desde el treinta de noviembre de la presente anualidad, y que los asuntos de ahí tramitaban se trasladaron a la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí a la Juna Especial número Treinta y cuatro. Atento a lo anterior, y a que en la sección administrativa de este Juzgado obra oficio de la encargada del despacho de la Secretaría General de Conciliación y Asuntos Individuales referente a la conclusión de labores de la junta responsable, la cual fue sustituida por la diversa Junta Especial número Treinta y Cuatro, con residencia en San Luis Potosí, San Luis Potosí; en consecuencia, remítase a ésta última el oficio 34722/2022, que contiene la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, a fin de que se imponga de su contenido y manifieste lo que consideren pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con veinticinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1182/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo; el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje y las constancias que acompañó en apoyo a dicho informe; Asimismo, el secretario de juzgado certifica: que la autoridad que el quejoso denominó como "Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje" fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada, tal como se aprecia del acuse de recibo del oficio 28517/2022. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que fueron presentadas por la autoridad responsable al rendir el informe respectivo, así como las que acompañó la parte quejosa en su escrito de demanda. A lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, la cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver. En el periodo de alegatos, el Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa y la fiscal federal de la adscripción. A lo que el Juez dispone: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos de referencia. Consecuentemente, sin diligencias pendientes por desahogar, se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1182/2022, promovido por ********************, en su carácter de apoderada de ********************, contra actos de la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda por incompetencia. Mediante oficio 37605, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitió a su homólogo en el Estado de Zacatecas, en turno, la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderada de ********************, toda vez que ese órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal por territorio para conocer de la citada demanda. SEGUNDO. Recepción, admisión y trámite. Por razón de turno, dicha demanda fue del conocimiento de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se registró con el número 1182/2022; se aceptó la competencia planteada y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV; 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ello en razón a que se reclama un acto de naturaleza omisiva, carente de ejecución material, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos fundamentales, consiste en: A la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje: la omisión de diligenciar el exhorto remitido por la Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de emplazar a ********************, dentro del juicio laboral ********************. A la Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de realizar las gestiones necesarias ante la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto que le sea devuelto el exhorto antes referido. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad al rendir su informe, la cuales cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al tratarse de copias certificadas expedidas por una autoridad actuando en pleno ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, la autoridad responsable Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Oportunidad de la demanda. Cabe recordar que el acto reclamado consiste en dilaciones dentro de un juicio laboral. Ahora, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla general la temporalidad de quince días para acudir a juicio de amparo, contados a partir de (i) el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, (ii) del día siguiente al en que haya tenido conocimiento o (iii) del día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como así lo refiere el numeral 18 de la ley de la materia. Sin embargo, la presente demanda de amparo, no encuadra en ninguna de las hipótesis contempladas en los numerales en cita, pues cuando se reclaman actos omisivos, la afectación al gobernado es de tracto sucesivo, es decir, se continúa produciendo hasta en tanto la persona no se vea restituida en el derecho que se le vulnera, de ahí que no puede establecerse una temporalidad determinada para acudir a juicio de amparo cuando se reclaman estos actos, pues mientras éstos prevalezcan, se estará en condiciones de promover amparo en cualquier momento; de ahí que es válido concluir que, mientras no se subsane la dilación procesal, el gobernado podrá acudir a juicio de amparo. Sirve como orientación y apoyo a lo antes expuesto, la tesis que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Estudio del asunto. Toda vez que respecto del acto reclamado, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia y tampoco fueron alegadas por las partes, se procede ahora a analizar los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos, aunado a que la presente sentencia se ciñe a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En una parte de sus conceptos de violación, aduce la parte quejosa que se transgrede en su perjuicio el contenido el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se ha diligenciado el exhorto girado a efecto de emplazar a ********************, dentro del juicio laboral ********************, dentro de los plazos que la propia legislación confiere. El motivo de inconformidad que hace valer el quejoso en su concepto de violación fundado. Para corroborar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución debidamente fundada y motivada sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, en los términos y plazos que establezca la ley que los rija; así, del texto constitucional se advierte que la administración de justicia completa debe estar presente en todo momento al resolverse en definitiva por parte de la responsable el asunto puesto ante su jurisdicción. Lo anterior, debe entenderse referido a cualquier actuación dentro del laboral. En concordancia con lo anterior, y en relación a los términos y plazos establecidos en la ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido del artículo 753 y 758 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se inició el juicio laboral ********************, y que son del tenor siguiente: "Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales del domicilio en que deban practicarse; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana. Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin que el término fijado pueda exceder de quince días." De los términos que el citado precepto estipula, se advierte que cuando no se pueda practicar una diligencia dentro de la residencia del tribunal correspondiente, se podrá en comentar su diligenciación vía exhorto; la cual deberá realizarse, por regla general, dentro del plazo de cinco días y, por caso extraordinario, dentro del plazo fatal de quince días. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, de no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que las conductas de carácter omisivas tildadas de inconstitucionales, deben considerarse como actos que en sí mismos no son violatorios de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este resolutor federal estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que en dicha controversia se haya solicitado la realización de una diligencia vía exhorto; y, que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para diligenciar dicha encomienda. Entonces se debe verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que la quejosa sea parte. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente asunto, pues de las constancias allegadas por la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que el juicio laboral ********************, fue promovido por ********************, y que ******************** es su apoderada (foja 59) 2) Que en el juicio de origen se ha solicitado la realización de una diligencia por medio de exhorto. Dicho requisito también se encuentra satisfecho, pues de la copia del auto dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, por la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se aprecia que se recibió la encomienda de mérito, a fin de emplazar a ********************, dentro del juicio laboral ******************** (foja 60) 3) Que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para diligenciar el exhorto. Este último requisito también se satisface, pues a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo, es claro que han transcurrido más de los quince días que el artículo 758 de la Ley Federal del Trabajo establece para diligenciar el exhorto, como plazo extraordinario; ello si se toma en cuenta que la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ordenó practicar tal diligencia desde el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Por consiguiente, en el caso en concreto se advierte una abierta dilación del procedimiento laboral de origen, en perjuicio del quejoso; de ahí que se actualice la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se concede el amparo y protección de la justicia federal que solicita a ********************, en su carácter de apoderada de ********************, para el efecto de que la Junta Especial número cincuenta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin mayores dilaciones: 1. Emplace a ********************, dentro del juicio laboral ******************** y remita las constancias respectivas a su homóloga Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; lo que deberá acreditar a este juzgado. Concesión del amparo que se hace extensiva a la Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues si bien el artículo 759 de la Ley Federal del Trabajo la faculta para recordar a la autoridad exhortada el cumplimiento de la diligencia y, en caso de persistir la demora, poner en conocimiento del superior inmediato del exhortado tal demora, lo cierto es que los efectos de esta sentencia tienen como fin que el exhorto de referencia se diligencie dentro del plazo de tres días, de ahí que resulta procesalmente innecesario que la Junta Especial número veintiséis de la Federal de Conciliación y Arbitraje realice una gestión diversa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en su carácter de apoderada de ********************, contra los actos y autoridades que se precisaron en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el correlativo último de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. JSC, mcmo. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del uno de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 1939
- Principal
.... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veinticinco minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional; no obstante, mediante oficio CCJ/ST/5706/2022 de catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, otorgó licencia oficial al licenciado Rodolfo García Camacho, titular de este órgano jurisdiccional, a partir de las once horas del veintidós de noviembre de este año, hasta las quince horas del veinticuatro siguiente, autorizando como encargado del despacho, al licenciado Jorge Martín Zamora González, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esto es, únicamente para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. ....
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