Francisco Javier Nuñez Soto
Expediente 1057/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/06/2023
Partes del expediente
- Francisco Javier Nuñez Soto
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se requirió al Encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento Constitucional de El Salto, Jalisco, a efecto de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la misma, no obstante de encontrarse notificada, tal como se advierte de la constancia de notificación respectiva. II. Requiérase. En vista de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Encargado de la Hacienda Municipal, ambos del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente auto, dé cabal cumplimiento al fallo protector, esto es, acredite haber gestionado el pago de las prestaciones a que tiene derecho el hoy quejoso **** cuantificadas mediante resolución incidental de liquidación complementaria, la cual asciende a la cantidad de $1´331,555.72 (un millón trescientos treinta y un mil quinientos cincuenta y cinco pesos 72/100 moneda nacional). A la cantidad resultante, descontando el monto que corresponde al aguinaldo (debido a que está exento de deducciones, de conformidad con el artículo 43 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco), la autoridad responsable deberá calcular el monto que corresponda al Impuesto Sobre la Renta y lo relativo al fondo de pensiones, realizar la deducción correspondiente y el resto entregarlo al quejoso. III. Apercíbase. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. IV. Requerimiento a superior jerárquico. Luego, en acatamiento a los numerales 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente Municipal de El Salto, Jalisco (como superior jerárquico de la autoridad señalada en supralíneas), para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo; bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo anterior, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. V. Apercíbase. Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1057/2023, promovido por ********************, por derecho propio, contra la omisión que reclama de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y (...) ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Informa gestiones. Visto el oficio y anexos remitidos por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, se le tiene informando que remitió a la Directora de Recursos Humanos de la misma dependencia, copia de los comunicados en que la Coordinación General Estratégica de Seguridad dio el visto bueno y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo emitió opinión, respecto del pago de la indemnización constitucional en favor del quejoso. Se requiere. En virtud de lo anterior, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, para que en el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, acredite que pagó la cantidad que resultó en favor del aquí quejoso, como indemnización constitucional o en su defecto, las gestiones que de manera efectiva se encuentran realizando para ello. En el entendido de que no bastará que informe que requirió a diversa autoridad, sino que deberá acreditar con constancias que se realizó la adecuación de las partidas que integran su presupuesto previamente autorizado para el año que transcurre a fin de que efectúe el pago correspondiente en favor del quejoso, aun cuando no esté previsto específicamente en tal presupuesto; y, en su caso, que se solicitó la aprobación de esa reestructura al Gobernador y a la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco. En su defecto, acredite la falta de recursos económicos y solicite la ampliación del presupuesto respectivo al Gobernador y Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, específicamente destinada a cubrir la indemnización y demás prestaciones que corresponden al quejoso con motivo de la baja injustificada en el cargo que desempeñaba como elemento de la Policía Vial. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P. XX/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, página 12, registro 187083, que indica: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional." Asimismo, robustece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10, registro digital 162469, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que, de no acreditar el cumplimiento del fallo protector o las gestiones que de manera efectiva se encuentra realizando, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que firma electrónicamente la Secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por el cual hace del conocimiento que la versión digital el testimonio de la resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés, se encuentra autorizada en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), en que dicho órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja 140/2023, interpuesto por la parte quejosa contra el auto en que se desechó la demanda de amparo. Acúsese el recibo correspondiente. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurridos tres años, toda vez que se desechó la demanda de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el precitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
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