Francisco Javier Navarro Quesada
Expediente 1002/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/09/2018
Partes del expediente
- Francisco Javier Navarro Quesada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de julio de dos mil dieciocho. Confirma sentencia. Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 475/2017 y copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en la revisión principal 418/2017, en sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Queda intocado el primer resolutivo que se rige por los considerandos tercero y sexto de la sentencia recurrida, en que se determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados: al Ayuntamiento y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; al Gobernador del Estado de Jalisco, con relación al refrendo y publicación de los decretos 16794 y 18348 en que se expide y reforma la Ley de Catastro Municipal del estado de Jalisco; respecto de las Tablas de valores unitarios de terrenos y construcciones del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio de dos mil diecisiete; en relación con la expedición, aprobación, promulgación y orden de ejecución de los decretos números 11558 y 16794, que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, específicamente los artículos 91 a 111; así como la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, y la determinación asumida en el punto resolutivo segundo que se rige por el considerando séptimo por la que el Juez de Distrito desestimó los conceptos de violación relacionados con el artículo 48, fracciones I, II y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, aplicable para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete y negó el amparo solicitado, conforme a lo resuelto en el considerando quinto de la presente ejecutoria. SEGUNDO.- En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Leodegario Camacho Fuerte, respecto del acto reclamado consistente en el artículo 46 fracciones I, inciso a) y II incisos a) y b), puntos 1 y 2 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para dos mil diecisiete, en los términos y para los efectos precisados por el A quo." Anotaciones. Hágase saber tal circunstancia a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Causa ejecutoria. Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar lo siguiente: ".I. No apliquen en la esfera jurídica del quejoso, el artículo 46, fracción II, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, por lo que respecta a la parte relativa a las tasas correspondientes a los inmuebles urbanos no edificados (números 1 y 2), en el entendido de que dicho precepto no podrá ser aplicado ni en el presente ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio inconstitucional decretado en párrafos precedentes. II. Apliquen la tasa bimestral al millar del 0.23 contenida en la referida fracción II, inciso a), del artículo 46 de la aludida ley de ingresos, la cual corresponde a la tasa aplicable a los predios urbanos edificados, a efecto de determinar la obligación tributaria que fue pagada y amparada, exclusivamente en los recibos de pago folios 2057854 AA, 2057858 AA, 2057859 AA, 2057860 AA y 2057861 AA de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, a nombre de "CAMACHO FUERTE LEODEGARIO" respecto del ejercicio fiscal dos mil diecisiete. III. Una vez hecho lo anterior y atendiendo a la cantidad que el amparista enteró el veinte de enero de dos mil diecisiete, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, debe realizar la devolución de la cantidad que el quejoso hubiere pagado en exceso. La presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento a la mismas, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el presente juicio de derechos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, cuyo rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO [.]" Precisándose, que los efectos de la concesión del amparo son en esos términos, pues cuando la protección constitucional se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encuentran en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley sitúo en una posición más favorable que a otros". Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. Requerimiento a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informen a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acrediten. VI. Apercibimiento. Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, al omiso, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por el cual hace del conocimiento que mediante oficio SAJ/166-06/2018, de su índice, conminó al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, a fin de dar cumplimiento al fallo protector y, al efecto, remite el acuse de recibo respectivo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, y téngase a la autoridad oficiante demostrando haber cumplido con el requerimiento de mérito.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se otorgó prórroga de diez días contados a partir de su notificación al perito oficial, para así estar en posibilidad de emitir su dictamen pericial, dada la cercanía no obra en autos la notificación del citado proveído, por lo que al día de hoy se encuentra transcurriendo dicho término. Acuerdo de diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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