Francisco Javier Muñoz Sánchez
Expediente 412/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Francisco Javier Muñoz Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 291 a 298), emitida por este juzgado de distrito, siendo que es a quien en todo caso le podría perjudicar; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada por este juzgado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que sobreseyó el presente juicio de amparo 412/2017-3, promovido por Francisco Javier Muñoz Sánchez, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Tercero. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al citado acuerdo, en su oportunidad remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Cuarto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (3)
- Incidental
Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 412/2017-3, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que por una parte se concedieron y por otra, se negaron las medidas cautelares provisionales y definitivas de los actos reclamados, conforme al párrafo segundo de la fracción III del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de depuración (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo general señalado en este propio auto. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Francisco Javier Muñoz Sánchez, y atento a su contenido se acuerda lo siguiente: Por una parte, se da por notificado de la sentencia emitida por este juzgado, terminada de engrosar el veintisiete de marzo del año en curso (fojas 291 a 298), sin embargo, no ha lugar a tenerlo por notificado de la citada resolución, toda vez que obra en autos la diligencia actuarial de dos de abril del año en curso (foja 311), mediante la cual se le practicó la notificación respectiva. Por otro lado, manifiesta su conformidad con el fallo definitivo; atento a ello, téngasele por conformándose con la aludida sentencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. (3)
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 412/2017-3, promovido por Francisco Javier Muñoz Sánchez, contra actos del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, Francisco Javier Muñoz Sánchez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER DE ORDENADORAS: Se señala como autoridad responsable de ordenar la vinculación a proceso, el licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control en la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia y domicilio conocido en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. TIENEN EL CARÁCTER DE EJECUTORAS: Se señala como autoridades ejecutoras a la Licenciada Cecilia Magaña Venegas, encargada del Departamento de Medidas Cautelares y Servicios Previos a Juicio del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia y domicilio den el Palacio de Justicia de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A.- De la autoridad ordenadora reclamo, la ilegal vinculación a proceso, sin ningún tipo de sustento legal, acto ordenado por Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez de Control de la Cuarta Región en el Estado de Tamaulipas, con residencia y domicilio conocido en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante auto de fecha 15 de Noviembre del año 2018 (sic), dictada dentro del CP/0092/2017, por el delito de retención de menores. B.- De las autoridades señaladas como ejecutoras, el cumplimiento y la inminente ejecución de la medida cautelar que se me impuso por orden del Juez de Control. [.]" Por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, registrándola con el número 412/2017-3; previa prevención formulada al solicitante de amparo, por acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el libelo constitucional, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se reconoció el carácter de tercero interesada a Maribel Jiménez Escobar (quien fue emplazada tal como se desprende a foja 32), se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 19). TERCERO. Seguidos los trámites correspondientes, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las fojas 32 y 255, de los tomos XI y XIX, de los meses de abril de los años dos mil y dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la información que se encuentra en las constancias que integran este expediente, se advierte que los actos que se reclaman a las autoridades responsables se hicieron consistir en los siguientes: Del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad: ? La vinculación a proceso dictada en contra del quejoso en la audiencia inicial llevada a cabo el quince de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta procesal CP/0092/2017, por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de retención de menores por los padres. ? La medida cautelar decretada en la aludida audiencia. De la Encargada del Departamento de Medidas Cautelares y Servicios Previos a Juicio del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia de esta localidad: ? El cumplimiento a la medida cautelar. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, que se hicieron consistir en la vinculación a proceso dictada en contra del quejoso en la audiencia inicial llevada a cabo el quince de noviembre de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta procesal CP/0092/2017, por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de retención de menores por los padres y la medida cautelar decretada en la aludida audiencia; habida cuenta que al rendir su informe justificado aceptó la existencia del primero de los actos, además, de las constancias que remitió en apoyo a su informe se advierte la certeza de ambos actos, pues se desprende que en la audiencia inicial de quince de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó auto de vinculación a proceso y se impusieron medidas cautelares (foja 34); de ahí que deban tenerse por ciertos los mencionados actos. Por ende, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro IUS 1002815, visible en la página 830, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, con rubro y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A las constancias remitidas por el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, consistentes en copias autorizadas de las actuaciones que integran la carpeta procesal CP/0092/2017 (fojas 35 a 170); las cuales, al constituir documentos públicos y ser expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y por lo que hace al disco compacto que contiene el registro de audio y video (DVD) de la audiencia en la que se emitieron las resoluciones reclamadas, se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 703, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Igualmente, es cierto el acto que se reclama a la Encargada del Departamento de Medidas Cautelares y Servicios Previos a Juicio del Tercer Distrito Judicial del Estado, que se hizo consistir en el cumplimiento a las medidas cautelares impuestas al quejoso, toda vez que si bien al rendir su informe justificado negó la existencia de tal acto, sin embargo, de sus propias manifestaciones se desprende la existencia del acto, pues acepta que el juez responsable le solicitó dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas al quejoso, con motivo del auto de vinculación a proceso que se le dictó en la carpeta procesal CP/0092/2017. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente en este asunto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, con número de registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, resulta importante señalar que la improcedencia general de la acción de amparo se traduce en la imposibilidad jurídica del órgano de control constitucional de estudiar y decidir la cuestión planteada, por lo que deberá abstenerse de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado, de tal forma que ante dicha imposibilidad la acción de amparo no logra su objetivo y la pretensión de la parte quejosa no se realiza, no porque ésta pudiera ser infundada, sino porque, como ya se dijo, no debe analizarse la cuestión fundamental. Por tanto, con motivo de la improcedencia de la acción de amparo, el juicio respectivo no concluye con la negativa de la protección federal, sino con el sobreseimiento decretado en el propio juicio. Esto último acontece cuando la causa de improcedencia no es notoria, indudable o manifiesta, sino que se surte o se demuestra durante el procedimiento, pues de lo contrario, desde su inicio, daría lugar al desechamiento de plano de la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la citada Ley de Amparo. En esa tesitura, no obstante que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, a más tardar en la audiencia constitucional, por lo que las exhibidas con posterioridad no pueden ser tomadas en cuenta, pues implicaría vulnerar el principio de igualdad de partes; sin embargo ésta regla general no opera cuando con las pruebas documentales ofrecidas, sin importar si se ofrecieron después de la celebración de la audiencia constitucional, se acredite una causa de improcedencia y con ello un supuesto de sobreseimiento, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página: 1279, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Razón por la cual, este Juzgador hace relación del disco compacto que contiene el registro de audio y video (DVD) de la audiencia de quince de marzo de dos mil dieciocho, el cual fue remitido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional y que obra en la foja 3 del legajo provisional deducido del presente juicio de amparo, del que se desprende que el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, con fundamento en los artículos 192 a 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobó la suspensión condicional del proceso, en favor del quejoso Francisco Javier Muñoz Sánchez, por el término de un año dos meses, con plan de reparación del daño en favor de la víctima Maribel Jiménez Escobar, por lo cual se le impusieron las condiciones previstas en las fracciones I, VII, X, XIII y XIV del arábigo 195 del citado ordenamiento legal. A la referida probanza se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Al respecto, este juzgador determina que en la especie se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo vigente, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)." En términos del mencionado artículo, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Cierto, de las constancias remitidas por Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, se advierte que dentro de la carpeta procesal CP/0092/2017, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó auto de vinculación a proceso contra Francisco Javier Muñoz Sánchez, por el hecho que la ley señala como delito de retención de menores por los padres, previsto por los artículos 300 bis y 301 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en agravio de Maribel Jiménez Escobar, y se impusieron al aquí quejoso las medidas cautelares previstas en las fracciones I, V y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (resoluciones que constituyen los actos reclamados). Asimismo, de las constancias remitidas por el Juez responsable, con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional y que obran en el legajo provisional deducido del presente juicio de amparo, se advierte que en audiencia de quince de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó la suspensión condicional del proceso, en favor del quejoso Francisco Javier Muñoz Sánchez, por el término de un año dos meses, con plan de reparación del daño en favor de la víctima Maribel Jiménez Escobar, por lo cual se le impusieron las condiciones previstas en las fracciones I, VII, X, XIII y XIV del arábigo 195 del citado ordenamiento legal. Lo anterior implica la voluntad de la parte quejosa de optar por una solución alterna a la continuación del proceso que precisamente se le instruía por virtud del auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado, lo que hace que ya no pueda haber un sistema represivo respecto de un acto que ocurrió antes del referido acuerdo. En efecto, de conformidad con el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos reparatorios no son otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias, celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de Control -según el estadio procedimental del asunto- y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. De ahí que la celebración del referido acuerdo constituya una manifestación de voluntad de las partes que intervienen y entrañe a la vez el consentimiento del imputado respecto del auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares reclamadas, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; y, conlleva a que con fundamente en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita se decrete el sobreseimiento en el juicio. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial 1a./J. 33/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, junio 2017, Tomo I, Libro: 43, Materia Común, página cuatrocientos sesenta y uno, Décima Época que a la letra dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama a la Encargada del Departamento de Medidas Cautelares y Servicios Previos a Juicio del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia de esta localidad, toda vez que no se reclama por vicios propios sino como consecuencia de los actos que se atribuyen a la diversa responsable. Al actualizarse la causal de improcedencia invocada, se omite entrar al estudio de fondo de los conceptos de inconformidad planteados en la demanda de derechos fundamentales, ya que se impone sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI. 1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal del Sexto Circuito, publicada en la página 252, del tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Publicación de datos personales. Tomando en consideración que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Francisco Javier Muñoz Sánchez, contra los actos y por lo que respecta a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos indicados en el diverso considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permiten las labores del juzgado, asistido del licenciado José Luis Batres Antonio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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