Francisco Javier Muñoz Sánchez

Expediente 315/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 36 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
315/2017
Año
2017
Actuaciones
36
Última actuación
11/05/2018

Partes del expediente

  • Francisco Javier Muñoz Sánchez
  • Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 315/2017-2, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, toda vez que cuenta con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedieron y negaron las medidas suspensionales provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, conforme a la fracción III del artículo vigésimo primero del referido acuerdo, es depurable (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, archívese este expediente y procédase conforme al acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que por auto de once de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo 315/2017-2, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, queda firme el referido auto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro uno de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la documental que remitió a este órgano jurisdiccional mediante oficio 3337 (foja 172), por ser innecesaria su conservación. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de veintitrés de marzo del año en curso (foja 321), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector; por tanto, este juzgador procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida o no, en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: i) En sentencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 213 a 228), este órgano jurisdiccional resolvió el presente juicio de amparo 315/2017-2, en la que se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso Francisco Javier Muñoz Sánchez, por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada J.M., respecto de los actos reclamados consistentes en el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se requiere al quejoso el cumplimiento de las reglas de convivencia pactadas en diligencia de trece de febrero de esa anualidad y lo apercibe con imponerle un arresto por el término de veinticuatro horas, en caso de incumplimiento; el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado e impone al quejoso un arresto por el término de veinticuatro horas, ambos acuerdos dictados en el expediente 75/2017 del índice del juzgado responsable; así como la ejecución de la referida orden de arresto. Protección constitucional que se concedió para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número 75/2017 de su índice, y Dicte uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Concesión que se hace extensiva al diverso acto reclamado emitido por el juez responsable, consistente en el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado e impone al quejoso un arresto por el término de veinticuatro horas; así como a los actos de ejecución atribuidos a las responsables encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable; Comandante de la Policía Ministerial del Estado; e Inspector General de la Policía Investigadora adscrito a Nuevo Laredo, todas con residencia en esta ciudad, ya que al dejarse sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de treinta de agosto pasado, que contiene el apercibimiento de arresto impugnado, lo mismo sucede con los subsecuentes que con él se vinculan." ii) Por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 260 a 261). iii) En cumplimiento a lo ordenado, la autoridad responsable en oficio 0679 de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, remitió las actuaciones con las cuales adujo dar cumplimiento al fallo protector (fojas 270 a 284). iv) En proveído de veintiséis de febrero actual, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de los actos emitidos por la responsable en acatamiento a la sentencia amparadora (foja 285). v) El uno y dos de marzo del año en curso, se recibieron los escritos signados por el representante especial del menor de identidad reservada J.M. y por el quejoso Francisco Javier Muñoz Sánchez, respectivamente, mediante los cuales hicieron las manifestaciones contenidas en sus promociones, de las que se advierte que el primero de ellos medularmente considera cumplido el fallo protector por parte de la autoridad, y el segundo, que la responsable no cumple con los extremos de la ejecutoria ya que el nuevo acto que emitió contiene un serie de violaciones y errores. vi) Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 308), se requirió a las autoridades responsables ejecutoras Inspector General de la Policía Investigadora, Comandante de la Policía Ministerial del Estado y Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable, todas con residencia en esta ciudad, a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector dictado en los presente autos. vii) El trece de marzo del presente año, se recibieron los oficios 116/2018-E y 115/2018-E, por los cuales las autoridades responsables Inspector General de la Policía Investigadora Adscrito a Nuevo Laredo, y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, adujeron dar cumplimiento al fallo protector (fojas 313 y 314). viii) El veintidós de marzo del año que transcurre, se recibió el oficio sin número, a través del cual la autoridad responsable Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable, con residencia en esta ciudad, adujó dar cumplimiento a la sentencia amparadora (foja 320). Como ya se anticipó, el efecto de la sentencia protectora concedida por este juzgado, fue para que el juez responsable, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número 75/2017 de su índice, y 2. Dictara uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Concesión que se hizo extensiva al diverso acto reclamado emitido por el juez responsable, consistente en el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado e impone al quejoso un arresto por el término de veinticuatro horas; así como a los actos de ejecución atribuidos a las responsables encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable; Comandante de la Policía Ministerial del Estado; e Inspector General de la Policía Investigadora adscrito a Nuevo Laredo, todas con residencia en esta ciudad, ya que al dejarse sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de treinta de agosto pasado, que contiene el apercibimiento de arresto impugnado, lo mismo sucede con los subsecuentes que con él se vinculan (foja 227). En ese sentido, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 0679 recibido en este juzgado el veintitrés de febrero del presente año, comunicó que en esa misma fecha dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete (foja 272), en los siguientes términos: "[.] se deja insubsistente el auto de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 075/2017, relativo al JUICIO SUMARIO CIVIL SOBRE INTERDICTO PARA RETENER LA POSESIÓN DE MENOR, promovido por el C. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ, en contra de la C. MARIBEL JIMÉNEZ ESCOBAR, y se ordena emitir uno nuevo [.]" Con lo cual se acredita el cumplimiento dado al punto 1 de la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete. Por otra parte, en cuanto al cumplimiento dado al punto 2 (dictara uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor), la responsable emitió un nuevo auto (treinta de agosto de dos mil diecisiete) -en cumplimiento al fallo protector-, en el que determinó (fojas 272 a 284): "Téngase por presentada a la C. MARIBEL JIMÉNEZ ESCOBAR, parte demandada, con su escrito de cuenta, y vistas las manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta, en el sentido de que el señor FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ, no ha dado cumplimiento a las reglas de convivencia, lo cual constituye un principio de prueba en su favor, por lo que en tal virtud, se ordena requerir al demandado FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ, a fin de que cumpla efectivamente con la convivencia que ambas partes pactaron mediante diligencia de fecha trece de febrero del año en curso, y que lo fue en el tenor siguiente: "PRIMERA:- Que el señor FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ recogerá al menor J.M. a la salida de la escuela el día lunes y permanecerán bajo su guarda hasta el día miércoles por la mañana, toda vez que el miércoles en la tarde la señora MARIBEL JIMENEZ ESCOBAR pasará por el menor J.M. a la salida de la escuela el jueves en la mañana y en la tarde pasará el señor FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ recogerá al menor J.M. y lo presentará a la escuela viernes en la mañana y la señora MARIBEL JIMÉNEZ ESCOBAR pasará por el menor J.M. a la salida de la escuela quedando bajo su guarda el día viernes, sábado y domingo y el lunes en la mañana será la señora MARIBEL JIMÉNEZ ESCOBAR quien lleve al niño a la escuela y el señor FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ pasará por él a la hora de salida para repetir su guardia antes señalada. SEGUNDA:- Los (sic) señora manifiestan que en periodo vacaciones de los mismos el menor permanecerá al lado de la persona que tenga vacaciones, y si por su profesión necesitan salir fuera de la ciudad, el menor quedará con la persona que permanezca en esta ciudad".- Apercibiendo al C. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ, que para el caso de no dar cumplimiento a dicho régimen convivencial, se aplicará en su contra la medida que señala el artículo 16 fracción IV, consistente en arresto en su persona por el término de veinticuatro horas, por desacato a un mandato legítimo de autoridad judicial, medida de apremio que se justifica en la situación de la especie, pues de continuar su conducta impeditiva, la que además se observa de autos no descansa en causa justificada alguna, es claro que con ello hará nugatorio el superior derecho humano del menor J.M., a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, amputando, colateralmente el derecho de ésta última a cultivar en lo físico, espiritual, moral y social a su vástago de que se trata, lo que solo propende a la afectación del interés superior del menor J.M., atentando consecuentemente contra su sano desarrollo integral en el aspecto biopsicosocial, al estarse impidiendo la fecundación de la convivencia entre madre e hijo en comento, cuando éste último por razón de su edad cronológica requiere necesariamente de los cuidados maternos de la persona que le dio el ser, dado su incipiente y tierna edad cronológica, por tanto, a más de trascendente, se vuelve indispensable para la consecución del interés superior del menor J.M, la permanencia y regularidad de la supradicha relación interpersonal con su madre la C. MARIBEL JIMÉNEZ ESCOBAR, siendo éste un derecho humano de carácter dual positivado como tal en la comunidad de disposiciones normativas que acto seguido se indican, las que son conformadoras de un corpus jure basto y suficiente para alcanzar la tutela judicial efectiva de la prerrogativa humana de que se vine dando noticia, entendiéndose por la citada expresión, un cuerpo normativo o jurídico, siendo las siguientes: 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 17, 22, 23, 24 y 25 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 12 fracción IV, 20, 21 y 22 de la Ley de los Derechos de Niños y Niñas vigente en el Estado. A un mayor abundamiento, fuerza decir que la medida de apremio con que antes se intimó al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, deviene válida y justificada en el caso de la especie, pues como ya se enunció, su conducta está siendo impeditiva y además sin causa justa, de un derecho humano de corte superior, a saber, el del menor J.M. a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, tutelado suficientemente en la señalada comunidad de disposiciones normativas de índole constitucional, convencional y de legislación secundaria (federal y local), referidas en manifestaciones supralineales, cuya protección legal se vuelve del indiscutible débito judicial de todo órgano de la jurisdicción, dígase del fuero federal o común, pues ello implica hacer respetar y superponer su interés superior y sano desarrollo integral al de sus padres o de otros miembros de la familia, tal y como lo enseñan los numerales 3, 18 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 7, fracción I, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Niños vigente en la entidad; erigiéndose dicho aspecto (interés superior) como un auténtico mandato de garantía que se contiene en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se insiste, todo órgano de la jurisdicción, ya con independencia de su fuero, está obligado a su protección integral, entendiéndose por esto último, en consonancia al ordinal 5, fracción XXVIII, de la citada Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al conjunto de mecanismos que se ejecuten (en los tres órdenes de gobierno) con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución Federal, la Constitución del Estado y los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, de ahí que la pluricitada medida de apremio con que se intimó al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho humano del menor J.M, a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, nada tiene de ilegal, no obstante que de por sí, y con fundamento en lo mandatado por el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 8, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es deber de la familia (en donde primordialmente quedan incluidos los padres), la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral, y queda claro que el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, con su conducta impeditiva, no está procurando la tutela efectiva del derecho del menor J.M, a un sano desarrollo integral, al no permitirle de manera infundada, reiterada y sin mediar causa justa, la convivencia con su progenitora materna, violentando consecuentemente la norma constitucional, convencional y de legislación secundaria de que se ha venido dando noticia, en perjuicio del interés superior de vástago en comento, lo cual se traduce en una modalidad de la violencia intrafamiliar, en conformidad con el numeral 2.1, de la Ley de prevención de la Violencia Familiar vigente en la entidad, en la medida de atentar contra la integridad psíquica de su descendiente, independientemente de que produzca o no lesiones, lo cual se traduce en un maltrato psicoemocional, en términos del diverso artículo 3 fracción II, de la citada Ley de Prevención de la Violencia Familiar, en la medida que con su omisión injustificada de permitir la convivencia entre madre e hijo, ocasiona un deterioro o disminución de la autoestima y devaluación del auto concepto, coartándole concomitantemente su derecho humano a una vida digna y de libre de violencia en la vertiente antes puntualizada, afectándole su sano desarrollo integral, y haciéndole nugatorio su interés superior, entendido éste como el catálogo de valores, principios e interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a las niñas, niños y adolescentes, vivir, plenamente, y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado, en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social, todo lo cual lo enseña en esta tesitura la recta exégesis del artículo 5, fracción XIX, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en la entidad tanto, en las relatadas condiciones de suyo es innegable que la expresada conducta impeditiva del C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, traducida en la ausencia permisión injustificada del sostenimiento de las relaciones personales de entre el menor J.M, y su madre, la C. Maribel Jiménez Escobar, desde el día treinta de Junio de dos mil diecisiete, y hasta hoy fecha, es a todas luces perniciosa y perjudicial del interés superior del menor en cuestión, en tanto que al provocar un estado de apartamiento entre madre e hijo en comento, vuelve imposible que éste último pueda forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, obstaculizándole vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar familiar, personal y social posible, tornándole de inalcanzable una vida plena, dado al profundo y marcado distanciamiento que ha logrado en las relaciones interpersonales entre el menor de que se trata y la C. Maribel Jiménez Escobar; de ahí la gravedad del derecho humano lesionado al niño J, por parte de su padre, el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, y como el mismo es de índole superior, su efectividad, tutela y salvaguarda, se vuelve un tema de orden público e interés social, y por tanto de urgente primicia hacerlo respetar, naciendo entonces el débito judicial de protegerlo y hacerlo respetar (mandato de garantía positivado en los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal), y por ello para garantizar su ejercicio y disfrute al menor, dándole prioridad a su bienestar ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, como lo impone el ordinal 7 fracción I, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, no es irracional, ni contrario al orden normativo apercibir al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez con el empleo de la medida de apremio antes referida (arresto por veinticuatro horas), dado a que se reitera de manera enfática que la conducta observada en autos por el supradicho padre del menor J. M., deviene a más de contumaz, contraria al interés superior de su hijo en comento, con lo cual se explica y paralelamente se pone de racional manifiesto, la gravedad de la infracción en que ha incurrido, amputándole insensiblemente el pluricitado derecho humano a convivir con su madre, y por ende, por principio de proporcionalidad y correlatividad, el juez de la voz estima que dicho progenitor tiene que ser apercibido con el empleo de un arresto hasta por veinticuatro horas y no menos, esto con la finalidad, por una parte, de vencer su conducta rebelde, contumaz y reiterada, y por otra, de hacer respetar (observancia al artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) el duro e infranqueable derecho humano (también superior) del menor J.M., a sostener relaciones interpersonales con su madre, la C. Maribel Jiménez Escobar. Sin que resulte ocioso destacar que la conducta asumida por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, (rebelde, contumaz y reiterada), se pone de manifiesto de aquellas actuaciones judiciales de fechas catorce de Julio, catorce de agosto, catorce de Septiembre, todas del año dos mil diecisiete que para pronta referencia figuran respectivamente consultables a fojas ciento tres, ciento cuatro, ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y ocho, del expediente toral, por las que en cumplimiento a los autos de fechas doce de Julio, nueve de Agosto; y dieciocho de Agosto, también de dos mil siete (sic), se le mandó requerir la entrega del menor J.M, en favor de la C. Maribel Jiménez Escobar, en acatamiento a las reglas de convivencia pactadas por los interesados en aquella actuación judicial de fecha (13) trece de Febrero de (2017) dos mil diecisiete, respecto de lo cual no justificó su retención como más adelante se verá, y si por el contrario su conducta se estima reiterada, entendiéndose por ello lo que se repite una o más veces, según lo enseña su definición en el artículo 2.3, de la Ley de Prevención de la Violencia Familiar. Por lo que en el orden eidético expresado, y en criterio de éste órgano de la jurisdicción, es por demás inconcuso que toda violación a un derecho humano de índole superior, a saber en el particular justiciable del menor J.M, a sostener relaciones interpersonales con su madre, Maribel Jiménez Escobar, por sí misma, y derivado de la maximización o redimensión del mismo en el plano constitucional, convencional y legal, adquiere el matiz de grave, y en esa lógica, por principio de proporcionalidad, toda conducta grave, como la observada por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, con su negativa injustificada a la permisión de la convivencia entre madre e hijo de que se viene dando noticia, debe ser proporcionalmente sancionada al agente, causante de la misma, con una medida de apremio de igual intensidad al acto infractor, por ser esta la manera de hacer respetar el derecho humano conculcado, de ahí que nuevamente debe entenderse como justificado el arresto con que se apercibió al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez y, por la duración que del mismo se asentó. Viniendo a otro aspecto y para vida de no faltar al principio de congruencia de que toda resolución judicial (dígase decreto, auto o sentencia, según el criterio de clasificación reconocido en el ordinal 105, fracción II, de la ley del proceder civil local) debe participar, y visto en primer término el escrito signado por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, con sello receptor del día (01) primero de Agosto de (2017) dos mil diecisiete, que como tal obra examinable a fojas que van de la 105 a la 112, del expediente toral, a que hubo lugar con motivo de aquella actuación judicial de fecha (14) catorce de Julio del año en cita, por la que a su vez fue notificado del auto de fecha doce de igual mes y año, es de calificarse de indemostrado el alegato que en la aludida promoción se contiene, y en lo que aquí interesa, pues si bien es verdad que aduce por motivo o causa para no entregar a la C. Maribel Jiménez Escobar, a su menor hijo J.M, la circunstancia de que la primera por omisión o descuido ha puesto en situaciones de riesgo y peligro la salud del menor en cuestión, no menos inconcuso resulta que del material probatorio adjuntado al señalado escrito del primero de Agosto, no se viene al conocimiento y convicción de tal situación de riesgo y peligro, pasando en consecuencia a ser una afirmación indemostrada en juicio, no obstante la carga procesal que le depara el artículo 273, del Código Adjetivo Civil vigente en la entidad, y de la cual no puede ser liberada, según lo establecido por los diversos artículos 45 y 46, del código en consulta, antes bien, de la instrumental que adjuntó se justifica tan sólo, la radicación por auto de fecha de cinco de julio de dos mil diecisiete, del juicio ordinario civil sobre guardia y custodia definitiva que el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez tiene promovido en contra de la C. Maribel Jiménez Escobar, controlado bajo el expediente número 806/2017, del índice de este propio juzgado, de donde se deriva el carácter injustificado de la retención que viene haciendo de su menor hijo. En este encauce analítico, huelga decir también que, aquella promoción signada en fecha diecisiete de Agosto de dos mil diecisiete, por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, que aparece identificable a fojas que van de la 152 a la 155, corre igual suerte que la anterior, en donde como puede verse y en lo que aquí interesa, expone idéntica causa a la mencionada en supralíneas para no hacer entrega de su vástago, como lo es, la relativa al temor de que la salud e integridad física de su menor hijo se vuelva a ver afectada, como, consecuencia de las omisiones de cuidado por parte de la C. Maribel Jiménez Escobar, aseveración que en modo alguno se encuentra demostrando. De igual manera, no pasa inadvertido al suscrito juzgador, las manifestaciones vertidas por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, en su diversa promoción con sello receptor del día 23 de Agosto de 2017, agregada a fojas 160 a la 170, del principal, por las que en lo esencial expone un comportamiento inadecuado (injurioso) de la C. Maribel Jiménez Escobar, hacia su persona, pretendiéndolo acreditar con una serie de placas fotográficas e impresiones de mensajes de texto, las cuales en sí mismas se vuelven insuficientes para justificar la retención que lleva a cabo de su menor hijo J.M., al carecer de todo valor probatorio, como consecuencia de inobservar el requisito establecido por la segunda porción normativa del artículo 410, del código instrumental civil vigente en la entidad, lo cual es significativo que no hacen fe de su contenido, amén de que por sí solos no propenden a ilustrar situación de riesgo o peligro alguno en que la C. Maribel Jiménez Escobar estuviere colocando a su menor descendiente, volviéndose injustificada la retención del niño. Y por lo que mira al libelo con sello receptor del día (24) veinticuatro de Agosto de dos mil diecisiete, formulado por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, mismo que con su anexo corre glosado a fojas que van de la 172 a la 211, del expediente toral, se pone de relieve los motivos ahí relatados por el mencionado sujeto procesal, virtud a los cuales se tiene únicamente por demostrado que gestionó ante este propio juzgado y bajo el expediente número 806/2017, un juicio ordinario civil sobre otorgamiento de guarda y custodia del menor J.M., en contra de la C. Maribel Jiménez Escobar, acompañando al mismo, como fundatorios de su acción los documentos que así estimó, empero, de ninguna manera y por sí mismos, justifican su negativa de entregar al menor J.M., amén de que la ponderación jurídica de los expresados documentos, debe aterrizarse dentro de la citada instancia judicial 806/2017, en el estado procesal que corresponda. Es así como puede verse de lo antes expuesto, que no obra justificada fehacientemente la retención que el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, viene haciendo de su menor hijo J.M, y por esa razón nada tiene de antijurídico apercibirle con el empleo de la medida de apremio consistente en el arresto con duración de veinticuatro horas, máxime que su grado de ilustración (médico cirujano), le permite conocer del severo daño emocional o psíquico que produce a su descendiente en cita, la ausencia de convivencia prolongada con su madre, deteriorándole con ello su autoestima y devaluándole su autoconcepto y que por su capacidad científica enunciada, no puede manifestar ignorancia respecto de lo atentario y riesgoso para la salud mental de su menor, y de su sano desarrollo integral, que representa privarlo desde el día treinta de Junio de dos mil diecisiete, y hasta hoy fecha, de sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, la C. Maribel Jiménez Escobar." De lo anteriormente expuesto, es evidente que con las constancias allegadas por la autoridad responsable, se ha dado cumplimiento al fallo protector. Toda vez que la autoridad responsable en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 075/2017 relativo al juicio ordinario civil sobre interdicto para retener la posesión de menor, promovido por el aquí impetrante de garantías, en contra de la tercero interesada Maribel Jiménez Escobar. Asimismo, dictó un nuevo auto en el que cumpliendo con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonó y pormenorizó los motivos que tuvo para fijar la duración de la medida de apremio con que se apercibió a la parte actora, tomando en cuenta los elementos objetivos -que corresponden a la gravedad de la infracción cometida- y subjetivos -que se refieren a las circunstancias personales del infractor-. Ello es así dado que la autoridad responsable, en cuanto a la motivación de su proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, en relación con el apercibimiento de arresto efectuado al aquí impetrante de garantías, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos correspondientes, estableció: ".Apercibiendo al C. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ, que para el caso de no dar cumplimiento a dicho régimen convivencial, se aplicará en su contra la medida que señala el artículo 16 fracción IV, consistente en arresto en su persona por el término de veinticuatro horas, por desacato a un mandato legítimo de autoridad judicial, medida de apremio que se justifica en la situación de la especie, pues de continuar su conducta impeditiva, la que además se observa de autos no descansa en causa justificada alguna, es claro que con ello hará nugatorio el superior derecho humano del menor J.M., a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, amputando, colateralmente el derecho de ésta última a cultivar en lo físico, espiritual, moral y social a su vástago de que se trata, lo que solo propende a la afectación del interés superior del menor J.M., atentando consecuentemente contra su sano desarrollo integral en el aspecto biopsicosocial, al estarse impidiendo la fecundación de la convivencia entre madre e hijo en comento. . medida de apremio con que antes se intimó al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, deviene válida y justificada en el caso de la especie, pues como ya se enunció, su conducta está siendo impeditiva y además sin causa justa, de un derecho humano de corte superior, a saber, el del menor J.M. a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, tutelado suficientemente en la señalada comunidad de disposiciones normativas de índole constitucional, convencional y de legislación secundaria (federal y local). . no es irracional, ni contrario al orden normativo apercibir al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez con el empleo de la medida de apremio antes referida (arresto por veinticuatro horas), dado a que se reitera de manera enfática que la conducta observada en autos por el supradicho padre del menor J. M., deviene a más de contumaz, contraria al interés superior de su hijo en comento, con lo cual se explica y paralelamente se pone de racional manifiesto, la gravedad de la infracción en que ha incurrido, amputándole insensiblemente el pluricitado derecho humano a convivir con su madre, y por ende, por principio de proporcionalidad y correlatividad, el juez de la voz estima que dicho progenitor tiene que ser apercibido con el empleo de un arresto hasta por veinticuatro horas y no menos, esto con la finalidad, por una parte, de vencer su conducta rebelde, contumaz y reiterada, y por otra, de hacer respetar (observancia al artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) el duro e infranqueable derecho humano (también superior) del menor J.M., a sostener relaciones interpersonales con su madre, la C. Maribel Jiménez Escobar. . A un mayor abundamiento, fuerza decir que la medida de apremio con que antes se intimó al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, deviene válida y justificada en el caso de la especie, pues como ya se enunció, su conducta está siendo impeditiva y además sin causa justa, de un derecho humano de corte superior, a saber, el del menor J.M. a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, tutelado suficientemente en la señalada comunidad de disposiciones normativas de índole constitucional, convencional y de legislación secundaria (federal y local), referidas en manifestaciones supralineales, cuya protección legal se vuelve del indiscutible débito judicial de todo órgano de la jurisdicción, dígase del fuero federal o común, pues ello implica hacer respetar y superponer su interés superior y sano desarrollo integral al de sus padres o de otros miembros de la familia, tal y como lo enseñan los numerales 3, 18 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 7, fracción I, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Niños vigente en la entidad; erigiéndose dicho aspecto (interés superior) como un auténtico mandato de garantía que se contiene en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se insiste, todo órgano de la jurisdicción, ya con independencia de su fuero, está obligado a su protección integral, entendiéndose por esto último, en consonancia al ordinal 5, fracción XXVIII, de la citada Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al conjunto de mecanismos que se ejecuten (en los tres órdenes de gobierno) con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución Federal, la Constitución del Estado y los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, de ahí que la pluricitada medida de apremio con que se intimó al C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho humano del menor J.M, a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, nada tiene de ilegal, no obstante que de por sí, y con fundamento en lo mandatado por el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 8, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es deber de la familia (en donde primordialmente quedan incluidos los padres), la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral, y queda claro que el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, con su conducta impeditiva, no está procurando la tutela efectiva del derecho del menor J.M, a un sano desarrollo integral, al no permitirle de manera infundada, reiterada y sin mediar causa justa, la convivencia con su progenitora materna, violentando consecuentemente la norma constitucional, convencional y de legislación secundaria de que se ha venido dando noticia, en perjuicio del interés superior de vástago en comento, lo cual se traduce en una modalidad de la violencia intrafamiliar, en conformidad con el numeral 2.1, de la Ley de prevención de la Violencia Familiar vigente en la entidad, en la medida de atentar contra la integridad psíquica de su descendiente, independientemente de que produzca o no lesiones, lo cual se traduce en un maltrato psicoemocional, en términos del diverso artículo 3 fracción II, de la citada Ley de Prevención de la Violencia Familiar, en la medida que con su omisión injustificada de permitir la convivencia entre madre e hijo, ocasiona un deterioro o disminución de la autoestima y devaluación del auto concepto, coartándole concomitantemente su derecho humano a una vida digna y de libre de violencia en la vertiente antes puntualizada, afectándole su sano desarrollo integral, y haciéndole nugatorio su interés superior, entendido éste como el catálogo de valores, principios e interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a las niñas, niños y adolescentes, vivir, plenamente, y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado, en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social, todo lo cual lo enseña en esta tesitura la recta exégesis del artículo 5, fracción XIX, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en la entidad tanto, en las relatadas condiciones de suyo es innegable que la expresada conducta impeditiva del C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, traducida en la ausencia permisión injustificada del sostenimiento de las relaciones personales de entre el menor J.M, y su madre, la C. Maribel Jiménez Escobar, desde el día treinta de Junio de dos mil diecisiete, y hasta hoy fecha, es a todas luces perniciosa y perjudicial del interés superior del menor en cuestión, en tanto que al provocar un estado de apartamiento entre madre e hijo en comento, vuelve imposible que éste último pueda forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, obstaculizándole vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar familiar, personal y social posible, tornándole de inalcanzable una vida plena, dado al profundo y marcado distanciamiento que ha logrado en las relaciones interpersonales entre el menor de que se trata y la C. Maribel Jiménez Escobar; de ahí la gravedad del derecho humano lesionado al niño J, por parte de su padre, el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, y como el mismo es de índole superior, su efectividad, tutela y salvaguarda, se vuelve un tema de orden público e interés social, y por tanto de urgente primicia hacerlo respetar, naciendo entonces el débito judicial de protegerlo y hacerlo respetar (mandato de garantía positivado en los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal), y por ello para garantizar su ejercicio y disfrute al menor, dándole prioridad a su bienestar ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, como lo impone el ordinal 7 fracción I, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas." Además, hizo reseña de las ocasiones en que ha incumplido esa parte actora con el cumplimiento a las reglas de convivencia fijadas: "Sin que resulte ocioso destacar que la conducta asumida por el C. Francisco Javier Muñoz Sánchez, (rebelde, contumaz y reiterada), se pone de manifiesto de aquellas actuaciones judiciales de fechas catorce de Julio, catorce de agosto, catorce de Septiembre, todas del año dos mil diecisiete que para pronta referencia figuran respectivamente consultables a fojas ciento tres, ciento cuatro, ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y ocho, del expediente toral, por las que en cumplimiento a los autos de fechas doce de Julio, nueve de Agosto; y dieciocho de Agosto, también de dos mil siete (sic), se le mandó requerir la entrega del menor J.M, en favor de la C. Maribel Jiménez Escobar, en acatamiento a las reglas de convivencia pactadas por los interesados en aquella actuación judicial de fecha (13) trece de Febrero de (2017) dos mil diecisiete, respecto de lo cual no justificó su retención como más adelante se verá, y si por el contrario su conducta se estima reiterada, entendiéndose por ello lo que se repite una o más veces, según lo enseña su definición en el artículo 2.3, de la Ley de Prevención de la Violencia Familiar..." Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues la responsable no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 075/2017 relativo al juicio ordinario civil sobre interdicto para retener la posesión de menor, promovido por el aquí impetrante de garantías, en contra de la tercero interesada Maribel Jiménez Escobar; asimismo, dictó un nuevo auto en el que cumpliendo con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonó y pormenorizó los motivos que tuvo para fijar la duración de la medida de apremio con que se apercibió a la parte actora, tomando en cuenta los elementos objetivos -que corresponden a la gravedad de la infracción cometida- y subjetivos -que se refieren a las circunstancias personales del infractor-; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. En otro orden, el quejoso Francisco Javier Muñoz Sánchez, en escrito recibido el dos de marzo del año en curso, desahogó la vista que se le otorgó en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector (fojas 295 a 306), y al efecto, aduce no estar de acuerdo con el acatamiento a la sentencia de amparo, exponiendo las consideraciones de hecho y de derecho que en seguida se sintetizan. Refiere el quejoso que la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente 75/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, en cumplimiento a la sentencia amparadora, contiene las siguientes irregularidades: I. Fue dictada en represalia por la queja que presentó en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ante la Visitaduría del Poder Judicial del Estado. II. Contiene vicios formales tales como la imprecisión de la función o intervención que tuvieron los licenciados Patricia Viridiana Ornelas Lamas y Osvaldo Boone Cantú. III. El titular del juzgado responsable omitió mencionar que desde el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el convenio de trece de febrero de esa anualidad; asimismo, que desde el veinte de noviembre del año próximo pasado, ordenó la entrega de su menor hijo. IV. El juez responsable fue omiso en señalar que al momento de exigir al quejoso la entrega de su menor hijo, le exponía los temores que él tenía y que tampoco indicó que el promovente de amparo solicitó se citara a las partes para fijar reglas de convivencia, ni mencionó que utilizó algún mecanismo de mediación. V. El juez civil omitió valorar las pruebas que presentó dentro del controvertido de origen, lo cual trajo como resultado la orden de arresto que se giró en su contra. VI. El juez responsable valoró incorrectamente las pruebas que obran en los autos del expediente de origen, al estimar que se tuvo por acreditado lo injustificado de la retención del menor por parte del impetrante. VII. Es resolución es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juicio no se encuentra concluido con una sentencia que haya causado ejecutoria. VIII. Se violan sus garantías individuales al carecer la resolución de la debida fundamentación y motivación. IX. El resultado obtenido provocó que se propiciara aún más la desintegración familiar. X. El juez responsable violentó el derecho a la educación de su menor hijo al negarle las medidas de seguridad para que éste asistiera a clases; así como los diversos derechos relativos a la seguridad y a la salud. XI. La autoridad responsable omite mencionar y especificar en dónde cumplirá el quejoso con el arresto, así como a qué autoridad ordenará que cumpla con dicho mandamiento. XII. En esa resolución el juzgador de primera instancia empleó palabras en idioma extranjero, tales como "corpus jure", sin que exhiba la traducción correspondiente, tal como lo establece -a su decir- el Código de Procedimientos Civiles. XIII. Para fundamentar su acuerdo el juez familiar usa la expresión "código de procedimientos civiles de la entidad", sin mencionar a qué entidad se refiere, y hace uso del código en consulta, código adjetivo civil, código instrumental civil, sin que en el Estado de Tamaulipas exista algún código con ese nombre. En principio se analizarán las inconformidades establecidas bajo los numerales "I", "IX" y "X", en las cuales el solicitante de amparo adujo lo siguiente: "I. Fue dictada en represalia por la queja que presentó en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ante la Visitaduría del Poder Judicial del Estado." "IX. El resultado obtenido provocó que se propiciara aún más la desintegración familiar." "X. El juez responsable violentó el derecho a la educación de su menor hijo al negarle las medidas de seguridad para que éste asistiera a clases; así como los diversos derechos relativos a la seguridad y a la salud." Lo anterior es ineficaz. En efecto, se estiman ineficaces los citados argumentos en virtud de que, con los mismos no se controvierte en modo alguno las consideraciones emitidas por el juzgador de instancia, más bien son apreciaciones subjetivas y unilaterales expresadas por el quejoso. Es decir, con los argumentos antes precisados el inconforme únicamente refleja su sentir en relación con la determinación emitida en cumplimiento al fallo protector, empero, no expresa razonamiento jurídico tendente a evidenciar la ilegalidad de esa resolución. De ahí que, si el inconforme no expresa argumentos jurídicos tendentes a demostrar que las razones o consideraciones inmediatas que tomó en cuenta la autoridad responsable al emitir el acuerdo dictado en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en este controvertido constitucional, no acatan los efectos de dicha ejecutoria, deben declararse ineficaces sus manifestaciones. Ahora bien, respecto al diverso motivo de inconformidad precisado bajo el numeral "II", en la que el quejoso manifiesta que la resolución emitida: "II. Contiene vicios formales tales como la imprecisión de la función o intervención que tuvieron los licenciados Patricia Viridiana Ornelas Lamas y Osvaldo Boone Cantú." Lo anterior es ineficaz. Ello es así, toda vez que basta imponerse del auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen para advertir la participación de los licenciados Patricia Viridiana Ornelas Lamas y Osvaldo Boone Cantú en su emisión; ello es así, ya que de la simple lectura de ese proveído se advierte que la preindicada Patricia Viridiana Ornelas Lamas, Secretaria de Acuerdos del juzgado responsable, únicamente certificó el auto en mención a fin de darle validez para su remisión a este órgano jurisdiccional; y por otra parte, el licenciado Osvaldo Boone Cantú, oficial judicial "B" habilitado en funciones de Secretario de Acuerdos, actuó de manera directa en la emisión de ese auto, autorizando y dando fe de lo acordado por el juez responsable en el proveído de referencia; de ahí que, como se anticipó, deba declararse ineficaz el argumento hecho valer en tal sentido. Por otra parte, respecto a los diversos motivos de inconformidad precisados bajo los numerales "III", "IV", "V" y XI", los mismos se analizarán en forma conjunta, dado que a través de ellos se pretende evidenciar que el juez de lo familiar al emitir el proveído dictado en cumplimiento al fallo protector, incurrió en diversas omisiones, los cuales se sintetizaron de la siguiente manera: "III. El titular del juzgado responsable omitió mencionar que desde el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el convenio de trece de febrero de esa anualidad; asimismo, que desde el veinte de noviembre del año próximo pasado, ordenó la entrega de su menor hijo." "IV. El juez responsable fue omiso en señalar que al momento de exigir al quejoso la entrega de su menor hijo, le exponía los temores que él tenía y que tampoco indicó que el promovente de amparo solicitó se citara a las partes para fijar reglas de convivencia, ni mencionó que utilizó algún mecanismo de mediación." "V. El juez civil omitió valorar las pruebas que presentó dentro del controvertido de origen, lo cual trajo como resultado la orden de arresto que se giró en su contra." "XI. El juez responsable omite mencionar y especificar en dónde cumplirá el quejoso con el arresto, así como a qué autoridad ordenará que cumpla con dicho mandamiento." Lo antes resumido es ineficaz. Se califican en tal sentido los motivos de inconformidad antes precisados, tomando en consideración que a través de los mismos el peticionario de garantías pretende evidenciar que al emitir el acuerdo dictado en cumplimiento a la sentencia constitucional, el juez de lo familiar incurrió en diversas omisiones, las cuales no formaron parte de la concesión del amparo. Ciertamente, los efectos de la sentencia dictada en el presente controvertido lo fueron en los siguientes términos: "Deje insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número 75/2017 de su índice, y Dicte uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor." De lo anterior se puede válidamente colegir que el juez responsable se encontraba obligado únicamente a hacer lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número 75/2017 de su índice, y 2. Dictar uno nuevo en el que cumpliera con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonando y pormenorizando los motivos que tuviera para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Ahora, si el impetrante refiere que la autoridad responsable omitió señalar (i) que desde el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el convenio de trece de febrero de esa anualidad; (ii) que desde el veinte de noviembre del año próximo pasado, ordenó la entrega de su menor hijo; (iii) que al momento de exigir al quejoso la entrega de su menor hijo, le exponía los temores que él tenía; (iv) que el promovente de amparo solicitó se citara a las partes para fijar reglas de convivencia; (v) que utilizó algún mecanismo de mediación; (vi) valorar las pruebas que presentó dentro del controvertido de origen, lo cual trajo como resultado la orden de arresto que se giró en su contra; y (vii) en dónde cumplirá el quejoso con el arresto, así como a qué autoridad ordenará que cumpla con dicho mandamiento; y dichos aspectos no formaron parte de los efectos de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, deben declararse ineficaces tales argumentos. Lo anterior es así, pues se reitera, los lineamientos que se establecieron a la autoridad responsable fueron relativos a dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente 75/2017 y dictar otro en el que a fin de dar cumplimiento al principio de motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía expresar los motivos que tuviera para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Y si en el caso, las omisiones que precisa el solicitante de amparo no son relativas a los motivos que tomó en cuenta el juez del conocimiento para fijar la duración de la medida de apremio, deben calificarse las mismas como ineficaces. Por otro lado, en relación con los diversos motivos de inconformidad precisados bajo los numerales "VI" y "VII", los mismos se analizarán en forma conjunta, dado que se encuentran íntimamente vinculados, los cuales se sintetizaron de la siguiente manera: "VI. El juez responsable valoró incorrectamente las pruebas que obran en los autos del expediente de origen, al estimar que se tuvo por acreditado lo injustificado de la retención del menor por parte del impetrante." "VII. La resolución emitida en cumplimiento al fallo protector es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juicio no se encuentra concluido con una sentencia que haya causado ejecutoria." Lo anterior es ineficaz. Ello es así, dado que dichos aspectos tampoco formaron parte de los efectos del fallo protector. En efecto, en la sentencia de amparo no se precisó lineamiento alguno a efecto de que el juzgador responsable valorara las pruebas que obran en autos del juicio natural, ni tampoco se precisó que se debía emitir sentencia alguna que causara ejecutoria, habida cuenta que, como se precisó con antelación, los efectos consistieron en que el juez familiar debía dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente 75/2017 y dictar otro en el que debía expresar los motivos que tuviere para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Y si en el caso, los argumentos expresados por el inconforme no son relativos a los motivos que tomó en cuenta el juez del conocimiento para fijar la duración de la medida de apremio, deben calificarse como ineficaces, al no ser parte de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En otro aspecto, a continuación se dará contestación al argumento que previamente quedó sintetizado bajo el punto "VIII", el cual se hizo consistir en: "VIII. Se violan sus garantías individuales al carecer la resolución de la debida fundamentación y motivación." En relación con lo anterior, el solicitante de amparo alude lo siguiente: que la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector (i) no es clara al mencionar expresiones como principio de proporcionalidad y correlatividad; (ii) no especifica en qué consistieron las conductas de rebelde, contumaz y reiterativa; y (iii) no estableció los fundamentos legales en que se basó para emitir la misma, así como tampoco expresó los motivos o causas inmediatas por las que se emitió la misma. Lo anterior es ineficaz. Se califica en tal sentido el motivo de inconformidad antes precisado, tomando en consideración que a través del mismo el quejoso evidencia cuestiones que corresponden al fondo de la resolución emitida por el juez natural en cumplimiento a la sentencia amparadora, las cuales no formaron parte de la concesión del amparo y por ende, no son materia de análisis en la presente resolución. En efecto, en la sentencia dictada en el presente controvertido constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el juez responsable: "Deje insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número 75/2017 de su índice, y Dicte uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor." De lo anterior se puede válidamente colegir que el juez civil se encontraba obligado únicamente a realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número 75/2017 de su índice, y b) Dictar uno nuevo en el que cumpliera con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonando y pormenorizando los motivos que tuviera para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. En ese tenor, si a través de las inconformidades que expresa el quejoso en relación con el cumplimiento del fallo protector, alude tópicos relativos a cuestiones de fondo del proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, tales como que el mismo (i) no es claro al mencionar expresiones como principio de proporcionalidad y correlatividad; (ii) no especifica en qué consistieron las conductas de rebelde, contumaz y reiterativa; y (iii) no estableció los fundamentos legales en que se basó para emitir la misma, así como tampoco expresó los motivos o causas inmediatas por las que se emitió la misma; luego entonces, deben desestimarse sus argumentos formulados en tal sentido, pues no resultaría válido jurídicamente que a través de la resolución que analiza el acatamiento al fallo protector, se atendieran cuestiones diversas a los lineamientos que se establecieron al juez de lo familiar. Ciertamente es así, dado que al haberse dado al juez natural el lineamiento a seguir en el cumplimiento del fallo protector, relacionado con la motivación del auto recurrido por el impetrante en el sentido de razonar y pormenorizar los motivos que tuviere para fijar la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor, la responsable cumplió con ello. Por otra parte, los argumentos hechos valer en relación con el motivo de inconformidad sintetizado en el punto "XII", relacionado con: "XII. En esa resolución el juzgador de primera instancia empleó palabras en idioma extranjero, tales como "corpus jure", sin que exhiba la traducción correspondiente, tal como lo establece -a su decir- el Código de Procedimientos Civiles." Resulta ineficaz. Lo anterior en virtud de que, de la simple lectura del auto emitido en cumplimiento al fallo protector, se advierte que la responsable al momento de emplear la palabra "corpus jure", enseguida asienta el significado de la misma, como se ve: "las que son conformadoras de un corpus jure basto y suficiente para alcanzar la tutela judicial efectiva de la prerrogativa humana de que se vine dando noticia, entendiéndose por la citada expresión, un cuerpo normativo o jurídico,." (énfasis añadido por este juzgado). Por lo que, los argumentos de inconformidad al respecto emitidos por el quejoso, como se adelantó, devienen ineficaces, advirtiéndose también que los mismos son tendenciosos dado que el impetrante únicamente hizo ver que el juez responsable utilizó esa expresión en latín, más no el hecho de que también se asentó por parte de la responsable, lo que se entiende por la misma. Finalmente, por cuanto hace al argumento sintetizado en el punto "XIII", en el que, el quejoso hace ver que en la resolución emitida por el juez responsable: "XIII. Para fundamentar su acuerdo el juez familiar usa la expresión "código de procedimientos civiles de la entidad", sin mencionar a qué entidad se refiere, y hace uso del código en consulta, código adjetivo civil, código instrumental civil, sin que en el Estado de Tamaulipas exista algún código con ese nombre." Lo anterior es ineficaz. En efecto, se califica de ineficaz ese argumento ya que el uso por parte del juez responsable de esas expresiones, es con la única intención de fundamentar su postura en relación al cumplimiento dado al fallo protector; además, es fácil comprender que si el acuerdo que nos ocupa fue dictado en un juzgado familiar con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas, la entidad a que se refiere el juez natural al establecer "código de procedimientos civiles de la entidad", es precisamente Tamaulipas; igualmente, si la autoridad expresa "código en consulta", significa que en el cuerpo del auto ya estableció de manera precisa que la codificación de que se trata es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; y, las palabras código adjetivo civil y código instrumental civil, son sinónimos utilizados para no usar de manera repetitiva la denominación Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; lo cual de modo alguno, infiere en la validez del auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete. Con lo anterior, se da contestación al escrito de agravios exhibido por la parte quejosa el dos de marzo del año en curso (fojas 295 a 306). En otro orden, respecto al escrito del representante especial del menor en este juicio de garantías, por el que desahoga la vista dada con el cumplimiento del fallo protector por parte de la autoridad responsable (foja 293), dado el sentido de este proveído, no se realiza mayor pronunciamiento. De la misma manera, no se realiza mayor pronunciamiento respecto del diverso escrito del quejoso, recibido en este juzgado el cuatro de abril del año en curso (foja 328), por el cual desahoga la vista que se le dio respecto al cumplimiento de las autoridades responsables ejecutoras Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable; Comandante de la Policía Ministerial del Estado; e Inspector General de la Policía Investigadora adscrito a Nuevo Laredo, todas con residencia en esta ciudad, toda vez que en el mismo adujo que nunca fue molestado por dichas ejecutoras. Finalmente, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con el pronunciamiento contenido en este propio auto, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de la licenciada Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a Francisco Javier Muñoz Sánchez, en su carácter de quejoso; el acuerdo de once de abril del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido al aviso de fecha doce de abril de la propia anualidad; cuyo acuerdo a la letra dice: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de veintitrés de marzo del año en curso (foja 321), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables al fallo protector; por tanto, este juzgador procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida o no, en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: i) En sentencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 213 a 228), este órgano jurisdiccional resolvió el presente juicio de amparo ****, en la que se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso ***, por sí y en representación de su menor hijo de identidad reservada ****, respecto de los actos reclamados consistentes en el acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se requiere al quejoso el cumplimiento de las reglas de convivencia pactadas en diligencia de trece de febrero de esa anualidad y lo apercibe con imponerle un arresto por el término de veinticuatro horas, en caso de incumplimiento; el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado e impone al quejoso un arresto por el término de veinticuatro horas, ambos acuerdos dictados en el expediente **** del índice del juzgado responsable; así como la ejecución de la referida orden de arresto. Protección constitucional que se concedió para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número **** de su índice, y Dicte uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Concesión que se hace extensiva al diverso acto reclamado emitido por el juez responsable, consistente en el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado e impone al quejoso un arresto por el término de veinticuatro horas; así como a los actos de ejecución atribuidos a las responsables encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable; Comandante de la Policía Ministerial del Estado; e Inspector General de la Policía Investigadora adscrito a Nuevo Laredo, todas con residencia en esta ciudad, ya que al dejarse sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de treinta de agosto pasado, que contiene el apercibimiento de arresto impugnado, lo mismo sucede con los subsecuentes que con él se vinculan." ii) Por auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 260 a 261). iii) En cumplimiento a lo ordenado, la autoridad responsable en oficio **** de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, remitió las actuaciones con las cuales adujo dar cumplimiento al fallo protector (fojas 270 a 284). iv) En proveído de veintiséis de febrero actual, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de los actos emitidos por la responsable en acatamiento a la sentencia amparadora (foja 285). v) El uno y dos de marzo del año en curso, se recibieron los escritos signados por el representante especial del menor de identidad reservada **** y por el quejoso ****, respectivamente, mediante los cuales hicieron las manifestaciones contenidas en sus promociones, de las que se advierte que el primero de ellos medularmente considera cumplido el fallo protector por parte de la autoridad, y el segundo, que la responsable no cumple con los extremos de la ejecutoria ya que el nuevo acto que emitió contiene un serie de violaciones y errores. vi) Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil dieciocho (foja 308), se requirió a las autoridades responsables ejecutoras Inspector General de la Policía Investigadora, Comandante de la Policía Ministerial del Estado y Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable, todas con residencia en esta ciudad, a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector dictado en los presente autos. vii) El trece de marzo del presente año, se recibieron los oficios **** y ****, por los cuales las autoridades responsables Inspector General de la Policía Investigadora Adscrito a Nuevo Laredo, y Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambos con sede en esta ciudad, adujeron dar cumplimiento al fallo protector (fojas 313 y 314). viii) El veintidós de marzo del año que transcurre, se recibió el oficio sin número, a través del cual la autoridad responsable Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable, con residencia en esta ciudad, adujó dar cumplimiento a la sentencia amparadora (foja 320). Como ya se anticipó, el efecto de la sentencia protectora concedida por este juzgado, fue para que el juez responsable, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número **** de su índice, y 2. Dictara uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Concesión que se hizo extensiva al diverso acto reclamado emitido por el juez responsable, consistente en el proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se hizo efectivo el apercibimiento decretado e impone al quejoso un arresto por el término de veinticuatro horas; así como a los actos de ejecución atribuidos a las responsables encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable; Comandante de la Policía Ministerial del Estado; e Inspector General de la Policía Investigadora adscrito a Nuevo Laredo, todas con residencia en esta ciudad, ya que al dejarse sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de treinta de agosto pasado, que contiene el apercibimiento de arresto impugnado, lo mismo sucede con los subsecuentes que con él se vinculan (foja 227). En ese sentido, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio **** recibido en este juzgado el veintitrés de febrero del presente año, comunicó que en esa misma fecha dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete (foja 272), en los siguientes términos: "[.] se deja insubsistente el auto de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número ****, relativo al ****, promovido por el C. ****, en contra de la C. ****, y se ordena emitir uno nuevo [.]" Con lo cual se acredita el cumplimiento dado al punto 1 de la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete. Por otra parte, en cuanto al cumplimiento dado al punto 2 (dictara uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor), la responsable emitió un nuevo auto (treinta de agosto de dos mil diecisiete) -en cumplimiento al fallo protector-, en el que determinó (fojas 272 a 284): "Téngase por presentada a la C. ****, parte demandada, con su escrito de cuenta, y vistas las manifestaciones que refiere en su escrito de cuenta, en el sentido de que el señor ****, no ha dado cumplimiento a las reglas de convivencia, lo cual constituye un principio de prueba en su favor, por lo que en tal virtud, se ordena requerir al demandado ****, a fin de que cumpla efectivamente con la convivencia que ambas partes pactaron mediante diligencia de fecha trece de febrero del año en curso, y que lo fue en el tenor siguiente: "PRIMERA:- Que el señor **** recogerá al menor **** a la salida de la escuela el día lunes y permanecerán bajo su guarda hasta el día miércoles por la mañana, toda vez que el miércoles en la tarde la señora **** pasará por el menor **** a la salida de la escuela el jueves en la mañana y en la tarde pasará el señor **** recogerá al menor **** y lo presentará a la escuela viernes en la mañana y la señora **** pasará por el menor **** a la salida de la escuela quedando bajo su guarda el día viernes, sábado y domingo y el lunes en la mañana será la señora **** quien lleve al niño a la escuela y el señor **** pasará por él a la hora de salida para repetir su guardia antes señalada. SEGUNDA:- Los (sic) señora manifiestan que en periodo vacaciones de los mismos el menor permanecerá al lado de la persona que tenga vacaciones, y si por su profesión necesitan salir fuera de la ciudad, el menor quedará con la persona que permanezca en esta ciudad".- Apercibiendo al C. ****, que para el caso de no dar cumplimiento a dicho régimen convivencial, se aplicará en su contra la medida que señala el artículo 16 fracción IV, consistente en arresto en su persona por el término de veinticuatro horas, por desacato a un mandato legítimo de autoridad judicial, medida de apremio que se justifica en la situación de la especie, pues de continuar su conducta impeditiva, la que además se observa de autos no descansa en causa justificada alguna, es claro que con ello hará nugatorio el superior derecho humano del menor ****., a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, amputando, colateralmente el derecho de ésta última a cultivar en lo físico, espiritual, moral y social a su vástago de que se trata, lo que solo propende a la afectación del interés superior del menor ****., atentando consecuentemente contra su sano desarrollo integral en el aspecto biopsicosocial, al estarse impidiendo la fecundación de la convivencia entre madre e hijo en comento, cuando éste último por razón de su edad cronológica requiere necesariamente de los cuidados maternos de la persona que le dio el ser, dado su incipiente y tierna edad cronológica, por tanto, a más de trascendente, se vuelve indispensable para la consecución del interés superior del menor ****, la permanencia y regularidad de la supradicha relación interpersonal con su madre la C. ****, siendo éste un derecho humano de carácter dual positivado como tal en la comunidad de disposiciones normativas que acto seguido se indican, las que son conformadoras de un corpus jure basto y suficiente para alcanzar la tutela judicial efectiva de la prerrogativa humana de que se vine dando noticia, entendiéndose por la citada expresión, un cuerpo normativo o jurídico, siendo las siguientes: 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 17, 22, 23, 24 y 25 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 12 fracción IV, 20, 21 y 22 de la Ley de los Derechos de Niños y Niñas vigente en el Estado. A un mayor abundamiento, fuerza decir que la medida de apremio con que antes se intimó al C. ****, deviene válida y justificada en el caso de la especie, pues como ya se enunció, su conducta está siendo impeditiva y además sin causa justa, de un derecho humano de corte superior, a saber, el del menor **** a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, tutelado suficientemente en la señalada comunidad de disposiciones normativas de índole constitucional, convencional y de legislación secundaria (federal y local), referidas en manifestaciones supralineales, cuya protección legal se vuelve del indiscutible débito judicial de todo órgano de la jurisdicción, dígase del fuero federal o común, pues ello implica hacer respetar y superponer su interés superior y sano desarrollo integral al de sus padres o de otros miembros de la familia, tal y como lo enseñan los numerales 3, 18 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 7, fracción I, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Niños vigente en la entidad; erigiéndose dicho aspecto (interés superior) como un auténtico mandato de garantía que se contiene en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se insiste, todo órgano de la jurisdicción, ya con independencia de su fuero, está obligado a su protección integral, entendiéndose por esto último, en consonancia al ordinal 5, fracción XXVIII, de la citada Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al conjunto de mecanismos que se ejecuten (en los tres órdenes de gobierno) con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución Federal, la Constitución del Estado y los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, de ahí que la pluricitada medida de apremio con que se intimó al C. ****, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho humano del menor **** a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, nada tiene de ilegal, no obstante que de por sí, y con fundamento en lo mandatado por el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 8, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es deber de la familia (en donde primordialmente quedan incluidos los padres), la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral, y queda claro que el C. ****, con su conducta impeditiva, no está procurando la tutela efectiva del derecho del menor ****, a un sano desarrollo integral, al no permitirle de manera infundada, reiterada y sin mediar causa justa, la convivencia con su progenitora materna, violentando consecuentemente la norma constitucional, convencional y de legislación secundaria de que se ha venido dando noticia, en perjuicio del interés superior de vástago en comento, lo cual se traduce en una modalidad de la violencia intrafamiliar, en conformidad con el numeral 2.1, de la Ley de prevención de la Violencia Familiar vigente en la entidad, en la medida de atentar contra la integridad psíquica de su descendiente, independientemente de que produzca o no lesiones, lo cual se traduce en un maltrato psicoemocional, en términos del diverso artículo 3 fracción II, de la citada Ley de Prevención de la Violencia Familiar, en la medida que con su omisión injustificada de permitir la convivencia entre madre e hijo, ocasiona un deterioro o disminución de la autoestima y devaluación del auto concepto, coartándole concomitantemente su derecho humano a una vida digna y de libre de violencia en la vertiente antes puntualizada, afectándole su sano desarrollo integral, y haciéndole nugatorio su interés superior, entendido éste como el catálogo de valores, principios e interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a las niñas, niños y adolescentes, vivir, plenamente, y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado, en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social, todo lo cual lo enseña en esta tesitura la recta exégesis del artículo 5, fracción XIX, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en la entidad tanto, en las relatadas condiciones de suyo es innegable que la expresada conducta impeditiva del C. ****, traducida en la ausencia permisión injustificada del sostenimiento de las relaciones personales de entre el menor ****, y su madre, la C. ****, desde el día treinta de Junio de dos mil diecisiete, y hasta hoy fecha, es a todas luces perniciosa y perjudicial del interés superior del menor en cuestión, en tanto que al provocar un estado de apartamiento entre madre e hijo en comento, vuelve imposible que éste último pueda forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, obstaculizándole vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar familiar, personal y social posible, tornándole de inalcanzable una vida plena, dado al profundo y marcado distanciamiento que ha logrado en las relaciones interpersonales entre el menor de que se trata y la C. ****; de ahí la gravedad del derecho humano lesionado al niño J, por parte de su padre, el C. ****, y como el mismo es de índole superior, su efectividad, tutela y salvaguarda, se vuelve un tema de orden público e interés social, y por tanto de urgente primicia hacerlo respetar, naciendo entonces el débito judicial de protegerlo y hacerlo respetar (mandato de garantía positivado en los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal), y por ello para garantizar su ejercicio y disfrute al menor, dándole prioridad a su bienestar ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, como lo impone el ordinal 7 fracción I, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, no es irracional, ni contrario al orden normativo apercibir al C. **** con el empleo de la medida de apremio antes referida (arresto por veinticuatro horas), dado a que se reitera de manera enfática que la conducta observada en autos por el supradicho padre del menor ****., deviene a más de contumaz, contraria al interés superior de su hijo en comento, con lo cual se explica y paralelamente se pone de racional manifiesto, la gravedad de la infracción en que ha incurrido, amputándole insensiblemente el pluricitado derecho humano a convivir con su madre, y por ende, por principio de proporcionalidad y correlatividad, el juez de la voz estima que dicho progenitor tiene que ser apercibido con el empleo de un arresto hasta por veinticuatro horas y no menos, esto con la finalidad, por una parte, de vencer su conducta rebelde, contumaz y reiterada, y por otra, de hacer respetar (observancia al artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) el duro e infranqueable derecho humano (también superior) del menor ****., a sostener relaciones interpersonales con su madre, la C. ****. Sin que resulte ocioso destacar que la conducta asumida por el C. ****, (rebelde, contumaz y reiterada), se pone de manifiesto de aquellas actuaciones judiciales de fechas catorce de Julio, catorce de agosto, catorce de Septiembre, todas del año dos mil diecisiete que para pronta referencia figuran respectivamente consultables a fojas ciento tres, ciento cuatro, ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y ocho, del expediente toral, por las que en cumplimiento a los autos de fechas doce de Julio, nueve de Agosto; y dieciocho de Agosto, también de dos mil siete (sic), se le mandó requerir la entrega del menor ****, en favor de la C. ****, en acatamiento a las reglas de convivencia pactadas por los interesados en aquella actuación judicial de fecha (13) trece de Febrero de (2017) dos mil diecisiete, respecto de lo cual no justificó su retención como más adelante se verá, y si por el contrario su conducta se estima reiterada, entendiéndose por ello lo que se repite una o más veces, según lo enseña su definición en el artículo 2.3, de la Ley de Prevención de la Violencia Familiar. Por lo que en el orden eidético expresado, y en criterio de éste órgano de la jurisdicción, es por demás inconcuso que toda violación a un derecho humano de índole superior, a saber en el particular justiciable del menor ****, a sostener relaciones interpersonales con su madre, ****, por sí misma, y derivado de la maximización o redimensión del mismo en el plano constitucional, convencional y legal, adquiere el matiz de grave, y en esa lógica, por principio de proporcionalidad, toda conducta grave, como la observada por el C. ****, con su negativa injustificada a la permisión de la convivencia entre madre e hijo de que se viene dando noticia, debe ser proporcionalmente sancionada al agente, causante de la misma, con una medida de apremio de igual intensidad al acto infractor, por ser esta la manera de hacer respetar el derecho humano conculcado, de ahí que nuevamente debe entenderse como justificado el arresto con que se apercibió al C. **** y, por la duración que del mismo se asentó. Viniendo a otro aspecto y para vida de no faltar al principio de congruencia de que toda resolución judicial (dígase decreto, auto o sentencia, según el criterio de clasificación reconocido en el ordinal 105, fracción II, de la ley del proceder civil local) debe participar, y visto en primer término el escrito signado por el C. ****, con sello receptor del día (01) primero de Agosto de (2017) dos mil diecisiete, que como tal obra examinable a fojas que van de la 105 a la 112, del expediente toral, a que hubo lugar con motivo de aquella actuación judicial de fecha (14) catorce de Julio del año en cita, por la que a su vez fue notificado del auto de fecha doce de igual mes y año, es de calificarse de indemostrado el alegato que en la aludida promoción se contiene, y en lo que aquí interesa, pues si bien es verdad que aduce por motivo o causa para no entregar a la C. ****, a su menor hijo ****, la circunstancia de que la primera por omisión o descuido ha puesto en situaciones de riesgo y peligro la salud del menor en cuestión, no menos inconcuso resulta que del material probatorio adjuntado al señalado escrito del primero de Agosto, no se viene al conocimiento y convicción de tal situación de riesgo y peligro, pasando en consecuencia a ser una afirmación indemostrada en juicio, no obstante la carga procesal que le depara el artículo 273, del Código Adjetivo Civil vigente en la entidad, y de la cual no puede ser liberada, según lo establecido por los diversos artículos 45 y 46, del código en consulta, antes bien, de la instrumental que adjuntó se justifica tan sólo, la radicación por auto de fecha de cinco de julio de dos mil diecisiete, del juicio ordinario civil sobre guardia y custodia definitiva que el C. **** tiene promovido en contra de la C. ****, controlado bajo el expediente número ****, del índice de este propio juzgado, de donde se deriva el carácter injustificado de la retención que viene haciendo de su menor hijo. En este encauce analítico, huelga decir también que, aquella promoción signada en fecha diecisiete de Agosto de dos mil diecisiete, por el C. ****, que aparece identificable a fojas que van de la 152 a la 155, corre igual suerte que la anterior, en donde como puede verse y en lo que aquí interesa, expone idéntica causa a la mencionada en supralíneas para no hacer entrega de su vástago, como lo es, la relativa al temor de que la salud e integridad física de su menor hijo se vuelva a ver afectada, como, consecuencia de las omisiones de cuidado por parte de la C. ****, aseveración que en modo alguno se encuentra demostrando. De igual manera, no pasa inadvertido al suscrito juzgador, las manifestaciones vertidas por el C. ****, en su diversa promoción con sello receptor del día 23 de Agosto de 2017, agregada a fojas 160 a la 170, del principal, por las que en lo esencial expone un comportamiento inadecuado (injurioso) de la C. ****, hacia su persona, pretendiéndolo acreditar con una serie de placas fotográficas e impresiones de mensajes de texto, las cuales en sí mismas se vuelven insuficientes para justificar la retención que lleva a cabo de su menor hijo ****., al carecer de todo valor probatorio, como consecuencia de inobservar el requisito establecido por la segunda porción normativa del artículo 410, del código instrumental civil vigente en la entidad, lo cual es significativo que no hacen fe de su contenido, amén de que por sí solos no propenden a ilustrar situación de riesgo o peligro alguno en que la C. **** estuviere colocando a su menor descendiente, volviéndose injustificada la retención del niño. Y por lo que mira al libelo con sello receptor del día (24) veinticuatro de Agosto de dos mil diecisiete, formulado por el C. ****, mismo que con su anexo corre glosado a fojas que van de la 172 a la 211, del expediente toral, se pone de relieve los motivos ahí relatados por el mencionado sujeto procesal, virtud a los cuales se tiene únicamente por demostrado que gestionó ante este propio juzgado y bajo el expediente número ****, un juicio ordinario civil sobre otorgamiento de guarda y custodia del menor ****., en contra de la C. ****, acompañando al mismo, como fundatorios de su acción los documentos que así estimó, empero, de ninguna manera y por sí mismos, justifican su negativa de entregar al menor ****., amén de que la ponderación jurídica de los expresados documentos, debe aterrizarse dentro de la citada instancia judicial ****, en el estado procesal que corresponda. Es así como puede verse de lo antes expuesto, que no obra justificada fehacientemente la retención que el C. ****, viene haciendo de su menor hijo ****, y por esa razón nada tiene de antijurídico apercibirle con el empleo de la medida de apremio consistente en el arresto con duración de veinticuatro horas, máxime que su grado de ilustración (médico cirujano), le permite conocer del severo daño emocional o psíquico que produce a su descendiente en cita, la ausencia de convivencia prolongada con su madre, deteriorándole con ello su autoestima y devaluándole su autoconcepto y que por su capacidad científica enunciada, no puede manifestar ignorancia respecto de lo atentario y riesgoso para la salud mental de su menor, y de su sano desarrollo integral, que representa privarlo desde el día treinta de Junio de dos mil diecisiete, y hasta hoy fecha, de sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, la C. ****." De lo anteriormente expuesto, es evidente que con las constancias allegadas por la autoridad responsable, se ha dado cumplimiento al fallo protector. Toda vez que la autoridad responsable en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número **** relativo al juicio ordinario civil sobre interdicto para retener la posesión de menor, promovido por el aquí impetrante de garantías, en contra de la tercero interesada ****. Asimismo, dictó un nuevo auto en el que cumpliendo con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonó y pormenorizó los motivos que tuvo para fijar la duración de la medida de apremio con que se apercibió a la parte actora, tomando en cuenta los elementos objetivos -que corresponden a la gravedad de la infracción cometida- y subjetivos -que se refieren a las circunstancias personales del infractor-. Ello es así dado que la autoridad responsable, en cuanto a la motivación de su proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, en relación con el apercibimiento de arresto efectuado al aquí impetrante de garantías, tomando en cuenta los elementos objetivos y subjetivos correspondientes, estableció: ".Apercibiendo al C. ****, que para el caso de no dar cumplimiento a dicho régimen convivencial, se aplicará en su contra la medida que señala el artículo 16 fracción IV, consistente en arresto en su persona por el término de veinticuatro horas, por desacato a un mandato legítimo de autoridad judicial, medida de apremio que se justifica en la situación de la especie, pues de continuar su conducta impeditiva, la que además se observa de autos no descansa en causa justificada alguna, es claro que con ello hará nugatorio el superior derecho humano del menor ****., a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, amputando, colateralmente el derecho de ésta última a cultivar en lo físico, espiritual, moral y social a su vástago de que se trata, lo que solo propende a la afectación del interés superior del menor ****., atentando consecuentemente contra su sano desarrollo integral en el aspecto biopsicosocial, al estarse impidiendo la fecundación de la convivencia entre madre e hijo en comento. medida de apremio con que antes se intimó al C. ****, deviene válida y justificada en el caso de la especie, pues como ya se enunció, su conducta está siendo impeditiva y además sin causa justa, de un derecho humano de corte superior, a saber, el del menor J.M. a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, tutelado suficientemente en la señalada comunidad de disposiciones normativas de índole constitucional, convencional y de legislación secundaria (federal y local). no es irracional, ni contrario al orden normativo apercibir al C. **** con el empleo de la medida de apremio antes referida (arresto por veinticuatro horas), dado a que se reitera de manera enfática que la conducta observada en autos por el supradicho padre del menor ****., deviene a más de contumaz, contraria al interés superior de su hijo en comento, con lo cual se explica y paralelamente se pone de racional manifiesto, la gravedad de la infracción en que ha incurrido, amputándole insensiblemente el pluricitado derecho humano a convivir con su madre, y por ende, por principio de proporcionalidad y correlatividad, el juez de la voz estima que dicho progenitor tiene que ser apercibido con el empleo de un arresto hasta por veinticuatro horas y no menos, esto con la finalidad, por una parte, de vencer su conducta rebelde, contumaz y reiterada, y por otra, de hacer respetar (observancia al artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) el duro e infranqueable derecho humano (también superior) del menor ****., a sostener relaciones interpersonales con su madre, la C. **** . A un mayor abundamiento, fuerza decir que la medida de apremio con que antes se intimó al C. ****, deviene válida y justificada en el caso de la especie, pues como ya se enunció, su conducta está siendo impeditiva y además sin causa justa, de un derecho humano de corte superior, a saber, el del menor **** a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, tutelado suficientemente en la señalada comunidad de disposiciones normativas de índole constitucional, convencional y de legislación secundaria (federal y local), referidas en manifestaciones supralineales, cuya protección legal se vuelve del indiscutible débito judicial de todo órgano de la jurisdicción, dígase del fuero federal o común, pues ello implica hacer respetar y superponer su interés superior y sano desarrollo integral al de sus padres o de otros miembros de la familia, tal y como lo enseñan los numerales 3, 18 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 7, fracción I, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Niños vigente en la entidad; erigiéndose dicho aspecto (interés superior) como un auténtico mandato de garantía que se contiene en los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que se insiste, todo órgano de la jurisdicción, ya con independencia de su fuero, está obligado a su protección integral, entendiéndose por esto último, en consonancia al ordinal 5, fracción XXVIII, de la citada Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al conjunto de mecanismos que se ejecuten (en los tres órdenes de gobierno) con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta Ley, la Constitución Federal, la Constitución del Estado y los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, de ahí que la pluricitada medida de apremio con que se intimó al C. ****, con la finalidad de garantizar el respeto al derecho humano del menor ****, a sostener relaciones interpersonales con su progenitora materna, nada tiene de ilegal, no obstante que de por sí, y con fundamento en lo mandatado por el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 8, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es deber de la familia (en donde primordialmente quedan incluidos los padres), la comunidad a la que pertenecen, del Estado y en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida para su desarrollo integral, y queda claro que el C. ****, con su conducta impeditiva, no está procurando la tutela efectiva del derecho del menor ****, a un sano desarrollo integral, al no permitirle de manera infundada, reiterada y sin mediar causa justa, la convivencia con su progenitora materna, violentando consecuentemente la norma constitucional, convencional y de legislación secundaria de que se ha venido dando noticia, en perjuicio del interés superior de vástago en comento, lo cual se traduce en una modalidad de la violencia intrafamiliar, en conformidad con el numeral 2.1, de la Ley de prevención de la Violencia Familiar vigente en la entidad, en la medida de atentar contra la integridad psíquica de su descendiente, independientemente de que produzca o no lesiones, lo cual se traduce en un maltrato psicoemocional, en términos del diverso artículo 3 fracción II, de la citada Ley de Prevención de la Violencia Familiar, en la medida que con su omisión injustificada de permitir la convivencia entre madre e hijo, ocasiona un deterioro o disminución de la autoestima y devaluación del auto concepto, coartándole concomitantemente su derecho humano a una vida digna y de libre de violencia en la vertiente antes puntualizada, afectándole su sano desarrollo integral, y haciéndole nugatorio su interés superior, entendido éste como el catálogo de valores, principios e interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a las niñas, niños y adolescentes, vivir, plenamente, y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado, en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social, todo lo cual lo enseña en esta tesitura la recta exégesis del artículo 5, fracción XIX, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en la entidad tanto, en las relatadas condiciones de suyo es innegable que la expresada conducta impeditiva del C. ****, traducida en la ausencia permisión injustificada del sostenimiento de las relaciones personales de entre el menor ****, y su madre, la C. ****, desde el día treinta de Junio de dos mil diecisiete, y hasta hoy fecha, es a todas luces perniciosa y perjudicial del interés superior del menor en cuestión, en tanto que al provocar un estado de apartamiento entre madre e hijo en comento, vuelve imposible que éste último pueda forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, obstaculizándole vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar familiar, personal y social posible, tornándole de inalcanzable una vida plena, dado al profundo y marcado distanciamiento que ha logrado en las relaciones interpersonales entre el menor de que se trata y la C. ****; de ahí la gravedad del derecho humano lesionado al niño ****, por parte de su padre, el C. ****, y como el mismo es de índole superior, su efectividad, tutela y salvaguarda, se vuelve un tema de orden público e interés social, y por tanto de urgente primicia hacerlo respetar, naciendo entonces el débito judicial de protegerlo y hacerlo respetar (mandato de garantía positivado en los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal), y por ello para garantizar su ejercicio y disfrute al menor, dándole prioridad a su bienestar ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, como lo impone el ordinal 7 fracción I, de la señalada Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas." Además, hizo reseña de las ocasiones en que ha incumplido esa parte actora con el cumplimiento a las reglas de convivencia fijadas: "Sin que resulte ocioso destacar que la conducta asumida por el C. ****, (rebelde, contumaz y reiterada), se pone de manifiesto de aquellas actuaciones judiciales de fechas catorce de Julio, catorce de agosto, catorce de Septiembre, todas del año dos mil diecisiete que para pronta referencia figuran respectivamente consultables a fojas ciento tres, ciento cuatro, ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, doscientos cincuenta y siete y doscientos cincuenta y ocho, del expediente toral, por las que en cumplimiento a los autos de fechas doce de Julio, nueve de Agosto; y dieciocho de Agosto, también de dos mil siete (sic), se le mandó requerir la entrega del menor ****, en favor de la C. ****, en acatamiento a las reglas de convivencia pactadas por los interesados en aquella actuación judicial de fecha (13) trece de Febrero de (2017) dos mil diecisiete, respecto de lo cual no justificó su retención como más adelante se verá, y si por el contrario su conducta se estima reiterada, entendiéndose por ello lo que se repite una o más veces, según lo enseña su definición en el artículo 2.3, de la Ley de Prevención de la Violencia Familiar..." Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues la responsable no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dejó insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número **** relativo al juicio ordinario civil sobre interdicto para retener la posesión de menor, promovido por el aquí impetrante de garantías, en contra de la tercero interesada ****; asimismo, dictó un nuevo auto en el que cumpliendo con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonó y pormenorizó los motivos que tuvo para fijar la duración de la medida de apremio con que se apercibió a la parte actora, tomando en cuenta los elementos objetivos -que corresponden a la gravedad de la infracción cometida- y subjetivos -que se refieren a las circunstancias personales del infractor-; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. En otro orden, el quejoso ****, en escrito recibido el dos de marzo del año en curso, desahogó la vista que se le otorgó en relación con las constancias que remitió la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector (fojas 295 a 306), y al efecto, aduce no estar de acuerdo con el acatamiento a la sentencia de amparo, exponiendo las consideraciones de hecho y de derecho que en seguida se sintetizan. Refiere el quejoso que la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente **** del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, en cumplimiento a la sentencia amparadora, contiene las siguientes irregularidades: I. Fue dictada en represalia por la queja que presentó en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ante la Visitaduría del Poder Judicial del Estado. II. Contiene vicios formales tales como la imprecisión de la función o intervención que tuvieron los licenciados **** y ****. III. El titular del juzgado responsable omitió mencionar que desde el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el convenio de trece de febrero de esa anualidad; asimismo, que desde el veinte de noviembre del año próximo pasado, ordenó la entrega de su menor hijo. IV. El juez responsable fue omiso en señalar que al momento de exigir al quejoso la entrega de su menor hijo, le exponía los temores que él tenía y que tampoco indicó que el promovente de amparo solicitó se citara a las partes para fijar reglas de convivencia, ni mencionó que utilizó algún mecanismo de mediación. V. El juez civil omitió valorar las pruebas que presentó dentro del controvertido de origen, lo cual trajo como resultado la orden de arresto que se giró en su contra. VI. El juez responsable valoró incorrectamente las pruebas que obran en los autos del expediente de origen, al estimar que se tuvo por acreditado lo injustificado de la retención del menor por parte del impetrante. VII. Es resolución es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juicio no se encuentra concluido con una sentencia que haya causado ejecutoria. VIII. Se violan sus garantías individuales al carecer la resolución de la debida fundamentación y motivación. IX. El resultado obtenido provocó que se propiciara aún más la desintegración familiar. X. El juez responsable violentó el derecho a la educación de su menor hijo al negarle las medidas de seguridad para que éste asistiera a clases; así como los diversos derechos relativos a la seguridad y a la salud. XI. La autoridad responsable omite mencionar y especificar en dónde cumplirá el quejoso con el arresto, así como a qué autoridad ordenará que cumpla con dicho mandamiento. XII. En esa resolución el juzgador de primera instancia empleó palabras en idioma extranjero, tales como "corpus jure", sin que exhiba la traducción correspondiente, tal como lo establece -a su decir- el Código de Procedimientos Civiles. XIII. Para fundamentar su acuerdo el juez familiar usa la expresión "código de procedimientos civiles de la entidad", sin mencionar a qué entidad se refiere, y hace uso del código en consulta, código adjetivo civil, código instrumental civil, sin que en el Estado de Tamaulipas exista algún código con ese nombre. En principio se analizarán las inconformidades establecidas bajo los numerales "I", "IX" y "X", en las cuales el solicitante de amparo adujo lo siguiente: "I. Fue dictada en represalia por la queja que presentó en contra del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, ante la Visitaduría del Poder Judicial del Estado." "IX. El resultado obtenido provocó que se propiciara aún más la desintegración familiar." "X. El juez responsable violentó el derecho a la educación de su menor hijo al negarle las medidas de seguridad para que éste asistiera a clases; así como los diversos derechos relativos a la seguridad y a la salud." Lo anterior es ineficaz. En efecto, se estiman ineficaces los citados argumentos en virtud de que, con los mismos no se controvierte en modo alguno las consideraciones emitidas por el juzgador de instancia, más bien son apreciaciones subjetivas y unilaterales expresadas por el quejoso. Es decir, con los argumentos antes precisados el inconforme únicamente refleja su sentir en relación con la determinación emitida en cumplimiento al fallo protector, empero, no expresa razonamiento jurídico tendente a evidenciar la ilegalidad de esa resolución. De ahí que, si el inconforme no expresa argumentos jurídicos tendentes a demostrar que las razones o consideraciones inmediatas que tomó en cuenta la autoridad responsable al emitir el acuerdo dictado en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en este controvertido constitucional, no acatan los efectos de dicha ejecutoria, deben declararse ineficaces sus manifestaciones. Ahora bien, respecto al diverso motivo de inconformidad precisado bajo el numeral "II", en la que el quejoso manifiesta que la resolución emitida: "II. Contiene vicios formales tales como la imprecisión de la función o intervención que tuvieron los licenciados **** y ****." Lo anterior es ineficaz. Ello es así, toda vez que basta imponerse del auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de origen para advertir la participación de los licenciados **** en su emisión; ello es así, ya que de la simple lectura de ese proveído se advierte que la preindicada ****, Secretaria de Acuerdos del juzgado responsable, únicamente certificó el auto en mención a fin de darle validez para su remisión a este órgano jurisdiccional; y por otra parte, el licenciado ****, oficial judicial "B" habilitado en funciones de Secretario de Acuerdos, actuó de manera directa en la emisión de ese auto, autorizando y dando fe de lo acordado por el juez responsable en el proveído de referencia; de ahí que, como se anticipó, deba declararse ineficaz el argumento hecho valer en tal sentido. Por otra parte, respecto a los diversos motivos de inconformidad precisados bajo los numerales "III", "IV", "V" y XI", los mismos se analizarán en forma conjunta, dado que a través de ellos se pretende evidenciar que el juez de lo familiar al emitir el proveído dictado en cumplimiento al fallo protector, incurrió en diversas omisiones, los cuales se sintetizaron de la siguiente manera: "III. El titular del juzgado responsable omitió mencionar que desde el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el convenio de trece de febrero de esa anualidad; asimismo, que desde el veinte de noviembre del año próximo pasado, ordenó la entrega de su menor hijo." "IV. El juez responsable fue omiso en señalar que al momento de exigir al quejoso la entrega de su menor hijo, le exponía los temores que él tenía y que tampoco indicó que el promovente de amparo solicitó se citara a las partes para fijar reglas de convivencia, ni mencionó que utilizó algún mecanismo de mediación." "V. El juez civil omitió valorar las pruebas que presentó dentro del controvertido de origen, lo cual trajo como resultado la orden de arresto que se giró en su contra." "XI. El juez responsable omite mencionar y especificar en dónde cumplirá el quejoso con el arresto, así como a qué autoridad ordenará que cumpla con dicho mandamiento." Lo antes resumido es ineficaz. Se califican en tal sentido los motivos de inconformidad antes precisados, tomando en consideración que a través de los mismos el peticionario de garantías pretende evidenciar que al emitir el acuerdo dictado en cumplimiento a la sentencia constitucional, el juez de lo familiar incurrió en diversas omisiones, las cuales no formaron parte de la concesión del amparo. Ciertamente, los efectos de la sentencia dictada en el presente controvertido lo fueron en los siguientes términos: "Deje insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número **** de su índice, y Dicte uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor." De lo anterior se puede válidamente colegir que el juez responsable se encontraba obligado únicamente a hacer lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número **** de su índice, y 2. Dictar uno nuevo en el que cumpliera con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonando y pormenorizando los motivos que tuviera para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Ahora, si el impetrante refiere que la autoridad responsable omitió señalar (i) que desde el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dejó sin efecto el convenio de trece de febrero de esa anualidad; (ii) que desde el veinte de noviembre del año próximo pasado, ordenó la entrega de su menor hijo; (iii) que al momento de exigir al quejoso la entrega de su menor hijo, le exponía los temores que él tenía; (iv) que el promovente de amparo solicitó se citara a las partes para fijar reglas de convivencia; (v) que utilizó algún mecanismo de mediación; (vi) valorar las pruebas que presentó dentro del controvertido de origen, lo cual trajo como resultado la orden de arresto que se giró en su contra; y (vii) en dónde cumplirá el quejoso con el arresto, así como a qué autoridad ordenará que cumpla con dicho mandamiento; y dichos aspectos no formaron parte de los efectos de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, deben declararse ineficaces tales argumentos. Lo anterior es así, pues se reitera, los lineamientos que se establecieron a la autoridad responsable fueron relativos a dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente **** y dictar otro en el que a fin de dar cumplimiento al principio de motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debía expresar los motivos que tuviera para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Y si en el caso, las omisiones que precisa el solicitante de amparo no son relativas a los motivos que tomó en cuenta el juez del conocimiento para fijar la duración de la medida de apremio, deben calificarse las mismas como ineficaces. Por otro lado, en relación con los diversos motivos de inconformidad precisados bajo los numerales "VI" y "VII", los mismos se analizarán en forma conjunta, dado que se encuentran íntimamente vinculados, los cuales se sintetizaron de la siguiente manera: "VI. El juez responsable valoró incorrectamente las pruebas que obran en los autos del expediente de origen, al estimar que se tuvo por acreditado lo injustificado de la retención del menor por parte del impetrante." "VII. La resolución emitida en cumplimiento al fallo protector es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juicio no se encuentra concluido con una sentencia que haya causado ejecutoria." Lo anterior es ineficaz. Ello es así, dado que dichos aspectos tampoco formaron parte de los efectos del fallo protector. En efecto, en la sentencia de amparo no se precisó lineamiento alguno a efecto de que el juzgador responsable valorara las pruebas que obran en autos del juicio natural, ni tampoco se precisó que se debía emitir sentencia alguna que causara ejecutoria, habida cuenta que, como se precisó con antelación, los efectos consistieron en que el juez familiar debía dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en el expediente **** y dictar otro en el que debía expresar los motivos que tuviere para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. Y si en el caso, los argumentos expresados por el inconforme no son relativos a los motivos que tomó en cuenta el juez del conocimiento para fijar la duración de la medida de apremio, deben calificarse como ineficaces, al no ser parte de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En otro aspecto, a continuación se dará contestación al argumento que previamente quedó sintetizado bajo el punto "VIII", el cual se hizo consistir en: "VIII. Se violan sus garantías individuales al carecer la resolución de la debida fundamentación y motivación." En relación con lo anterior, el solicitante de amparo alude lo siguiente: que la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector (i) no es clara al mencionar expresiones como principio de proporcionalidad y correlatividad; (ii) no especifica en qué consistieron las conductas de rebelde, contumaz y reiterativa; y (iii) no estableció los fundamentos legales en que se basó para emitir la misma, así como tampoco expresó los motivos o causas inmediatas por las que se emitió la misma. Lo anterior es ineficaz. Se califica en tal sentido el motivo de inconformidad antes precisado, tomando en consideración que a través del mismo el quejoso evidencia cuestiones que corresponden al fondo de la resolución emitida por el juez natural en cumplimiento a la sentencia amparadora, las cuales no formaron parte de la concesión del amparo y por ende, no son materia de análisis en la presente resolución. En efecto, en la sentencia dictada en el presente controvertido constitucional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el juez responsable: "Deje insubsistente el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número **** de su índice, y Dicte uno nuevo en el que cumpla con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos que tenga para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor." De lo anterior se puede válidamente colegir que el juez civil se encontraba obligado únicamente a realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en los autos del Juicio Ordinario Civil sobre Interdicto para retener la posesión de un menor, número **** de su índice, y b) Dictar uno nuevo en el que cumpliera con los principios de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razonando y pormenorizando los motivos que tuviera para fijar la duración de la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor. En ese tenor, si a través de las inconformidades que expresa el quejoso en relación con el cumplimiento del fallo protector, alude tópicos relativos a cuestiones de fondo del proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, tales como que el mismo (i) no es claro al mencionar expresiones como principio de proporcionalidad y correlatividad; (ii) no especifica en qué consistieron las conductas de rebelde, contumaz y reiterativa; y (iii) no estableció los fundamentos legales en que se basó para emitir la misma, así como tampoco expresó los motivos o causas inmediatas por las que se emitió la misma; luego entonces, deben desestimarse sus argumentos formulados en tal sentido, pues no resultaría válido jurídicamente que a través de la resolución que analiza el acatamiento al fallo protector, se atendieran cuestiones diversas a los lineamientos que se establecieron al juez de lo familiar. Ciertamente es así, dado que al haberse dado al juez natural el lineamiento a seguir en el cumplimiento del fallo protector, relacionado con la motivación del auto recurrido por el impetrante en el sentido de razonar y pormenorizar los motivos que tuviere para fijar la medida de apremio de que se trate, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales del infractor, la responsable cumplió con ello. Por otra parte, los argumentos hechos valer en relación con el motivo de inconformidad sintetizado en el punto "XII", relacionado con: "XII. En esa resolución el juzgador de primera instancia empleó palabras en idioma extranjero, tales como "corpus jure", sin que exhiba la traducción correspondiente, tal como lo establece -a su decir- el Código de Procedimientos Civiles." Resulta ineficaz. Lo anterior en virtud de que, de la simple lectura del auto emitido en cumplimiento al fallo protector, se advierte que la responsable al momento de emplear la palabra "corpus jure", enseguida asienta el significado de la misma, como se ve: "las que son conformadoras de un corpus jure basto y suficiente para alcanzar la tutela judicial efectiva de la prerrogativa humana de que se vine dando noticia, entendiéndose por la citada expresión, un cuerpo normativo o jurídico,." (énfasis añadido por este juzgado). Por lo que, los argumentos de inconformidad al respecto emitidos por el quejoso, como se adelantó, devienen ineficaces, advirtiéndose también que los mismos son tendenciosos dado que el impetrante únicamente hizo ver que el juez responsable utilizó esa expresión en latín, más no el hecho de que también se asentó por parte de la responsable, lo que se entiende por la misma. Finalmente, por cuanto hace al argumento sintetizado en el punto "XIII", en el que, el quejoso hace ver que en la resolución emitida por el juez responsable: "XIII. Para fundamentar su acuerdo el juez familiar usa la expresión "código de procedimientos civiles de la entidad", sin mencionar a qué entidad se refiere, y hace uso del código en consulta, código adjetivo civil, código instrumental civil, sin que en el Estado de Tamaulipas exista algún código con ese nombre." Lo anterior es ineficaz. En efecto, se califica de ineficaz ese argumento ya que el uso por parte del juez responsable de esas expresiones, es con la única intención de fundamentar su postura en relación al cumplimiento dado al fallo protector; además, es fácil comprender que si el acuerdo que nos ocupa fue dictado en un juzgado familiar con jurisdicción en el Estado de Tamaulipas, la entidad a que se refiere el juez natural al establecer "código de procedimientos civiles de la entidad", es precisamente Tamaulipas; igualmente, si la autoridad expresa "código en consulta", significa que en el cuerpo del auto ya estableció de manera precisa que la codificación de que se trata es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; y, las palabras código adjetivo civil y código instrumental civil, son sinónimos utilizados para no usar de manera repetitiva la denominación Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; lo cual de modo alguno, infiere en la validez del auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete. Con lo anterior, se da contestación al escrito de agravios exhibido por la parte quejosa el dos de marzo del año en curso (fojas 295 a 306). En otro orden, respecto al escrito del representante especial del menor en este juicio de garantías, por el que desahoga la vista dada con el cumplimiento del fallo protector por parte de la autoridad responsable (foja 293), dado el sentido de este proveído, no se realiza mayor pronunciamiento. De la misma manera, no se realiza mayor pronunciamiento respecto del diverso escrito del quejoso, recibido en este juzgado el cuatro de abril del año en curso (foja 328), por el cual desahoga la vista que se le dio respecto al cumplimiento de las autoridades responsables ejecutoras Encargado de la Coordinación Municipal de la Policía Estatal Acreditable; Comandante de la Policía Ministerial del Estado; e Inspector General de la Policía Investigadora adscrito a Nuevo Laredo, todas con residencia en esta ciudad, toda vez que en el mismo adujo que nunca fue molestado por dichas ejecutoras. Finalmente, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con el pronunciamiento contenido en este propio auto, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, asistido de la licenciada Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe." (2)

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