Francisco Javier Mologón Olivera

Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
351/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Mologón Olivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, transcribe la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de ********************, emitida en el conflicto competencial ********************, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para seguir conociendo del juicio de amparo que nos ocupa." Háganse las anotaciones respectivas; glósense las actuaciones que obran en el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Acto reclamado Ahora bien, previamente deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La omisión por parte de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LXI Legislatura del Estado de México, de enviar información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el tres y cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, de manera electrónica el aquí quejoso, así como, dar trámite a la citada solicitud conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no definir cuáles son los casos para su relevancia y que es la opinión consultiva en los lineamientos expedidos por la Comisión Especial en Materia de Amnistía. La resolución de ********************, por la cual, la Visitaduría General sede Atizapán de Zaragoza, Estado de México, declaró improcedente la solicitud de amnistía radicada bajo el número de expediente ******************** a nombre del quejoso (oficio ********************). Desechamiento En ese sentido, se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual prevé en la parte conducente, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del recurrente; criterio que se comparte. Tal disposición legal que establece literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De tal porción normativa se obtiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado para quien resienta una afectación en su esfera jurídica, respecto de un derecho del que aduce ser titular o se vea afectado algún interés jurídico o legítimo, con motivo de un acto de autoridad. Evidenciándose que a efecto de que resulte procedente el juicio de protección de derechos fundamentales, se requiere que la parte quejosa resienta una afectación en los derechos de los que aduce ser titular por parte de la autoridad responsable, configurándose en ese momento el interés jurídico que lo facultará para accionar el juicio de control constitucional en su defensa. Asimismo, conviene establecer que el interés jurídico debe entenderse precisamente como esa titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por las responsables; esto es, la existencia de un derecho previo, legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 87, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VI, segunda parte-1, julio-diciembre de 1990, página 364, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Asimismo, la diversa 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225, que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo en torno a los actos que por esta vía se reclaman, se requiere acreditar tanto la existencia de ese derecho subjetivo y la afectación personal y directa, elementos que en su conjunto constituyen -como se vio- el denominado para efectos del juicio de amparo interés jurídico. En el caso, la opinión consultiva desfavorable de ********************, por la cual, la Visitaduría General sede Atizapán de Zaragoza, Estado de México de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, declaró improcedente la solicitud de amnistía radicada bajo el número de expediente ******************** a nombre del quejoso, no afecta su interés jurídico puesto que el organismo de derechos humanos únicamente emite opiniones en relación con las solicitudes de amnistía de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y los Lineamientos para Substanciar los Procedimientos de Amnistía del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, es decir, se trata de un simpe acto de trámite, pero no se trata de la determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria sin carácter imperativo que en su caso, se turnaría a la autoridad judicial para atender la recomendación tal y como lo establece el artículo 18 de la ley en cita. Máxime que de conformidad con el numeral 8 de la Ley de Amnistía del Estado de México, la solicitud de amnistía puede ser presentada por escrito o por medios electrónicos habilitados para tal efecto, ante la autoridad judicial competente, por ende, no se advierte la existencia de una lesión a los intereses jurídicos del directo quejoso. Es ilustrativa por su contenido, el criterio judicial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 1047, que dice: "COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA POR SÍ MISMO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE. En relación con el incumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el juicio de amparo resulta improcedente, dado que, con independencia de que no se trate de un organismo nacional interno, en términos exactos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es incontrovertible que participa de la misma naturaleza esencial de un organismo autónomo, cuyo objeto es el de conocer e investigar (en términos de la convención de la que surge) presuntas violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones, en su caso. Para corroborar lo anterior basta consultar el contenido del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José), que establece: "La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: ... 5. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los Gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.". En tal virtud, no existe razón lógica o jurídica para desconocer la identidad en cuanto a la naturaleza de las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos (sean nacionales o internacionales), en este caso, tanto la interamericana como la de índole nacional, pues ambas participan de las mismas características esenciales, es decir, las de no ser vinculantes ni materialmente obligatorias para la autoridad a la que se dirigen; por tanto, carecen de un mecanismo propio para hacerse exigibles mediante el ejercicio de alguna facultad de imperio o autoridad, esto es, coercitivamente. Así, tratándose de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 46 de su ley señala: "La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia. ...". Por su parte, el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.-2. La comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada.-3. Transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. ...". Como puede verse, en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida una recomendación a un Estado miembro se asigna un plazo para que adopte las medidas que le competan para remediar la situación examinadora. Transcurrido dicho plazo, si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte Interamericana (órgano distinto a la comisión que, a diferencia de aquélla, sí cuenta con competencia jurisdiccional), por parte de la comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá determinar la publicación del informe sobre la recomendación no cumplida en el informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Luego, la consecuencia prevista para el posible incumplimiento de una recomendación, por parte de un Estado miembro, no es otra que la publicación del informe que así lo determine en el informe anual rendido a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos; y sin prejuzgar sobre el efecto que esa clase de publicación pudiere tener en el ámbito de las relaciones internacionales, es evidente que en el plano jurídico y material no existe un mecanismo de ejecución obligatoria respecto de la recomendación emitida, por tanto, ésta puede o no ser cumplida por el Estado de que se trate, como acto de voluntad política en el plano de dicha relación multinacional; sin embargo, la aludida recomendación (al igual que las emitidas por las comisiones nacionales), por sí misma no constituye, modifica o extingue una situación jurídica concreta y específica en beneficio o perjuicio de los particulares, esto es, no establece el surgimiento de un derecho público subjetivo a cuyo cumplimiento esté constreñido el Estado o autoridad en cuestión. Por lo anterior, si no existe ningún precepto en la legislación nacional ni en el ámbito de un tratado internacional exigible que determine la obligatoriedad vinculante de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que el eventual incumplimiento de alguna de ellas, en sí mismo, no constituye la transgresión a disposición legal alguna cuyo acontecer implique violación de garantías por parte del Estado mexicano en perjuicio de particulares en concreto, debido a que, a su vez, la recomendación en sí tampoco constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior que el quejoso también señale como acto reclamado la omisión por parte de la Comisión Especial en Materia de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México, de enviar información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el tres y cuatro de septiembre de manera electrónica, así como, dar trámite a la citada solicitud conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México y de no definir que son los casos por su relevancia y que es la opinión consultiva en los lineamientos expedidos por la Comisión Especial en Materia de Amnistía; pues dichas omisiones, se encuentran estrechamente relacionadas con la solicitud de amnistía con número de expediente ********************, la cual como se estableció en párrafos anteriores, se trata de una determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria sin carácter imperativo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de la organización civil ********************, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en virtud de ser notoriamente improcedente. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, informa la designación del licenciado Oscar Vázquez Ortiz, como secretario en funciones de magistrado del referido Tribunal de Alzada, en sustitución de la magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza, con efectos a partir del uno de abril del año en curso y durante el tiempo que dure la comisión temporal de la magistrada o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, a través del cual, acusa recibo del oficio con el que se denunció el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto, así como de los autos originales del juicio de amparo ********************; asimismo, informa que lo registró y admitió con el número 14/2023, de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento y se está a la espera de la resolución que emita el órgano colegiado oficiante.

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