Francisco Javier Juárez Serdio

Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
554/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Juárez Serdio
  • Francisco Javier Juárez Serdio y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de julio de dos mil veintidós. Resolución Intégrese el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcoyotl, Estado de México, a través del cual, remite testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 21/2022-I, en la cual, el órgano colegiado de su adscripción resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL y el JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA. SEGUNDO. Se declara la competencia legal a favor del JUZGADO DECIMOSÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL, para continuar con el conocimiento del juicio de amparo indirecto de origen.". Háganse las anotaciones respectivas. Archivo Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos del Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se declinó competencia y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por el que hace del conocimiento el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, a través del cual admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mismo que registro bajo el número 21/2022-I.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra constancia de notificación a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Ocho, respecto del proveído de ocho de los cursantes, por el que se le requirió a efecto de que dentro del plazo cinco días, informara el seguimiento de las acciones que se encuentra realizando a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia amparadora; esto es, haga del conocimiento lo expuesto por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, respecto a la presentación de su perito para que aceptar y protestar el cargo conferido. Por tanto, a efecto de que dicha responsable se encuentre en posibilidades de cumplir la obligación procesal impuesta, mediante misiva que del presente derive, notifíquese el proveído referido.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Visto el oficio del Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual remite el juicio de amparo indirecto 321/2022-I-B de su índice, toda vez que mediante auto de treinta de marzo del año en curso, declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del mismo. REGISTRO. En términos del artículo 112 de la legislación de la materia, regístrese bajo el número 554/2022-V-A; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NO SE ACEPTA LACOMPETENCIA. En ese contexto, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, no acepta la competencia declinada, por lo siguiente: En principio, se precisa que el acto que reclama la parte quejosa, se hace consistir en: La omisión de aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 al Presidente Constitucional de los estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Por su parte, la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Asimismo, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". De lo anterior, se obtiene que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Asimismo, la exégesis del numeral en cita estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Así, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En ese tenor, el acto reclamado consistente en la omisión de aplicar la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, a la menor quejosa, lo que constituye un acto de naturaleza omisiva con efectos positivos, ya que implica el despliegue de una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico (negar la aplicación de la vacuna contra la enfermedad SARS-COV2, al menor solicitante del amparo); motivo por el cual, las consecuencias de dicho acto se reflejarán en el lugar en el que, en su caso, se le aplicará la misma, por ser ahí en donde se está llevando la conducta omisiva reclamada. Por tanto, tomando en cuenta que el domicilio de la menor quejosa se ubica en Calle Parque de Valencia 9 P. Cadiz, Parques de la Herradura Huixquilucan de Dego, EM, C.P. 52786-CR-11801, es decir, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México; se colige que la ejecución del acto de que se duelen se llevará a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecutarán las consecuencias del acto reclamado. Lo anterior se afirma así, pues precisamente lo que pretende el progenitor de la infante al promover el amparo que nos ocupa, es recibir la vacuna en mención en la localidad donde habitan como se indicó en el municipio anterior que pertenecen a Naucalpan de Juárez, lo cual acontecerá cuando su progenitora o representante legal en su momento los presente a aplicar la vacuna correspondiente, en el municipio en el cual habitan actualmente. En ese sentido, resulta evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que declina el homólogo federal. Además, resulta un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 59/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejerce jurisdicción en dicho municipio. Bajo esa óptica, este juzgador no comparte el criterio de la autoridad declinante, dado que el domicilio de la menor quejosa no se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado, y como lo propone, no actualiza la primera hipótesis de competencia, esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sin que pase desapercibido para quien ahora resuelve, que el homólogo federal manifieste que la vacunación de los menores se llevara a cabo en la ciudad de Toluca, en la explanada que ocupa "El Hospital del Niño", con domicilio en Paseo Cristóbal Colón, sin número, Colonia Isidro Fabela 1ª Sección, entre Tollocan y Avenida Las Torres, Toluca de Lerdo, Estado de México y que la jornada de vacunación del uno de octubre de dos mil veintiuno que se observa al consultar la página web del Instituto de Salud del Estado de México, en la dirección electrónica ***, advirtió lo siguiente: "que la Unidad de comunicación Social emitió el comunicado UCS/SSEM/ISEM/521/2021, con título "Vacuna Salud edomex" a 655 menores de 12 a 17 contra COVID-19, quienes tuvieron amparo, así como del boletín informativo del mes de octubre publicado por la Secretaría de Salud del Estado de México, hizo conocimiento al público en general que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, cuatrocientos sesenta y dos menos (sic), de doce a diecisiete años de edad habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID19, mientras que ciento noventa y tres niñas, niños y adolecentes, había recibido la segunda dosis del biológico de Pfizer BioNtec, quienes fueron atendidos en el estadio de futbol "Nemesio Díaz", conocido como "La Bombonera en Toluca, Estado de México." De la transcripción que antecede se infiere que efectivamente la Secretaría de Salud del Estado de México, realizó y publicó el comunicado que antecede, sin embargo, del mismo se aprecia que las vacunas impuestas a la cantidad de menores allí indicados, fue con motivo de diversos juicios de amparo sin indicar de que Distritos Judiciales, sin embargo, lo cierto es que del referido comunicado no se pone de manifiesto que en el estadio de futbol "NEMESIO DÍAZ", conocido como "LA BOMBONERA" en Toluca, Estado de México, así como en el "Hospital del Niño", se hayan ordenado que a todos los menores pertenecientes a Naucalpan, Nezahualcoyotl y Toluca del Segundo Distrito Judicial en el momento indicado por las autoridades competentes se les aplicará en dicho lugar las dosis del biológico de Pfizer BioNtec. En consecuencia, esa manifestación se encuentra aislada y sin sustento legal, por ende, no se surte la competencia declinada sobre el asunto en cuestión y, por tanto, como se dijo con antelación, no se acepta la competencia del mismo. Máxime que no se actualiza alguna de las excepciones del artículo 37 de la Ley de Amparo en cita y que las autoridades responsables tienen competencia en todo el Estado de México, es decir, en la jurisdicción del homólogo Federal, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional y corresponde a la que conoce el Juez de Distrito al que se declina competencia. Es aplicable la jurisprudencia con número de registro 200781, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, página 107, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Sobre el tema en cuestión el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, dentro del conflicto competencial 6/2022, resolvió en el mismo sentido que se propone en el presente asunto. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y, previa identificación correspondiente, devuélvase el juicio de amparo 191/2022-I, al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a fin de que se pronuncie en términos de ley. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal del quejoso, toda vez que, al no haberse aceptado la competencia en el presente juicio de garantías, es inconcuso que este Juzgador no se vinculó con el procedimiento.

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