Francisco Javier López Encinas

Expediente 1449/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1449/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier López Encinas

Actuaciones

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y nueve minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Además, en auto de radicación se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. También, el secretario certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental e inspección judicial ofertadas por la parte quejosa; asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza la documental aludida; por otro lado, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. En cuanto a la prueba de inspección judicial, se desecha, dado que su desahogo se estima innecesario en virtud de que en el expediente obra el caudal probatorio necesario para emitir el fallo respectivo Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** L-II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. El veintiuno de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que que se reclama un acto cuya ejecución material tiene verificativo en el lugar en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: El retardo en la impartición de justicia de la responsable al no proveer en relación con una promoción recibida el ******************** -consistente en incidente de sustitución patronal- en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, pues al haber omitido rendir informe justificado la autoridad responsable, se actualiza la presunción de certeza a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio las advierta este juzgador, de conformidad con lo establecido en artículo 62 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional no advierte la existencia de alguna causa que involucre improcedencia; por otra parte, las partes no invocaron algún motivo por el que estimaran improcedente el juicio. Consideraciones jurídicas La parte peticionaria aduce esencialmente en el único concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que existe una evidente dilación procesal en el asunto de origen. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, de los numerales 837, 838 a 945 de la Ley Federal del Trabajo, establecen que las resoluciones de la Junta pueden ser, acuerdos, autos incidentales o resoluciones interlocutorias y/o laudos. También, que la Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de la ley de la materia. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia que acompañó a su escrito inicial de demanda, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente ********************. Seguida la secuela procesal, el diez de junio de dos mil diecinueve, dictó laudo; y, Posteriormente, en lo que nos ocupa, la responsable el ******************** recibió promoción -relativa al incidente de sustitución patronal- dirigida al juicio laboral ********************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora. Ahora bien, se tiene que en la especie, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, no demostró haber tomado las medidas necesarias para cumplir con los principios establecidos en el artículo 17 Constitucional, específicamente en lo que respecta a la celeridad en la impartición de justicia en el procedimiento de origen. Ello, en virtud de que la junta responsable omitió rendir su respectivo informe justificado, y la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda medio de convicción -promoción recibida el ********************, relativa a un incidente de sustitución patronal dirigida al juicio laboral ********************, del índice de la responsable. En esa virtud, revela que el proceder de la autoridad responsable vulnera la garantía de administración de justicia pronta y expedita, en virtud de que no ha respetado los plazos prescritos en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el artículo 838 prevé que la junta dictará sus resoluciones dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba las promociones por escrito, sin embargo, a la presente data lo anterior no ha acontecido o bien no se demostró en el presente juicio. De ahí que, al no ser tramitadas las etapas del juicio en los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, se concluye que se violenta el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el numeral 17 constitucional. Por otra parte, no se desconoce que los Tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, provea conforme a derecho la promoción de ******************** precisada en el cuerpo de esta sentencia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado precisado en el del apartado III, por las razones expuestas en el considerando VI, para los efectos precisados en el diverso VII, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de ********************, de la que se advierte que en la materia de la revisión administrativa ********************, el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorería Municipal, ambas de Hermosillo, Sonora, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos precisados en la sentencia impugnada." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión administrativa ********************, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo ******************** del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Háganse las anotaciones correspondientes. Ahora bien, toda vez que mediante resolución constitucional emitida el ********************, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que la autoridad responsable: "[.] No se aplique en perjuicio de la empresa quejosa el contenido de los Planos y Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción del Ayuntamiento de Hermosillo, para el Ejercicio Fiscal del año 2022, publicada el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, exclusivamente por lo que respecta a la zona o región catastral que corresponde a los predios que se describen a continuación; consecuentemente, no se le obligue al pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal de este año con base en dichas tablas de valores. La protección constitucional concedida abarca el pago del impuesto predial única y exclusivamente respecto a los siguientes bienes inmuebles: ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************En la inteligencia que, lo anterior, no implica que la quejosa deje de pagar el impuesto predial por el ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, ya que los sujetos obligados están constreñidos a pagar bajo el concepto de cuota mínima, pues aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango revelan la capacidad contributiva mínima establecida en la categoría de menor cuantía. [.] Además, en la hipótesis de que la empresa quejosa hubiera pagado el impuesto predial por el año dos mil veintidós conforme al cobro basado en las citadas tablas de valores ?conforme a los recibos de pago ante Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, números ******************** de treinta y uno de enero de dos mil veintidós bajo el concepto de impuesto predial únicamente en relación con los inmuebles con clave catastral ********************, respectivamente?, el efecto del amparo también se extiende para que sea devuelta la diferencia que resulte entre el pago realizado y el nuevo monto que resulte con motivo de esta concesión constitucional. [.] En la inteligencia, que la protección constitucional otorgada a la moral quejosa tiene también por efecto que la autoridad responsable Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, intervenga en el cumplimiento de la ejecutoria, sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia de que se haya sobreseído en el juicio respecto a los actos reclamados a la citada autoridad responsable, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, incluso cuando no sea parte en el juicio, máxime que, en el caso, la autoridad responsable Tesorería Municipal, pertenece a la estructura organizacional del Ayuntamiento de Hermosillo; Sonora [.]." Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento de la sentencia, eso es, que remitan las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente sumario -cuyos efectos se precisaron previamente-. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Apoyan a lo anterior las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese; por oficio al órgano colegiado, así como a las autoridades responsables de referencia. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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