Francisco Javier Laborín Rocha

Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Francisco Javier Laborín Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA..........

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veintiún minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio 1/2022-A-I; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de constancias y da lectura a la demanda de amparo; asimismo, relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con las actuaciones relativas a la notificación a las partes y con los informes justificados rendidos por el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien rindió en nombre de las autoridades responsables director Médico del Hospital Clínica 14 y Departamento de Hematología del Hospital General de Zona Clínica 14 de dicho instituto. Asimismo, se hace constar que en el auto admisorio se estableció que en el presente asunto no existía tercero interesado y que transcurrió el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se pudieran imponer de los presentes autos; y, que transcurrió el plazo decretado en acuerdo de catorce de julio pasado, otorgado a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda en relación con una nueva autoridad y acto, sin que hiciera manifestación alguna. La secretaria encargada del despacho acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, para los efectos legales conducentes; y, en relación con lo determinado respecto de la inexistencia de parte tercero interesado, se ratifica lo considerado, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, dado que la parte quejosa nada manifestó en relación con la vista de ampliación, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de catorce de julio pasado, por lo que este sumario habrá de resolverse solo con base en las actuaciones existentes a la fecha. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, y al respecto se hace constar que la parte quejosa exhibió diversas documentales; en tanto que el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció también documentales, así como la prueba presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. La secretaria encargada del despacho acuerda: Con apoyo en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las documentales en mención y, en todo lo que a la responsables favorezcan las diversas pruebas indicadas con antelación. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos; el secretario hace constar que las partes no los formularon. La secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para formular los alegatos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1/2022-A-I, promovido por Francisco Javier Laborín Rocha, por su propio derecho, contra actos y autoridades que más adelante se precisarán; y, R e s u l t a n d o : I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por la secretaria de este Juzgado, el tres de enero de dos mil veintidós, por razón de turno, Francisco Javier Laborín, solicitó la protección de la Justicia Federal, en contra de actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras autoridades. Mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite el juicio en este juzgado con el número de expediente 1/2022-A-I; se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete al representante social de esta adscripción, y se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional. Durante el trámite del biinstancial, previa vista otorgada a la parte quejosa, se dejó de tener como autoridad responsable a la denominada como "Autoridad Administrativa que Corresponda Emitir la Orden para la Intervención Quirúrgica Requerida"; lo anterior, se determinó mediante acuerdos dictados el doce y veintiséis de enero de este año. Asimismo, mediante escrito agregado en el último de los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, se tuvo al quejoso señalando como nuevas autoridades responsables al Hospital de Especialidades número Dos Unidad Médica de Alta Especialidad "Luis Donaldo Colosio Murrieta", director de dicho Hospital, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; y, al Departamento de Hematología del Hospital General de Zona Clínica Catorce, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. De esa forma, habiéndose señalado hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, ésta dio inicio a las diez horas con veintiún minutos de hoy, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes C o n s i d e r a n d o s : Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que los actos reclamados son de ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. II. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional, substancialmente se hizo consistir en lo siguiente: 1.- La omisión de otorgar la atención médica requerida por el quejoso para la enfermedad que padece; y, 2.- La omisión o negativa de remitir al hospital de especialidades correspondiente al quejoso, con la finalidad de que se le practique una cirugía de trasplante de médula ósea. III. Inexistencia del acto reclamado. En relación con el reclamo precisado en el arábigo 1, del considerando anterior, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, según se desprende del informe justificado rendido por el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien también rindió en representación de las autoridades señaladas como responsables Hospital General de Zona Clínica Catorce, del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del director general y del Departamento de Hematología de dicho Hospital, con residencia en esta ciudad. Inexistencia que las responsables sustentan con las documentales remitidas al sumario, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se evidencia la negativa de las responsables, sin que la parte quejosa ofreciera prueba apta en contrario que desvirtúe la negativa del reclamo tratado. En efecto, el reclamo aquí tratado, se hizo consistir en la omisión de otorgar la atención médica requerida por el quejoso para la enfermedad que padece. Lo anterior lo reclamó el peticionario manifestando en su demanda, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que el antecedente de su padecimiento comenzó con la pérdida de la visión del ojo izquierdo, ya que al estar trabajando, perdió la vista por lo que acudió a atención médica y la oftalmóloga le dijo que tenía la arteria centra tapada por lo que debía hacerse estudios, entre otros, para ver las causas, y al realizarle una biometría hemática arrojó resultados muy graves, como hemoglobina de 4.0 y leucocitos en 90,000, por lo que, de inmediato lo llevaron a urgencias y fue internado por una semana para poder restablecerse. Refiere, que el doctor de urgencias le realizó estudios y llegó a la conclusión de que debía ser atendido por hematología. Indica, que durante esa semana de internamiento las hematólogas le dieron un diagnóstico de probable leucemia; se le realizó un aspirado de médula ósea y un estudio PCR, el cual arrojaba que no era una leucemia aguda, sino una crónica. Explica, que durante meses estuvo con medicamento, pero el mismo, le baja la hemoglobina, por lo que seguido presenta anemia severa. Menciona, que en marzo de dos mil veintiuno, fue al Seguro Social y tomó el caso la hematóloga de la clínica Catorce del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hermosillo, quien luego del estudio correspondiente le comunicó que la única cura, era realizar un trasplante de médula ósea y, desde entonces está en espera de dicha intervención, en tanto que su situación se agrava. Expresó también que cada vez que preguntaba por la intervención, el personal a quien le tocaba atenderlo al internarse, le mencionaban que es el director del Hospital quien ordena esa clase de intervención, mismo que hasta el momento de la presentación de la demanda no emitía la orden, ni efectuaba los actos necesarios para que su operación tuviera lugar y a casi dos años del diagnóstico no le han atendido al respecto, por lo que necesita la atención médica urgente. Por lo anterior, el quejoso acudió ante esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la Justicia Federal. Sin embargo, como se advierte de las propias manifestaciones del impetrante y de lo expuesto por el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, es inexistencia el reclamo, pues no ha habido por parte de las autoridades responsables omisión de brindarle atención médica, pues de los antecedentes narrados, se advierte que en distintas ocasiones ha recibido la atención del servicio médico del instituto, con excepción (hasta la fecha de presentación de la demanda) de la remisión a un hospital de alta especialidad para el tratamiento de su enfermedad; sin embargo, este aspecto será tratado más adelante en esta sentencia. En esa medida, asiste razón a la representación legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora y de las autoridades responsables de dicho instituto en esta Entidad Federativa, al negar la existencia del reclamo tratado, cuando expone tanto en su informe relativo a la suspensión de plano decretada por este órgano, como en su informe justificado, que desde que se tuvo conocimiento del caso médico, el quejoso ha recibido atención médica en el Hospital General de Zona 14 del Instituto de salud cuestionado. Tales actuaciones, fueron acreditadas con las documentales remitidas anejas a las respectivas comunicaciones de dichas responsables, agregadas en autos en acuerdos de doce de enero, dieciocho de marzo, veinte de mayo y seis de julio, todos de este año; constancias a las cuales se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las cuales se evidencia que en distintas ocasiones, antes y después de la presentación de la demanda de amparo, el impetrante ha recibido atención médica por parte de las responsables. En tal medida, el quejoso no aporta prueba alguna, apta, que desvirtúe lo trasdicho, dado que si bien, exhibió diversas documentales -relativas a diversos estudios clínicos efectuados por laboratorios particulares-, a las cuales se les otorga también el valor concedido a las pruebas de las responsables referidas en el párrafo anterior, lo cierto es, que dichas constancias, lejos de desvirtuar la negativa de las responsables, solo armonizan para evidenciar el padecimiento que aqueja al agraviado, pero no para desvirtuar la negativa de las responsables, sustentada en las constancias que acreditan la atención médica dispensada al paciente quejoso; aunado a que no se soslaya que dichas documentales fueron exhibidas en copia fotostática simple. Con base en lo anterior, ante la negativa acreditada por parte de las autoridades responsables, lo procedente en el caso, en relación con el acto reclamado aquí tratado, es sobreseer al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no ofrecerse prueba alguna que desvirtúe la negativa expuesta de las autoridades responsables; en consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente sumario constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Acto reclamado cierto. En contraste con lo anterior, resultó cierto el diverso acto reclamado, precisado en el punto 2, del considerando II de esta sentencia, consistente en la omisión o negativa de remitir al hospital de especialidades correspondiente al quejoso, con la finalidad de que se le practique una cirugía de trasplante de médula ósea. En efecto, al rendir los informes justificados respectivos, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del representante Social en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en relación con el reclamo planteado en la demanda de amparo, negaron el reclamo planteado en la petitoria del quejoso. Sin embargo, se evidencia la existencia del acto cuestionado, pues hasta el momento de la presentación del biinstancial, no está acreditado que las responsables hubieran efectuado el trámite respectivo para remitir al quejoso al hospital de especialidades correspondientes, con la finalidad de que le efectuaran la intervención que necesita para tratar su enfermedad. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." V. Causal de improcedencia actualizada En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el particular, en relación con el acto reclamado que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De dicha causal de improcedencia, se pueden actualizar dos supuestos, a saber: a).-Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b).- Cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, esto es, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los precitados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y ésto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En otras palabras, de acuerdo al supuesto en análisis, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que emitió el acto o desplega una actitud omisa deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, o terminar con el acto omisivo, lo que implica no sólo la destrucción definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado inicialmente, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, esto es, cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, de la Novena Época, Registro: 165870, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, pagina: 1491de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, el acto reclamado en trato, consistió en la omisión o negativa de remitir al hospital de especialidades correspondiente al quejoso, con la finalidad de que se le practique una cirugía de trasplante de médula ósea, lo cual resultó cierto. Ello es así, pues al respecto las responsables en el informe justificado rendido por conducto del representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora, negaron la existencia de ese reclamo; sin embargo, en relación con el acto en trato adujeron: ".por lo que toca a la cirugía de trasplante de médula ósea, se está a la espera de que sea valorado por una unidad de tercer nivel de atención, que cuente con programa de TCTH, toda vez que dentro del Hospital General de Zona 14 no se cuenta con los instrumentos necesarios, ni con los médicos especialistas para realizar el tratamiento que manifiesta el quejoso, por lo que es necesario que se continúe con su tratamiento en una Unidad de Tercer Nivel,.". Lo anterior, evidencia que hasta la fecha de presentación de la demanda (tres de enero del año en curso) y hasta el momento de rendir el informe justificado comentado (catorce de marzo pasado), existió el acto omisivo que reclamó el quejoso. Debe acotarse que no pasa inadvertido que con el oficio por el que rindió ese informe justificado, el representante del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitió a este órgano de control constitucional, copia certificada impresa de correos electrónicos remitidos por el director del Hospital de Zona 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales se desprenden gestiones realizadas para efecto de valoración al quejoso en una Unidad Médica de Alta Especialidad; sin embargo, como se apuntó con antelación, resultó cierto el reclamo que aquí se trata, dado que hasta la fecha de presentación de la demanda, no existe prueba alguna que acredite la concreción para la cita del trasplante requerido por el quejoso, pues del análisis de las documentales en mención, se advierte que esas gestiones informadas se realizaron con posterioridad a la presentación de la demanda. No obstante lo anterior, por diverso oficio agregado en auto de siete de abril próximo pasado, dicha autoridad informó que gestionó en favor del aquí quejoso cita médica con agenda para el trece de abril a las 11:20 horas en la Unidad Médica de Alta Especialidad EH 25, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Léon, para continuar con las atenciones médicas atinentes a su padecimiento; en relación con ello, expuso la imposibilidad de contactar al paciente y solicitó a este órgano que se le requiriera para que se presentara al área de dirección del Hospital General de Zona 14, para efecto de gestionarle y tramitarle el vuelo para que acudiera a su cita programada (fojas 121, 122 y 123). Fue así, que este Juzgado en el referido acuerdo de siete de abril pasado, ordenó notificar de lo anterior al impetrante para su conocimiento y efectos legales conducentes; y, con posterioridad a tal evento, requirió a la autoridad del instituto responsable, para que informara si el quejoso había acudido a su cita médica, y para que remitiera el expediente clínico de dicho impetrante, derivado de lo cual, el representante de las responsables, remitió por oficio (agregado en acuerdo de seis de julio pasado), las constancias que dan cuenta de que el quejoso acudió a su cita programada para el trece de abril del año en curso, al hospital de alta especialidad en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A las constancias mencionadas, remitidas por las autoridades responsables, a través de su representante legal, se les otorga plena validez probatoria, en términos lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia y suficientes para evidenciar que en el caso, durante el trámite del sumario se actualizó la causal de improcedencia en estudio, cesando los efectos del reclamo, con la remisión del quejoso a la Unidad Médica de Alta Especialidad en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Lo anterior lleva a concluir que, si bien, el acto resultó cierto, pues quedó evidenciado que hasta la fecha de presentación de la demanda -tres de enero de dos mil veintidós-, las responsables habían omitido remitir al quejoso a un hospital de alta especialidad para la atención de su padecimiento; sin embargo, durante el trámite del sumario, se llevó a cabo tal evento, con lo cual se actualizó la causal de improcedencia en estudio, de tal modo que cesan los efectos de ese acto omisivo reclamado, restituyendo al quejoso en el derecho humano que exigió en esta instancia con su escrito inicial, por lo que, consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción V de la Ley de amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento al respecto. Debiendo destacar, además, que este órgano de control constitucional, se allegó de las constancias relativas al expediente clínico las cuales fueron remitidas por la autoridad, agregadas en acuerdo de seis de julio pasado y por diverso auto de catorce de ese mes, en tutela de una real certeza jurídica y por la naturaleza del reclamo (derecho a la salud integral), se dio vista al quejoso, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda en relación con la nueva autoridad médica de alta especialidad la cual correspondió atender a dicho peticionario, sin que efectuara manifestación alguna al respecto, lo que crea en quien resuelve mayor convictiva de que el quejoso fue debidamente restituido en sus derechos durante el curso del biinstancial D e c i s i ó n : En ese contexto, al resultar por una parte inexistente uno de los actos reclamados y, haber cesado en sus efectos el restante acto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracciones IV y V, se sobresee en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Francisco Javier Laborín Rocha, contra los actos precisados en el considerando II, por los fundamentos y motivos expuestos en los diversos apartados III y V de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Santiago Flores Cota, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. (SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL)

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